Análisis Noticiosos
Más de 140 millones de toneladas de plásticos contaminan planeta.
La OCDE advierte de que apenas un 9% de los residuos plásticos se reciclan. 193 países negocian en la ONU el primer tratado mundial para frenar esta plaga
Los datos son desgarradores: en apenas siete décadas el ser humano ha contaminado con más 140 millones de toneladas de plástico los ecosistemas acuáticos. En estos momentos, alrededor de 109 millones de toneladas de estos desechos se acumulan en los ríos y lagos del mundo; otros 30 millones contaminan los océanos; y unos 1,4 millones están en tránsito desde los ríos a los mares. Este es el balance de daños que recoge un informe monográfico sobre esta polución de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). El estudio, que se publica este martes, pone el foco en un problema que se está tratando en la asamblea de la ONU sobre el medio ambiente, que se celebra en Nairobi, Kenia, durante esta semana y la siguiente. Los representantes de 193 países están negociando en esta cita la forma de impulsar el primer tratado global para luchar contra la contaminación por plástico.
Además del volumen llama la atención la velocidad con la que se ha generado el problema, que ha ido en paralelo con al incremento de la producción de plásticos. En 1950, en el mundo apenas se fabricaban dos millones de toneladas este material, que es un derivado del petróleo. En 2021, la producción mundial anual alcanzó los 461 millones de toneladas tras un incremento que se ha acelerado en los últimos 20 años, según los datos de la OCDE. Y apenas un 6% del total de los plásticos que se ponen en el mercado cada año ahora son reciclados.
Casi al mismo ritmo que se ha disparado la producción de plástico ha aumentado la generación de residuos mundiales de este material. En 2000, el volumen de estos desechos era de 156 millones de toneladas. En 2019, se había llegado ya a los 353 millones. Como advierte este estudio, “casi dos tercios de todos los residuos plásticos provienen de aplicaciones con una vida útil de menos de cinco años”. El 40% son envases, por ejemplo.
Si esos residuos recibieran un adecuado tratamiento para que pudieran volver a ser utilizados, la dimensión del problema sería mucho menor. Pero la reutilización es la excepción y una quimera: tan solo un 9% de esos desechos se reciclaron en 2019, advierte la OCDE. “Los costes de recolección y selección son muy altos”, apunta Shardul Agrawala, que ha dirigido este estudio. A esto se añade que los plásticos reciclados tiene que competir en los mercados en igualdad de condiciones con los plásticos primarios, que son muy baratos de producir. El análisis dirigido por Agrawala apuesta por que los poderes públicos impulsen con regulaciones el uso de plástico reciclado y se traslade al plástico virgen los verdaderos costes que tiene este material por la contaminación que causa.
La baja tasa de reciclaje hace que el principal destino de los residuos acabe siendo el vertedero, el 50% terminó ahí en 2019, y la incineración (otro 19%). “El 22% restante se eliminó en vertederos incontrolados, se quemó al aire libre o acabó contaminando el medio ambiente”, advierte el informe.La información es la primera herramienta contra el cambio climático. Suscríbete a ella.
“Es un problema global”, apunta José Luis García Varas, responsable del programa de Océanos en WWF. “Está afectando a la biodiversidad y empieza a haber algo de luz en las investigaciones sobre los impactos en los hábitats”, añade este miembro de WWF. Su organización publicó la semana pasada otro informe en el que advertía de que para 2040 la producción mundial de plásticos se habrá duplicado de nuevo. Para 2050 la contaminación por plástico se cuadruplicará si no se toman medidas. Por ello, esta y otras organizaciones ecologistas están siguiendo muy de cerca la asamblea de la ONU sobre medio ambiente. “Si se consigue cerrar un tratado global y vinculante para la lucha contra los plásticos será tan relevante como lo fue el Acuerdo de París”, señala García Varas en referencia al pacto mundial contra el cambio climático que se cerró en 2015 en la capital francesa.
La preocupación social por este tipo de contaminación no es nueva. Pero alcanzó su punto más alto en 2017, según explica Agrawala, cuando se produjo una coincidencia de estudios científicos que alertaban de la magnitud del problema que se estaba gestando y campañas de concienciación. Unos años antes, en 2014, la asamblea de la ONU para el medio ambiente (conocida por sus siglas en inglés UNEA) había instando por primera vez a que se cerrara un acuerdo mundial contra la contaminación por plástico. Y, tras varias declaraciones similares, esta asamblea está discutiendo ahora en la capital de Kenia cómo se debe llegar a ese acuerdo mundial.
