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Economía

Más de 22 mil productores se han asegurado en lo que va de año

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SANTO DOMINGO.- Más de 22,030 productores se han asegurado en lo que va de este año, lo que representa un monto de RD$6,438 millones entre el primero de enero y el 20 de agosto de este año.La información la ofreció Emilio Toribio Olivo, gerente general de la Aseguradora Agropecuaria Dominicana (Agrodosa), durante la primera reunión oficial del gabinete agropecuario, quien señaló que en ese período fueron indemnizados 362 productores, por un monto de 31 millones 71, 453 pesos tras resultar afectados por fenómenos atmosféricos.

Explicó que fueron favorecidos 262 productores de aguacate, seis mil 867 de arroz, 211 de banano, 51 de cebolla, 529 de habichuelas, 139 de plátano y 11 de yuca, indica una nota del Departamento de Información y Relaciones Publicas.

Asimismo, Olivo dijo que la Agrodosa aseguró 142 de invernaderos, ocho factorías de arroz, cinco granjas de gallinas ponedoras, 20 de pollos, 82 propietarios de maquinarias agrícolas, una pignoración de café, dos secaderos, 150 productores del proyecto GYR ganadero y 13 mil 570 del seguro de vida-deudor.

Dijo que la indemnización abarcó 4 mil tareas de aguacate, 324 mil, 853 de arroz, 50 mil 321 de banano, 1,020 de cebolla, 20 mil de habichuela, 6 mil, 827 de plátano y 350 de yuca.

También 766 mil 560 metros cuadrados de invernaderos y 6 mil 031 metros cuadrados de secaderos.

El gerente de la Agrodosa destacó que con la entrada en vigencia de la Ley 157-09 esa entidad se convertirá en una institución más abierta porque todas las compañías de seguros tendrán la oportunidad de ofrecer el seguro agropecuario.

En la reunión, el ministro de Agricultura, Luis Ramón Rodríguez, informó que el gobierno dará todo su apoyo para que la República Dominicana cuente con el mejor sistema de seguro agropecuario de la región.

Rodríguez anunció que el equipo agropecuario trabajará sin descanso para que el primero de enero del 2013 entre en vigencia la Ley 157- 09 que establece la plataforma jurídica para que todos los productores cuenten con la debida protección de su cultivo.

Explicó que en el cuatrimestre que resta de este año el Ministerio de Agricultura tendrá estructurada la Dirección General de Riesgo Agropecuario, que será la institución que administrará todos los recursos que aportará el Gobierno para que los productores cuenten con un seguro eficiente y que sea garante del desarrollo del sector.

Dijo que el subsidio que aportará el Gobierno se hará de manera escalonada y en el primer año será 150 millones de pesos, el segundo de una cifra similar, el tercero llegará a 300 millones, hasta completar 600 millones de pesos en el cuarto año.

En la reunión, además del ministro Rodríguez, estuvieron el administrador del Banco Agrícola, Ángel Estévez; el director del Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA), Antonio López, y el director del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE), Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna.

También estuvo el asesor del Poder Ejecutivo en materia agrícola, Carlos Segura Foster; el director del Departamento de Construcción y Reconstrucción de Caminos Rurales, Manuel Núñez Castillo y Alfonso Radhamés Valenzuela, director el Instituto Agrario Dominicano (IAD).

Diario Libre

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Economía

PE somete Presupuesto General de 2025 por RD$1,484,234.6 millones, con la fusión de instituciones

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Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo depositó este viernes ante el Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2025, el cual contempla gastos por RD$1,484,234.6 millones, marcando así el inicio de la propuesta de reestructuración y racionalización de la administración pública, anunciada recientemente.

El Gobierno estima, que en términos de ingresos, estos asciendan a RD$1,241,364.7 millones, representando el 15.3 % del producto interno bruto (PIB), gracias a los esfuerzos administrativos para elevar el nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias y al mantenimiento del contexto macroeconómico favorable.

