Santo Domingo, RD.-Ramon Madera Arias, juez del Tribunal Superior Electoral, fue entrevistado alrededor de las 3:30 de la tarde por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en búsqueda de repetir en su posición o ser designado presidente de la entidad.Nacionales
Juez del TSE le pide otra oportunidad al Consejo Nacional de la Magistratura
Santo Domingo, RD.-Ramon Madera Arias, juez del Tribunal Superior Electoral, fue entrevistado alrededor de las 3:30 de la tarde por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en búsqueda de repetir en su posición o ser designado presidente de la entidad.En los cinco minutos que le tocaban para presentar sus credenciales, Madera Arias decidió utilizarlos para solicitar «encarecidamente» una segunda oportunidad para seguir en el cargo.
«No pretendo decir nada porque tengo 37 años de vida pública y profesional y ustedes la tienen a mano, y el que la quiera ver que entre a la página del TSE. Sin embargo, aprovecho para solicitar encarecidamente una segunda oportunidad para continuar nuestra misión en servicio de la democracia con la cual no he terminado», manifestó el actual juez del TSE.
Madera Arias recibió preguntas de tres de los miembros del Consejo (Víctor Fadul, Eduardo Estrella y Bautista Rojas) sobre sus experiencias en situaciones específicas acerca del funcionamiento del sistema de partidos y decisiones que ha tomado previamente lo que lo llevo a reseñar su participación en la decisión del TSE acerca de la cuota de género, de la cual dijo sentirse “orgulloso”.
Sin embargo, lo que más sorprendió fue que la procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, no hizo ningún cuestionamiento hacia el juez; luego de que el pasado martes cuestionara repetitivamente al actual presidente del TSE Marcos Antonio Cruz García, sobre la existencia de conflictos internos dentro de la entidad a partir de su llegada en noviembre del año pasado.
Mientras que Cruz García se defendió diciendo que los conflictos que han ocurrido han sido solo “diferencias administrativas”.
Otras entrevistas
El presidente Luis Abinader encabezó las primeras 14 de las 25 entrevistas pautadas por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a los aspirantes a jueces titulares y suplentes para el Tribunal Superior Electoral (TSE). Las siguientes 11 entrevistas fueron encabezadas por la vicepresidenta Raquel Peña.
Fernando Fernández Cruz, quien al ser miembro del Tribunal Superior Administrativo (TSA) fue abordado por los miembros del consejo, Víctor Fadul y Bautista Rojas acerca de las competencias tanto del TSA y el TSE con relación a los temas administrativos con naturaleza electoral.
Durante sus respuestas, el jurista determinó que el criterio aplicado sobre ese tema realizado por el Tribunal Constitucional (TC) es «correctísimo» pero que un cambio no le caería mal al sistema político.
«Sin embargo, para eso se necesita cambiar la Carta Magna o cambiar el precedente que ya fue establecido por el Tribunal Constitucional, una ley ordinaria que sea creada contraria a un precedente constitucional podría crear conflictos», argumentó Fernández Cruz.
El tenor cambió con la postulante Aracelis Altagracia Fernández Estrella, a quien los miembros del CNM le realizaron cuatro preguntas acerca del voto preferencial y el funcionamiento estructurar del TSE.
La profesional del derecho argumentó sobre el voto preferencial que comparte el criterio del Tribunal Constitucional y lo considera «democrático».
«Es un voto democrático… porque es un voto directo que favorece al elector ya que permite la elección del candidato que ellos quieran», manifestó Fernández Estrella.
La aspirante Nuris Forchue manifestó en su participación que en algún momento el país tendrá que volver al sistema de voto automatizado.
«Aunque no sea en este momento…tenemos que irnos preparando en esa dirección», agregó Forchue.
La vista pública se realiza en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional con los protocolos sanitarios contra la Covid-19.
Además del presidente de la República, el CNM lo integran, los presidentes de las Cámaras Legislativas Eduardo Estrella, del Senado y Alfredo Pacheco, de la Cámara de Diputados; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina y la procuradora, Miriam Germán; el senador Bautista Rojas Gómez; el diputado Víctor Fadul; así como la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Magda Nancy Salcedo Fernández, secretaria.
Las vistas públicas se hacen de conformidad a las disposiciones del artículo 27 del Reglamento 1-17 para la aplicación de la Ley Orgánica del CNM.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.