Nacionales
Marcha Verde recorre barrio Capotillo y advierte que Punta Catalina es cuerpo del delito
Dicen continuarán recorridos por otras barriadas y zonas rurales del país
SANTO DOMINGO. La Marcha Verde recorrió algunas calles del barrio Capotillo, en el Distrito Nacional, exigiendo castigo para los que incurren en actos de corrupción, a fin de que cese la impunidad,.
En la manifestación advirtió que las plantas a carbón de Punta Catalina forman parte del cuerpo del delito de las operaciones ilegales de Odebrecht.
El movimiento aseguró que la adjudicación a la empresa brasileña del contrato de Punta Catalina por parte del gobierno debe investigarse penalmente, tomando en cuenta el patrón internacional de corrupción de la constructora y la denuncia de sobrevaluación de otras empresas que participaron en la licitación.
En una comunicación de prensa, en la cual no identifican a los voceros, la Marcha Vede señala que la acusación de soborno congresual para la reelección, presentada por la entonces diputada Minou Tavárez Mirabal, y las recientes advertencias sobre irregularidades penales del vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, miembro de la comisión testimonial conformada por Medina para investigar la licitación, también refuerzan la tesis de que las plantas a carbón son producto de la corrupción.
“Esta semana el país espera los nombres de todos los sobornados por Odebrecht, desde el 2001 hasta el 2014. Pero también estamos a la espera de que se investiguen todas las sobrevaluaciones y el posible financiamiento ilegal de campañas electorales dominicanas por parte de la empresa mafiosa”, destacó la agrupación antes de que decenas de sus integrantes recorrieran las calles y callejones del sector Capotillo, en el Distrito Nacional, para promover la lucha por el fin de la impunidad.
Durante la actividad, los dirigentes populares y de la Marcha Verde propusieron que, después de procesar a los responsables, la justicia dominicana recupere los US$92 millones pagados en sobornos y “los más de US$1,000 millones robados a través de sobrevaluaciones por Odebrecht para que sean invertidos en la mejora de los servicios básicos en los barrios y campos más pobres del país”.
Los comunitarios de Capotillo aseguran que con sólo una mínima parte de estos recursos el gobierno podría construir las dos estancias infantiles, la escuela, el polideportivo, la calle de El Túnel y otras obras de importancia reclamadas hace años por la población del sector citado sector capitalino.
Recorrerán otros barrios
Anunciaron que las jornadas populares por el fin de la impunidad se extenderán por los principales barrios y zonas rurales de República Dominicana.
En la próxima semana el colectivo dará a conocer los sectores que continuarán el proceso en el Distrito Nacional y el resto de las provincias.
diariolibre,com
Santo Domingo.– Con el apoyo de la mayoría de los oficialistas la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el Presupuesto General del Estado para el año 2026, que asciende a RD$1 billón 744 mil millones, equivalente al 20.1 % del Producto Interno Bruto (PIB), cuya pieza ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Pese a que el Código Tributario establece desde 1992 la indexación salarial, el ajuste por inflación no fue incluido en la propuesta aprobada, lo que generó la protesta de la oposición. Durante la sesión, diputados del Partido Fuerza del Pueblo exhibieron carteles y reiteraron que el presupuesto debía contemplar este ajuste, que consideran necesario para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores ante el aumento del costo de la vida.
El oficialismo defendió la aprobación del presupuesto, argumentando que prioriza educación, salud, infraestructura y protección social, y que busca garantizar la estabilidad financiera del país durante el 2026.
Con esta decisión, el Congreso concluye uno de los procesos legislativos más relevantes del año, dejando formalmente definido el marco financiero con el que operará el Gobierno durante el próximo año.
Santo Domingo. –Nuevas coberturas exclusivas para sus afiliados han sido incorporadas en el Regimen Contributivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), que ya había dispuesto una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS).
La resolución establece un incremento en los honorarios médicos ambulatorios, que abarca consultas médicas especializadas, consultas odontológicas y consultas psiquiátricas y de psicología, con el objetivo de garantizar una atención más accesible y de calidad para todos los beneficiarios.
