Santo Domingo, RD.-Marisol Franco, pareja sentimental de César Emilio Peralta, tuvo gastos por 161.8 millones de pesos entre los años 2006 y 2019, sin que las autoridades hayan podido comprobar que tuviera empleo, declaraciones juradas o empresas reales.Más Noticias
Marisol Franco ‘blanqueó’ 161 millones de la red de César el Abusador, dicen fiscales
Santo Domingo, RD.-Marisol Franco, pareja sentimental de César Emilio Peralta, tuvo gastos por 161.8 millones de pesos entre los años 2006 y 2019, sin que las autoridades hayan podido comprobar que tuviera empleo, declaraciones juradas o empresas reales.Los gastos de Franco se produjeron en débitos de cuentas bancarias, tanto en dólares como en pesos; consumos en tarjetas de créditos, compra y venta de divisas, entre euros y dólares americanos, y envíos de remesas.
Ese dinero es procedente de fuentes ilícitas y desconocidas, y constituye un “hecho totalmente imposible de justificar”, dice la Procuraduría de Lavado de Activos, en la acusación preliminar que sometió contra la red de su pareja, conocido como “El Abusador”, quien guarda prisión en Colombia a la espera de extradición a los Estados Unidos.
El documento, con el que se pide la apertura a juicio contra 20 personas, y el cierre de 23 empresas, señala que no hay registros en la Dirección General de Impuestos Internos ni en la Tesorería de la Seguridad Social de que haya tenido ingresos por salarios o declaraciones juradas de impuesto sobre la renta en el periodo estudiado.
Tampoco cuenta con impuestos pagados en el periodo establecido ni presenta participación accionaria en ninguna entidad.
La acusación preliminar señala que solo se puede considerar como fuentes conocidas de ingresos los préstamos solicitados entre 2006 y 2019 (6.6 millones de pesos), y remesas recibidas (193,477.25), lo que da un total de RD$6,865,477.25.
La Procuraduría de Lavado de Activos dice que Marisol Franco ha convertido, transferido, ayudado y colaborado en el esquema de lavado de activos de la organización de César Emilio Peralta “el Abusador”, “adquiriendo y utilizando bienes, además de beneficiarse de sus ganancias ilícitas a sabiendas de que provenían del narcotráfico”.
“La imputada Marisol Franco utilizaba la técnica de convertir el capital ilícito en licito para el blanqueo de capitales, generaba la misma cantidad de crédito y de débitos en una de sus cuentas, por lo que de esta manera blanqueó RD$498,114.58, sin generar reporte de operación sospechosa, pues se trataba de entrada y salidas de productos financieros a su nombre”, dice en uno de los puntos la acusación, en una modalidad que se repite con frecuencia en sus cuentas de bancos.
Los fiscales que la investigaron señalan que en una de las técnicas de estratificación y de convertir el dinero ilícito en bienes lícitos, la imputada Marisol Franco utilizó sus tarjetas de crédito a cambio de bienes o servicios generando consumos millonarios y pagando la totalidad de dichos consumos de las tarjetas de crédito. “De esa manera la imputada colocó de forma estratégica y obtuvo bienes blanqueando el capital ilícito de la red de narcotráfico de su pareja sentimental, Cesar Peralta”, dicen.
Marisol Franco se encuentra en su residencia con medida de coerción consistente en prisión domiciliaria, a la espera de la continuación del proceso.
Su pareja sentimental, padre de sus dos niñas gemelas, fue apresado en diciembre del año 2019 en Colombia, donde se escondía de autoridades norteamericanas y dominicanas, que le señalan como el “Pablo Escobar dominicano”.
Los bienes
Dentro de los bienes ocupados a Franco, en varios allanamientos, se encuentran dos vehículos de alta ama, según las autoridades: un Mercedes Benz, modelo S-500 L, año 2015, valorada en 120 mil dólares y otra marca Hyundai, Tucson, de 2018, valorada en 23 mil dólares.
Los movimientos en una de las cuentas de ahorros en dólares, entre 2007 y 2019, presentan créditos por un monto total de 741,696.70 y débitos por un monto total de 733,52.72
Las autoridades han confirmado que abrió una cuenta en 2013 y la cerró el 28 de agosto de 2019. Los movimientos en ese tiempo comprenden registros en crédito por RD$3,297,657 y débitos por RD$3,297,657.
También le registraron una cuenta abierta en 2006 y cancelada en 2013, que firmaba en conjunto con Marta Domínguez, su madre, y en dicha cuenta Franklyn Franco, su padre, funge como apoderado.