Mientras que en lo concerniente al gasto, cuyo monto equivale al 18.3 % del PIB estimado, el presupuesto tiene como objetivo primordial asegurar el desarrollo inclusivo y sostenible del país, dando prioridad a las necesidades esenciales de la ciudadanía, tales como salud, educación, empleo, asistencia social, transporte y seguridad.

Planteada una plena integración institucional del sistema educativo, el documento contempla una asignación de recursos del 4.10 % del PIB a los órganos rectores del sector, medida que facilitará la implementación de políticas educativas integrales, eliminando la fragmentación que actualmente dificulta la coordinación entre los diversos niveles de enseñanza.

“Estamos eficientizando el uso de los recursos, reduciendo el gasto corriente derivado de la duplicidad de funciones y garantizando una inversión adecuada en capital para proporcionar entornos educativos de calidad”, precisa el Ejecutivo en su carta de remisión del Presupuesto.

Asimismo, incluye el reforzamiento de los servicios económicos con el impulso de proyectos de desarrollo turístico en puntos geográficos estratégicos, provee los recursos para continuar la construcción de un sistema integrado de transporte en Santiago y Santo Domingo y reafirma el compromiso del Gobierno con la seguridad ciudadana, destinando los recursos necesarios para acentuar la reforma policial.

“La política de gasto de 2025 prioriza la inclusión social y la calidad de vida de las familias dominicanas, protegiendo su capacidad de consumo y sus medios de vida. En protección social, se mantendrá el alcance de millón y medio de familias vulnerables beneficiarias del programa Supérate, reduciendo la desigualdad social y la pobreza multidimensional”, establece.

El proyecto de Presupuesto General del Estado para el próximo año plantea un déficit fiscal de RD$242,869.9 millones, equivalente a un 3.0 % del PIB, lo que supone el sostenimiento de la reducción del déficit público.

“El documento está alineado con las directrices de la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal de las Instituciones Estatales y cumple con la regla fiscal de gasto primario establecida en dicho marco normativo. Esta estrategia busca asegurar la eficiencia en la asignación de los recursos públicos y evitar un aumento del déficit, contribuyendo a una gestión fiscal más transparente y sostenible en el tiempo”, resaltó el ministro de Hacienda, Jochi Vicente.

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Economía

Economistas sugieren analizar “costo y beneficios” antes de eliminar leyes de incentivos fiscales

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Santo Domingo, R.D.-Estudios técnicos con antelación a cada sector productivo y análisis de costo y beneficios. Esto es lo que sugieren economistas consultados por Listín Diario en torno a lo que dijo el ministro de Hacienda, José (Jochi) Vicente, de mantener o eliminar algunas leyes de incentivos fiscales que disfrutan distintos sectores económicos del país, como turismo y las zonas francas. El plan forma parte de la propuesta del Poder Ejecutivo en torno a la venidera reforma fiscal que, según Vicente, se presentará “en los próximos días”.

El exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, explicó que esa medida debe realizarse con estudios técnicos y no base a prejuicios ni opiniones. Con esto, Jiménez se ha referido a estudios “rigurosos” en los que se analice, primero, el beneficio desde el punto de vista del impacto en el crecimiento económico y la creación de empleos para ciertos grupos, por la capacidad del Gobierno en reducir la pobreza.

Y, por otro lado, que se analice el costo que tienen desde el punto de vista de dejar de pagar impuestos recibidos. “Esos se llaman estudios beneficios y eso permitirá saber cuáles políticas de incentivos a los sectores productivos se justifican desde el punto de vista que el beneficio sea mayor al costo y cuales no en los casos donde el costo sea mayor al beneficio”, argumentó el también profesor de la Universidad de Harvard.

Jiménez reiteró que antes de tomar una decisión sobre quitarle exenciones fiscales a los sectores productivos se necesitan estudios técnicos que sustenten esa medida.

¿Qué dice Henri Hebrard?

Para el economista Henri Hebrard el tema debe separarse en dos grupos grandes: por un lado, las exenciones del ITBIS, el impuesto sobre la renta y con algunos combustibles; y por otro, las leyes de incentivos fiscales, que son en las que hay más discusiones en la mesa de la reforma tributaria, según Hebrard.

