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Martinelli esperará una semana más para saber si será extraditado a Panamá
Gran parte de la discusión fue sobre el lenguaje utilizado en el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Panamá, suscrito en 1904, especialmente en la cláusula que expone la «retroactividad».
Miami, 23 ago (EFE).- La decisión del juez estadounidense Edwin Torres sobre la extradición del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli por cuatro delitos de peculado y escuchas ilegales se pospuso hoy para el próximo 31 de agosto.
Durante la cuarta audiencia en una corte federal de Miami, el juez Torres aplazó su decisión, pendiente, entre otros motivos, de la traducción de documentos a cargo de la defensa del expresidente panameño (2009-2014).
Martinelli, detenido el pasado 12 de junio en el sur de Florida, donde reside desde 2015, acudió encadenado y con un uniforme de preso a la audiencia, que demoró dos horas y media.
Tanto la defensa como la fiscalía evaluaron extensamente de nuevo la retroactividad para los cargos de “interceptación ilegal de comunicaciones” y si se utilizó dinero público para la compra de alguno de dos equipos de vigilancia (MLM o NSO) para definir si se cometió “peculado”.
Gran parte de la discusión fue sobre el lenguaje utilizado en el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Panamá, suscrito en 1904, especialmente en la cláusula que expone la “retroactividad”.
El fiscal Adams Fels aseguró que la defensa, encabezada por Marcos D. Jiménez, hace una “interpretación acomodada” del lenguaje del tratado para descartar la retroactividad.
La Fiscalía, que representa al Gobierno de Panamá, además señaló que “lo importante es cómo Panamá y Estados Unidos validan la retroactividad”, en parte, en referencia a un documento del Departamento de Estado estadounidense, que la avala.
El pasado 4 de agosto Tom Heinemann, consejero legal y de inteligencia del Departamento de Estado, señaló que los cargos relacionados con interceptación “están incorporados como delitos extraditables bajo el tratado”.
Pese a que el delito de “interceptación ilegal de comunicaciones” no está incluido en el tratado, sí forma parte de la “Convención de Budapest”, de crímenes cibernéticos, suscrita en 2004.
Entre tanto, según Jiménez, el lenguaje del tratado es “simple” al señalar que “no aplica la retroactividad”.
Además, la defensa aseguró que “no hay evidencia” de que Martinelli comprase equipos de vigilancia para tal fin, aunque la Fiscalía señala al expresidente como el “jefe” directo de las escuchas ilegales a 150 personas, entre opositores, periodistas y empresarios, ocurridas entre 2012 y comienzos de 2014.
Ambas partes trataron de determinar si hubo dinero público para la adquisición de estos equipos y si éstos fueron usados para escuchas ilegales y después retirados de las oficinas del gobierno.
La Fiscalía señaló que independiente de cuáles equipos se usaron, lo importante es que “hay evidencia que algún equipo” se usó para interceptar llamadas.
De igual forma, reiteró que es secundario si estos equipos se compraron con dineros públicos, al destacar que lo importante es que estaban “bajo custodia” del Consejo Nacional de Seguridad (CNS) de Panamá.
Jiménez, quien durante la audiencia recibió notas que le escribía el expresidente Martinelli, pidió al juez Torres considerar las propias palabras del fiscal panameño Harry Díaz sobre las corrupción rampante en las cortes panameñas.
El abogado recordó que Díaz, magistrado de la Corte Suprema y quien también actúa como fiscal del caso por las supuestas intervenciones telefónicas, ha criticado en varias entrevistas públicas la falta de independencia y corrupción del poder judicial en Panamá.
“El propio fiscal admite estas cosas”, expresó Jiménez, quien aludió enseguida a que el juicio de Martinelli tenía “razones políticas porque es un expresidente”.
Sin embargo, el fiscal Fels respondió que este tipo de “investigaciones” corresponden a la Justicia de Panamá y no a una corte estadounidense que desconoce la “complejidad” de dicho sistema judicial.
“Estos procedimientos tienen que ser manejados en Panamá”, aseguró Fels, al referirse también a la “ausencia de una imputación”, argumentada por la defensa.
