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disponen que entidades públicas realicen cálculos de prestaciones laborales y pagos.

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Santo Domingo, R.D.-La descentralización del cálculo de los beneficios y prestaciones laborales fue aprobada por  el Ministerio de Administración Pública (MAP), las cuales podrán ser realizadas por cada una de las instituciones del Estado, incluyendo a las descentralizadas.

Mediante la resolución número 316-2024L, firmada por el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, a partir del 19 de octubre, las oficinas de recursos humanos de los entes y órganos son las responsables de calcular los beneficios laborales y hacer los pagos correspondientes de sus servidores públicos desvinculados del servicio por cualquier causa, incluso en los casos de fallecimiento o pensión.

El documento indica que los titulares de las áreas administrativas y financieras y de recursos humanos, deben asegurarse de que los cálculos de beneficios laborales cumplan con los requisitos legales y reglamentarios. Para esos fines, estos deben de cumplir con los procedimientos internos, para garantizar la precisión y la transparencia en los cálculos y en los pagos de los beneficios laborales realizados.

Además, sostiene que estos serán los responsables de realizar y subir el proceso en el Sistema de Reclamación Laboral (Reclasoft), y adjuntar la hoja de cálculos debidamente sellada y firmada por los titulares de las áreas administrativas, financieras y de recursos humanos, junto a la firma de las máximas autoridades de esa institución.

En la resolución el MAP explica que la documentación requerida para la emisión de los cálculos de beneficios laborales es la cédula personal de identidad y electoral, la certificación de cargo que haga constar las vacaciones no disfrutadas y la carta de desvinculación, que deberá incluir la renuncia o acta de defunción en los casos que correspondan.

Todos los cálculos laborales realizados por las diferentes instituciones deberán ser remitidos al Ministerio de Administración Pública de manera digital para fines de registro y control.

La resolución, por igual, señala que los órganos del Estado que se encuentren en proceso de fusión o eliminación deben de validar con el MAP esos cálculos antes de proceder con la emisión de los pagos.

La normativa aclara que en caso de que se genere una disconformidad con respecto al cálculo de las prestaciones laborales, generados y subidos al Reclasoft, ya sea por parte del ente u órgano o del empleado, se deberá presentar una reclamación formal ante la institución en la cual prestaba sus servicios, dentro de un plazo de 15 días, contados a partir de que le sea comunicado el cálculo de beneficios laborales.

Esa reclamación deberá ser presentada por escrito y tendrá que incluir una descripción detallada de las razones de la disconformidad presentada, así como cualquier documentación de soporte pertinente; la institución realizará una revisión interna de los cálculos en caso de que corresponda.

En caso de que la disconformidad no se resuelva a nivel de la entidad o si alguna de las partes no está satisfecha con el cálculo de beneficios laborales, el MAP informó que se podrá acudir a sus oficinas y someter el caso ante la Comisión de Personal.

Para ello, la parte o partes interesadas deberán presentar una solicitud de conciliación, que debe de incluir una copia de la reclamación previa y cualquier otra documentación relevante. El órgano regulador del empleo público revisará el caso y decidirá si el mismo debe ser conocido en Comisión de Personal o si la solución puede ser gestionada directamente con las autoridades del ente u órgano, para resolver la disconformidad.

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COE coloca en alerta roja a Puerto Plata y Espaillat; otras 7 provincias están en amarilla y 13 en verde por lluvias

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SANTO DOMINGO.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó en alerta roja a las provincias Puerto Plata y Espaillat, mientras que mantiene siete en amarilla y 12 y el Distrito Nacional en verde, debido a los efectos de una vaguada prefrontal y la interacción de los efectos del viento cálido del este/sureste .

Las provincias en alerta amarilla son: Monte Cristi, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago y San José de Ocoa.

Lluvias provocan inundaciones en La Vega y Azua; más de 350 mil afectados por fallas en acueductos

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Mientras que en verde están San Juan, Elías Piña, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Samaná, Santo Domingo, Valverde, Santiago, Rodríguez, Dajabón, San José de Ocoa, San Cristóbal, Monte Plata, Peravia, Distrito Nacional y Sánchez Ramírez.