Como ocurre con los acuerdos internacionales de este tipo lo que se apruebe en la asamblea debe ser por unanimidad de los 193 países que participan, de ahí la dificultad y lentitud a la hora de cerrar pactos que afectan a un sector tan poderoso como el petrolero. En estos momentos, hay tres propuestas sobre la mesa de negociación. La primera y la que cuenta con más apoyos es la que patrocinan Perú y Ruanda, que aboga por la creación inmediata de un comité de negociación intergubernamental que tendría el mandato de elaborar un tratado mundial “jurídicamente vinculante” para prevenir y reducir la contaminación por plásticos que incluiría también medidas para limitar la producción. Según explican fuentes diplomáticas de Perú que han estado trabajando en los últimos años en esta resolución, el objetivo final es que el futuro instrumento legal que se cree fije objetivos compartidos, medidas de reporte y seguimiento de las metas y compromisos nacionales, algo parecido al Acuerdo de París contra el cambio climático.
Reducir la producción
La propuesta de Perú y Ruanda establece que el tratado debería ser adoptado, en principio, dentro de dos años. Luego, cada país tendrá que ratificarlo como ocurre con los pactos internacionales, explican las mismas fuentes. En estos momentos, 60 países respaldan esta iniciativa, entre los que están todos los miembros de la Unión Europea, Reino Unido, Noruega y varios Estados latinoamericanos como Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador.
Aunque es la que tiene más respaldo público, la encabezada por Ruanda y Perú no es la única propuesta que se ha presentado a la asamblea de la ONU, que se está celebrando de forma híbrida; presencial y telemáticamente. Japón ha abogado por crear también un comité para que cierre un pacto vinculante, pero circunscrito solo a la contaminación marina y que no afectaría a la producción de plástico virgen. Y, hace unos días, India presentó otro proyecto todavía menos ambicioso que aboga solo por crear un marco no vinculante enfocado principalmente a los plásticos de un solo uso.
“Aunque no cumple del todo con nuestras peticiones, la propuesta de Perú y Ruanda es la más avanzada”, valora García Varas, de WWF. Estados Unidos y China, los grandes consumidores de plástico, no se han pronunciado oficialmente. Mientras, la agencia Reuters informaba la semana pasada de las presiones que estaban realizando los grupos de fabricantes de plásticos de EE UU y Europa para rebajar el acuerdo y que no afecte a la producción. En el lado contrario, alrededor de 70 grandes empresas e instituciones financieras internacionales difundieron en enero una declaración de apoyo a la adopción de un tratado vinculante del lucha contra la contaminación por plástico en la UNEA. Los firmantes abogaban por “reducir la producción y el uso de plástico virgen, y desvincular la producción de plástico del consumo de recursos fósiles”.
Fuente: elpais.com
Análisis Noticiosos
El déficit comercial de E.U se disparó un 60% en febrero por los aranceles de Trump
Las importaciones crecieron con fuerza al acelerar las empresas las compras para evitar la subida de impuestos del presidente
Washington.-Los aranceles de Donald Trump están teniendo por ahora el efecto contrario al deseado por el mandatario. Las amenazas del presidente de Estados Unidos de imponer altos impuestos a las importaciones de mercancías de todo tipo han provocado una aceleración de las compras. El déficit comercial ya pulverizó récords en enero y en febrero sigue disparado, según los datos provisionales publicados este jueves por la Oficina del Censo de Estados Unidos. Ese desfase contribuye también a lastrar a la economía estadounidense, a la que no le están sentando nada bien las políticas de Trump.
El déficit comercial internacional fue de 147.914 millones de dólares en febrero, según los datos con ajuste estacional. Aunque supone una ligera reducción frente a la cifra sin precedentes de enero, es la segunda cifra más alta de la serie histórica y aumenta un 60% frente a los 92.309 millones del mismo mes del año anterior.
El tirón de las importaciones y del déficit se concentra en los suministros industriales (donde se incluye el petróleo), bienes de capital y de consumo. Los datos avanzados por el censo no desglosan la evolución de las importaciones, las exportaciones y el déficit por países, datos que se publicarán más adelante.
Los aranceles decretados por el presidente apenas habían entrado en vigor en marzo. Dentro de su errática política comercial, Trump aplazó los gravámenes a los productos mexicanos y canadienses poco antes de que entrasen en vigor, después de haberlos aprobado. En cambio, en el caso de China sí entró en vigor un impuesto del 10% a todas las importaciones antes de que el presidente rectificase y dejase exentos a la mayoría de los envíos, los de menos de 800 dólares, tras provocar el colapso aduanero con su improvisación y falta de preparativos.