Al cabo de la vista, el portavoz de Martinelli, Luis Eduardo Camacho, dijo que estaba “satisfecho” con la audiencia porque el juez Torres se estaba tomando el tiempo suficiente no sólo para analizar el tratado de extradición, sino que “estaba yendo más al fondo”.
“Tú no puedes extraditar a un país a una persona donde tiene riesgos su seguridad física”, señaló.
Camacho aseguró a Efe que “Martinelli no tienen en Panamá un proceso por peculado, no tiene ninguna auditoría que diga que es responsable de una lesión patrimonial”. EFE
Internacionales
RD entre los “grandes lugares de tránsito o producción de drogas ilícitas», afirma Biden
Washington.- El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó que Bolivia y Venezuela no han cumplido durante los últimos doce meses con los acuerdos internacionales contra el narcotráfico e identificó a otra decena de países latinoamericanos como principales lugares de tránsito o producción de drogas.
En un memorando enviado al secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, el mandatario demócrata define a una veintena de países, en su mayoría latinoamericanos y caribeños, como “grandes lugares de tránsito o producción de drogas ilícitas».
En la lista figuran Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.
Como contempla la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores, el presidente de EE.UU. debe informar cada año de los países que considera que son importantes productores de droga o de tránsito de estupefacientes en el mundo.
Para configurar la lista se tiene en cuenta una “combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten que las drogas o los precursores químicos circulen o sean producidos, incluso si un Gobierno ha llevado a cabo estrictas medidas de control antinarcóticos».
El memorando precisa que la presencia de un país en ese listado “no es necesariamente un reflejo de los esfuerzos antidroga de su Gobierno o del nivel de cooperación con Estados Unidos”, y subraya que no se trata de “una sanción».
Bolivia y Venezuela, junto con Birmania, son los tres únicos países de los que se destaca que “han fracasado manifiestamente durante los últimos 12 meses en adherirse a sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales contra el narcotráfico».
Pese a ello, Biden subraya que el apoyo a los programas de ayuda a esas tres naciones es “vital” para los intereses estadounidenses. Aunque el Ejecutivo de Bolivia ha tomado pasos “positivos” contra el cultivo de coca, según el mandatario queda trabajo por hacer.
El memorando añade que, según datos provisionales del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos hubo en 2023 unas 107.543 muertes por sobredosis, una caída del 3 % respecto a 2022.
Biden se congratuló de que sea el primer descenso anual en muertes por sobredosis desde 2018 y lo atribuyó a los esfuerzos de su Administración, pero quiso hacer hincapié también en que solucionar el problema se trata de un esfuerzo global que requiere una respuesta internacional coordinada.
Establecer una relación a largo plazo y robusta con aliados “cruciales” como México, en su opinión, es imperativo para combatir de forma eficaz la epidemia de fentanilo y desmantelar las organizaciones criminales que se lucran con esa droga.
“Continuaremos nuestra estrecha colaboración con México para evitar el desvío de precursores químicos y equipos relacionados con las drogas, mejorar la prohibición, las investigaciones y los resultados de la justicia penal y (…) avanzar en la integración fronteriza”, dijo su nota.
Biden calificó a Colombia de socio fuerte y destacó que sigue trabajando estrechamente con el país para reducir la producción de cocaína, y consideró igualmente a Perú como un socio comprometido en esa labor.
Su memorando incluye una amplia referencia a China, de quien dice que aunque en el último año ha tomado pasos significativos para reducir el flujo de precursores químicos hacia productores de drogas ilícitas, es necesario una acción de regulación sostenida para rebajar significativamente su rol como fuente de precursores químicos.
Agencia Efe
Copenhague.- Copenhague acogerá a partir de mañana sábado la primera de una serie de subastas de la que podría ser la colección de monedas más cara del mundo, que había permanecido almacenada hasta ahora por voluntad de su fallecido dueño.
El magnate Lars Emil Bruun (1852-1923), que se hizo millonario exportando mantequilla a todo el mundo, acumuló durante más de seis décadas una amplia colección de medallas y monedas (cerca de 20.000) danesas, suecas y noruegas.
Impulsado por su pasión -fue cofundador de la Sociedad Numismática Danesa- e impresionado por los destrozos causados por la Primera Guerra Mundial, a su muerte dejó escrito en su testamento que sus monedas debían funcionar durante un siglo como una especie de reserva de emergencia de la colección nacional danesa.
