Latinoamericanas
Marcelo Odebrecht revela que financió con US$13 millones los gastos de Lula da Silva y su familia
BRA100. BOGOTÁ (COLOMBIA), 16/03/2016.- Fotografía de archivo del 13 de octubre de 2015 de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff (i) y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (d) asistiendo al Congreso Nacional de la Central Única de Trabajadores (CUT) en Sao Paulo (Brasil). Un juez de Brasilia anuló hoy, jueves 17 de marzo de 2016, de forma cautelar el nombramiento del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como ministro de la Presidencia del gabinete de su sucesora, Dilma Rousseff, informaron fuentes judiciales. La decisión judicial, tomada por el magistrado Itagiba Catta Preta Neto, del Tribunal Federal de Brasilia, anuló así el acto por el que Lula fue juramentado hoy por Rousseff. EFE/SEBASTIAO MOREIRA
Río de Janeiro, Brasil (EFE).- El expresidente de la constructora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, dijo en un testimonio a la Justicia divulgado este miércoles que abrió una cuenta con unos 40 millones de reales (13 millones de dólares) para financiar gastos particulares de Luiz Inácio Lula da Silva tras su salida de la Presidencia de Brasil.
Odebrecht dijo que la apertura de la cuenta fue negociada en 2010 con Antonio Palocci, exministro de Hacienda de Lula, pero que estaba destinada a ofrecer favores al exmandatario debido a que mantenía su poder como principal líder del Partido de los Trabajadores (PT) y era padrino de la entonces presidenta, Dilma Rousseff.
El empresario agregó que de la cuenta bautizada como “Amigo”, como Lula era conocido en las planillas de sobornos de Odebrecht, fueron retirados diferentes recursos entre 2011 y 2014, entre los cuales los destinados a la compra de un terreno en el que se construiría la sede del Instituto Lula.
Marcelo Odebrecht, que ya fue condenado a 19 años de prisión por su responsabilidad en los desvíos en la petrolera estatal, aceptó colaborar con la Justicia y revelar lo que sabe de la trama a cambio de reducciones en sus futuras condenas.
“Había un saldo de unos 40 millones de reales en esa cuenta. Sabíamos que Lula tendría demandas después de dejar la Presidencia para asuntos como el Instituto, entre otras cosas”, afirmó el expresidente de la mayor constructora de Brasil según las grabaciones hechas públicas hoy por la Justicia.
La declaración fue dada por el empresario en el interrogatorio al que fue sometido el pasado lunes por el juez federal Sergio Moro, responsable por la investigación del escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
Marcelo Odebrecht, que ya fue condenado a 19 años de prisión por su responsabilidad en los desvíos en la petrolera estatal, aceptó colaborar con la Justicia y revelar lo que sabe de la trama a cambio de reducciones en sus futuras condenas.
La divulgación de un testimonio que estaba bajo sigilo se produjo un día después de que la Corte Suprema anunciara que autorizó la apertura de 76 investigaciones contra casi cien políticos con fuero privilegiado citados en las delaciones de ejecutivos de Odebrecht.
Odebrecht dijo que la cuenta para atender las necesidades de Lula fue abierta inicialmente con 35 millones de reales (unos 11,3 millones de dólares) y que acordó con Palocci que de ese saldo serían retirados recursos cada vez que el expresidente necesitase.
“Pusimos 35 millones de reales para lo que fuese determinado por Lula porque sabíamos que él aún tenía influencia en el PT”, dijo.
Agregó que del saldo inicial fueron retirados gradualmente recursos cada vez que Palocci entró en contacto para relatar una necesidad del exjefe de Estado.
“Hubo algunos en que Palocci pedía dinero en efectivo y avisaba que era de la cuenta Amigo. Entonces yo sabía que se refería a Lula y se descontaba de esa cuenta”, dijo.
Odebrecht admitió que no tiene cómo comprobar que todo lo retirado de esa cuenta fue solicitado por Lula aunque dijo que en algunas ocasiones sí percibió que se trataba de asuntos demandados por el expresidente, que ya es reo en cinco procesos.
“Lula nunca me pidió directamente. Todo lo hacíamos por intermedio de Palocci. Obvio que tras algunos usos quedó claro que realmente era para Lula. Las dos veces que pude comprobar que Lula tenía conocimiento de esa cuenta fue cuando recibimos la petición para comprar el terreno del Instituto Lula y una solicitud de una donación para el Instituto”, dijo.
