Nacionales
Más de 139 instituciones serán auditadas en 2014 por Cámara de Cuentas
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD).
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) informó este lunes que realizará más de 190 auditorías Gubernamentales a 139 instituciones durante el 2014, según indica su Plan Anual de Auditoria.
Las entidades que serán auditadas pertenecen al Gobierno Central, instituciones públicas descentralizadas, financieras, no financieras, electoral, municipal, judicial, no gubernamental; así como otras receptoras y administradoras de fondos públicos.
El órgano de control externo informó que a todas las instituciones seleccionadas le realizarán auditorias financieras y a 52 le fiscalizarán sus obras. Indicó que de las 190 auditorías contempladas en el plan más de 57 se encuentran en proceso de ejecución.
Más de 200 auditores internos y externos de la CCRD verifican los registros financieros, deuda financiera pública interna y externa del Gobierno, administración y control de los fondos recibidos, compras y contrataciones de bienes y servicios, pago de servicios personales fijos, inversiones financieras y revisión del registro patrimonial de los funcionarios públicos de los entes auditados.
También analizan los activos no financieros, inventarios de mercancías y suministros en general, evaluación de la eficiencia administrativa, registros y controles, transferencias de capital y aplicación, ingresos tributarios y no tributarios, controles de gestión y cuentas relacionadas, ingresos y gastos extra presupuestarios; así como cuentas por cobrar y pagar a proveedores.
La Cámara de Cuentas, asimismo, audita las donaciones recibidas y realizadas por las instituciones públicas, informaciones sobre resultados de gestión, en función de las metas y objetivos institucionales; control interno mediante la evaluación de efectividad en función del cumplimiento de los objetivos institucionales, entre otros.
Entre las instituciones auditadas o proyectadas en el Plan se encuentran la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Superintendencia de Electricidad, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Turismo, Banco Central, Oficina Presidencial de Tecnología de la Información (OPTIC), Comisión Nacional de Energía y Autoridad Portuaria.
Asimismo los Ministerios de las Fuerzas Armadas, de Interior y Policía, Policía Nacional, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Fuerza Aérea Dominicana, Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Corporación y Acueducto de Santiago, UASD, Consejo Nacional de Seguridad Social y la Junta de Aviación Civil.
Otras instituciones que serán fiscalizadas este año son la Tesorería Nacional, Departamento Aeroportuario, Dirección General de Cine, Programa de Medicamentos Esenciales (Promesecal), el Centro de Exportación e Inversión de la RD, Dirección General de Bellas Artes, Dirección General de Migración, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Senado de la República, Superintendencia de Bancos, Tribunal Constitucional, Ministerios de Cultura, Deportes; así como decenas de cabildos y juntas municipales.
Los Partidos de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano, Reformista Social Cristiano, Cívico Renovador, Alianza País, Dominicanos por el Cambio, Revolucionario Social Demócrata y otros también están siendo auditados.
Dichas auditorias son y serán realizadas cumpliendo con Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas y el Reglamento 06-04, que faculta a dicha entidad a desarrollar todos los tipos de auditoria durante el año 2014.
La CCRD informó que el propósito de las mismas es contribuir con el desarrollo armónico, efectivo y eficiente de nuestras instituciones públicas y que el patrimonio del Estado se preserve, informando oportunamente sobre su malversación y mal uso de los recursos públicos y sobre daños reales o potenciales al medio ambiente del país.
Explicó que en el 2014 se audita la ejecución presupuestaria de las instituciones del 2013 u años anteriores, luego de que culmina su año de gestión.
Selección de Instituciones
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana informó que para seleccionar las entidades a fiscalizar toma en cuenta distintos elementos contenidos en la Guía para Elaborar el Plan Anual de Auditoria.
Entre los aspectos que son tomados en cuenta se encuentran identificar si la institución puede ser auditada por ley por la CCRD, su importancia en el desarrollo social, económico y productivo del país; el monto de los presupuestos de las entidades, personal involucrado en las operaciones, servicios que ofrece, número de transacciones; obras o proyectos que desarrolla, entre otros.
También el ciclo de auditoria, que resulta de los años que tiene la CCRD de no practicar auditorias período no podrá ser mayor de 3 años; resultados de informes de años anteriores, grado de vulnerabilidad de controles internos, porcentaje de imprevistos, atendiendo a demandas de investigaciones especiales, basadas en denuncias previamente evaluadas con la aprobación del Pleno de la CCRD, entre otros.
Tipos de Auditorias
La institución informó en un comunicado de prensa que existen tres tipos de auditorías: financieras, de gestión y de investigación, y estudios especiales.
Explicó que el objetivo de una auditoria financiera sobre el estado de ejecución presupuestaria es determinar el cumplimiento de dicha ejecución en función de lo presupuestado; mientras que la auditoria de gestión tiene como objetivo la verificación de la eficiencia, eficacia y economía de la gestión financiera, administrativa y operativa de una entidad.
En tanto que los estudios especiales son integrales, se realizan auditorias de obras públicas y las de informática, para lo cual se utilizarán los técnicos o profesionales necesarios con el propósito de fortalecer el contenido y el alcance de cada fiscalización.
Resultados
Los informes de auditoria realizados por la CCRD han permitido a que muchas instituciones tomen medidas correctivas en la administración de los recursos públicos. Mas de 67 auditorias que revelaron posibles indicios de responsabilidad penal en instituciones han sido enviadas al Ministerio Público para ser procesadas.
EL CARIBE.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.