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Marcha Verde exige investigación penal de Danilo y plantas de Punta Catalina

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La próxima actividad de movilización de la Marcha Verde será el domingo 11 de junio en San Pedro de Macorís, donde marcharán ciudadanos y ciudadanas de todas las provincias de la región Este.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. La Marcha Verde aseguró que el documento de denuncia presentado por el procurador Jean Alain Rodríguez en el caso Odebrecht y las recientes declaraciones del ministro Juan Temístocles Montás obligan al Ministerio Público a iniciar una investigación penal del financiamiento de las campañas electorales del presidente Danilo Medina y de las plantas a carbón de Punta Catalina.

Durante la movilización barrial realizada en el sector de Cristo Rey, el colectivo afirmó que al reconocer que recibió dinero de Ángel Rondón para financiar las campañas presidenciales moradas del 2008, el 2012 y el 2016, el ministro y miembro del Comité Político del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reconoce la violación del artículo 47 de la Ley Electoral 275-97 y su prohibición de financiamiento de entidades extranjeras.

Asimismo, destacó que comprometen penalmente al expresidente Leonel Fernández y al presidente Danilo Medina, quien había negado la recepción de fondos de parte de la multinacional mafiosa.

Además, explica el movimiento en un comunicado, la confesión pública de Montás coincide con las delaciones premiadas de los tres ejecutivos de Odebrecht que reconocieron que la empresa brasileña financió campañas en República Dominicana como parte de sus prácticas delictivas para conseguir asignación de obras.

“Al presidente Medina y a Leonel Fernández los señala un compañero, un miembro del Comité Político de su partido y un funcionario con rango de ministro. La ciudadanía no aceptará que esta denuncia ratificada por tres ejecutivos de Odebrecht se quede en el aire. El fin de la impunidad implica investigar a todo el que tenga que ser investigado”, resaltó el movimiento en su comunicado público.

Punta Catalina es cuerpo del delito

Para la Marcha Verde la inclusión de las plantas a carbón de Punta Catalina en la denuncia de sobornos presentada por el Ministerio Público ante la Suprema Corte de Justicia obliga a investigar penalmente al presidente Danilo Medina y al vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEE), Rubén Bichara, por ser los principales promotores y beneficiarios políticos de este proyecto vinculado a denuncias de sobrevaluaciones desde sus inicios.

El expediente del Ministerio Público, aseguran, se suma a la advertencia del miembro de la comisión que conformara Danilo Medina para evaluar la licitación de Punta Catalina, Servio Tulio Castaños Guzmán, quien ha señalado la necesidad de que la licitación de las plantas pase a una investigación penal.

“Nadie nos va a marear. Ninguna mujer ni hombre decente de República Dominicana va a permitir que la persecución del caso Odebrecht tenga vacas sagradas. Llegó la hora de investigar al presidente. Si es inocente, que siga en sus funciones, pero si violó la ley y se burló del pueblo dominicano, que lo lleven a Najayo”, advierte la Marcha Verde.

La marcha de Cristo Rey forma parte de las actividades de Barrio Verde coordinadas por la Marcha Verde para llevar el mensaje del fin de la impunidad a los sectores populares de la República Dominicana. Durante la actividad se repartieron volantes y los activistas conversaron con los residentes del sector sobre el impacto que tiene la corrupción en la calidad de vida de la gente más pobre y excluida.

La próxima actividad de movilización de la Marcha Verde será el domingo 11 de junio en San Pedro de Macorís, donde marcharán ciudadanos y ciudadanas de todas las provincias de la región Este.

acento.com.do

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Piden prisión para profesor imputado por acoso sexual contra una estudiante

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SANTO DOMINGO.- Prisión preventiva solicitó el Ministerio Público a un tribunal como medida de coerción contra un profesor imputado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.

La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.

De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.

El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.

La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.

El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.

Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.

La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.

El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

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Apelarán condena de 30 años a anciano de 83 años por tentativa de asesinato.

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Santo Domingo, R.D.-Milagros del Carmen Rodriguez, abogada de la Defensoría Pública, anunció que recurrirá la sentencia de 30 años de prisión impuesta a Nicolás Suárez, de 83 años, condenado por tentativa de feminicidio contra su expareja Erminia Núñez Durán, en el distrito municipal de Santiago Oeste (Cienfuegos), quien  argumenta que la edad avanzada y el deteriorado estado de salud del imputado hacen inviable su reclusión en un centro penitenciario.

