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La ética judicial bajo escrutinio en caso SENASA.
Santo Domingo, R.D.-Rigoberto Sena, juez de la instrucción, quien incorporó en su resolución de la medida de coerción de caso Senasa citas bíblicas y del novelista ruso León Tolstói sobre la ambición desmedida del hombre, elementos que no están contemplados en la normativa, ha tenido que someterse al escrutinio ético del Consejo del Poder Judicial mediante una entrevista en el Comité de Ética de la instancia judicial.
En la motivación de su decisión, el magistrado recurrió al pasaje 1 Timoteo 6:10, que señala, “Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero”, y también a la parábola del novelista ruso León Tolstói, ¿Cuánta tierra necesita un hombre?, donde se narra la historia de Pajón, un campesino insaciable que, cegado por la ambición, termina hallando la muerte como consecuencia de su codicia, trazando una analogía con el caso.
La resolución provocó el reproche del Poder Judicial, al considerar que el juez debió valorar estrictamente los presupuestos legales y acogerse a los criterios normativos establecidos.
Ante esta situación, el Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial llamó a reflexión al juzgador, quien se definió como un apasionado de la ética judicial y dijo que ha cumplido rigurosamente con las capacitaciones exigidas, incluyendo más de 20 horas anuales, y que sigue de cerca las publicaciones del magistrado Justiniano Montero y del profesor Armando Andruet.
Conforme a la entrevista realizada por el Comité de Ética del Poder Judicial, el juez también sostuvo que no influyó en su decisión la protesta realizada frente al Palacio de Justicia, asegurando que su sentencia respondió a convicción jurídica, aunque admite que el enfoque citado pudo generar interpretaciones controversiales.
No obstante, el Comité enfatizó que la función jurisdiccional, así como la conducta pública y privada de los jueces, deben alinearse a los principios del Código de Comportamiento Ético, que rige el norte y la integridad del Poder Judicial como sostén imperativo de un clima de confianza pública.
Toda actuación que desborde los valores que definen la misión y visión institucional, incluyendo la imparcialidad, la moralidad pública, la transparencia y la lealtad procesal, es considerada inapropiada, desacertada e impertinente para el ejercicio de la judicatura, sin importar la dimensión pública o mediática del caso.
El Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial es el órgano encargado de gestionar y velar por el cumplimiento de los principios éticos y valores que rigen la actuación de jueces y servidores judiciales, supervisando su conducta en concordancia con el Código Iberoamericano de Ética Judicial, instrumento rector de la gobernanza ética institucional.
En ese marco, se precisa que no se trata de un órgano sancionador, sino de pedagogía social judicial, articulada bajo el esquema de cooperación regional de la Cumbre Judicial Iberoamericana, con el objetivo de apoyar buenas prácticas, fuera de todo ámbito sancionador o de control disciplinario.
Asimismo, el Comité incorpora como referencia internacional las Reglas de Bangalore sobre la conducta judicial, promovidas por las Naciones Unidas, cuya finalidad es fortalecer los estándares éticos del ejercicio judicial y contribuir a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en especial el Objetivo 16, que impulsa instituciones sólidas, íntegras y confiables.
Por EFE
Santo Domingo, (EFE).- El Gobierno de la República Dominicana designó este martes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al grupo chií libanés Hizbulá como organizaciones terroristas.
Esta designación se lleva a cabo «en cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la legislación nacional dominicana», destacó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano.
En la actualidad Irán cuenta con un cuerpo diplomático designado para cubrir la República Dominicana, aunque la embajada tiene su sede en Cuba.
Esa legación está encabeza por el embajador Seyed Mohammad Hadi Sobhani, quien presentó sus credenciales ante el presidente dominicano, Luis Abinader, en diciembre de 2024.
an/am
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Pruebas demoledoras dice tener el Ministerio Público contra madre acusada de asfixiar a su hija
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público cuenta con más de 25 evidencias demoledoras en contra de Yleidi Linares Araujo, acusada de asfixiar a su hija de seis años en un hecho ocurrido el 11 de marzo en la comunidad de Sabana Toro de la provincia de San Cristóbal, según la procuradora fiscal Laura Segura.
La representante del Ministerio Público y fiscal investigadora del caso afirmó que el expediente contiene una amplia cantidad de pruebas que, según sostuvo, sustentan la imposición de prisión preventiva.
«El Ministerio Público está listo para conocer la solicitud de imposición de medidas de coerción, contando con más de 25 evidencias demoledoras para que el tribunal acoja la prisión preventiva en contra de la imputada por el homicidio de su hija menor de edad de 6 años», expresó.