Los movimientos económicos en este tiempo abarcan USD$2,005,371.44 y débitos por un monto de USD$ 2,011,579.64
Recibió del Bank of America y Citibank la suma de USD$569,953 en una transacción internacional.
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Santo Domingo, R.D.-Este jueves el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió el nivel de alerta verde para 13 provincias ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como de inundaciones repentinas o urbanas, debido a la incidencia de una vaguada y una onda tropical.
- Las provincias bajo alerta son: Santo Domingo y el Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Santiago, San Juan, Montecristi, El Seibo, Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Dajabón, Hato Mayor y San Cristóbal.
De acuerdo con el último boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), por la incidencia de estos fenómenos atmosféricos se presentarán aguaceros moderados a fuertes, posibles granizadas aisladas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata y Sánchez Ramírez.
Según el COE, las precipitaciones disminuirán gradualmente hasta las primeras horas de la noche.
Debido a las condiciones meteorológicas, los organismos recomendaron a los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximos a ríos, arroyos y cañadas abstenerse de cruzar estos afluentes y no utilizar los balnearios ubicados en zonas bajo alerta.
- Asimismo, instó a la ciudadanía a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, la Policía Nacional, los Cuerpos de Bomberos y el Centro de Operaciones de Emergencias a través de los teléfonos 809-472-0909, 9-1-1 y *462 de la OGTIC.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público identificó el municipio de Jacagua y el sector Los Cocos de Santiago como los centros operativos de una estructura de ciber-extorsión que tenía ribetes internacionales y que estafó más de 400 ciudadanos estadounidenses, cuyos datos han sido validados por el Homeland Security de Estados Unidos.
Los integrantes de la red diseñaban y publicaban anuncios publicitarios en portales de citas y encuentros íntimos, ofreciendo servicios sexuales ficticios de supuestas mujeres.
Para mantener el anonimato de los operadores en República Dominicana, los anuncios incluían números telefónicos virtuales estadounidenses contratados a proveedores en territorio americano, redirigiendo el tráfico de llamadas y mensajes de WhatsApp a los centros de operaciones en Santiago.
Cuando una víctima, conocidas como Panchos en la estructura, contactaba el número del anuncio, los operadores, llamados tiradores, procedían a sonsacarle datos básicos, fotografías y, de ser posible, adelantos de pago mediante tarjetas de regalo.
Una vez obtenido el número telefónico real del usuario, el tirador realizaba capturas de pantalla y las transfería a otros miembros de la red, quienes ejecutaban búsquedas exhaustivas en plataformas de recopilación de registros públicos de EE. UU.
De este modo, la red obtenía nombres de familiares, lugares de trabajo, direcciones residenciales exactas y edades de sus objetivos.
Con el perfil de la víctima en mano, un miembro de la organización se comunicaba nuevamente con ella haciéndose pasar por el “encargado o administrador de la chica”.
Bajo un guion agresivo, le reclamaba haberle hecho perder tiempo y dinero a la joven, alegando que supuestamente está rechazó otros clientes por su culpa y exigiéndole el pago inmediato de una multa o compensación económica. Si la víctima se resistía a pagar, la red ejecutaba su maniobra más violenta: la intimidación con fines de coacción.
“Los imputados enviaban mensajes de texto, audios y videos afirmando pertenecer a organizaciones criminales de extrema violencia como el Cártel de Sinaloa o las Maras Salvatruchas”.
Hacían montajes audiovisuales con personas encapuchadas portando armas largas de fuego, a los cuales les superponían notas de voz en inglés o español con acento extranjero donde mencionaban explícitamente el nombre de la víctima o de sus familiares para hacer creíble la amenaza de muerte.
Desesperadas por el terror, las víctimas cedían y realizaban los depósitos. La red facilitaba canales digitales de pago como Zelle, Cash App, Venmo, PayPal, Apple Pay, Chime o transferencias en Bitcoin.
Para burlar los controles antiblanqueo, las cuentas receptoras en EE. UU. pertenecían a intermediarios, identificados en la red como colectores, que movían el dinero de inmediato.
Posteriormente, los fondos eran enviados a República Dominicana a favor de testaferros de la red mediante remesadoras como Caribe Express, Western Union, Ria y Vimenca, cobrando comisiones de entre un 15% y un 30% por el movimiento transnacional.
El Ministerio Público prueba el modus operandi a través de la incorporación de transcripciones de interceptaciones telefónicas, informes forenses y análisis periciales en el documento oficial, así como recibos de los envíos y otras evidencias de las transacciones.
El Ministerio Público incautó decenas de teléfonos móviles, máquinas de contar dinero, sellos de financieras falsas y barras de oro ocupados a los implicados.
