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Más de 100.000 familias indígenas de Colombia piden protección ante el coronavirus

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La falta de agua potable y la desnutrición hacen más vulnerables a casi dos millones de indígenas. Hay dos casos de Covid-19 en la frontera colombo-venezolana

Bogotá.– En 1988 el pueblo indígena nukak, del sudeste de Colombia, tuvo su primer contacto con foráneos y, como consecuencia, una gripe devastó al menos a la mitad de su población. Para esa época, los sobrevivientes de este pueblo de cazadores y recolectores fueron empujados por colonos y grupos armados que se adueñaron de su selva y los obligaron a huir y asentarse por años en la ciudad de San José del Guaviare. Las noticias de una pandemia inédita que avanzaba rápidamente les trajo reminiscencias de ese pasado trágico y antes de que las autoridades civiles de Colombia cerraran fronteras o decidieran la cuarentena, varios de ellos se adentraron de nuevo en la selva para aislarse temporalmente. “El 18 de marzo, en una decisión autónoma, reunieron a las autoridades del departamento, y notificaron la decisión. Pero no es un retorno a sus territorios ancestrales, sino un aislamiento en sus resguardos que es de unas 980.000 hectáreas”, explicó Sandra Pérez Gómez, de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública del Guaviare, que ha acompañado a estas comunidades. Les dieron algunas herramientas y medicamentos y se adentraron en lo que les queda de bosque.

Los riesgos varían dependiendo de la región pero llegan a todos. La primera alerta se dio en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, donde según el Ministerio de Salud hay dos indígenas de la etnia yukpa, que fueron confirmados con Covid-19. Según la autoridad nacional de salud, uno de ellos falleció, pero en la ciudad la información es confusa y se habla de un solo contagiado que sería un colono venezolano que vive entre los indígenas. Aunque la alcaldía se propone controlar la propagación, los yukpas tienen una cultura seminómada, lo que dificulta cualquier cuarentena. Los yukpas (colombianos y venezolanos) se encuentran en estado de indigencia hasta en 15 ciudades de Colombia, pero en el caso de los venezolanos además vienen y van. Y aunque el Gobierno colombiano cerró sus fronteras como parte de sus medidas para frenar la pandemia, abundan los cruces informales conocidos como trochas.

En ciudades capitales como Bogotá o Medellín, está el mayor peligro para los indígenas que viven en la indigencia. Desplazados por el conflicto armado, muchos mendigan o viven de la venta de artesanías. Pero sin clientes en las calles están pasando hambre y durmiendo apiñados en aceras. El miércoles, 500 familias de la comunidad embera fueron desalojados por dueños de hoteles al paso por no tener con qué pagar por una habitación. De acuerdo con la Onic, esto ocurre también en ciudades como Barranquilla o Cali y pueden convertirse en una bomba de tiempo. Las fronteras y la pobreza son otra de las preocupaciones. “Tenemos un caso dramático y es el de los indígenas pairobas en Puerto Carreño (Vichada), frontera con Venezuela, donde unas mil personas de esta comunidad indígena obtiene la comida de los basureros”, dice Wooriyu para señalar que la respuesta del Gobierno tiene que ser desde la seguridad alimentaria además del agua.

Hasta ahora, los indígenas se protegen con barricadas para evitar el ingreso de foráneos que puedan contagiarlos. Lo hace la Guardia Indígena del Cauca, en el suroeste del país, pero también la etnia wayú en La Guajira, norte de Colombia, donde también salen a las carreteras a protestar por la falta de agua potable. En esa región, que ha recibido el impacto de la migración, preocupa el estado de los hospitales. De acuerdo con Valenzuela, hay cinco para atender a toda la población de wayú que es de medio millón de personas, además de los migrantes.

Las peticiones al Gobierno de Iván Duque van desde la toma urgente de muestras de confirmación en comunidades que presentan altos índices de infecciones respiratorias, agua potable y alimentación hasta las labores de prevención en las lenguas de los indígenas. “El Ministerio de Defensa puso a disposición sus emisoras para que podamos dar información de prevención pero necesitamos que el presidente Iván Duque a través del Ministerio de Telecomunicaciones nos ayude a producir piezas en los 90 idiomas de las comunidades”, agregó Wooriyu, que habla en nombre de las más de 100.000 familias indígenas que temen al coronavirus.

elpais.com

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Latinoamericanas

El juicio de Maradona continúa con testimonios de agente inmobiliaria y dueño de la casa

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Buenos Aires, (EFE).- El juicio sobre la muerte de Diego Armando Maradona, en el que están acusados siete profesionales de la salud, prosigue este martes con las declaraciones de Andrea Flavia Jordan, agente inmobiliaria que gestionó el alquiler de la casa donde falleció el ídolo, y Santiago Giorello, propietario de la vivienda.