En el renglón de medicamentos ambulatorios, la resolución integra 40 nuevos fármacos, entre ellos 20 nuevos principios activos de primer, segundo y tercer nivel.
También se incorporan medicamentos pertenecientes a Programas Especiales de Salud Pública, así como tratamientos actualizados para el VIH, la Hepatitis B y la Tuberculosis.
Asimismo, se incluyen nuevos procedimientos para el diagnóstico y control de la tuberculosis, fortaleciendo la capacidad de respuesta frente a esta enfermedad y contribuyendo a una atención más oportuna y efectiva.
Las inclusiones son en cumplimiento con la Resolución 624-02 aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), la cual actualiza el catálogo del Plan de Servicios de Salud (PDSS).
Estas medidas fortalecen el acceso a servicios esenciales, medicamentos y procedimientos de alto impacto para la salud de la población afiliada.
Igualmente, se incorpora un cápita diferenciado por grupo etario y factores de riesgo dentro del Régimen Contributivo, lo que permitirá una gestión más equitativa y eficiente de los recursos, ajustándose a las necesidades reales de cada segmento poblacional.
Santo Domingo. Un nuevo consejo consultivo en el Seguro Nacional de Salud conformará el presidente Luis Abinader, cuyo órgano tendrá la función principal de aprobar toda operación o erogación que supere un monto determinado, con el objetivo de fortalecer los mecanismos internos de control y reducir los riesgos de irregularidades administrativas.
Así lo informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, al explicar que el cual operará de manera adicional al consejo ya existente en la institución.
El consultor jurídico también indicó que, aunque la ley ya contempla estructuras de regulación, la intención del Gobierno es reforzar los filtros de supervisión incorporando una instancia que será designada por el presidente y que operará por encima de la actual estructura administrativa de SeNaSa.
Peralta agregó que la actual gestión ha implementado medidas de control incluso antes de que se aprueben formalmente los cambios legales, lo que, según dijo, ha generado quejas de algunos sectores debido a la reorganización de asignaciones, incluidos casos de personal policial.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos del Ejecutivo por aumentar los niveles de transparencia y control institucional en medio del escandalo de corrupción investigado por la justicia a través de la Operación Cobra.
La columna principal de los gastos millonarios cuestionados por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, SISALRIL, y ahora bajo la lupa del Ministerio Público, está configurada por compra de nutrientes y antioxidantes, servicios privados de atención primaria y adquisición de vacunas, Los valores millonarios fueron cuestionados en múltiples ocasiones por personal técnico de la SISALRIL que llegó a advertir que los gastos en nutrientes, por ejemplo, ponían en riesgo la sostenibilidad económica de la ARS pública.
En el periodo comprendido entre 2020 a 2025, la ARS estatal erogó valores para esos fines que ascienden a poco más de cinco mil millones de pesos (RD$5,083,164.602). De este monto, la principal partida se la llevó la empresa “Khersun”, propiedad del investigado empresario Eduardo Read, que facturó casi cuatro mil millones de pesos (RD$3,897,064.602).
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, calificó de indignante lo cometido por los imputados en el caso de fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa), conocido como “Caso Cobra”, quienes presuntamente realizaron procedimientos médicos innecesarios poniendo en riesgo la vida de los asegurados únicamente para cobrar recursos del Estado.
Además de Hazim Albainy, exdirector del Senasa, también están imputados:
Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero de la institución, quien luego renunció y desempeñó funciones durante la gestión de Hazim (2020–2024).
Germán Rafael Robles Quiñones, exgerente jurídico del Senasa durante toda la gestión de Hazim.
Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Salud de la institución.
Rafael Luis Martínez Hazim, sobrino del exdirector y fundador del centro de telemedicina MyCare.
Como proveedores del Estado están imputados: Eduardo Read Estrella, odontólogo; Cinty Acosta Sención; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.