Latinoamericanas
Maduro endurecerá sanciones para combatir la usura
CARACAS, Venezuela.- El presidente Nicolás Maduro anunció el domingo que se propone fijar límites de ganancias para evitar la usura en el sector comercial, a la par de endurecer las penas y sanciones para combatir «el acaparamiento y la especulación» que según el mandatario serían la cara visible de una «silenciosa guerra económica» contra su gobierno.
«He decidido, una vez que se apruebe la Ley Habilitante, poner límites porcentuales a las ganancias en todos los rubros… llevaremos al máximo las penas y las sanciones. No puede ser solamente el cierre del establecimiento, tienen que pagar con cárcel. No es posible que mal utilicen las divisas para robar con las ventas de los productos», dijo Maduro en un mensaje televisado cerca de la medianoche del domingo, sin dar detalles.
Maduro presentó el 8 de octubre a la Asamblea Nacional, integrada por 165 diputados, una solicitud para una ley habilitante para legislar en diversas áreas. El mandatario ha señalado que, de aprobar la Asamblea esa ley especial, la utilizaría para emitir regulaciones para combatir la corrupción y lo que ha denominado la «guerra económica», que según el mandatario, empresarios y otras personas han desatado para desestabilizar su gobierno.
Los dirigentes empresariales han rechazado esos señalamientos y han planteado que las fallas en el abastecimiento son consecuencia de la reducción de la entrega de las divisas oficiales, que han afectado la importación de materias primas, equipos y repuestos, así como por las distorsiones generadas por una década de controles de precios y de cambio que han hecho caer la producción.
Durante el fin de semana, inspectores del organismo estatal de protección al consumidor (Indepabis), con el apoyo de los militares, tomaron el control de las sucursales de varias cadena de tiendas de electrodomésticos, donde se detectó un «porcentaje de sobreprecio… de sobrefacturación, de robo, (que) llega a 1.000% de los precios de los productos», respecto a la estructura de costos de importadores, indicó el gobernante.
Con esa medida se intenta bajar los precios que han crecido a la par de la demanda de dólares en el mercado negro, Maduro anunció el miércoles el endurecimiento de los controles en las transacciones con divisas. Con elecciones municipales en puerta, que se esperan competidas, también ordenó a las fuerzas armadas que cerraran negocios donde se acaparan productos o se especulase con los precios.
Las acciones fueron tomadas dos días después que Maduro anunció la decisión de reordenar y ajustar todos los organismos y mecanismos del Estado que administran los controles de divisas y precios vigente desde hace más de 10 años.
Venezuela enfrenta una inflación galopante y dificultades graves de abastecimiento de algunos alimentos y productos básicos, que incluso han sido reconocidas por el Banco Central de Venezuela, entidad que registró en octubre un índice de escasez de 22,4%, una de las tasas más altas que se ha alcanzado desde que se comenzó a difundir el indicador en 1990.
«Si no fuera por la guerra económica, nosotros tuviéramos este año una inflación de 16 o 18% y quizás hasta más baja», sentenció Maduro.
En octubre Venezuela registró una inflación de 5,1% y en los últimos 12 meses lleva un acumulado de 54,3%, una de las tasas más altas en más de una década, según cifras oficiales.
En los primeros 10 meses del año se ha acumulado una tasa de 45,8%, 32,4 puntos porcentuales más que lo registrado entre enero y octubre del año pasado.
Maduro destacó que a partir del lunes se fiscalizarán además las redes de rubros prioritarios como el de alimentos, textiles, calzados, ferreterías, electrodomésticos, juguetes y vehículos para bajar los precios y garantizar la estabilidad.
Diariolibre.com
Latinoamericanas
Persiste el caos en Haití que espera el pleno establecimiento del Consejo de Transición
Latinoamericanas
ONG reporta 241 personas muertas en las cárceles de El Salvador en dos años de régimen de excepción
AP
El Salvador.-La organización Socorro Jurídico Humanitario afirmó el miércoles que 241 personas murieron en las cárceles en los dos años de vigencia del régimen de excepción en el país, luego de ser detenidos como sospechosos de ser pandilleros o colaborar con estos grupos criminales.
La directora de la organización, Ingrid Escobar, dijo que desde 2022 han recibido 500 denuncias de fallecidos bajo custodia del Estado, pero «nosotros hemos confirmado 241: 239 adultos y dos niños hijos de privadas de libertad».
Según el informe de la ONG, «el 44% murió por muerte violenta, torturas graves, el 29% por falta de atención médica, es decir, otra forma de torturar a la gente».
El gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, consiguió que el Congreso del país aprobara hace dos años un régimen de excepción, como parte de su política de mano dura contra las pandillas, que suspendió derechos fundamentales como el de tener acceso a un abogado o el de conocer los motivos de la detención.
Además, el plazo de detención administrativa —sin pasar a disposición judicial— se extiende de 72 horas a 15 días y hasta dos años para investigarlos.
La medida fue la respuesta del gobierno a los índices de violencia y de asesinatos en el país.
La situación de los detenidos en las cárceles de El Salvador ha sido recurrentemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos por vulneración de los mismos.
Socorro Jurídico Humanitario también pidió al Estado salvadoreño que investigue conforme a la ley «todos los homicidios que han ocurrido en los centros penitenciarios, así como todas las desapariciones forzadas de detenidos».
