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Marcha Verde exige investigación penal de Danilo y plantas de Punta Catalina
La próxima actividad de movilización de la Marcha Verde será el domingo 11 de junio en San Pedro de Macorís, donde marcharán ciudadanos y ciudadanas de todas las provincias de la región Este.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. La Marcha Verde aseguró que el documento de denuncia presentado por el procurador Jean Alain Rodríguez en el caso Odebrecht y las recientes declaraciones del ministro Juan Temístocles Montás obligan al Ministerio Público a iniciar una investigación penal del financiamiento de las campañas electorales del presidente Danilo Medina y de las plantas a carbón de Punta Catalina.
Durante la movilización barrial realizada en el sector de Cristo Rey, el colectivo afirmó que al reconocer que recibió dinero de Ángel Rondón para financiar las campañas presidenciales moradas del 2008, el 2012 y el 2016, el ministro y miembro del Comité Político del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reconoce la violación del artículo 47 de la Ley Electoral 275-97 y su prohibición de financiamiento de entidades extranjeras.
Asimismo, destacó que comprometen penalmente al expresidente Leonel Fernández y al presidente Danilo Medina, quien había negado la recepción de fondos de parte de la multinacional mafiosa.
Además, explica el movimiento en un comunicado, la confesión pública de Montás coincide con las delaciones premiadas de los tres ejecutivos de Odebrecht que reconocieron que la empresa brasileña financió campañas en República Dominicana como parte de sus prácticas delictivas para conseguir asignación de obras.
“Al presidente Medina y a Leonel Fernández los señala un compañero, un miembro del Comité Político de su partido y un funcionario con rango de ministro. La ciudadanía no aceptará que esta denuncia ratificada por tres ejecutivos de Odebrecht se quede en el aire. El fin de la impunidad implica investigar a todo el que tenga que ser investigado”, resaltó el movimiento en su comunicado público.
Punta Catalina es cuerpo del delito
Para la Marcha Verde la inclusión de las plantas a carbón de Punta Catalina en la denuncia de sobornos presentada por el Ministerio Público ante la Suprema Corte de Justicia obliga a investigar penalmente al presidente Danilo Medina y al vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEE), Rubén Bichara, por ser los principales promotores y beneficiarios políticos de este proyecto vinculado a denuncias de sobrevaluaciones desde sus inicios.
El expediente del Ministerio Público, aseguran, se suma a la advertencia del miembro de la comisión que conformara Danilo Medina para evaluar la licitación de Punta Catalina, Servio Tulio Castaños Guzmán, quien ha señalado la necesidad de que la licitación de las plantas pase a una investigación penal.
“Nadie nos va a marear. Ninguna mujer ni hombre decente de República Dominicana va a permitir que la persecución del caso Odebrecht tenga vacas sagradas. Llegó la hora de investigar al presidente. Si es inocente, que siga en sus funciones, pero si violó la ley y se burló del pueblo dominicano, que lo lleven a Najayo”, advierte la Marcha Verde.
La marcha de Cristo Rey forma parte de las actividades de Barrio Verde coordinadas por la Marcha Verde para llevar el mensaje del fin de la impunidad a los sectores populares de la República Dominicana. Durante la actividad se repartieron volantes y los activistas conversaron con los residentes del sector sobre el impacto que tiene la corrupción en la calidad de vida de la gente más pobre y excluida.
La próxima actividad de movilización de la Marcha Verde será el domingo 11 de junio en San Pedro de Macorís, donde marcharán ciudadanos y ciudadanas de todas las provincias de la región Este.
acento.com.do
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.