“En este grupo yo separaría lo que es zona franca de todo lo demás, porque la cifra que se calcula, que usualmente se calcula como supuesto sacrificio fiscal, está muy inflada y ahí no estamos de acuerdo con la metodología que se utiliza para calcular cuánto de impuesto se lograría cobrar si se fuese a poner un impuesto a la zona franca”, señaló.

A juicio del experto, el país de manera unilateral no puede hacer un cambio a la ley de incentivo de zona franca. “Si solamente lo hacemos nosotros y que en los demás países con los cuales competimos no hacen un cambio en esta misma dirección, pues, lo que vamos a provocar es una estampida y vamos a perder lo que tenemos en zona franca, que es tan sensible para República Dominicana”, explicó.

De acuerdo con Hebrard, la ley de incentivo para la zona franca “no se debe tocar para nada”. No obstante, con respecto a los otros sectores productivos, dijo que el Gobierno debe analizar uno por uno, midiendo “muy bien” y teniendo “mucho cuidado”.

El economista afirmó que el mayor efecto que traería la eliminación de las leyes de incentivos fiscales se reflejaría en la captación de nuevas inversiones.

“Habrá de tomar estas decisiones de manera muy cuidadosa, ya que para lograr duplicar el tamaño de la economía dominicana en los próximos 10 años no se puede correr el riesgo de desenchufar importantes sectores de actividades”, apuntó.

Hebrard explicó que la factura de la reforma fiscal se va a cargar en función de la capacidad contributiva de cada quien: es normal, dijo, que los de mayores ingresos, de más propiedad, sean los que tengan que asumir, en mayor parte, la carga de la reforma. Mientras que los más vulnerables puedan recibir beneficios del aumento del gasto público.

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Economía

¿Qué pasa cuando no pagas a tiempo tu tarjeta de crédito?

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Santo Domingo, R.D.-Las tarjetas de crédito se han convertido en uno de los métodos de pagos más usados en el día a día de muchas personas. Muchos creen que este préstamo que otorgan las entidades bancarias es una extensión de su salario, y pagan caro cuando no pueden cubrir lo consumido en los 21 días que se les otorga.

Es muy importante que se entiendan las fechas de corte y de pago. El corte es la fecha programada para realizar la facturación o cierre de los consumos, cargos y pagos del mes, presentados en el estado de cuenta y la fecha de pago es el último día que tienes para realizar el pago total, parcial o mínimo de las sumas adeudadas.

Es necesario que se tengan claras estas fechas para que se pueda hacer un uso planificado y sano de esta facilidad financiera que brindan los bancos múltiples.

Si el corte se realiza los 30 de cada mes, la fecha de pago sería los días 21 del mes siguiente. Si no se hace el pago completo de lo consumido hasta el corte se generan cargos por mora, que van desde casi 400 pesos hasta más de RD$800, dependiendo el tipo de tarjeta y  entidad que la emite, y también cargos por financiamiento que varia un poco de acuerdo al tipo de banco, pero que rondan el 60%.

Los cargos por mora se pueden evitar cuando se realiza el pago mínimo en el tiempo estipulado, pero el financiamiento no, por lo que, es necesario que se este conciente de que en el próximo corte se sumará esta cantidad, y si sigues solo pagando el mínimo, el pago de la tarjeta se va a hacer cada día más difícil.

Para hacer un buen uso de la tarjeta de crédito y no sufrir daño en el historial crediticio se debe poner un tope al total que puedes consumir y pagar con tu salario, tomando en cuenta los gastos fijos o en efectivo que se realizan.

Hacer un mal uso de esta facilidad económica que ofrecen los bancos puede, no solo dañar el historial créditicio, sino que genera una deuda que va creciendo y que poco a poco, reduce la disponibilidad de dinero para los gastos diarios, hasta llevar a quienes la poseen a la insolvencia financiera.

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