Trump ha seguido dando pasos adelante y atrás en la guerra comercial que ha declarado a todo el mundo. En marzo entraron en vigor los aranceles del 25% al acero y el aluminio, se aplicó otro 10% adicional a las importaciones chinas (excluidas las de pequeño volumen) y entraron en vigor fugazmente los aranceles a México y Canadá, antes de otra rectificación que dejó exentos hasta el 2 de abril a los productos acogidos al Tratado entré México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
Esta misma semana, Trump ha autorizado imponer aranceles del 25% a los productos procedentes de todos los países que compren petróleo a Venezuela y, además, ha aprobado aranceles del 25% a la importación de automóviles y componentes a aplicar desde el 3 de abril con unas mínimas excepciones. El arancel del 25% se aplicará a los vehículos de pasajeros importados (sedanes, SUV, crossovers, minivans, furgonetas de carga) y camiones ligeros, así como a las piezas clave de automóviles (motores, transmisiones, piezas del tren motriz y componentes eléctricos). Cabe ampliar los aranceles a piezas adicionales si es necesario, según la Casa Blanca.
Los importadores de automóviles en virtud del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) tendrán la oportunidad de certificar su contenido estadounidense y se implementarán sistemas para que el arancel del 25% solo se aplique al valor de su contenido no estadounidense. Además, las piezas de automóvil que cumplan con el TMEC permanecerán libres de aranceles hasta que el secretario de Comercio establezca un proceso para aplicar aranceles a su contenido no estadounidense.
Con todo, la gran andanada de la guerra comercial llega en teoría la semana próxima (sujeta siempre a los caprichos y cambios de humor del presidente). Trump ha bautizado el 2 de abril como “Día de la Liberación”. Se espera que en esa fecha se apliquen los que la Administración estadounidense llama de forma engañosa “aranceles recíprocos”. Es una cifra arbitraria fijada por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, para las importaciones de cada país o bloque comercial.
Trump quiso este miércoles quitar hierro a las medidas a adoptar. “Vamos a ser muy indulgentes”, dijo en el Despacho Oval. “Creo que la gente se va a sorprender mucho. En muchos casos, será inferior al arancel que nos han estado cobrando durante décadas. Otros países no nos han tratado bien, pero nosotros vamos a ser amables. Así que creo que la gente se llevará una grata sorpresa”, añadió. La credibilidad del presidente en materia comercial está muy en entredicho tras sus medidas erráticas y sus declaraciones contradictorias.
Los criterios no parecen ser realmente los aranceles que los demás países imponen a Estados Unidos, sino más bien la cuantía del déficit comercial. Así, aunque los aranceles europeos son menores que los estadounidenses, Trump quiere castigar a la Unión Europea por su éxito en el intercambio comercial alegando falsamente que el impuesto sobre el valor añadido (IVA) es proteccionista o que la UE pone otras barreras no arancelarias a los productos estadounidenses.
Maroš Šefčovič, vicepresidente de la Comisión Europea encargado de la materia, se reunió el martes con Lutnick en Washington para intentar negociar, pero sin éxito. Šefčovič se volvió a Bruselas con la impresión de que Estados Unidos impondrá la semana próxima aranceles de doble dígito, quizá incluso del 20%, a los productos europeos.
“El trabajo duro continúa. La prioridad de la UE es un acuerdo justo y equilibrado en lugar de aranceles injustificados. Compartimos el objetivo de la fortaleza industrial en ambos lados”, tuiteó Šefčovič tras el encuentro con Lutnick y otros altos cargos estadounidenses.
Mientras, el discurso de Trump ha generado incertidumbre y confusión entre los agentes económicos. Las grandes empresas han alertado de los riesgos que supone una guerra comercial para sus ingresos, sus márgenes y su negocio, pero también para la evolución de la economía internacional. También hay compañías que temen una disrupción en su cadena de suministros. La confianza de los consumidores se ha hundido y las expectativas de inflación se han disparado. La economía de Estados Unidos, cuyo producto interior bruto creció un 2,8% en 2024, está perdiendo fuelle.
La Oficina de Análisis Económico ha ratificado este jueves, en su tercera lectura, esa tasa del 2,8% para el conjunto del año 2024, aunque ha revisado ligeramente al alza el ritmo de crecimiento del cuarto trimestre, que pasa del 2,3% al 2,4% anualizado por un menor peso de las importaciones.