«(…) Si esta fuese destruida de forma sustancial en un incendio o fuese robada o sufriese otro tipo de percance, mi colección debe ofrécersele al Estado como regalo», consta en su última voluntad.
En caso contrario, y transcurrido un siglo, la colección debía venderse en subasta pública y los beneficiados serían sus descendientes.
El plazo expiró el 21 de noviembre pasado y la colección, que ha estado depositada todo este tiempo en el castillo de Fredensborg (norte de Copenhague) y luego en un sótano del Banco Nacional, fue entregada a la casa de subastas estadounidense Stack’s Bowers, que la valora en unos 500 millones de coronas danesas (67 millones de euros).
En la primera subasta se ofrecerán más de 280 lotes que incluyen monedas de oro y plata de Dinamarca, Noruega y Suecia del siglo XV al XX, valoradas en unos 13 millones de dólares.
Se desconoce cuántos herederos se beneficiarán de la venta de la colección de Bruun, aunque en 2017 el diario Weekendavisen apuntó a dos hermanos residentes al norte de la capital danesa.
Uno de ellos, un hombre de entonces 64 años, reveló a ese medio que su ya fallecido padre había intentado cambiar el testamento de su antepasado en 1993 para venderle la colección al Estado antes de que pasaran los cien años, pero el Ministerio de Justicia rechazó la propuesta.
«Mi padre se interesó mucho por el tema, por todo el dinero que había ahí pero al que él no podía acercarse. Creo que hablaba demasiado de ello, yo he intentado hacer lo contrario», dijo en 2017 uno de los herederos de Bruun.
Internacionales
Confiscadas 12,000 consolas con 47 millones de videojuegos piratas «retro» en Italia
Agencia EFE
Roma.- La policía financiera italiana ha confiscado 12,000 videoconsolas, en las que se almacenaban ilegalmente más de 47 millones de videojuegos «piratas» con personajes de los años 80 y 90, que se vendían en centros comerciales de Turín, Milán, Venecia (norte) y Nápoles (sur), entre otras ciudades.
El material, con un valor de más de 47,5 millones de euros, fue incautado por agentes de la Guardia de Finanzas de Turín, a raíz de la investigación de la Fiscalía turinesa sobre la comercialización en todo el país de videoconsolas en las que se precargaban millones de videojuegos «pirateados» de las casas de software más conocidas del sector.
Los juegos estaban protagonizados por personajes conocidos del mundo de los videojuegos de los años 80 y 90, todos ellos protegidos por derechos de autor, y formaban parte del denominado fenómeno ‘retrogaming’, que está experimentando una fase de fuerte popularidad y expansión a nivel comercial, explicó la Guardia de Finanzas.
Las investigaciones llevadas a cabo desde finales de 2023 en localidades de las provincias de Turín, Vercelli, Milán, Bérgamo, Varese, Bolonia, Verona, Venecia, Nápoles, Caserta y Bari permitieron la identificación e incautación de dispositivos con los juegos precargados, todos muy populares en las dos últimas décadas del siglo pasado.
«Los dispositivos recordaban en forma y rasgos distintivos, sin poseer las licencias requeridas, a las icónicas ‘retroconsolas’ de los fabricantes oficiales, históricos fabricantes de videojuegos que en los últimos años han relanzado al mercado sus consolas producidas en las décadas pasadas, que a menudo reproducen a escala, con ciertas actualizaciones, las originales», se indica en un comunicado.
La investigación permitió reconstruir la cadena de distribución de las consolas, todas de origen chino, que se llevaba a cabo a través de los sitios de Internet de las empresas italianas presuntamente implicadas en el comercio ilícito o a través de la red física de puntos de venta de algunas de las mismas empresas.
Estos estaban situados en centros comerciales de las provincias de Turín, Milán, Varese, Bérgamo, Verona, Venecia, Bolonia, Nápoles y Caserta.
También fueron puestas a disposición judicial nueve personas por los delitos de comercialización de productos falsos, fraude en el ejercicio del comercio, receptación de mercancías robadas e infracción de derechos de autor, explicó la Guardia de Finanzas.