Santo Domingo, RD.-Marisol Franco, pareja sentimental de César Emilio Peralta, tuvo gastos por 161.8 millones de pesos entre los años 2006 y 2019, sin que las autoridades hayan podido comprobar que tuviera empleo, declaraciones juradas o empresas reales.Más Noticias
Marisol Franco ‘blanqueó’ 161 millones de la red de César el Abusador, dicen fiscales
Santo Domingo, RD.-Marisol Franco, pareja sentimental de César Emilio Peralta, tuvo gastos por 161.8 millones de pesos entre los años 2006 y 2019, sin que las autoridades hayan podido comprobar que tuviera empleo, declaraciones juradas o empresas reales.Los gastos de Franco se produjeron en débitos de cuentas bancarias, tanto en dólares como en pesos; consumos en tarjetas de créditos, compra y venta de divisas, entre euros y dólares americanos, y envíos de remesas.
Ese dinero es procedente de fuentes ilícitas y desconocidas, y constituye un “hecho totalmente imposible de justificar”, dice la Procuraduría de Lavado de Activos, en la acusación preliminar que sometió contra la red de su pareja, conocido como “El Abusador”, quien guarda prisión en Colombia a la espera de extradición a los Estados Unidos.
El documento, con el que se pide la apertura a juicio contra 20 personas, y el cierre de 23 empresas, señala que no hay registros en la Dirección General de Impuestos Internos ni en la Tesorería de la Seguridad Social de que haya tenido ingresos por salarios o declaraciones juradas de impuesto sobre la renta en el periodo estudiado.
Tampoco cuenta con impuestos pagados en el periodo establecido ni presenta participación accionaria en ninguna entidad.
La acusación preliminar señala que solo se puede considerar como fuentes conocidas de ingresos los préstamos solicitados entre 2006 y 2019 (6.6 millones de pesos), y remesas recibidas (193,477.25), lo que da un total de RD$6,865,477.25.
La Procuraduría de Lavado de Activos dice que Marisol Franco ha convertido, transferido, ayudado y colaborado en el esquema de lavado de activos de la organización de César Emilio Peralta “el Abusador”, “adquiriendo y utilizando bienes, además de beneficiarse de sus ganancias ilícitas a sabiendas de que provenían del narcotráfico”.
“La imputada Marisol Franco utilizaba la técnica de convertir el capital ilícito en licito para el blanqueo de capitales, generaba la misma cantidad de crédito y de débitos en una de sus cuentas, por lo que de esta manera blanqueó RD$498,114.58, sin generar reporte de operación sospechosa, pues se trataba de entrada y salidas de productos financieros a su nombre”, dice en uno de los puntos la acusación, en una modalidad que se repite con frecuencia en sus cuentas de bancos.
Los fiscales que la investigaron señalan que en una de las técnicas de estratificación y de convertir el dinero ilícito en bienes lícitos, la imputada Marisol Franco utilizó sus tarjetas de crédito a cambio de bienes o servicios generando consumos millonarios y pagando la totalidad de dichos consumos de las tarjetas de crédito. “De esa manera la imputada colocó de forma estratégica y obtuvo bienes blanqueando el capital ilícito de la red de narcotráfico de su pareja sentimental, Cesar Peralta”, dicen.
Marisol Franco se encuentra en su residencia con medida de coerción consistente en prisión domiciliaria, a la espera de la continuación del proceso.
Su pareja sentimental, padre de sus dos niñas gemelas, fue apresado en diciembre del año 2019 en Colombia, donde se escondía de autoridades norteamericanas y dominicanas, que le señalan como el “Pablo Escobar dominicano”.
Los bienes
Dentro de los bienes ocupados a Franco, en varios allanamientos, se encuentran dos vehículos de alta ama, según las autoridades: un Mercedes Benz, modelo S-500 L, año 2015, valorada en 120 mil dólares y otra marca Hyundai, Tucson, de 2018, valorada en 23 mil dólares.
Los movimientos en una de las cuentas de ahorros en dólares, entre 2007 y 2019, presentan créditos por un monto total de 741,696.70 y débitos por un monto total de 733,52.72
Las autoridades han confirmado que abrió una cuenta en 2013 y la cerró el 28 de agosto de 2019. Los movimientos en ese tiempo comprenden registros en crédito por RD$3,297,657 y débitos por RD$3,297,657.
También le registraron una cuenta abierta en 2006 y cancelada en 2013, que firmaba en conjunto con Marta Domínguez, su madre, y en dicha cuenta Franklyn Franco, su padre, funge como apoderado.
Los movimientos económicos en este tiempo abarcan USD$2,005,371.44 y débitos por un monto de USD$ 2,011,579.64
Recibió del Bank of America y Citibank la suma de USD$569,953 en una transacción internacional.
listindiario.com
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
Egeda reclamaba el pago de derechos de autor por la transmisión de obras audiovisuales en televisores instalados en habitaciones y salas de espera del centro médico.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
La Suprema Corte de Justicia, sin embargo, había concluido que la clínica no era responsable de ese pago porque simplemente era usuaria de un servicio de televisión por cable. Según ese criterio, si existe una obligación de pagar regalías por la retransmisión de contenidos audiovisuales, esta correspondería a la empresa de telecable que distribuye la señal y no al establecimiento que contrata el servicio.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
En consecuencia, el tribunal no fijó un criterio definitivo sobre si los establecimientos deben pagar directamente estos derechos, dejando abierta una discusión que también ha generado litigios en otros países.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
La entidad no precisó cuándo sería relanzado el proceso, aunque indicó que trabaja en la revisión de los criterios para asegurar mejores condiciones en una futura convocatoria.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.
En un comunicado, el Inabie reiteró su compromiso con la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, al tiempo que aseguró que las decisiones tomadas responden al interés de fortalecer la calidad de los procesos en beneficio de los estudiantes.