Nacionales
Más de 139 instituciones serán auditadas en 2014 por Cámara de Cuentas
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD).
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) informó este lunes que realizará más de 190 auditorías Gubernamentales a 139 instituciones durante el 2014, según indica su Plan Anual de Auditoria.
Las entidades que serán auditadas pertenecen al Gobierno Central, instituciones públicas descentralizadas, financieras, no financieras, electoral, municipal, judicial, no gubernamental; así como otras receptoras y administradoras de fondos públicos.
El órgano de control externo informó que a todas las instituciones seleccionadas le realizarán auditorias financieras y a 52 le fiscalizarán sus obras. Indicó que de las 190 auditorías contempladas en el plan más de 57 se encuentran en proceso de ejecución.
Más de 200 auditores internos y externos de la CCRD verifican los registros financieros, deuda financiera pública interna y externa del Gobierno, administración y control de los fondos recibidos, compras y contrataciones de bienes y servicios, pago de servicios personales fijos, inversiones financieras y revisión del registro patrimonial de los funcionarios públicos de los entes auditados.
También analizan los activos no financieros, inventarios de mercancías y suministros en general, evaluación de la eficiencia administrativa, registros y controles, transferencias de capital y aplicación, ingresos tributarios y no tributarios, controles de gestión y cuentas relacionadas, ingresos y gastos extra presupuestarios; así como cuentas por cobrar y pagar a proveedores.
La Cámara de Cuentas, asimismo, audita las donaciones recibidas y realizadas por las instituciones públicas, informaciones sobre resultados de gestión, en función de las metas y objetivos institucionales; control interno mediante la evaluación de efectividad en función del cumplimiento de los objetivos institucionales, entre otros.
Entre las instituciones auditadas o proyectadas en el Plan se encuentran la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Superintendencia de Electricidad, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Turismo, Banco Central, Oficina Presidencial de Tecnología de la Información (OPTIC), Comisión Nacional de Energía y Autoridad Portuaria.
Asimismo los Ministerios de las Fuerzas Armadas, de Interior y Policía, Policía Nacional, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Fuerza Aérea Dominicana, Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Corporación y Acueducto de Santiago, UASD, Consejo Nacional de Seguridad Social y la Junta de Aviación Civil.
Otras instituciones que serán fiscalizadas este año son la Tesorería Nacional, Departamento Aeroportuario, Dirección General de Cine, Programa de Medicamentos Esenciales (Promesecal), el Centro de Exportación e Inversión de la RD, Dirección General de Bellas Artes, Dirección General de Migración, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Senado de la República, Superintendencia de Bancos, Tribunal Constitucional, Ministerios de Cultura, Deportes; así como decenas de cabildos y juntas municipales.
Los Partidos de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano, Reformista Social Cristiano, Cívico Renovador, Alianza País, Dominicanos por el Cambio, Revolucionario Social Demócrata y otros también están siendo auditados.
Dichas auditorias son y serán realizadas cumpliendo con Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas y el Reglamento 06-04, que faculta a dicha entidad a desarrollar todos los tipos de auditoria durante el año 2014.
La CCRD informó que el propósito de las mismas es contribuir con el desarrollo armónico, efectivo y eficiente de nuestras instituciones públicas y que el patrimonio del Estado se preserve, informando oportunamente sobre su malversación y mal uso de los recursos públicos y sobre daños reales o potenciales al medio ambiente del país.
Explicó que en el 2014 se audita la ejecución presupuestaria de las instituciones del 2013 u años anteriores, luego de que culmina su año de gestión.
Selección de Instituciones
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana informó que para seleccionar las entidades a fiscalizar toma en cuenta distintos elementos contenidos en la Guía para Elaborar el Plan Anual de Auditoria.
Entre los aspectos que son tomados en cuenta se encuentran identificar si la institución puede ser auditada por ley por la CCRD, su importancia en el desarrollo social, económico y productivo del país; el monto de los presupuestos de las entidades, personal involucrado en las operaciones, servicios que ofrece, número de transacciones; obras o proyectos que desarrolla, entre otros.
También el ciclo de auditoria, que resulta de los años que tiene la CCRD de no practicar auditorias período no podrá ser mayor de 3 años; resultados de informes de años anteriores, grado de vulnerabilidad de controles internos, porcentaje de imprevistos, atendiendo a demandas de investigaciones especiales, basadas en denuncias previamente evaluadas con la aprobación del Pleno de la CCRD, entre otros.
Tipos de Auditorias
La institución informó en un comunicado de prensa que existen tres tipos de auditorías: financieras, de gestión y de investigación, y estudios especiales.
Explicó que el objetivo de una auditoria financiera sobre el estado de ejecución presupuestaria es determinar el cumplimiento de dicha ejecución en función de lo presupuestado; mientras que la auditoria de gestión tiene como objetivo la verificación de la eficiencia, eficacia y economía de la gestión financiera, administrativa y operativa de una entidad.
En tanto que los estudios especiales son integrales, se realizan auditorias de obras públicas y las de informática, para lo cual se utilizarán los técnicos o profesionales necesarios con el propósito de fortalecer el contenido y el alcance de cada fiscalización.
Resultados
Los informes de auditoria realizados por la CCRD han permitido a que muchas instituciones tomen medidas correctivas en la administración de los recursos públicos. Mas de 67 auditorias que revelaron posibles indicios de responsabilidad penal en instituciones han sido enviadas al Ministerio Público para ser procesadas.
EL CARIBE.
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.