Flavia Jordan, quien testificará ante el Tribunal Oral de lo Criminal N°3 de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, habló con la fiscalía en 2021, en declaraciones a las que tuvo acceso EFE, que “la casa la eligieron Diego y Gianinna” y que el contrato fue firmado por Jana Maradona.

Gianinna y Jana son hijas de Maradona.

Otro de los testigos confirmados es Santiago Giorello, propietario de la vivienda, quien en diciembre de 2020 declaró que cuando fue trasladado allí el astro del fútbol había manifestado sus dudas sobre si la vivienda era adecuada “porque abajo había baño pero sin ducha”.

“Se nos manifestó que él iba a tener asistencia médica permanente y que iba a haber una ambulancia. Yo, cuando fui ese jueves (19 de noviembre), no la vi por ningún lado”, afirmó.

Lo que dijeron los médicos

Este martes podrían sumarse otros testimonios si los querellantes repiten la estrategia de la audiencia anterior, cuando se llamó a declarar a Cristian Méndez (director de la Policía Científica cuando murió Maradona), el personal policial Valeria Stingo y Guadalupe Guillen y Juan Alberto Soto, encargado de la guardia del barrio cercado el día del fallecimiento, testigos que no habían sido anunciados de antemano.

Ante la queja de la defensa por la falta de previsibilidad, los jueces determinaron que no hay “obligación de avisar a los testigos citados”.

El guardia Juan Alberto Soto aportó las anotaciones realizadas el 25 de noviembre en su libro de actas, donde dejó constancia que a las “12:15 (del mediodía) llamó Maxi, secretario de Maradona, pidiendo que un médico entrara en el barrio. Se llamó al propietario Colin (Campbell Yrigoyen) del lote 36 para que se presente”.

Yrigoyen, médico y vecino del barrio de San Andrés, dijo que cuando acudió a reanimar al astro argentino no tenía signos vitales desde hacía “una o dos horas” e indicó que solo hubo ambulancias estacionadas en la puerta del domicilio durante los primeros dos días de la estancia de Maradona en el lugar, a diferencia de lo que se había anunciado previamente.

También declaró Carlos Pinto, doctor de la empresa especializada en emergencias médicas +Vida, quien constató la muerte tras llegar en una ambulancia con equipación médica.

Pinto dijo que, cuando llegó, hacía “más de dos horas” que Maradona estaba muerto, “por los signos de rigidez cadavérica”, que se manifiestan.

Maradona falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 y al momento de su muerte presentaba graves patologías hepáticas, cardíacas y pulmonares, según un informe forense presentado por la fiscalía.

Son juzgados en este proceso el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicoanalista Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

También está procesada la enfermera Gisela Madrid, quien solicitó un juicio por jurados y será juzgada en un proceso que empezará durante el segundo semestre de este año, una vez finalizado el debate principal.

Los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach deberán determinar si siete de los ocho acusados son culpables del delito de homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena máxima de 25 años de prisión. EFE

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La mayoría de la población cubana sigue en apagón 24 horas después del colapso energético

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Por Efe

Cuba.-Los trabajos para restablecer el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en Cuba tras el apagón total de la víspera avanzaron el pasado sábado de forma lenta y laboriosa, mientras la mayoría de la población de la isla permanece sin corriente cuando se cumplen 24 horas del colapso.

La grave crisis energética cubana -que se retroalimenta con la crisis económica que lastra al país desde hace cinco años- se evidenció con el cuarto apagón nacional en menos de seis meses, fruto de la desestabilización del sistema por una avería en una subestación de La Habana.

Hasta el momento, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y la estatal Unión Eléctrica (UNE), se ha conseguido restablecer la corriente en zonas muy puntuales de casi todas las provincias del país, principalmente en torno a lo que las autoridades han denominado «centros vitales», como hospitales y centros de producción de alimentos.

