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La ética judicial bajo escrutinio en caso SENASA.
Santo Domingo, R.D.-Rigoberto Sena, juez de la instrucción, quien incorporó en su resolución de la medida de coerción de caso Senasa citas bíblicas y del novelista ruso León Tolstói sobre la ambición desmedida del hombre, elementos que no están contemplados en la normativa, ha tenido que someterse al escrutinio ético del Consejo del Poder Judicial mediante una entrevista en el Comité de Ética de la instancia judicial.
En la motivación de su decisión, el magistrado recurrió al pasaje 1 Timoteo 6:10, que señala, “Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero”, y también a la parábola del novelista ruso León Tolstói, ¿Cuánta tierra necesita un hombre?, donde se narra la historia de Pajón, un campesino insaciable que, cegado por la ambición, termina hallando la muerte como consecuencia de su codicia, trazando una analogía con el caso.
La resolución provocó el reproche del Poder Judicial, al considerar que el juez debió valorar estrictamente los presupuestos legales y acogerse a los criterios normativos establecidos.
Ante esta situación, el Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial llamó a reflexión al juzgador, quien se definió como un apasionado de la ética judicial y dijo que ha cumplido rigurosamente con las capacitaciones exigidas, incluyendo más de 20 horas anuales, y que sigue de cerca las publicaciones del magistrado Justiniano Montero y del profesor Armando Andruet.
Conforme a la entrevista realizada por el Comité de Ética del Poder Judicial, el juez también sostuvo que no influyó en su decisión la protesta realizada frente al Palacio de Justicia, asegurando que su sentencia respondió a convicción jurídica, aunque admite que el enfoque citado pudo generar interpretaciones controversiales.
No obstante, el Comité enfatizó que la función jurisdiccional, así como la conducta pública y privada de los jueces, deben alinearse a los principios del Código de Comportamiento Ético, que rige el norte y la integridad del Poder Judicial como sostén imperativo de un clima de confianza pública.
Toda actuación que desborde los valores que definen la misión y visión institucional, incluyendo la imparcialidad, la moralidad pública, la transparencia y la lealtad procesal, es considerada inapropiada, desacertada e impertinente para el ejercicio de la judicatura, sin importar la dimensión pública o mediática del caso.
El Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial es el órgano encargado de gestionar y velar por el cumplimiento de los principios éticos y valores que rigen la actuación de jueces y servidores judiciales, supervisando su conducta en concordancia con el Código Iberoamericano de Ética Judicial, instrumento rector de la gobernanza ética institucional.
En ese marco, se precisa que no se trata de un órgano sancionador, sino de pedagogía social judicial, articulada bajo el esquema de cooperación regional de la Cumbre Judicial Iberoamericana, con el objetivo de apoyar buenas prácticas, fuera de todo ámbito sancionador o de control disciplinario.
Asimismo, el Comité incorpora como referencia internacional las Reglas de Bangalore sobre la conducta judicial, promovidas por las Naciones Unidas, cuya finalidad es fortalecer los estándares éticos del ejercicio judicial y contribuir a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en especial el Objetivo 16, que impulsa instituciones sólidas, íntegras y confiables.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dispuso este martes por decreto la extradición a Estados Unidos de tres dominicanos requeridos por la justicia de ese país por distintos cargos criminales.
La medida está contenida en los decretos números 41-26, 42-26 y 43-26, emitidos por el Poder Ejecutivo y dados a conocer por la Presidencia de la República.
Los decretos ordenan la entrega de Louis Júnior Rodríguez Serrano, también conocido como Lowi Júnior Rodríguez Marte; Wady Joel Díaz Meléndez, y Gerardo Heriberto Núñez Núñez, quienes enfrentan procesos judiciales en diferentes jurisdicciones de Estados Unidos.
Rodríguez Serrano o Rodríguez Marte es requerido por la justicia federal estadounidense por múltiples cargos contenidos en la acusación formal del caso número 24-CR-6, presentada el 4 de enero de 2024 ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey.
Los cargos incluyen:
- Cargo uno: Asociación delictuosa para cometer fraude por medios electrónicos y correo postal, en violación del título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 1349.
- Cargos nueve y diez: Fraude electrónico, en violación del título 18, secciones 2 y 1343.
- Cargos doce al dieciséis: Fraude por correo postal, en violación del título 18, secciones 2 y 1341.
- Cargo diecisiete: Asociación delictuosa para cometer lavado de activos derivados del fraude electrónico y postal, en violación del título 18, sección 1956(h).
- Cargo diecinueve: Lavado de activos, en violación del título 18, secciones 2 y 1956(a)(1)(B)(i).
El cargo está tipificado como violación del capítulo 265 de las Leyes Generales de Massachusetts, sección 1.
Asimismo, el dominicano Gerardo Heriberto Núñez Núñez será extraditado para enfrentar cargos por asociación delictuosa para cometer lavado de activos, conforme a la acusación del caso criminal número 1:24-cr-10138, presentada el 14 de mayo de 2024 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts.
El expediente señala violaciones al título 18 del Código de los Estados Unidos, secciones 1956(h), 1956(a)(1)(B)(i), 1956(a)(2)(B)(i) y 1957.
