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Marcha Verde exige investigación penal de Danilo y plantas de Punta Catalina
La próxima actividad de movilización de la Marcha Verde será el domingo 11 de junio en San Pedro de Macorís, donde marcharán ciudadanos y ciudadanas de todas las provincias de la región Este.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. La Marcha Verde aseguró que el documento de denuncia presentado por el procurador Jean Alain Rodríguez en el caso Odebrecht y las recientes declaraciones del ministro Juan Temístocles Montás obligan al Ministerio Público a iniciar una investigación penal del financiamiento de las campañas electorales del presidente Danilo Medina y de las plantas a carbón de Punta Catalina.
Durante la movilización barrial realizada en el sector de Cristo Rey, el colectivo afirmó que al reconocer que recibió dinero de Ángel Rondón para financiar las campañas presidenciales moradas del 2008, el 2012 y el 2016, el ministro y miembro del Comité Político del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reconoce la violación del artículo 47 de la Ley Electoral 275-97 y su prohibición de financiamiento de entidades extranjeras.
Asimismo, destacó que comprometen penalmente al expresidente Leonel Fernández y al presidente Danilo Medina, quien había negado la recepción de fondos de parte de la multinacional mafiosa.
Además, explica el movimiento en un comunicado, la confesión pública de Montás coincide con las delaciones premiadas de los tres ejecutivos de Odebrecht que reconocieron que la empresa brasileña financió campañas en República Dominicana como parte de sus prácticas delictivas para conseguir asignación de obras.
“Al presidente Medina y a Leonel Fernández los señala un compañero, un miembro del Comité Político de su partido y un funcionario con rango de ministro. La ciudadanía no aceptará que esta denuncia ratificada por tres ejecutivos de Odebrecht se quede en el aire. El fin de la impunidad implica investigar a todo el que tenga que ser investigado”, resaltó el movimiento en su comunicado público.
Punta Catalina es cuerpo del delito
Para la Marcha Verde la inclusión de las plantas a carbón de Punta Catalina en la denuncia de sobornos presentada por el Ministerio Público ante la Suprema Corte de Justicia obliga a investigar penalmente al presidente Danilo Medina y al vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEE), Rubén Bichara, por ser los principales promotores y beneficiarios políticos de este proyecto vinculado a denuncias de sobrevaluaciones desde sus inicios.
El expediente del Ministerio Público, aseguran, se suma a la advertencia del miembro de la comisión que conformara Danilo Medina para evaluar la licitación de Punta Catalina, Servio Tulio Castaños Guzmán, quien ha señalado la necesidad de que la licitación de las plantas pase a una investigación penal.
“Nadie nos va a marear. Ninguna mujer ni hombre decente de República Dominicana va a permitir que la persecución del caso Odebrecht tenga vacas sagradas. Llegó la hora de investigar al presidente. Si es inocente, que siga en sus funciones, pero si violó la ley y se burló del pueblo dominicano, que lo lleven a Najayo”, advierte la Marcha Verde.
La marcha de Cristo Rey forma parte de las actividades de Barrio Verde coordinadas por la Marcha Verde para llevar el mensaje del fin de la impunidad a los sectores populares de la República Dominicana. Durante la actividad se repartieron volantes y los activistas conversaron con los residentes del sector sobre el impacto que tiene la corrupción en la calidad de vida de la gente más pobre y excluida.
La próxima actividad de movilización de la Marcha Verde será el domingo 11 de junio en San Pedro de Macorís, donde marcharán ciudadanos y ciudadanas de todas las provincias de la región Este.
acento.com.do
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.