En La Habana, donde el flujo había llegado durante la tarde a algunos barrios, un nuevo fallo durante las tareas de recuperación volvió a dejar sin corriente a toda la capital.

Sobre el horizonte temporal del apagón, Guerra evitó dar fechas concretas y reconoció que, aunque se han producido avances durante la jornada, y que siempre puede suceder algún imprevisto que retrase el restablecimiento del SEN.

A este respecto, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, agregó que «durante esta noche y el día de mañana se estima la entrada progresiva del resto de las unidades».

En los últimos tres apagones nacionales, registrados en octubre, noviembre y diciembre de 2024, la UNE comenzó reactivando microsistemas (alimentados por grandes generadores que emplean fueloil o diésel) y luego procedió a interconectarlos y a llevar la corriente a las grandes centrales para poder encenderlas y sincronizarlas con el SEN.

Este complejo proceso de avance incierto -y en ocasiones con retrocesos- se prolongó durante varios días en los tres casos. El Gobierno llegó a suspender la actividad laboral y escolar en todo el país, algo sobre lo que las autoridades no se han pronunciado por el momento.

De acuerdo con el Minem y la UNE, la «desconexión» del SEN ocurrió sobre las 20.15 hora local (0:15 GMT) de este viernes, a raíz de una avería en la subestación de Diezmero, en las afueras de La Habana.

Esto provocó la salida en cadena de varias unidades de producción eléctrica con una «pérdida importante de generación en el occidente de Cuba» y, posteriormente, la «caída total» del sistema.

El SEN se encuentra desde hace meses en una situación muy precaria por las frecuentes averías en sus siete centrales termoeléctricas, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones, y por la falta de diésel y fueloil para sus motores de generación distribuidos por todo el país, porque el Estado no cuenta con las divisas necesarias para importar suficiente.

Expertos independientes explican que la crisis energética se debe a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959. El Gobierno apunta a los efectos de las sanciones estadounidenses en este ámbito.

Según diversos cálculos independientes, el Gobierno cubano precisaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el SEN, una inversión fuera de su alcance. Y cualquier solución sería posible tan sólo a largo plazo.

Los frecuentes apagones lastran la economía cubana, que se contrajo un 1,9 % en 2023 y no creció el año pasado, según estimaciones del propio Gobierno. De acuerdo a esas cifras, el PIB de la isla sigue por debajo de los niveles de 2019 y no lo superará este 2025, para el que el Ejecutivo prevé un avance del 1 %.

Los cortes también generan un fuerte descontento social y han sido detonante en los últimos años de inusuales protestas en la isla, como las masivas del 11 de julio de 2021, las del verano de 2022 en La Habana y Nuevitas (este) o las del 17 de marzo de 2024 en Santiago de Cuba (este) y otras localidades.

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Latinoamericanas

Nueva masacre en México deja al menos 7 muertos y 4 heridos

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Agencias

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Siete personas murieron y al menos cuatro resultaron heridas en un ataque armado la noche del domingo en la comunidad de San José de Mendoza, en el municipio de Salamanca (Guanajuato, México), cuando una camioneta se detuvo cerca de la cancha de usos múltiples de la localidad y hombres armados comenzaron a disparar indiscriminadamente contra los presentes, informaron medios locales.

Entre las víctimas hay jóvenes, adolescentes e incluso al menos un menor de edad. Los servicios de emergencia, entre ellos la Guardia Nacional y la Cruz Roja, acudieron inmediatamente al lugar, donde se encontraron alrededor de 50 casquillos de rifles. Las autoridades locales restringieron el acceso a la comunidad e iniciaron operaciones de búsqueda de los atacantes, que huyeron en el mismo vehículo.

El alcalde de Salamanca, César Prieto, condenó el ataque y reiteró el compromiso de restablecer la paz en la región, haciendo hincapié en la necesidad de trabajar conjuntamente con las fuerzas federales para garantizar la seguridad. «No daremos un paso atrás en nuestra lucha por recuperar la paz en Salamanca. El atroz hecho que le arrebató la vida a personas inocentes en la comunidad de San José de Mendoza no quedará impune», escribió en sus redes sociales.

Salamanca se ha visto envuelta en una ola de violencia y este 2025 puede ser uno de los años más violentos en los tiempos recientes.

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Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
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