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Más de 30 mil docentes paraguayos convocan huelga para esta semana

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El gremio reclama que unos 16 mil educadores reciban, como corresponde, por lo menos el salario mínimo establecido en la nación; además de una ampliación presupuestaria que permita abonar el subsidio familiar acordado, desde este mismo año.

Docentes advierten la posibilidad de convocar una huelga general

Más de 30 mil docentes paraguayos protagonizarán un paro laboral esta semana, ante la falta de respuesta positiva por parte del Gobierno frente a los reclamos del sector, algo que los dirigentes sindicales consideran es el anticipo de una huelga general.

La Federación de Educadores del Paraguay (FEP), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP) anunciaron este lunes que tomaron la decisión de “establecer medidas de fuerza en el transcurso de esta semana”.

En esta ocasión, el paro de docentes se realizará en días distintos para cada organización sindical, ante la falta de acuerdo establecido para una huelga general.

La FEP y OTEP realizarán huelgas a partir de este miércoles, mientras que la UNE tiene previsto hacerlos para el día jueves. De igual manera, el paro previsto por la FEP durará tres días, mientras el de la OTEP será de dos días, y el de la UNE será de 24 horas.

Como última medida previa, para suspender el paro, la OTEP confirmó que este martes realizarán un mitin frente al Ministerio de Educación y Culto (MEC), esperando ser recibidos por el ministro de Educación, Horacio Galeano Perrone.

La idea es plantear durante este hipotético encuentro la confirmación de los maestros interinos, es decir suplentes, aparte de la ampliación presupuestaria, que es la causa común de los docentes.

Por su parte, la FEP anunció que no hay marcha atrás para las movilizaciones de su gremio a partir del miércoles, pues exigen que el Estado paraguayo cumpla sus promesas con los educadores.

Los docentes paraguayos reclaman que unos 16 mil educadores reciban, como corresponde, por lo menos el salario mínimo establecido en la nación, una medida que no se cumple.

Igualmente, demandan que a otros miles de trabajadores del sector se aplique el cumplimiento del escalafón vigente, algo pospuesto continuamente por el gobierno.

Otra solicitud es una ampliación presupuestaria que permita, además, abonar el subsidio familiar acordado desde este mismo año.

Los sindicatos recordaron este lunes que el pasado viernes se venció el plazo dado al Ejecutivo por los 10 gremios docentes, para que aprobaran el aumento señalado del presupuesto.

Los otros siete gremios de docentes convocaron para el miércoles próximo un congreso unitario, y al día siguiente harían una movilización en la ciudad de Asunción, hasta las respectivas sedes del MEC y del Ministerio de Hacienda.

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Dina Boluarte, abogada de tradición izquierdista, primera presidenta de Perú

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EFE

La asunción de Boluarte a la Presidencia de Perú se produjo, además, 48 horas después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó una denuncia presentada contra ella por presuntas irregularidades en su renuncia al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), una entidad pública en la que trabajaba desde 2007

Lima, Perú.-La abogada y política de tradición izquierdista Dina Boluarte se convirtió este miércoles en la primera presidenta de Perú, al jurar al cargo ante el pleno del Congreso, después de que el Parlamento destituyó a Pedro Castillo, acusado de dar un golpe de Estado.

Boluarte, de 60 años y de cuya vida personal no se conocen muchos detalles, fue elegida como primera vicepresidenta de la República en la fórmula presidencial del partido marxista Perú Libre, que el año pasado postuló a Pedro Castillo a la jefatura del Estado del país, y del cual fue expulsada por diferencias políticas con sus dirigentes.

La flamante mandataria fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el inicio del Gobierno de Castillo, el 28 de julio de 2021, hasta fines de noviembre, cuando el escenario político se agravó con la confirmación de que el Congreso iba a someter al expresidente a una tercera moción de destitución por «permanente incapacidad moral».

Durante su periodo como vicepresidenta, Boluarte representó a Castillo en varios viajes fuera del país, en los que no fue autorizado a desplazarse por el Parlamento, el último de los cuales fue la cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) en Tailandia en noviembre pasado.

Asimismo, defendió el papel de la mujer en los eventos en los que participó como en la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que afirmó que «no hay desarrollo sostenible sin el desarrollo de las mujeres» y destacó el compromiso del Perú con el empoderamiento de las mujeres a través de políticas innovadoras, aunque persistan estereotipos y acoso político contra las líderes.

En los últimos días, varios integrantes del Ejecutivo, como los exministros Alejandro Salas y Félix Chero, le recordaron a Boluarte que debía renunciar al cargo como lo habían acordado previamente, en el caso de que Castillo fuera destituido por el Parlamento, pero ella mantuvo silencio.

