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Marino Zapete denuncia institucionalidad democrática está secuestra en el país
RODHE ISLAND, Estados Unidos.- El periodista Marino Zapete consideró que la institucionalidad democrática está secuestrada en el país y que la población hoy en día no se siente representada por los congresistas porque ellos no son capaces de asumir la defensa de las gentes que ellos dicen que representan.
¨El Congreso Nacional de la República Dominicana, hoy en día, es una especie de sello gomígrafo del Poder Ejecutivo, y cuando el Ejecutivo envía sus proyectos, lo aprueban sin debatirlos, sin dar oportunidad a que los lean y puedan emitir sus consideraciones, porque es una orden y hay que cumplirla¨, expresó el destacado periodista.
Durante una conferencia dictada en Providence, Rhode Island, Zapete denunció que el actual gobierno, que dirige Danilo Medina, es el que más ha endeudado el país, a un ritmo de 122 mil millones mensualmente, y ese dinero no ha sido tomado prestado para generar bienestar a la población, ese dinero lo cogieron prestado para gastárselo y muchas veces para robárselo.
¨Si tuviéramos un Congreso integrado por personas responsables, los congresistas asumieran su papel, defendiendo el interés nacional, pero eso no ocurre en la República Dominicana, pues ahora solo hay un congreso integrados por personas para avalar lo que decide el Poder Ejecutivo.¨ expresó.
El periodista dijo que hoy el Congreso funcionalmente no existe en la República Dominicana, pues sus integrantes son un grupo de gentes que solo se preocupan por sus privilegios y esperan lo que el Ejecutivo decide para ellos sin ninguna discusión aprobarlo, por esa razón yo insisto que tenemos un Congreso secuestrado.
¨Todos sabemos de dónde emana el poder en las sociedades democráticas, que es precisamente del pueblo. Que ocurre cuando el pueblo vota de una manera y el que administra las elecciones tiene sus propios resultados previamente establecidos?, Pues sencillamente se está vulnerando un principio de la democracia, que es el derecho a elegir libremente. ¿Qué ocurre cuando el árbitro pertenece a una de las partes, pues entonces, es juez y parte, y los que participan ahí no tienen ninguna garantía de que lo que el pueblo decide se convierta en realidad¨, indicó.
Marino Zapete dijo que el gobierno de Danilo Medina debido a los derroches de recursos durante el proceso electoral, pudo haber ganado las elecciones recientemente celebradas, pero nunca sacar el 62% de los votos emitidos. Eso solo pudo ocurrir debido a que la Junta Central Electoral, (JCE) y los organismos electorales están secuestrados, esa es una prueba más de que en nuestro país la institucionalidad no existe, por lo tanto esas funciones están secuestradas.
¨Una de las instituciones más sagradas en una sociedad democrática , es la justicia, pero no hay cosa más grande que sabiendo que una persona no es culpable de antemano en mi país se conocen las sentencias, lo lleven a la cárcel, mientras otros que debieran estar presos ese mismo Poder Judicial los dejan en libertad.¨ concluyó.
noticiassin
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción contra los 10 imputados del caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), identifica a José Pablo Ortiz Giráldez como mano derecha de Santiago Hazim, quien, según las autoridades, cobraba sobornos a las empresas contratadas y los transfería al director de la institución, “su amigo de treinta años”.
De acuerdo al expediente de solicitud de medida de coerción, a mediados de octubre Ortiz Giráldez y Eduardo Read Estrella, se reunieron en el Centro Comercial Sirena Multicentro Churchill, en donde le explicó al empresario que por instrucciones del entonces director de Senasa “su empresa Khersum debía realizar una contribución mensual equivalente al 35% de los pagos recibidos, como condición para mantener la continuidad de los contratos”.
Tras una serie de esfuerzos, explican que Eduardo Read logró una reunión con Santiago Hazim quien le indicó que “debía ponerse de acuerdo con «el Gordo», refiriéndose a José Pablo Ortiz Giráldez, confirmando así que el pago de soborno requerido a través de José Pablo Ortiz Giráldez provenían directamente del imputado Santiago Marcelo Hazim Albainy”.
Establecen que a partir de este momento la empresa KHERSUM, S.R.L. empezó a pagar mensualmente un 30% de los pagos que les realizaba el Senasa.
Desde noviembre 2020 hasta agosto 2022, Eduardo Read hizo transferencias a empresas de José Pablo Ortiz Giráldez por un monto de RD$512,326,455.86. Estas compañías son: PDSS Servicios A Tu Salud, S.R.L.; Comercializadora Netofa, S.R.L.; Comercializadora Gabao N, S.R.L., y Comercializadora Harif, S.R.L.
Según el expediente por concepto de sobornos, las empresas KHERSUM, S.R.L., FARMACARD, S.R.L., y DELESTE, S.R.L., estás dos últimas, propiedad de socios de Eduardo Read, se pagó RD$1,621,337,217.15.
