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Martinelli esperará una semana más para saber si será extraditado a Panamá
Gran parte de la discusión fue sobre el lenguaje utilizado en el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Panamá, suscrito en 1904, especialmente en la cláusula que expone la «retroactividad».
Miami, 23 ago (EFE).- La decisión del juez estadounidense Edwin Torres sobre la extradición del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli por cuatro delitos de peculado y escuchas ilegales se pospuso hoy para el próximo 31 de agosto.
Durante la cuarta audiencia en una corte federal de Miami, el juez Torres aplazó su decisión, pendiente, entre otros motivos, de la traducción de documentos a cargo de la defensa del expresidente panameño (2009-2014).
Martinelli, detenido el pasado 12 de junio en el sur de Florida, donde reside desde 2015, acudió encadenado y con un uniforme de preso a la audiencia, que demoró dos horas y media.
Tanto la defensa como la fiscalía evaluaron extensamente de nuevo la retroactividad para los cargos de “interceptación ilegal de comunicaciones” y si se utilizó dinero público para la compra de alguno de dos equipos de vigilancia (MLM o NSO) para definir si se cometió “peculado”.
Gran parte de la discusión fue sobre el lenguaje utilizado en el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Panamá, suscrito en 1904, especialmente en la cláusula que expone la “retroactividad”.
El fiscal Adams Fels aseguró que la defensa, encabezada por Marcos D. Jiménez, hace una “interpretación acomodada” del lenguaje del tratado para descartar la retroactividad.
La Fiscalía, que representa al Gobierno de Panamá, además señaló que “lo importante es cómo Panamá y Estados Unidos validan la retroactividad”, en parte, en referencia a un documento del Departamento de Estado estadounidense, que la avala.
El pasado 4 de agosto Tom Heinemann, consejero legal y de inteligencia del Departamento de Estado, señaló que los cargos relacionados con interceptación “están incorporados como delitos extraditables bajo el tratado”.
Pese a que el delito de “interceptación ilegal de comunicaciones” no está incluido en el tratado, sí forma parte de la “Convención de Budapest”, de crímenes cibernéticos, suscrita en 2004.
Entre tanto, según Jiménez, el lenguaje del tratado es “simple” al señalar que “no aplica la retroactividad”.
Además, la defensa aseguró que “no hay evidencia” de que Martinelli comprase equipos de vigilancia para tal fin, aunque la Fiscalía señala al expresidente como el “jefe” directo de las escuchas ilegales a 150 personas, entre opositores, periodistas y empresarios, ocurridas entre 2012 y comienzos de 2014.
Ambas partes trataron de determinar si hubo dinero público para la adquisición de estos equipos y si éstos fueron usados para escuchas ilegales y después retirados de las oficinas del gobierno.
La Fiscalía señaló que independiente de cuáles equipos se usaron, lo importante es que “hay evidencia que algún equipo” se usó para interceptar llamadas.
De igual forma, reiteró que es secundario si estos equipos se compraron con dineros públicos, al destacar que lo importante es que estaban “bajo custodia” del Consejo Nacional de Seguridad (CNS) de Panamá.
Jiménez, quien durante la audiencia recibió notas que le escribía el expresidente Martinelli, pidió al juez Torres considerar las propias palabras del fiscal panameño Harry Díaz sobre las corrupción rampante en las cortes panameñas.
El abogado recordó que Díaz, magistrado de la Corte Suprema y quien también actúa como fiscal del caso por las supuestas intervenciones telefónicas, ha criticado en varias entrevistas públicas la falta de independencia y corrupción del poder judicial en Panamá.
“El propio fiscal admite estas cosas”, expresó Jiménez, quien aludió enseguida a que el juicio de Martinelli tenía “razones políticas porque es un expresidente”.
Sin embargo, el fiscal Fels respondió que este tipo de “investigaciones” corresponden a la Justicia de Panamá y no a una corte estadounidense que desconoce la “complejidad” de dicho sistema judicial.
“Estos procedimientos tienen que ser manejados en Panamá”, aseguró Fels, al referirse también a la “ausencia de una imputación”, argumentada por la defensa.
Al cabo de la vista, el portavoz de Martinelli, Luis Eduardo Camacho, dijo que estaba “satisfecho” con la audiencia porque el juez Torres se estaba tomando el tiempo suficiente no sólo para analizar el tratado de extradición, sino que “estaba yendo más al fondo”.
“Tú no puedes extraditar a un país a una persona donde tiene riesgos su seguridad física”, señaló.