En su lugar, la vicepresidenta decidió dejar el ministerio cuando Castillo hizo su última modificación en el gabinete, tras la renuncia del jurista Aníbal Torres como primer ministro en noviembre último y el ingreso en ese cargo de la legisladora y abogada Betssy Chávez.

Tras el anuncio del cierre del Congreso, Boluarte rompió su silencio para rechazar la decisión de Castillo de «perpetrar el quiebre del orden constitucional» y añadió que se trató de «un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley».

De esta manera, la abogada dejó de apoyar públicamente a Castillo y con su nombramiento como jefa de Estado se corrigió de lo que había anunciado el año pasado, cuando declaró que si el entonces presidente era destituido ella se iba con él

La asunción de Boluarte a la Presidencia de Perú se produjo, además, 48 horas después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó una denuncia presentada contra ella por presuntas irregularidades en su renuncia al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), una entidad pública en la que trabajaba desde 2007.

También fue presidenta del Club Departamental Apurímac, un cargo para el que realizó trámites de transferencia de funciones que le valieron una investigación del Congreso, que finalmente decidió que no había cometido una infracción constitucional.

Boluarte, nacida precisamente en la región surandina de Apurímac, se postuló a un cargo político por primera vez en los comicios municipales de 2018 y nuevamente intentó una curul en el Congreso en las elecciones extraordinarias de 2020 con Perú Libre, movimiento que la incluyó en la fórmula presidencial de Castillo un año después.

Al convertirse este miércoles en la primera presidenta de la historia de Perú, juró «por Dios, la patria y la Constitución» y dijo que asumía «de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento y hasta el 28 de julio de 2026», cuando debe cumplir el actual período de Gobierno.

Añadió que entre sus compromisos estará «defender» la soberanía nacional y que «cumplirá y hará cumplir» la Constitución y las leyes de su país.

Y relató que viene de «un pueblito» del Perú profundo, que es la última hija de una familia que vivió la precariedad y que de ahí aprendió bajo el afecto de sus padres el trabajo y la lealtad.

La abogada y política de tradición izquierdista Dina Boluarte se convirtió este miércoles en la primera presidenta de Perú, al jurar al cargo ante el pleno del Congreso, después de que el Parlamento destituyó a Pedro Castillo, acusado de dar un golpe de Estado.

Boluarte, de 60 años y de cuya vida personal no se conocen muchos detalles, fue elegida como primera vicepresidenta de la República en la fórmula presidencial del partido marxista Perú Libre, que el año pasado postuló a Pedro Castillo a la jefatura del Estado del país, y del cual fue expulsada por diferencias políticas con sus dirigentes.

La flamante mandataria fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el inicio del Gobierno de Castillo, el 28 de julio de 2021, hasta fines de noviembre, cuando el escenario político se agravó con la confirmación de que el Congreso iba a someter al expresidente a una tercera moción de destitución por «permanente incapacidad moral».

Durante su periodo como vicepresidenta, Boluarte representó a Castillo en varios viajes fuera del país, en los que no fue autorizado a desplazarse por el Parlamento, el último de los cuales fue la cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) en Tailandia en noviembre pasado.

Asimismo, defendió el papel de la mujer en los eventos en los que participó como en la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que afirmó que «no hay desarrollo sostenible sin el desarrollo de las mujeres» y destacó el compromiso del Perú con el empoderamiento de las mujeres a través de políticas innovadoras, aunque persistan estereotipos y acoso político contra las líderes.

En los últimos días, varios integrantes del Ejecutivo, como los exministros Alejandro Salas y Félix Chero, le recordaron a Boluarte que debía renunciar al cargo como lo habían acordado previamente, en el caso de que Castillo fuera destituido por el Parlamento, pero ella mantuvo silencio.

En su lugar, la vicepresidenta decidió dejar el ministerio cuando Castillo hizo su última modificación en el gabinete, tras la renuncia del jurista Aníbal Torres como primer ministro en noviembre último y el ingreso en ese cargo de la legisladora y abogada Betssy Chávez.

Tras el anuncio del cierre del Congreso, Boluarte rompió su silencio para rechazar la decisión de Castillo de «perpetrar el quiebre del orden constitucional» y añadió que se trató de «un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley».

De esta manera, la abogada dejó de apoyar públicamente a Castillo y con su nombramiento como jefa de Estado se corrigió de lo que había anunciado el año pasado, cuando declaró que si el entonces presidente era destituido ella se iba con él

La asunción de Boluarte a la Presidencia de Perú se produjo, además, 48 horas después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó una denuncia presentada contra ella por presuntas irregularidades en su renuncia al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), una entidad pública en la que trabajaba desde 2007.

También fue presidenta del Club Departamental Apurímac, un cargo para el que realizó trámites de transferencia de funciones que le valieron una investigación del Congreso, que finalmente decidió que no había cometido una infracción constitucional.