Por su parte, la organización Cristosal registra más de 3,500 denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción.
Amnistía Internacional también sostiene que ha habido desapariciones forzadas, torturas y muertes arbitrarias bajo custodia del Estado, así como trato cruel e inhumano, hacinamiento carcelario y criminalización de personas que viven en la pobreza.
Al presentar el informe, la directora Escobar dijo que «el Estado de El Salvador tiene que estar claro que ha sido violador de tratados internacionales y que ha cometido crímenes de lesa humanidad».
Sin embargo, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, indicó que desde la entrada en vigencia del estado de excepción el 27 de marzo de 2022, han detenido a 79,184 personas, calificadas como «presuntos terroristas». Con estas cifras, el ministro refirió que han capturado al 75% de los pandilleros del país y que la mayoría del 25% faltante, ya están fuera del territorio nacional.
El mismo gobierno ha tenido que liberar a más de 7,000 personas por falta de pruebas en los últimos dos años. Alrededor del 90% de los reclusos están en la cárcel sin sentencia.
En ese sentido, la ong Socorro Jurídico Humanitario estimó que el 35% son inocentes y que el 94% de los fallecidos no tenían afiliación con pandillas.
«La mayoría eran personas trabajadoras como comerciantes informales, taxistas y/o transportistas informales, agricultores, pescadores, pastores y predicadores evangélicos, empleados municipales y un sindicalista», señala en informe.
No obstante, el ministro Villatoro reiteró en una entrevista con la televisión local la necesidad de continuar con la política de seguridad contra las pandillas, a las que las autoridades responsabilizan de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.
Según el gobierno, la violencia en El Salvador ha disminuido considerablemente desde 2015, cuando se registraron más de 6,665 homicidios y el país era considerado uno de los más peligrosos del mundo. En 2023, el año cerró con 214 asesinatos, entre ellos, 38 homicidios de presuntos pandilleros, que fallecieron en supuestos enfrentamientos con policías y fuerzas armadas.
Según cifras oficiales, en los tres primeros meses de 2024 se contabilizan 31 homicidios, un 34% menos que los 47 registrados en el mismo periodo del año pasado. En los dos primeros días del abril, se ha confirmado un homicidio.
Con al régimen de excepción, el Congreso también reformó el Código penal para aumentar las penas de cárcel para los pandilleros y sus colaboradores. Además, los fiscales pueden presentar juicios masivos por clicas —o grupos de pandillas— sin necesidad de individualizar los procesados.
Latinoamericanas
Haití extiende por un mes más el estado de emergencia en la capital debido a la violencia
Efe
Puerto Príncipe.-El Gobierno de Haití informó este miércoles que extenderá el estado de emergencia en todo el Departamento Oeste, donde se ubica la capital, desde este jueves hasta el 3 de mayo próximo.
Las autoridades también decidieron extender el período de toque de queda en toda esa demarcación desde este miércoles hasta el 10 de abril próximo.
Estas disposiciones han sido tomadas con el fin de restablecer el orden y tomar las medidas oportunas para recuperar el control de la situación, dijo el comunicado emitido por la oficina del primer ministro interino, Michel Patrick Boisvert.
El toque de queda se extenderá desde las siete de la noche hora local (24:00 GMT) hasta las seis de la mañana hora local del miércoles venidero (11:00 GMT).
Esta medida no se aplica a los agentes del orden en servicio, bomberos, conductores de ambulancias, personal sanitario y periodistas debidamente identificados.
Durante el período del estado de emergencia, todas las manifestaciones en la vía pública están prohibidas, de día o de noche, en el Departamento Oeste.
En consecuencia, se ordenó a la policía utilizar todos los medios legales a su disposición para hacer cumplir el toque de queda y detener a todos los infractores.
La orden de Boisvert no sorprende a los haitianos, ya que la situación de violencia imparable que afecta a la capital, principalmente, se mantiene a causa de los ataques por doquier de las bandas armadas que controlan o inciden en casi la totalidad de Puerto Príncipe.
Lo dispuesto por el ministro interino se produce cuando aumentan las expectativas en torno a reuniones para la conformación del Consejo Presidencial para la Transición en Haití, impulsado por la Comunidad del Caribe (Caricom) y países como Estados Unidos, Canadá, México y Brasil, con el propósito de sacar a Haití de una situación de inseguridad sin precedentes.
Mientras se llevan a cabo esas discusiones, algunas zonas de la región metropolitana de la capital presentaron este miércoles una aparente calma, y en otras áreas se escucharon intensos tiroteos durante todo el día.
La Policía Nacional de Haití (PNH) intensificó sus operaciones como única institución que queda en pie en el país desde que estalló la crisis a finales de febrero pasado, y se declara movilizada y decidida a seguir luchando contra las bandas armadas en concertación con la población.
En un comunicado hecho público este miércoles, la PNH anunció la muerte de un poderoso jefe de banda en un intercambio de disparos, así como la incautación de armas y municiones.
‘New York New York’, el jefe de la banda de Cité Doudoune, en la comuna de Croix-des-Bouquets, al norte de la capital, fue abatido, según la policía, durante una operación para acabar con el bandidaje.