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El presidente José Raúl Mulino asegura que el tránsito de personas se ha reducido este año en un 98%. Coincide con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca
Bogotá.-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado este jueves el cierre de los centros migratorios que ha formado parte de la ruta del Tapón del Darién, la zona selvática que han cruzado más de un millón de inmigrantes desde 2016. Mulino asegura que el tránsito de personas que se dirigían a Estados Unidos ha disminuido un 98%. Las deportaciones masivas ordenadas por Donald Trump han disuadido a muchos inmigrantes, que incluso realizan el camino de vuelta a sus países por este mismo paso fronterizo, solo que en sentido contrario.
“No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016. Me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña”, ha dicho en rueda de prensa. Mulino hace este anuncio el mismo día que la NBC ha revelado que Trump le ha pedido al Pentágono varios planes para tomar el control del Canal de Panamá, la joya sobre la que gira la economía de este país.
El Darién lo cruzaban sobre todo venezolanos que huían de la catastrófica situación económica de su país, pero también colombianos, ecuatorianos y hasta gente llegada desde lugares remotos, como Vietnam, Afganistán o Congo. El paso desde la zona colombiana lo controlaban grupos paramilitares que han ganado cientos de millones de dólares con este negocio. Cada migrante debía desembolsar unos 350 dólares si quería tener derecho a pasar. Un número indeterminado de personas ha muerto en estos años víctima de los peligros de la selva, crecidas de ríos y atracos y violaciones de bandas de delincuentes.
El lado panameño lo controlaba el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que vigilaba el cruce de los viajeros. Antes de abandonar la selva, tenían que parar en Bajo Chiquito y Canaan Membrillo, donde las autoridades panameñas hacían control de pasaportes y atendía médicamente a los inmigrantes. Una veintena de oenegés y entidades de Naciones Unidas se ocupaban también de darles asistencia, cuidar de los menores y proveerles de agua potable, duchas y alimentos.
El paso migratorio también le cambió la vida a los pueblos indígenas que viven a orillas del río que cruza la selva, mayormente de origen embera. Los habitantes de estas pequeñas poblaciones llevaban en barca a los migrantes y les daban techo y les vendían comida. De repente tuvieron unos ingresos económicos extraordinarios. El cierre supone un golpe económico muy grande para sus comunidades. La caída del flujo de inmigrantes, de acuerdo al presidente de Panamá, ha sido estrepitosa: “Hace un año teníamos 36.841 migrantes cruzando por Darién, hoy marzo llegamos a 112. Una disminución importantísima, que representa de entre el 97-98 % de éxito por parte de las autoridades de Migración y el Senafront”.
El Darién como paso importante empezó a ser relevante cuando en 2016 empezaron a cruzarlo ciudadanos de nacionalidad cubana. Abierta esa vía que parecía más factible que la marítima, las cifras se elevaron en 2021 con 133.726 migrantes, 248.284 en 2022 y 520.000 en 2023. Se convirtió en el cruce fronterizo más importante del mundo. Después llegaban a Costa Rica, donde continuaban hasta México. Desde el norte de ese país entraban en Estados Unidos. La llegada de Trump a la Casa Blanca lo ha cambiado todo. Por ahora, el cruce del Darién queda clausurado.
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El último lance entre las dos instituciones pone en evidencia cómo se ha menoscabado la autoridad del Poder Judicial en México
México.-Una de las enseñanzas inesperadas de la reforma judicial en México es que las autoridades pueden desobedecer las sentencias de los jueces, o acatarlas a conveniencia, cuando una mayoría democráticamente electa controla todas las palancas del poder en el Ejecutivo y el Legislativo. El último episodio de la crisis institucional lo ejemplifica el intento del Tribunal Electoral (TEPJF), dominado por una mayoría oficialista, de disputar las facultades de la Suprema Corte de Justicia para revisar los juicios de amparo. Detrás del conflicto está la lluvia de suspensiones dictadas por jueces para frenar las elecciones del 1 de junio, en las que los mexicanos votarán a miles de cargos de la Judicatura. El Supremo echó abajo esas suspensiones y dejó a salvo la elección judicial —pues no procede el amparo en materia electoral y menos contra una reforma constitucional—, no sin antes observar que los magistrados del TEPJF se arrogaron facultades inexistentes para invalidar las resoluciones de los jueces en su intento de desatorar el proceso.
El lance puso en evidencia la ruptura institucional en la que se ha sumido el país ante la voluntad de Morena de implementar su reforma sin cortapisas. Ya hace unos días, en el festejo republicano de la Constitución de 1917, la presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al evento oficial a Norma Piña, titular de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Así, solo estuvieron representados dos de los tres Poderes de la Unión: el Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena. Como represalia a los jueces que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal —el órgano encargado de vigilar la conducta de los juzgadores, también de mayoría oficialista— acordó denunciarlos penalmente ante la Fiscalía General de la República.