El empresario también admitió que hizo donaciones ilegales para las campañas electorales del PT, incluyendo 50 millones de reales (cerca de 16 millones de dólares) para la campaña presidencial de Rousseff en 2010.
Los favores a Lula también fueron citados por otros ejecutivos de Odebrecht que aceptaron colaborar con la Justicia.
Según uno de los testimonios, el expresidente se comprometió a mejorar la relación entre la constructora y el Gobierno de Rousseff a cambio del apoyo de Odebrecht a proyectos de uno de sus hijos.
Otro delator dijo que el ex jefe de Estado tenía conocimiento de la mesada que Odebrecht le pagaba a uno de sus hermanos.
Los ejecutivos de Odebrecht también dijeron que la constructora financió una serie de obras en una casa de campo a la que Lula acostumbraba ir con su familia en temporadas de vacaciones.
El martes, tras la filtración de parte de la declaración de Odebrecht, Lula volvió a defender su inocencia, criticó la divulgación de declaraciones “mentirosas” a la prensa y señaló que no se le “pasa por la cabeza” ir a prisión. EFE
Agencia AP
Bogotá, Colombia.-El juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez llegó el martes a su fin y en adelante la jueza deberá decidir si lo absuelve o lo declara culpable de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, un hecho sin precedentes al ser el primer exmandatario en afrontar un juicio en Colombia.
Uribe Vélez, quien gobernó entre 2002 y 2010, fue acusado por la fiscalía de idear y promover una estrategia para, con ayuda de terceros, manipular testigos en busca de cambiar sus versiones o para que declarasen que no tenía vínculos con el paramilitarismo, lo que para la fiscalía constituyó un intento de engañar a la justicia.
La jueza citó para el 28 de julio para dar sentido del fallo. De ser hallado culpable, Uribe Vélez se expone a una pena de hasta 12 años de prisión.
El expresidente, último en intervenir durante el juicio, pidió a la juez ser absuelto: “Señora juez, he procurado decirle lo que dicta mi corazón, yo le pido a usted que me absuelva». Aseguró que nunca ordenó buscar a personas presas para que cambiaran su versión, sino que solicitó verificar informes que le llegaban sobre «manipulaciones de políticos para afectar mi reputación”.
“Le he dado la cara a la justicia colombiana”, resaltó Uribe, quien aseguró que no está en sus planes salir del país ni pedir asilo político.
La jueza tiene bajo sus hombros la responsabilidad de decidir el futuro judicial de uno de los políticos más influyentes en Colombia. Uribe lidera el Centro Democrático, principal partido de oposición a Gustavo Petro, primer presidente de tendencia izquierdista en el país sudamericano.
¿Cómo inició el proceso?
El proceso judicial empezó en 2012 cuando Uribe Vélez denunció al senador de izquierda Iván Cepeda por buscar en las cárceles testimonios de paramilitares que declarasen en su contra y lo vincularan con el paramilitarismo, una facción armada que combatía a las guerrillas de izquierda.
En 2018, la Corte Suprema de Justicia cerró la causa contra Cepeda al no hallar méritos y abrió una contra Uribe Vélez para investigar si había sido él quien presuntamente intentó manipular testigos. Dos años después, el entonces senador Uribe Vélez fue detenido dos meses en una hacienda de su propiedad.
Sin embargo, salió libre al renunciar a su escaño en el Congreso, por lo que la corte perdió competencia y el caso pasó a la fiscalía. Sólo fue en 2024 cuando la fiscalía decidió acusar formalmente a Uribe y llevarlo a juicio.
Las claves del juicio
La jueza deberá ahora determinar si Uribe, a través de un abogado, buscó cambiar la versión que había dado en su contra Juan Guillermo Monsalve, preso por secuestro extorsivo, quien ha declarado que en una hacienda que perteneció a la familia de Uribe Vélez se creó en la década de 1990 un grupo paramilitar al que perteneció.
La defensa de Uribe asegura que él no buscó a Monsalve, sino que fueron a la cárcel a oír sus intenciones tras enterarse que quería retractarse de sus dichos. La fiscalía sostiene que el abogado Diego Cadena, actuando en nombre de Uribe, buscó su retractación con sobornos.
La fiscalía también dice que Cadena buscó, en nombre de Uribe, al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor” para que declarara a favor de Uribe supuestamente a cambio de dinero. La defensa aseguró que el exmandatario no se enteró de ayudas económicas entregadas al exparamilitar sino tiempo después y las rechazó de inmediato.
