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La ética judicial bajo escrutinio en caso SENASA.
Santo Domingo, R.D.-Rigoberto Sena, juez de la instrucción, quien incorporó en su resolución de la medida de coerción de caso Senasa citas bíblicas y del novelista ruso León Tolstói sobre la ambición desmedida del hombre, elementos que no están contemplados en la normativa, ha tenido que someterse al escrutinio ético del Consejo del Poder Judicial mediante una entrevista en el Comité de Ética de la instancia judicial.
En la motivación de su decisión, el magistrado recurrió al pasaje 1 Timoteo 6:10, que señala, “Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero”, y también a la parábola del novelista ruso León Tolstói, ¿Cuánta tierra necesita un hombre?, donde se narra la historia de Pajón, un campesino insaciable que, cegado por la ambición, termina hallando la muerte como consecuencia de su codicia, trazando una analogía con el caso.
La resolución provocó el reproche del Poder Judicial, al considerar que el juez debió valorar estrictamente los presupuestos legales y acogerse a los criterios normativos establecidos.
Ante esta situación, el Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial llamó a reflexión al juzgador, quien se definió como un apasionado de la ética judicial y dijo que ha cumplido rigurosamente con las capacitaciones exigidas, incluyendo más de 20 horas anuales, y que sigue de cerca las publicaciones del magistrado Justiniano Montero y del profesor Armando Andruet.
Conforme a la entrevista realizada por el Comité de Ética del Poder Judicial, el juez también sostuvo que no influyó en su decisión la protesta realizada frente al Palacio de Justicia, asegurando que su sentencia respondió a convicción jurídica, aunque admite que el enfoque citado pudo generar interpretaciones controversiales.
No obstante, el Comité enfatizó que la función jurisdiccional, así como la conducta pública y privada de los jueces, deben alinearse a los principios del Código de Comportamiento Ético, que rige el norte y la integridad del Poder Judicial como sostén imperativo de un clima de confianza pública.
Toda actuación que desborde los valores que definen la misión y visión institucional, incluyendo la imparcialidad, la moralidad pública, la transparencia y la lealtad procesal, es considerada inapropiada, desacertada e impertinente para el ejercicio de la judicatura, sin importar la dimensión pública o mediática del caso.
El Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial es el órgano encargado de gestionar y velar por el cumplimiento de los principios éticos y valores que rigen la actuación de jueces y servidores judiciales, supervisando su conducta en concordancia con el Código Iberoamericano de Ética Judicial, instrumento rector de la gobernanza ética institucional.
En ese marco, se precisa que no se trata de un órgano sancionador, sino de pedagogía social judicial, articulada bajo el esquema de cooperación regional de la Cumbre Judicial Iberoamericana, con el objetivo de apoyar buenas prácticas, fuera de todo ámbito sancionador o de control disciplinario.
Asimismo, el Comité incorpora como referencia internacional las Reglas de Bangalore sobre la conducta judicial, promovidas por las Naciones Unidas, cuya finalidad es fortalecer los estándares éticos del ejercicio judicial y contribuir a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en especial el Objetivo 16, que impulsa instituciones sólidas, íntegras y confiables.
Santo Domingo, R.D.-Fue revocada por la Camara Penal de la Corte de Apelacion de La Vega la decision que declaró la extincion penal del proceso seguido contra Miguel Arturo Lopez Florencio (Micky Lopez), procesado por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
El tribunal de alzada adoptó la decisión tras acoger el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de La Vega que declaró la extinción penal del caso. La corte también ordenó la continuación del juicio.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de La Vega, estableció en la acusación que la red criminal se encargaba de traficar con sustancias controladas en Suramérica, Estados Unidos y Europa.
El expediente también indica que el grupo criminal logró movilizar en el sistema financiero dominicano más de ocho mil millones de pesos provenientes de actividades ilícitas.
Los miembros de esta red delictiva blanqueaban los capitales, haciendo aparentar como lícitos los recursos obtenidos de la venta de las sustancias controladas. De acuerdo al órgano acusador, la red también servía de sostén económico y financiero a otras estructuras criminales.