Camacho aseguró a Efe que “Martinelli no tienen en Panamá un proceso por peculado, no tiene ninguna auditoría que diga que es responsable de una lesión patrimonial”. EFE
Internacionales
Las muertes por ahogamiento en Francia aumentaron un 14 % durante las tres olas de calor
Agencia EFE
PARÍS.- Un total de 925 personas sufrieron un episodio de ahogamiento en Francia entre el 1 de mayo y el 15 de julio de 2026, de las que 274 fallecieron, un aumento del 14 % respecto al mismo periodo del año anterior, informó este viernes Salud Pública Francia (SpF).
La mayoría de los ahogamientos, mortales o no, se registraron coincidiendo con las tres olas de calor que han afectado al país hasta la fecha.
Los adultos representaron la mayor parte de las víctimas mortales, con 237 fallecidos, mientras que 37 menores perdieron la vida, una cifra, en este último caso, similar a la registrada en el mismo periodo de 2025.
Entre los menores, la mayoría de los ahogamientos mortales se produjeron en ríos y lagos, especialmente en zonas de baño no habilitadas, durante los episodios de calor extremo.
Las regiones del sur y las zonas costeras concentraron el mayor número de ahogamientos, aunque Salud Pública Francia destacó un fuerte incremento de las muertes en regiones del interior, especialmente en Auvernia-Ródano-Alpes, Borgoña-Franco Condado e Isla de Francia (donde está París).
Los fallecimientos en piscinas y otras zonas de baño artificial casi se duplicaron al pasar de 31 a 60.
PEKIN.- Las Fuerzas Armadas de China han iniciado este jueves una serie de maniobras militares con fuego real en el estrecho de Taiwán poco después de que las autoridades del gigante asiático tildaran de «temerario» el discurso dado recientemente por el presidente taiwanés, Lai Ching Te, que ha afirmado que la isla «no va a actuar como una subordinada» de Pekín.
Está previsto que estas maniobras se lleven a cabo hasta las 18.00 horas (hora local) de este jueves, antes de reanudarse este viernes frente a las costas de Zhangzou, en la provincia de Fujian, en el este del país, según ha informado el Ejército.
En este sentido, ha confirmado que las áreas afectadas permanecerán cerradas de forma temporal a la navegación hasta que finalicen las actividades, aunque no han ofrecido más detalles sobre el asunto.
Los comentarios de Lai, a los que se han sumado declaraciones de representantes del gubernamental Partido Democrático Progresista (PDP), que han dicho que jamás permitirán un «retroceso» hacia un «Taiwán chino», han suscitado críticas en Pekín.
Las relaciones entre Pekín y Taipéi quedaron suspendidas en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista chino Kuomintang, encabezado por Chiang Kai Shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista de China y se trasladaran a la isla de Taiwán.
Miami, Florida, Estados Unidos.- Una jueza federal sentenció este jueves a 20 años de cárcel a un financiero de Florida por armar un fraude en el que obtuvo fondos federales durante la pandemia de la covid-19 para financiar el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, informó la Fiscalía de Estados Unidos.
La Corte del Distrito Sur de Florida condenó a Keegan Harricharan, de 42 años y quien se había declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero con préstamos emitidos durante la pandemia bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES, en inglés).
Harricharan, residente en Florida, y sus cómplices «obtuvieron de manera fraudulenta» más de 840,000 dólares en préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP), para «promover, financiar y apoyar la conspiración» destinada a derrocar al Gobierno de Haití, en la que fue asesinado el presidente, según el Departamento de Justicia (DOJ).
El caso «es un recordatorio» de que los delitos financieros suelen ser «el motor detrás de conductas mucho más peligrosas», declaró Jason A. Reding Quiñones, fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida.
explotó programas de ayuda
«Este acusado no se limitó a cometer fraude. Explotó programas de ayuda por la pandemia destinados a mantener con vida a las pequeñas empresas durante una crisis nacional y lavó esos fondos robados a los contribuyentes para ayudar a promover una conspiración que culminó en el magnicidio del presidente haitiano», apuntó.
Con ello, suman nueve implicados condenados en Estados Unidos por el asesinato, a manos de un grupo de mercenarios, entre ellos 17 exmilitares colombianos, además de más de 50 personas acusadas en Haití por el magnicidio, incluyendo la viuda de Moïse, aunque el proceso judicial en ese país permanece estancado por la crisis.
El asesinato del mandatario desató una crisis en Haití, lo que ha impulsado una ola migratoria hacia Estados Unidos, donde unos 350.000 haitianos dependen del Estatus de Protección Temporal (TPS) para evitar la deportación, aunque el gobierno del presidente Donald Trump revocó esa medida, que expira la próxima semana.