Celso Juan Marranzini sostiene que el déficit comercial dominicano con Estados Unidos, superior a US$5,000 millones, constituye un elemento a considerar en las conversaciones sobre el cereal

SANTO DOMINGO.– El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, consideró que República Dominicana y Estados Unidos tienen espacio para mantener un proceso de diálogo en torno a las importaciones de arroz estadounidense y las medidas adoptadas para proteger la producción nacional.

Marranzini se refirió específicamente a la petición estadounidense para que el Gobierno dominicano derogue el Decreto 693-24, que establece condiciones arancelarias para las importaciones del cereal procedente de Estados Unidos.

Durante su participación en el Desayuno de Listín Diario, el dirigente empresarial recordó que las relaciones comerciales entre ambos países están reguladas por el DR-Cafta, resultado de un proceso de negociación entre las partes.

“Como en toda negociación, cada parte tiene que ceder, siempre y cuando se llegue a un acuerdo que convenga a todos”, expresó Marranzini, quien valoró que el Gobierno dominicano haya optado por manejar el tema mediante el diálogo con Estados Unidos.

Destaca déficit comercial superior a US$5,000 millones

El presidente del Conep señaló que República Dominicana mantiene un déficit comercial de más de US$5,000 millones con Estados Unidos, aspecto que, a su entender, debe formar parte del análisis de las relaciones económicas entre ambos países.

Sostuvo que las exportaciones dominicanas hacia el mercado estadounidense complementan determinadas cadenas de valor y argumentó que no están orientadas a desplazar empresas, empleos o productores estadounidenses.

Marranzini también destacó la relación histórica y comercial entre República Dominicana y Estados Unidos y planteó la conveniencia de impulsar conjuntamente estrategias de “nearshoring”, inversión, comercio y generación de empleos.

Defensa de la producción nacional

El dirigente empresarial señaló, al mismo tiempo, la necesidad de incrementar la productividad del sector agropecuario dominicano y fortalecer la seguridad alimentaria.

En el caso particular del arroz, resaltó la importancia económica y social de mantener una industria nacional sólida debido a la cantidad de provincias y productores vinculados con esa actividad.

Marranzini recordó que durante la pandemia la capacidad productiva nacional permitió al país depender en mayor medida de su propia producción de alimentos, lo que, a su juicio, demostró la importancia de fortalecer la resiliencia interna.

“Definitivamente, la productividad en el campo es algo en lo que debe seguirse avanzando para que la seguridad alimentaria cada vez sea más robusta y más resiliente”, manifestó.

¿Qué establece el Decreto 693-24?

El debate se relaciona con las condiciones comerciales acordadas para determinados productos agrícolas dentro del DR-Cafta.

Según la información suministrada, el Decreto 693-24 mantiene un arancel de 20 % para una cuota de 23,300 toneladas métricas de arroz importado desde Estados Unidos y establece una tasa de 99 % para las cantidades que excedan ese volumen.

La medida fue adoptada en 2024 en respuesta a planteamientos del sector arrocero dominicano ante la apertura prevista en el marco del tratado comercial.

El arroz se encuentra entre los productos agrícolas considerados especialmente sensibles debido al número de productores, trabajadores y comunidades vinculados directa o indirectamente con su producción.

Diferentes posiciones sobre la medida

La situación ha generado posiciones distintas en sectores económicos y políticos. Algunos especialistas han advertido sobre las implicaciones que podría tener mantener restricciones frente a compromisos asumidos dentro del DR-Cafta, mientras representantes del sector productivo y actores políticos han planteado la necesidad de preservar la producción nacional y la seguridad alimentaria.

En ese contexto, Marranzini favoreció que cualquier diferencia sea abordada mediante negociaciones entre República Dominicana y Estados Unidos, tomando en consideración tanto los compromisos comerciales como las particularidades de la producción agrícola dominicana.

El debate continúa abierto mientras las autoridades dominicanas evalúan las observaciones estadounidenses sobre el Decreto 693-24 y las alternativas para compatibilizar los compromisos comerciales internacionales con los intereses del sector arrocero nacional.

Tres plantas procesadoras de Canadá fueron autorizadas para exportar carne de res y productos derivados al mercado dominicano, luego de una evaluación de los controles sanitarios y de inocuidad del país norteamericano.

SANTO DOMINGO.– República Dominicana autorizó nuevamente la entrada al país de carne de res procedente de Canadá, poniendo fin a las restricciones que durante más de dos décadas limitaron el acceso de estos productos al mercado nacional.

La decisión permite la importación de carne bovina y productos cárnicos canadienses, incluidas vísceras provenientes de ganado de diferentes edades, de acuerdo con informaciones divulgadas por la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria (CFIA).

Las restricciones dominicanas habían sido establecidas en 2003, luego de que Canadá reportara su primer caso de encefalopatía espongiforme bovina (EEB), enfermedad conocida popularmente como “mal de las vacas locas”.

Evaluación sanitaria abrió paso a la autorización

La reapertura del mercado se produce después de una auditoría al sistema canadiense de inspección de carne bovina, en la que participaron autoridades dominicanas de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) y de la Dirección General de Ganadería (DIGEGA).