Los acusados, según refiere el expediente, se dedicaron a conformar una estructura criminal con el único objetivo de colocar y diversificar los bienes provenientes del narcotráfico, aprovechando su vínculo familiar para hacer más eficaz dicha actividad.
A la estructura se le atribuye la violación de varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el Código Penal Dominicano, y la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
La fiscal Aura Luz García Martínez valoró la decisión que revoca la sentencia de extinción de la acción penal en este caso y destacó que representa un paso de avance en las acciones ejecutadas en este proceso para lograr justicia.
Los fiscales litigantes Eduardo Velázquez y Vianela García representaron al Ministerio Público en la audiencia donde los jueces de la Corte de Apelación de La Vega, Amauris Pimentel, Osvaldo Aquino y Ariela Cedano, decidieron revocar la sentencia de extinción de la acción penal del caso, ordenando que continúe el juicio.
El proceso inició en el año 2020, siendo los acusados enviados a juicio en el año 2023, luego de múltiples aplazamientos solicitados por las defensas como estrategia para dilatar el proceso. El órgano acusador enfrentó constantemente trabas y tácticas dilatorias que impidieron el avance oportuno del caso, declarado de tramitación compleja.
En el recurso de apelación de la sentencia recurrida el órgano acusador resalta la falta de motivación de la decisión, destacando que es una obligación fundamental en el ordenamiento jurídico dominicano. Indicó que la decisión fue apelada por una errónea aplicación de la norma jurídica.
Igualmente, precisó que en la sentencia del tribunal colegiado no se tomaron en cuenta los criterios que se deben considerar al momento de decidir sobre la extinción de la acción penal.
En ese sentido, sostuvo que “la complejidad del caso, la actividad procesal del interesado, el comportamiento (adecuado o no) de las partes en litis y la conducta de las autoridades judiciales, así como la organización judicial, la duración media de los procesos y el exceso o volumen de trabajo de los tribunales judiciales a causa del alto grado de conflictividad social, entre otros factores”.
El órgano acusador recordó que por el caso fue procesada y condenada la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, esposa de López Florencio, quien desde el mes de septiembre del pasado año cumple una condena de cinco años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, de Santiago.
Santiago, R.D.-Los familiares de Angélica Geraldín Hernández, quien falleció mientras se sometía a un procedimiento en el centro de estética Diosa, en Santiago, anunciaron que presentarán una querella contra al menos cuatro personas involucradas.
Así lo informó el abogado de la familia, Pedro Domínguez Brito, quien dijo que entre los «responsables del hecho» hay tres médicos.
Señaló que, aunque por el momento no revelarán los nombres de los implicados, estos profesionales de la salud están estrechamente vinculados al centro donde se realizó el procedimiento.
El abogado manifestóque uno de los doctores vinculados al caso ha sido sometido a la justicia en al menos tres ocasiones por presunta mala práctica médica.
- Domínguez Brito explicó que ese médico, cuyo nombre será ofrecido más adelante, fue procesado en los años 2011, 2015 y 2016.
Refirió que esos antecedentes forman parte de la documentación depositada ante el Ministerio Público como parte de la investigación.
Asimismo, aseguró que han recibido múltiples testimonios de mujeres que alegan haber sido afectadas por presuntas malas prácticas de los médicos involucrados.
El abogado afirmó que el objetivo de la familia es que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables y que este caso sirva como precedente para evitar que otras personas atraviesen situaciones similares.
SANTO DOMINGO. – Tres meses de prision preventiva dictó el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra Dileisy García Sepúlveda, de 21 años, acusada de maltrato infantil, tras un caso que salió a la luz por la difusión de un video en redes sociales.
Por disposición de la jueza Stephanie Santiago Reyes, la imputada, deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, mientras el Ministerio Público continúa las investigaciones.
El caso se hizo público luego de circular un video en el que, presuntamente, se observan agresiones físicas y verbales contra un menor de edad durante una transmisión en vivo.
De acuerdo con la defensa, el tribunal también dispuso que la imputada reciba charlas para el manejo de la ira, al considerar que requiere intervención especializada en conducta.
En tanto, el menor permanece bajo el cuidado del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), mientras se determina su situación familiar y legal.