Las autoridades establecen que una segunda etapa de los sobornos se realizó desde septiembre del año 2022 tras hacerse pública la investigación penal del denominado «Caso Calamar», en el que figuraba como investigado José Pablo Ortiz Giráldez. Este caso salió a la luz en marzo de 2023 y sus principales imputados son Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.
Al ver la situación, Eduardo Read le advirtió a Santiago Hazim que no realizaría más pagos a José Pablo Ortiz Giráldez, por lo que el exdirector de Senasa le dijo que “a los amigos no se abandonan y que debía continuar comunicándose con él y realizándoles los pagos, ya fuera facturando a nombre de otras empresas no relacionadas a José Pablo Ortiz Giráldez”.
Para justificar de manera contable la entrega de dinero, el abogado de Read Estrella, Juan Carlos Miura Victoria, constituyó empresas vinculadas a servicios de salud para poder generar facturas con comprobantes fiscales.
De esta forma, en efectivo, desde septiembre de 2022 hasta agosto de 2025, por concepto de sobornos, Eduardo Read Estrella pagó, de acuerdo al Ministerio Público, de RD$1,109,010,761.29.
Santo Domingo, R.D.-Con el rostro cubierto con mascarillas los acusados del robo multimillonario en SeNASA llegaron al tribunal que conoce el caso, la Oficina de Atención Permanente, la cual intentará conocer la solicitud de coerción contra los imputados del fraude contra la ARS del Estado.
Los 10 acusados del fraude al Senasa que causó más de 15 mil millones de déficit a esa única ARS estatal fueron trasladados al tribunal que le conocerá medidas de coerción, aunque la mayoría de los abogados adelantaron que solicitarán se aplace para ellos poder leer bien el expediente depositado ayer por el Ministerio Público.
El órgano acusador pide 18 meses de prisión preventiva y que el caso, bautizado como Operación Cobra, se declare complejo.
El Ministerio Público sostiene que en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) operó, durante varios años, una estructura criminal dirigida a desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a un grupo de funcionarios y allegados.
La acusación, contenida en la solicitud de medida de coerción y declaratoria de complejidad, depositada anoche, describe un entramado que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos. Por el momento hay diez acusados.
Según la investigación, la red habría sido encabezada por el entonces director ejecutivo del Senasa, Santiago Marcelo Hazim Albainy, junto a varios gerentes y colaboradores estratégicos. Este grupo, de acuerdo con la imputación, creó un sistema paralelo de toma de decisiones que anulaba los controles institucionales y permitía manipular la contratación y habilitación de prestadores de servicios de salud.
La acusación también detalla un esquema de corrupción interna mediante el cual se negociaba la aprobación, ampliación o habilitación de prestadores a cambio de sobornos. Para ello, se habría utilizado un «comité operativo» integrado por gerentes cercanos al director ejecutivo, encargado de centralizar las decisiones sensibles del seguro.
El Ministerio Público afirma que se trató de un mecanismo diseñado para vulnerar los requisitos regulatorios y facilitar beneficios económicos ilícitos.
Santo Domingo.–Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, sostuvo afirmó que el caso de corrupción y desfalco en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) es “el más grande, siniestro y cruel”, debido a que afecta la salud de más de ocho millones de dominicanos, especialmente personas pobres y vulnerables.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante el primer Congreso de Lucha contra la Corrupción, Desafíos y Retos, celebrado en el hotel Catalonia.
Camacho manifestó que espera que todos los participantes en este entramado corrupto “se sienten en el banquillo de los acusados” para responder por los hechos cometidos, desmantelados mediante la Operación Cobra.
El caso continúa abierto y, a medida que avanzan las investigaciones, podrían surgir nuevas personas vinculadas.
Según el Ministerio Público, la operación habría sido liderada por el exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, junto a otros implicados. La medida de coerción contra los imputados será conocida hoy a las 2:00 de la tarde.
“Esperamos que cada una de las personas que participaron en este entramado de corrupción responda por sus hechos”, reiteró Camacho, al tiempo que subrayó que se trata de “uno de los casos de corrupción más grandes” enfrentados por el Ministerio Público, y “el más siniestro y cruel”, por afectar un servicio esencial para la población vulnerable.
Camacho indicó que el monto del desfalco podría seguir aumentando conforme avanza el proceso. Hasta el momento, asciende a más de 15 mil millones de pesos.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción para los imputados:
- Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa
- Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero
- Germán Rafael Robles Quiñones, exgerente jurídico
- Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Salud
- Rafael Luis Martínez Hazim, sobrino de Hazim y fundador de MyCare
También para los proveedores implicados:
Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariel Pineda.
A todos se les acusa de cometer un fraude millonario contra esta ARS pública y de los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa al Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El Ministerio Público asegura haber recopilado pruebas que evidencian sobornos a gran escala, alteración de estados financieros, creación de programas ilegales, desvío de fondos y diversas maniobras fraudulentas.