Boluarte, nacida precisamente en la región surandina de Apurímac, se postuló a un cargo político por primera vez en los comicios municipales de 2018 y nuevamente intentó una curul en el Congreso en las elecciones extraordinarias de 2020 con Perú Libre, movimiento que la incluyó en la fórmula presidencial de Castillo un año después.

Al convertirse este miércoles en la primera presidenta de la historia de Perú, juró «por Dios, la patria y la Constitución» y dijo que asumía «de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento y hasta el 28 de julio de 2026», cuando debe cumplir el actual período de Gobierno.

Añadió que entre sus compromisos estará «defender» la soberanía nacional y que «cumplirá y hará cumplir» la Constitución y las leyes de su país.

Y relató que viene de «un pueblito» del Perú profundo, que es la última hija de una familia que vivió la precariedad y que de ahí aprendió bajo el afecto de sus padres el trabajo y la lealtad.

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Asesinan a mujer embarazada y roban a su bebé en estado mexicano de Veracruz

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EFE
Mexico.-Una joven mujer con nueve meses de embarazo, fue raptada bajo engaños, posteriormente asesinada y su bebé extraída de su vientre, lo que causó indignación entre la sociedad del estado mexicano de Veracruz, donde ocurrieron los hechos.

Autoridades ministeriales reportaron que lograron la detención de dos presuntos responsables del delito de feminicidio, un hombre y una mujer, y la recuperación sana y salva de la recién nacida que había sido robada.

Los hechos ocurrieron en el puerto de Veracruz, Golfo de México, donde el pasado 30 de noviembre Rosa Isela Castro Vázquez, una joven de 20 años, fue reportada como desaparecida.

Sus familiares relataron que la víctima, con nueve meses de gestación, desapareció luego de que una mujer la contactase por redes sociales y le ofreciese ropa regalada; fue vista por última vez en la zona conocida como Las Bajadas, donde quedó en verse con la supuesta altruista.

La Fiscalía General del Estado informó este sábado de que el cuerpo sin vida de Rosa Isela fue localizado en el rancho Los Arrieros del municipio de Medellín de Bravo, una zona conurbada al puerto de carga y turístico de Veracruz.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y Trata de Personas lograron ubicar a dos personas, identificadas como Gonzalo “N” y Verónica “N”, que tenían consigo a una menor recién nacida, quien presuntamente es la hija de la víctima.

Ambos son señalados como presuntos responsables del delito de desaparición cometida por particulares y por la probable comisión del delito de feminicidio.

En las próximas horas serán presentados en audiencia inicial ante el juez de proceso y procedimiento penal oral del distrito judicial de Veracruz para que dea su situación jurídica.

En tanto, el caso ha causado gran indignación entre la sociedad de un estado que ocupa la séptima posición en el nivel nacional en incidencia delictiva; tan sólo en el mes de octubre fueron denunciados 6.979 delitos.

El informe de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicó a Veracruz en el puesto séptimo a nivel nacional con mayor número de delitos denunciados.

En el mismo mes de octubre, Veracruz ocupó el segundo lugar en el delito de secuestro y conserva el primer puesto a nivel nacional en incidencia acumulada, según datos de la organización Causa en Común.

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P. RICO: Dos dominicanos ligados a cocaína valorada US$20.7 mm

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San Juan, (EFE).- Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó este miércoles de la incautación de un cargamento de 901 kilogramos de cocaína en una embarcación que intentaba llegar a la costa de Guayama, en el sur de Puerto Rico.

El alijo tiene un valor estimado de contrabando de 20,7 millones de dólares, según el comunicado de la CBP, que indicó que durante la intervención fueron detenidas cuatro personas.

La tripulación de una aeronave de los Agentes de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO, por sus siglas en ingles) detectó el pasado lunes una embarcación rápida con dos motores fuera de borda que se dirigía hacia la costa sur de la isla.

La detención de la embarcación sospechosa se produjo a 20 millas náuticas al sur de Guayama.

Los agentes de la Marina encontraron 31 fardos de contrabando y cuatro hombres que aseguraron ser ciudadanos de Venezuela y República Dominicana.

El Buro Federal de Investigaciones (FBI) tomó la custodia del contrabando y de las personas para su investigación y enjuiciamiento.

El pasado 23 de noviembre el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, pidió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, más recursos para combatir la entrada de drogas a la isla, tras la muerte de un agente federal en un intercambio de disparos con narcotraficantes.

El gobernador sostuvo, además, que el nivel de violencia que existe en Puerto Rico se debe en gran parte a la ubicación estratégica de la isla, un punto de transbordo para el tráfico de drogas desde América Central y del Sur a EE.UU. EFE

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Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
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