El Tercer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago, integrado por las juezas Ingrid LiberatoDeyanira Méndez y Kimberly Tatis, impuso a Suárez la pena máxima por tentativa de asesinato. Sin embargo, la defensa sostiene que el tribunal no tomó en cuenta las atenuantes presentadas durante el proceso.

La abogada Milagros Del Carmen Rodríguez señaló que Suárez padece diabetes avanzada que le ha provocado la pérdida de la visión, condición que motivó que durante todo el proceso judicial permaneciera en prisión domiciliaria.

«Hemos solicitado varios permisos para ir al médico porque no ve; tiene una situación de diabetes que le ha quitado la vista», declaró la defensora pública.

Los hechos que originaron el proceso ocurrieron el 17 de julio de 2024 en un barrio del distrito municipal de Santiago Oeste (Cienfuegos), cuando Nicolás Suárez agredió a su expareja, Erminia Núñez Durán, en un hecho calificado por la justicia como tentativa de asesinato.

A pesar de que el tribunal no acogió los argumentos atenuantes presentados por la defensa, la abogada insiste en que una condena de 30 años resulta desproporcionada e inaplicable dadas las condiciones del imputado.

La Defensoría Pública solicita que, en caso de mantenerse la calificación de tentativa de asesinato, la pena sea sustituida por una condena suspendida que no exceda los tres años.

La defensora invocó el principio de humanización de las penas, establecido en el ordenamiento jurídico dominicano, como fundamento central del recurso de apelación.

«No es posible que en este caso no se tome en cuenta el principio de humanización», afirmó Rodríguez.

El principio de humanización de las penas reconoce que la ejecución de una condena no debe atentar contra la dignidad del condenado ni agravar su situación más allá de lo que la propia pena implica. En casos de personas de edad avanzada con enfermedades graves, los tribunales de alzada dominicanos han considerado este principio como criterio válido para modificar sanciones.

La apelación será presentada ante la Corte de Apelación del departamento judicial de Santiago.

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Con arma blanca niños intentan agredir alumnos en las afueras de escuela primaria de Verón.

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Santo Domingo, R.D.-Una gran preocupacion reina en la cumunidad educativa por un video grabado que muestra a varios niños, con edades aparentes de 8 a 12 años, portando un arma blanca en las afueras del centro educativo Pedro Livio Cedeño, ubicado en Verón, provincia La Altagracia, en aparente actitud de tratar de herir a algunos estudiantes.

En las imágenes se observa cómo varios menores se aproximan inicialmente a una niña, estudiante del centro, en actitud agresiva con un cuchillo mohoso en la mano.

Posteriormente, uno de los niños, vestido con bermuda y polocher azul, portando el  cuchillo dobla una esquina del centro educativo. Acto seguido, otro menor con un polocher rojo toma el arma blanca y regresa hacia la acera frente al plantel, donde persigue a otro estudiante, quien sale corriendo.

Indicó que el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante la mañana de este miércoles en Verón, Bávaro y Punta Cana, y que el caso ocurrió la tarde de ayer martes.

Santana señaló que, tras tener conocimiento del hecho, se estableció contacto con la directora del centro, Lucy Cueto, quien informó que los estudiantes involucrados ya fueron identificados. Asimismo, los padres fueron convocados para sostener una reunión y determinar las circunstancias que originaron el incidente.

«Es en el día de hoy cuando se estará investigando el por qué de esta situación», explicó Santana, al tiempo que destacó que, aunque en la zona se han detectado casos de pandillas y bandas en otros centros, principalmente en liceos, este tipo de casos no se había registrado anteriormente en esa escuela, que corresponde al nivel primario.

Sobre las posibles consecuencias, advirtió que se trata de un hecho grave que podría tener implicaciones legales. «Si el menor tiene más de doce años, podría enfrentar hasta dos años de prisión por tratarse de un acto de vandalismo. Si es menor, la responsabilidad recae en los padres», indicó.

En el ámbito educativo, Santana consideró que el hecho constituye una falta «gravísima», lo que podría conllevar sanciones severas, incluyendo la expulsión inmediata del estudiante involucrado.

La ADP aseguró que dará seguimiento al caso para verificar las medidas que adopte el centro educativo y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.

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