La jueza también deberá determinar si Uribe buscó o no al exparamilitar Juan Carlos Sierra, alias “El Tuso”, quien estando preso en Estados Unidos envió cartas a la Corte Suprema de Justicia asegurando que Cepeda le ofreció beneficios a cambio de declarar contra el expresidente.
Entre las pruebas del juicio, estuvieron las grabaciones de las llamadas interceptadas que sostuvo Uribe con el abogado Cadena. La fiscalía asegura que en ellas se prueba que Uribe le daba instrucciones al abogado para sobornar testigos.
La defensa aseguró que Uribe no dio instrucciones en ese sentido en las llamadas y pidió que no fueran tomadas como pruebas, alegando que fueron obtenidas por error cuando la justicia investigaba a otro congresista.
Agencia EFE
La Habana.- Doce personas heridas, una de ellas de gravedad, fue el saldo de un accidente de tránsito ocurrido este jueves por el choque entre un auto y un tractor en la localidad de Santa Martha, de la provincia cubana provincia de Matanzas (oeste), informaron medios estatales.
La persona herida de gravedad es una adolescente de 15 años que fue trasladada a un hospital provincial.
Un informe del Ministerio del Transporte, divulgado en mayo pasado, refirió que en el primer trimestre de 2025 las muertes por accidentes de tránsito en Cuba aumentaron un 18 % (un total de 173) en comparación con igual periodo del año anterior.
Además, indicó que entre enero y marzo hubo una disminución de lesionados por accidentes de tráfico en su comparación interanual, al pasar de 1,601 en el ejercicio pasado a 1,514 en el presente.
En 2024, en la isla se registraron 7,507 accidentes de tráfico, un 12 % menos que en 2023, según la Comisión Nacional de Seguridad Vial.
Las autoridades citaron la falta de atención al control del vehículo -en el 30 % de los casos- y no conceder el derecho de vía (29,9 %) como las principales causas de la accidentalidad en las vías cubanas.
El Gobierno cubano también ha reconocido que el mal estado de las calles y carreteras, por la falta general de mantenimiento, así como la antigüedad del parque automotor -con vehículos de entre 40 y 70 años de circulación- son otros factores que han provocado accidentes en las vías.
Puerto Príncipe.- La embajada de los Estados Unidos en Puerto Príncipe exhortó a los ciudadanos estadounidenses a no viajar a Haití y, si ya se encuentran allí, abandonar el país lo antes posible.
«No viajen a Haití. Si es usted ciudadano estadounidense en Haití: abandone Haití lo antes posible mediante medios de transporte comerciales o privados», escribió la embajada en su cuenta de Facebook.
La legación pide también a sus ciudadanos que eviten las multitudes y sigan los medios de comunicación para obtener información actualizada, y que eviten las zonas en las que se hayan registrado actos violentos, manifestaciones o disturbios.
VUELOS REANUDADOS
La embajada recordó que se han reanudado los vuelos comerciales regulares entre el aeropuerto internacional de Cap-Haitien (norte) y el aeropuerto Antoine Simon de Les Cayes (sur), así como entre el aeropuerto internacional de Cap-Haitien y la terminal nacional Guy Malary de Puerto Príncipe (oeste).
«Los ciudadanos estadounidenses en Haití deben abandonar el país por medios de transporte comerciales o privados cuando consideren que es posible hacerlo con total seguridad», se lee en la nota.
RIESGOS HELICOPTEROS
La embajada destacó que tiene conocimiento de ciudadanos estadounidenses que se desplazan a Cap-Haitien en helicóptero desde lugares que no son aeropuertos comerciales.
«Estos vuelos conllevan riesgos potenciales que los ciudadanos deben tener en cuenta antes de subir al avión», consideró la embajada.
Recordó que el personal del Gobierno estadounidense no está autorizado a viajar en vuelos comerciales con destino u origen en Puerto Príncipe debido a las restricciones de la Administración Federal de Aviación (FDA) y a los riesgos potenciales para el tráfico aéreo.
«El Gobierno estadounidense no respalda a las compañías privadas o comerciales», advirtió la embajada de Washington en Puerto Príncipe.
BANDAS SIEMBRAN EL TERROR
Desde hace años, en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y en ciudades de otros departamentos como Artibonite y Centro los grupos armados siembran el terror con ataques, asesinatos, secuestros y violaciones.
Según los datos más recientes del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, al menos 2.680 personas murieron a causa de la violencia armada interna entre enero y mayo pasados en un país con en torno a 1,3 millones de desplazados, de ellos más de la mitad menores.
jt/am