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Abogados sostienen que denuncia contra Julio Iglesias podría ser aceptada en República Dominicana.
Santo Domingo.- Podría ser aceptada en la República Dominicana la denuncia presentada en España contra el cantante Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas suyas en el país y Bahamas, que fue archivada en tribunales de Europa por «falta de jurisdicción».
Los supuestos hechos ocurrieron en República Dominicana, concretamente en la mansión de Iglesias en Punta Cana (este), una de las denunciantes es dominicana y el cantante posee la nacionalidad dominicana, «por lo que evidentemente el caso es competencia de la República Dominicana, no de España», dijo a EFE el jurista y académico dominicano Cándido Simón.
La Fiscalía española concluyó el viernes que no se daban los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia pueda investigar la denuncia porque, según argumentó, la Ley Orgánica del Poder Judicial española exige, entre otras cuestiones, que el denunciado sea un ciudadano español, que no haya un procedimiento abierto en el lugar donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional, y que exista una «conexión material con España», por ejemplo, que las víctimas sean españolas o residentes en el país.
El caso afecta a una exempleada del hogar del cantante y a una fisioterapeuta, que aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp o registros de llamadas para demostrar la veracidad de sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.
El abogado criminalista dominicano y profesor de Derecho Penal René del Rosario explicó a EFE que las denunciantes pueden «perfectamente» presentarse a la fiscalía de Higüey, el principal municipio de la provincia La Altagracia, donde se ubica Punta Cana, e interponer una denuncia o querella, pero también el Ministerio Público, por tratarse de una acción pública, puede ordenar una investigación.
En Derecho y Medicina «es peligroso hacer pronósticos», pero «en este tipo de casos, aunque sin el perfil (mediático) de Julio Iglesias, regularmente la acción no procede por la dificultad científica de poder establecer que los hechos pasaron y más cuando el sospechoso lo niega», apuntó.
Tras conocerse la denuncia, Julio Iglesias aseguró que nunca «ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer», y posteriormente intentó personase en esta investigación, para tener acceso directo al contenido de la denuncia, pero la Fiscalía de su país rechazó su petición.
Las dos mujeres presentaron la denuncia el pasado 5 de enero, y días después, el 16, la Fiscalía otorgó la condición de testigos protegidos a las denunciantes, representadas por la organización Women’s Link Worldwide.
La apertura de esta causa se conoció el mismo día que una investigación periodística de eldiario.es. (España) y Univisión Noticias (EEUU) recogía relatos de ambas denunciantes sobre presuntas agresiones sexuales, lesiones y vejaciones por parte del cantante en 2021, cuando éste tenía 77 años.
Aunque Julio Iglesias tiene la nacionalidad dominicana y una de las denunciantes es dominicana, las autoridades locales prácticamente se han mantenido al margen del tema.
Santo Domingo.- Un protocolo de enmienda fue sometido al Congreso Nacional por el presidente Luis Abinader sometió al acuerdo sobre transporte aéreo entre el gobierno dominicano y el de Cuba, firmado el 29 de junio de 2023, para eliminar el tope de aerolíneas entre ambos países.
El convenio vigente establece un límite de dos líneas aéreas para operar las rutas de las dos naciones.
La nueva pieza busca que se puedan designar tantas aerolíneas como se considere, según la normativa interna de cada estado, con el propósito de incrementar el flujo de pasajeros, el comercio, la conectividad y el transporte aéreo entre los territorios.
El convenio actual, firmado el 9 de diciembre de 2005, indica en el referido apartado que cada parte contratante tendrá derecho a designar, de conformidad con sus regulaciones internas, “hasta dos líneas aéreas” (…).
Los demás numerales del artículo III y demás contenidos del documento quedan invariables.
La pieza de corrección fue introducida al Senado de la República el pasado 22 de enero, por lo que deberá agotar su trámite en el órgano legislativo.
Si la Cámara Alta ratifica el acuerdo, como se prevé, este pasará a la Cámara de Diputados para un proceso similar. Si el ala congresual refrenda el convenio, el documento pasará al Tribunal Constitucional, que verificará si está conforme a la Carta Magna, para darle el visto bueno y remitirlo al Poder Ejecutivo, que lo hará efectivo.
El presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC) en República Dominicana, José Ernesto Marte Piantini; y el del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC), Armando Luis Daniel López, suscribieron, el 29 de junio de 2023, el protocolo de enmienda al acuerdo sobre transporte aéreo entre ambas naciones en presencia de Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte de la República de Cuba, y Juan Carlos Salazar, secretario general de la OACI.
El convenio se realizó en el marco de la Undécima Reunión de Directores de Aviación Civil de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, evento organizado por la Oficina Regional de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
La firma del documento concluye las negociaciones iniciadas a través de la Junta de Aviación Civil y actualiza el acuerdo suscrito en la ciudad de la Habana, Cuba, el 9 de diciembre del 2005, con modificaciones al artículo 3, el cual contiene las disposiciones que rigen la designación y autorización de los operadores aéreos entre los dos territorios caribeños.