De igual forma, en la costa atlántica exhortó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro debido a viento moderado y olas anormales.

De acuerdo al informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) los campos nubosos del sistema frontal al norte del país y los efectos orográficos locales continuarán generando nublados esta noche y en el transcurso de la madrugada del jueves, acompañados de aguaceros intermitentes muy fuertes en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento, sobre provincias del litoral costero Atlántico, el valle de Cibao, el sureste, así como, la cordillera Central y la zona fronteriza.

Agregó que en la tarde, esta actividad de precipitaciones se extenderá sobre varios puntos del valle del Cibao, la llanura oriental, la cordillera Central y la zona fronteriza, principalmente hacia las provincias de: María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Samaná, Duarte, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Baoruco, Pedernales, Barahona y El Gran Santo Domingo.

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Obispo Jesús Castro Marte alerta sobre desorden en Punta Cana

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Santo Domingo, R.D.-El obispo de la diócesis de La Altagracia, Jesús Castro Marte, expresó su profunda preocupación por el acelerado desarrollo urbanístico en la zona de Verón-Punta Cana, señalando que muchos proyectos se están ejecutando sin cumplir con la debida planificación establecida en la Ley No. 0368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.

El prelado dejó claro que no se opone al desarrollo, pero enfatizó la necesidad de que las autoridades competentes hagan cumplir estrictamente las normativas vigentes. En ese sentido, exhortó a que los desarrolladores inmobiliarios respeten las disposiciones legales tanto a nivel local como nacional y regional, con el fin de garantizar un crecimiento ordenado y sostenible.

Asimismo, hizo un llamado urgente a proteger la inversión extranjera en el país, advirtiendo sobre la presencia de falsos desarrollistas que incurren en estafas inmobiliarias. Según indicó, estas prácticas afectan a ciudadanos que, con sacrificio, invierten sus ahorros o acceden a préstamos bancarios para adquirir una vivienda.

Castro Marte subrayó que la seguridad jurídica debe prevalecer para garantizar la confianza en el clima de inversión del país. “Mantener altos estándares en este aspecto es clave para preservar la imagen de la nación como una marca país confiable”, concluyó.

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Suprema Corte dice supera mora y que tramitación de casación se redujo de 707 a solo 27 días

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Santo Domingo, R.D.-El 90% de los casos en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se resuelven en tres, seis y 12 meses y el tiempo de tramitación se redujo de manera significativa con la aplicación de la nueva ley de Casación, pasando de 707 a solo 27 días, informaron jueces de esa alta corte este miércoles.

La información fue ofrecida durante el encuentro «Justicia y Medios: Modelo de gestión y resultados de la Suprema Corte de Justicia«, encabezado por los presidentes de las Primera y Segunda Sala, Justiniano Montero Montero y Francisco Jerez Mena, respectivamente. Mientras que el magistrado Francisco Ortega Polanco, representó a la Tercera Sala de ese tribunal.

Al realizar la presentación, el secretario general de la SCJ, César García Lucas, informó que actualmente la SCJ tiene 4 mil 273 casos pendientes de fallo, de estos, los más antiguos datan del año 2024 de la materia civil y comercial, que presenta un total de 2, 983 expedientes pendientes.

Expedientes por materias

Mientras que, en materia de tierras solo tiene pendiente 377 casos, penal 353, laboral 266, contencioso administrativo 225 y contencioso tributario 69, todos estos casos corresponden a los años 2025 y 2026.

El tiempo de respuestas ronda los seis a 12 meses en materia civil, penal tres meses y un día para decidir los casos de extradición; mientras en lo relacionado a las decisiones contencioso tributario, administrativo, laboral y de tierras se emiten dentro del plazo de los seis meses.

Un aspecto importante destacado es la interoperabilidad con el Tribunal Constitucional para enviar de manera digital los expedientes apoderados, generando constancia de remisión automática.

Lo encontrado en 2019

La SCJ recordó que para el año 2019,  había un total de 18,357 expedientes, de estos 9,187 completos y 9,170 incompletos. Algunos de estos correspondían al año 1982.

En el encuentro Justicia y Medio participó, además, el coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos del Poder JudicialJavier Cabreja.

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