El voluminoso expediente del caso detalla como un grupo de jóvenes de una zona suburbana de Santiago, utilizaron la tecnología de la información, combinada con la manipulación del terror psicológico, para crear una estafa transnacional altamente rentable y estructurado por la delincuencia organizada local.
Será el próximo lunes cuando la juez del juzgado de Atención Permanente evalúe las 365 páginas de la solicitud de medida de coerción de la llamada Operación XL 526 para quienes están solicitando prisión preventiva y declaratoria del caso complejo por la multiplicidad de imputados.
El órgano acusador también aportó los movimientos de cuentas bancarias por decenas de millones de pesos dominicanos, los reportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) que prueban que los imputados no tenían empleos lícitos, y los listados de terrenos e inmuebles adquiridos para el lavado de activos.
Santo Domingo, R.D.-Fue variada por la Corte de Apelación de Santo Domingo la medida de coercion que pesaba en contra de la interprete de musica urbna Ashley Mariel Sánchez Victoriano, conocida popularmente como «Masha«, quien se encuentra acusada de porte ilegal de armas de fuego.
El tribunal de alzada dispuso la libertad de la artista, tras imponerle el pago de una garantía económica de RD$5,000 pesos y la obligación de comparecer ante las autoridades mediante presentación periódica.
Con esta decisión, la corte revoca la medida dictada previamente por el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este, cuya magistrada, la jueza Karen Casado Minyety, había impuesto tres meses de prisión preventiva a cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Mujeres. En el mismo expediente también figuran los jóvenes Alexander Martínez Nolasco y Karla Julisa Rodríguez, de 18 y 19 años respectivamente, quienes fueron enviados a Najayo-Hombres y Najayo-Mujeres por el mismo período.
A la salida del tribunal ubicado en la Ciudad Judicial, el consejo de defensa de la imputada —integrado por los abogados Randy Banks, Jenrry Romero y Amaury Oviedo— expresó que este fallo confirma que el proceso continuará conforme a las garantías establecidas por la ley.
«A partir de este momento, nuestra representada deberá cumplir con las medidas impuestas mientras se desarrolla el curso de la investigación», manifestó el jurista Randy Banks.
Banks aprovechó la ocasión para agradecer a quienes mantuvieron la confianza en el sistema de justicia durante el proceso y reafirmó el compromiso del equipo legal de seguir defendiendo los derechos de su protegida dentro del marco legal correspondiente. Al concluir, recordó un principio fundamental del derecho penal dominicano: «La libertad es la regla; la prisión preventiva, la excepción».
Se espera que en las próximas horas se completen los trámites correspondientes para que «Masha» pueda abandonar el recinto carcelario tras hacerse efectivo el pago de la garantía económica.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, «Masha» y los otros dos justiciables fueron arrestados durante una inspección vehicular en el municipio de Boca Chica. Las autoridades ocuparon dos pistolas calibre 9MM marca Glock sin documentación, las cuales se encontraban dentro de una yipeta marca Honda CRV, color blanco, conducida por Karla Julisa Rodríguez.
El informe detalla que: La primera arma contenía su cargador con 4 cápsulas. y la segunda arma no tenía cargador.
En medio de la palanca de cambios se halló un cargador extendido (tipo «cohete») con capacidad para 30 municiones, el cual contenía 10 cápsulas en su interior.
La fiscal Zayra Soto, del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona, formuló la acusación inicial provisional por el delito de porte ilegal de armas de fuego, ilícito penal tipificado y sancionado en los artículos 43-B, 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. En la audiencia inicial, la solicitud fue litigada por el fiscal Tito Osea González Ramírez.
Un historial rodeado de controversias y violencia
El entorno de la joven artista urbana ha estado marcado por constantes conflictos de carácter judicial y policial en los últimos meses:
Octubre de 2025: La Policía Nacional detuvo a «Masha» en el sector de Villa Francisca, Distrito Nacional, tras ocupársele dos paquetes de un vegetal que presumiblemente correspondía a marihuana.
Enero: Su pareja sentimental, Jhakomo Hernández de la Rosa, fue enviado a prisión preventiva por tres meses, acusado de la muerte de un joven en el referido sector de Villa Francisca.
Febrero: Desconocidos tirotearon el vehículo en el que se desplazaba la artista junto a su amiga Dominique Natalia Gómez Cabrera (22 años), quien lamentablemente resultó muerta a causa de las heridas de bala. Días más tarde, agentes de la Policía Nacional abatieron a dos hombres señalados como los presuntos responsables de dicho atentado.