Según la información ofrecida por la parte canadiense, la evaluación permitió verificar los mecanismos implementados por Canadá en materia de seguridad alimentaria, inspección de productos y sanidad animal.

Tras el proceso, las autoridades dominicanas procedieron a levantar las restricciones que permanecían vigentes para las importaciones de carne bovina de ese país.

La CFIA informó, además, que tres plantas procesadoras canadienses ya cuentan con autorización para realizar exportaciones hacia República Dominicana.

Mercado dominicano atrae a productores canadienses

La apertura representa una nueva oportunidad comercial para la industria cárnica canadiense, debido al volumen de productos que República Dominicana adquiere en los mercados internacionales.

De acuerdo con los datos divulgados, durante 2025 el país importó aproximadamente US$215 millones en carne de res y productos cárnicos procedentes de diferentes mercados.

Kyle Larkin, presidente y director ejecutivo del Consejo Canadiense de la Carne, destacó la importancia que representa el mercado dominicano para los productores de su país y señaló que la autorización permitirá a las empresas canadienses competir para abastecer a los consumidores locales.

Más competencia en el mercado nacional

La incorporación de Canadá como proveedor podría ampliar las alternativas disponibles para importadores y distribuidores dominicanos, al tiempo que introduce un nuevo competidor dentro de un mercado que depende parcialmente de las compras internacionales para cubrir su demanda.

La medida también marca la normalización de las relaciones comerciales en este segmento después de más de 20 años de restricciones sanitarias.

A partir de la autorización, las empresas canadienses habilitadas deberán cumplir con los requisitos sanitarios, de inspección y certificación establecidos por las autoridades dominicanas para que sus productos puedan ingresar y comercializarse en el territorio nacional.

La DGCP detectó falta de estudios previos, contradicciones en las especificaciones técnicas y requisitos que podrían afectar la libre competencia en el proceso para la recolección y transporte de residuos sólidos.

SANTO DOMINGO, RD.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) dispuso la suspensión de oficio de un procedimiento de licitación pública nacional convocado por el Ayuntamiento de San Cristóbal, por un monto de RD$240 millones, destinado a contratar los servicios de recolección y transporte de residuos sólidos durante el período 2026-2028.

La decisión afecta el procedimiento ASC-CCC-LPN-2026-0003 y fue adoptada luego de que el órgano rector realizara un monitoreo preventivo en el que identificó una serie de situaciones que, según informó, contravienen disposiciones de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.

Entre los principales hallazgos, la institución señaló la ausencia de estudios previos obligatorios y la existencia de inconsistencias importantes en la elaboración de las especificaciones técnicas contenidas en el pliego de condiciones.

De acuerdo con la DGCP, esas condiciones podrían vulnerar principios fundamentales que deben regir las contrataciones públicas, entre ellos la libre competencia, participación, razonabilidad y proporcionalidad.

Requisitos bajo cuestionamiento

El análisis realizado por Contrataciones Públicas identificó, además, exigencias que consideró contradictorias o desproporcionadas.

Entre ellas figura el requerimiento de disponer de instalaciones operativas antes de la presentación de cartas compromiso con un plazo de 30 días.

También fue cuestionada la combinación de dos requisitos: acreditar experiencia previa en municipios de alta densidad poblacional y, al mismo tiempo, cumplir con una exigencia estricta de domicilio local.

La institución encontró igualmente ambigüedades en el pliego respecto de la diferencia entre el domicilio legal de los participantes y sus centros de operaciones.

Debida diligencia sobre oferente habilitado

Como parte del monitoreo y de las labores de debida diligencia, la DGCP examinó documentación correspondiente al oferente habilitado Producciones D&P San Cristóbal.

Según las informaciones divulgadas por el órgano rector, dentro de la oferta técnica fueron verificados contratos de arrendamiento relacionados con las operaciones comerciales en los que aparecen Alicia Aurora Uribe Domínguez y Vlamirdi Agustín Ruiz de la Rosa como titulares del inmueble.

La DGCP indicó que Ruiz de la Rosa formó parte, hasta 2023, del órgano de administración de la misma empresa participante en el procedimiento, conforme a documentación societaria disponible en el Registro de Proveedores del Estado.

Asimismo, el organismo señaló que Vlamirdi Agustín Ruiz de la Rosa mantiene un vínculo familiar con el alcalde de San Cristóbal, Dionisio de la Rosa Rodríguez.

La referencia a estos vínculos forma parte de los hallazgos comunicados por la DGCP y no implica, por sí sola, una determinación de responsabilidad administrativa o penal.

Suspensión fue ejecutada inmediatamente

Tras los resultados del monitoreo, Contrataciones Públicas ordenó la suspensión cautelar del procedimiento.

La medida fue ejecutada de manera inmediata a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, mientras el Ayuntamiento de San Cristóbal fue formalmente notificado de la decisión para los fines correspondientes.

La intervención del órgano rector coloca ahora bajo revisión un contrato de considerable impacto económico y operativo para el municipio, debido a que involucra RD$240 millones en recursos públicos y un servicio esencial como la recolección y transporte de los residuos sólidos.