Santo Domingo, RD.-Ramon Madera Arias, juez del Tribunal Superior Electoral, fue entrevistado alrededor de las 3:30 de la tarde por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en búsqueda de repetir en su posición o ser designado presidente de la entidad.Nacionales
Juez del TSE le pide otra oportunidad al Consejo Nacional de la Magistratura
Santo Domingo, RD.-Ramon Madera Arias, juez del Tribunal Superior Electoral, fue entrevistado alrededor de las 3:30 de la tarde por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en búsqueda de repetir en su posición o ser designado presidente de la entidad.En los cinco minutos que le tocaban para presentar sus credenciales, Madera Arias decidió utilizarlos para solicitar «encarecidamente» una segunda oportunidad para seguir en el cargo.
«No pretendo decir nada porque tengo 37 años de vida pública y profesional y ustedes la tienen a mano, y el que la quiera ver que entre a la página del TSE. Sin embargo, aprovecho para solicitar encarecidamente una segunda oportunidad para continuar nuestra misión en servicio de la democracia con la cual no he terminado», manifestó el actual juez del TSE.
Madera Arias recibió preguntas de tres de los miembros del Consejo (Víctor Fadul, Eduardo Estrella y Bautista Rojas) sobre sus experiencias en situaciones específicas acerca del funcionamiento del sistema de partidos y decisiones que ha tomado previamente lo que lo llevo a reseñar su participación en la decisión del TSE acerca de la cuota de género, de la cual dijo sentirse “orgulloso”.
Sin embargo, lo que más sorprendió fue que la procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, no hizo ningún cuestionamiento hacia el juez; luego de que el pasado martes cuestionara repetitivamente al actual presidente del TSE Marcos Antonio Cruz García, sobre la existencia de conflictos internos dentro de la entidad a partir de su llegada en noviembre del año pasado.
Mientras que Cruz García se defendió diciendo que los conflictos que han ocurrido han sido solo “diferencias administrativas”.
Otras entrevistas
El presidente Luis Abinader encabezó las primeras 14 de las 25 entrevistas pautadas por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a los aspirantes a jueces titulares y suplentes para el Tribunal Superior Electoral (TSE). Las siguientes 11 entrevistas fueron encabezadas por la vicepresidenta Raquel Peña.
Fernando Fernández Cruz, quien al ser miembro del Tribunal Superior Administrativo (TSA) fue abordado por los miembros del consejo, Víctor Fadul y Bautista Rojas acerca de las competencias tanto del TSA y el TSE con relación a los temas administrativos con naturaleza electoral.
Durante sus respuestas, el jurista determinó que el criterio aplicado sobre ese tema realizado por el Tribunal Constitucional (TC) es «correctísimo» pero que un cambio no le caería mal al sistema político.
«Sin embargo, para eso se necesita cambiar la Carta Magna o cambiar el precedente que ya fue establecido por el Tribunal Constitucional, una ley ordinaria que sea creada contraria a un precedente constitucional podría crear conflictos», argumentó Fernández Cruz.
El tenor cambió con la postulante Aracelis Altagracia Fernández Estrella, a quien los miembros del CNM le realizaron cuatro preguntas acerca del voto preferencial y el funcionamiento estructurar del TSE.
La profesional del derecho argumentó sobre el voto preferencial que comparte el criterio del Tribunal Constitucional y lo considera «democrático».
«Es un voto democrático… porque es un voto directo que favorece al elector ya que permite la elección del candidato que ellos quieran», manifestó Fernández Estrella.
La aspirante Nuris Forchue manifestó en su participación que en algún momento el país tendrá que volver al sistema de voto automatizado.
«Aunque no sea en este momento…tenemos que irnos preparando en esa dirección», agregó Forchue.
La vista pública se realiza en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional con los protocolos sanitarios contra la Covid-19.
Además del presidente de la República, el CNM lo integran, los presidentes de las Cámaras Legislativas Eduardo Estrella, del Senado y Alfredo Pacheco, de la Cámara de Diputados; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina y la procuradora, Miriam Germán; el senador Bautista Rojas Gómez; el diputado Víctor Fadul; así como la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Magda Nancy Salcedo Fernández, secretaria.
Las vistas públicas se hacen de conformidad a las disposiciones del artículo 27 del Reglamento 1-17 para la aplicación de la Ley Orgánica del CNM.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.