Segura explicó, la audiencia fue aplazada para el viernes 15 de mayo, a las 9:00 de la mañana, a solicitud de la defensa técnica de la imputada, con el propósito de que le sean notificadas las pruebas audiovisuales depositadas por el órgano acusador.
Cronología del hechoEl día de la tragedia, vecinos relataron que escucharon a la madre pedir auxilio mientras descendía con la menor Milianny Linarez en brazos desde el tercer nivel de un edificio de apartamentos. Posteriormente, la niña fue trasladada al Hospital Juan Pablo Pina, donde fue declarada muerta.
En sus primeras declaraciones, Linarez Araujo aseguró que había salido al colmado y que, al regresar, encontró a la niña tendida en el baño de la vivienda.
![[object HTMLTextAreaElement]](https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/09/aplazan-coercion-contra-mujer-acusada-de-asfixiar-a-su-hija-5e5f222a.jpeg)
El Ministerio Público presentó formal acusación contra la progenitora, luego de que los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableciera que la niña murió por «asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios», determinando una muerte violenta de etiología homicida.
En el expediente de la solicitud de medida de coerción, el órgano persecutor sostiene que la imputada habría cometido el hecho dentro de su residencia durante las horas de la mañana del mismo día en que la niña fue llevada al centro de salud.
El documento también establece que estas imputaciones estarían sustentadas en el informe técnico digital de video No. 2026-04-E8566, elaborado por la Dirección Central de Investigación (Dicat).
Según el informe, las imágenes de vigilancia muestran e individualizan a Linarez Araujo como la única persona que ingresó a la vivienda antes y después de la muerte de la menor.
Indica, además, que los familiares de la imputada y de la niña habían salido del lugar, previo a los hechos, y que, dentro del período en que ocurrió el homicidio, la única persona ajena que ingresó a la zona fue la testigo Lennys Lizbeth Angomas Pinales, vecina de la imputada, quien declaró haber observado a la imputada alrededor de las 10:15 de la mañana realizando labores de limpieza frente a su residencia.
A esto, el documento suma entrevistas de otras vecinas, quienes afirmaron haber visto únicamente a la acusada entrar y salir de la vivienda donde ocurrió el hecho.
Según el Ministerio Público, estas evidencias permiten establecer que la imputada era la única persona que tenía el dominio exclusivo de la escena y de la menor fallecida.
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Segun pruebas balísticas pistola incautada en caso Masha fue robada a agente de la Policía en 2018.
Santo Domingo, R.D.-La exponente urbana Ashley Mariel Sanchez Victoriano, conocida como «Masha», quien fue apresada por agentes de la Policía Nacional el pasado sábado luego de que fuese sorprendida con dos armas de fuego ilegales dentro del vehículo en el cual se transportaba junto a otras personas, sera sometida a la justicia por la conducta ilegal en que ha incurrido.
Masha fue detenida mientras conducía por la avenida Mella, en el sector Andrés Boca Chica, acompañanda por Karla Julisa Rodríguez, quien estaba en el asiento delantero del pasajero; ambas con 19 años de edad. Mientras que en la parte trasera se encontraba Alexander Martínez Nolasco, de 18 años.
Dentro de la gaveta situada en el lado del pasajero de la yipeta marca Honda CRV fue donde los patrulleros del cuerpo policial encontraron dos pistolas Glocks calibre 9 milímetros sin documentación.
“Se la robaron en 2018 a un policía. Esa arma la estaban disparando para comparar los casquillos con otras escenas violentas y ver si ha sido usada en otros crímenes o delitos. Es por eso que sabemos que una de esas se la robaron a una policía”, explicó a reporteros de este medio un agente vinculado a la investigación.
No obstante, de acuerdo con lo informado por la fuente extraoficial, esto no quiere decir que la artista haya participado en el robo realizado al policía.
Mientras tanto, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona de la Fiscalía de Santo Domingo Este presentó el pasado domingo ante el Juzgado de Instrucción de la provincia Santo Domingo una solicitud para lograr que los imputados sean sometidos a prisión preventiva.
El Ministerio Público (MP) entiende que los acusados, a pesar de tener un domicilio en el país, no ofrecen garantías para presentarse a los actos del procedimiento judicial. Por lo que “existe un alto riesgo de que intenten sustraerse al proceso y no comparecer” ante el juez.
Pistolas, cargadores y municiones confiscados por la Policía Nacional.Fuente externa
¿Cómo funciona la depuración?
“La depuramos, la llevamos a balísticas, se disparan esos casquillos, se comparan con otros que han sido levantados en escenas donde hay heridos, fallecidos o robos, luego se analiza a través de una computadora que permite determinar si coinciden con el arma retenida”, de esta manera, según precisó el portavoz de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, las autoridades pueden identificar la procedencia de un arma de fuego.