Con esas consideraciones, el TEPJF —siempre gracias a la mayoría de tres magistrados alineada a Morena— estableció que las suspensiones dictadas por los jueces no tenían efectos sobre la elección judicial, y dieron vía libre a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo para ignorar esas resoluciones y continuar con los preparativos de los comicios. El último ejemplo vino luego de que un juez ordenó a los Comités de Evaluación que integraban las listas de candidatos frenar el proceso. Solo el Comité del Poder Judicial acató la instrucción. Los Comités del Ejecutivo y el Legislativo desobedecieron al juez sin ninguna consecuencia.
El ministro del Supremo Alfredo Gutiérrez preparó un proyecto para resolver el conflicto competencial entre los jueces de distrito y el TEPJF. En su proyecto, el togado ya se lamentaba por “la simplicidad con la que diversos actores institucionales decidieron ignorar los cauces legales cuando estos no convenían a sus intereses”. Antes de la votación del asunto, el pasado jueves, los magistrados del Tribunal Electoral exigieron al propio Gutiérrez, así como a los ministros Norma Piña, Javier Laynez y Jorge Pardo, no participar en la discusión del proyecto por haber hecho anteriormente pronunciamientos contra la reforma judicial, lo que, supuestamente, demostraba que no votarían de manera imparcial. El TEPJF, sin embargo, no consideró necesario pedir también la excusa de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, claramente militantes de Morena y quienes, desde su posición en el Supremo, están en campaña buscando ser “ratificadas” en la elección judicial.
Nunca antes los magistrados del Tribunal Electoral habían intentado dar órdenes a los ministros de la Suprema Corte. Si bien el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, el Supremo es un tribunal constitucional y su presidenta, Piña, es la cabeza de todo el Poder Judicial, por lo que, jerárquicamente, está por encima de cualquier juzgado. Ninguno de los ministros se excusó de la votación del proyecto de Gutiérrez. Hacerlo hubiera dejado a la Suprema Corte solo con seis integrantes, cuando el mínimo para que exista quorum es de siete.
Al final, el Supremo resolvió, como era de esperarse, que no se puede suspender un proceso electoral ni tampoco una reforma constitucional —como la judicial—, y ordenó a los juzgadores dar marcha atrás en sus resoluciones. Los togados también indicaron que el TEPJF no tenía facultades para revisar juicios de amparo y señalaron que sus fallos al respecto debían leerse como una mera opinión de sus integrantes. “Las sentencias [del Tribunal] no pueden tener la capacidad de incidir de manera alguna en las determinaciones de jueces de amparo; no funciona como instancia de revisión y su pretensión de anular los efectos de las suspensiones simplemente carece de cualquier efecto dentro de nuestro orden jurídico”, dice la resolución del Supremo. El ministro Alberto Pérez Dayán fustigó a los magistrados electorales que han actuado a tono con Morena —Mónica Soto, presidenta del TEPJF; Felipe Fuentes y Felipe de la Mata—, a los que se refirió como “la exigua mayoría de un tribunal deliberadamente incompleto, predecible, obvio, complaciente y sesgado con el poder”.
La sesión del jueves estuvo plena de referencias al quiebre institucional que ha supuesto la reforma judicial, una circunstancia que el ministro Gutiérrez calificó de “perturbadora”. “Esta Corte ha observado cómo cada transgresión al orden constitucional ha allanado el camino para la siguiente, hasta llegar al punto donde los límites institucionales, que alguna vez parecieron inquebrantables, se han vuelto porosos”, dijo el togado. “Diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la intervención e invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas”, ha añadido.
La presidenta Sheinbaum, que siempre defendió las facultades —no existentes— del TEPJF para interferir en las resoluciones de los jueces de amparo, celebró que se haya aprobado el proyecto de Gutiérrez en el Supremo. “La elección de las y los jueces, ministros, magistrados, ¡va! Ya no tiene ninguna barrera de ningún tipo”, ha dicho en su conferencia Mañanera del viernes. La Corte enfila a su desaparición. En septiembre será reemplazada por un nuevo órgano judicial integrado por nueve ministros electos por voto popular, que presidirá quien obtenga más sufragios en la pasarela. La mayoría de los togados actuales decidió no participar en los comicios. Juez y parte, Batres, Esquivel y Ortiz están en abierta campaña y aspiran a ser las más votadas, para entregar a Morena otra institución en la que tendrá mayoría.
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