Nacionales
Crimen de adolescente de Yelenny Duarte Hilario que consternó el país
Santo Domingo, R.D.-Crimen que generó horror ocurrido ell 26 de marzo de 2024 se convirtió en una fecha marcada por el horror en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, ya que ese día la joven Yennely Andreina Duarte Hilario, de tan solo 18 años, fue asesinada de manera brutal.
Su muerte estremeció a la población dominicana, no solo por el nivel de violencia que sufrió, sino porque la responsable del crimen fue su propia amiga y expareja, Ammy Hidalgo, quien más tarde se entregaría a las autoridades y confesaría lo ocurrido.
Ayer lunes, tras un proceso judicial cargado de aplazamientos, apelaciones, tensiones y reclamos insistentes de justicia por parte de la familia de la víctima, Ammy Hidalgo fue condenada a 30 años de prisión.
El día del crimen
El 26 de marzo de 2024 Yennely comenzó su día sonriente. Fue al salón, se hizo las uñas y, según sus familiares y vecinos, se le vio contenta. No había ningún indicio de que saldría de su casa por última vez y que marcaría por el resto de su vida a sus allegados.
Cerca de las 7:00 de la noche, Ammy Hiraldo Peña salió de su vivienda conduciendo el KIA Sorento de su padre, comprado en 2021. Dentro del vehículo llevaba amoníaco, un cuchillo y un envase con gasolina, elementos que posteriormente demostrarían la premeditación del crimen.
Ammy había quedado de recoger a Yennely en su casa. Así ocurrió: pasadas las 7:00 de la noche, detuvo el carro frente a la vivienda, apagó el motor y la joven se subió al asiento de copiloto. Cámaras de seguridad captaron el vehículo desplazándose por varias calles hasta dirigirse al callejón de Moncho, en Cotuí, donde sucedería el hecho.
Allí, en esa zona oscura ocurrió la agresión. Ammy le propinó a Yennely más de 40 estocadas, ocasionándole la muerte. Luego roció su cuerpo con gasolina, aunque, no llegó a incendiarlo. Durante el interrogatorio, los agentes le preguntaron si entendía por qué estaba detenida, a lo que respondió:
«Por el homicidio que me acusan de la joven Yennely Duarte Hilario, en el callejón de Moncho, a quien herí con un cuchillo en varias partes del cuerpo.»
También explicó que, tras el ataque, acudió a la Clínica Jacobo porque había resultado herida al intentar esquivar un cuchillo que llevaba la víctima.
El hallazgo del cadáver
Al día siguiente, miércoles 27 de marzo, a las 7:15 a.m., el cuerpo de Yennely fue encontrado en el callejón donde Ammy la había abandonado. Estaba en el suelo, rociado con gasolina y con múltiples heridas.
Junto al cadáver, la policía levantó varias evidencias, entre ellas, un par de sandalias color crema con marrón, marca RealWoman, un pote blanco rotulado como «amoníaco puro«, una toalla roja, manchada de sangre, un pote transparente, ensangrentado, que contenía restos de la gasolina utilizada.
El Inacif confirmó que la joven había sido violada sexualmente, golpeada y recibió más de 40 estocadas, incluyendo en sus genitales. El informe causo impacto y aumentó la indignación en la población.
La confesión
El jueves 28 de marzo, a las 9:33 de la mañana, la madre de la víctima acudió a las autoridades para denunciar formalmente a Ammy Hiraldo Peña. Estaba segura de que ella tenía responsabilidad, pues sabía que su hija había salido con ella la noche anterior.
Ammy terminó entregándose a la policía ese mismo día. A las 2:37 de la tarde fue interrogada y confesó el crimen. Dijo que había actuado porque «no quería estar con ella y ella insistía». Según el entorno de la víctima, Yennely tenía novio y habría rechazado retomar una relación con Ammy.
Un proceso judicial marcado por reclamos de justicia
Desde el comienzo del caso, la familia de Yennely— en especial su padre Wilson Duarte—se mantuvo exigiendo de justicia. El proceso estuvo marcado por aplazamientos, apelaciones, retrasos y cuestionamientos, durante los cuales los familiares insistieron en que Ammy no actuó sola.
Desde el primer día afirmaron que había otra persona involucrada, y sostuvieron esa postura incluso después de que la investigación preliminar señalara solo a Ammy como autora material.
Ayer, luego del veredicto, la madre de la víctima, Yanely Hilario, reiteró su convicción: «estoy segura de que ella no la mató sola, pero existe la justicia divina, y los cómplices la van a pagar.»
La familia sabe que ahora inicia la fase de apelación, pero confía en que las instancias superiores ratificarán la condena.
La audiencia de ayer se desarrolló bajo un estricto dispositivo de seguridad debido a la sensibilidad del caso y a la presión social que generó desde el principio.
Los jueces inalmente sentenciaron a Ammy Hidalgo a 30 años de prisión, pena que cumplirá en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
Santo Domingo, R.D.-Un decomiso maritimo de drogas, uno de los mayores que se producen en el pais, logró la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) la madrugada del pasado contra el narcotráfico en la República Dominicana, producido al sur de Baní en colaboración con Estados Unidos.
El cargamento, que se estima podría superar las dos toneladas, era transportado en una lancha rápida procedente de zona de la Guajira, Colombia. Tras la interdicción, la droga fue trasladada a la base militar de Caldera, en Baní, donde quedó bajo custodia de los organismos de seguridad para los análisis y el proceso judicial correspondiente.
En la operación fueron detenidos seis tripulantes, todos de nacionalidad dominicana.
Su geografía (costas extensas, escasa presencia estatal en amplias áreas y cercanía relativa a rutas marítimas internacionales) ha sido aprovechada por organizaciones criminales para enviar cargamentos hacia Centroamérica y el Caribe, desde donde posteriormente se dirigen al mercado norteamericano.
Autoridades antinarcóticos sostienen que el uso de lanchas rápidas es una modalidad frecuente: embarcaciones livianas, de gran potencia y difícil detección que intentan atravesar el Caribe en pocas horas, para evadir los sistemas de vigilancia.
Según informes la detención fue posible gracias al intercambio de información entre agencias, especialmente datos suministrados por Estados Unidos a los organismos dominicanos, lo que permitió ubicar la embarcación antes de su llegada a nuestro territorio.
Destacan que la cooperación bilateral continúa activa, pese a la suspensión temporal anunciada la semana pasada por la embajada estadounidense respecto a la oficina local de la DEA. Esa medida, según se explicó, no implicó el cese de operaciones conjuntas, sino la separación provisional de agentes bajo investigación por un presunto fraude vinculado al programa de visas.
O sea, los mecanismos de asistencia técnica, intercambio de datos e interdicción marítima permanecen en funcionamiento.
El pasado sábado las autoridades del Ministerio Público y de la DNCD también informaron que persiguen a tres hombres, incluyendo a dos haitianos, en relación a un gran cultivo de marihuana desmantelado en un amplio operativo de seguimiento y vigilancia en un área montañosa de Baní, provincia Peravia.
El operativo se desarrolló con un equipo de fiscales y agentes de la DNCD que contaron con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado y helicópteros de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD).
Las labores de inteligencia llevaron a determinar que varios individuos se dedicaban al cultivo y venta del vegetal, lo cual llevó a poner en marcha un amplio operativo aéreo y terrestre en la zona montañosa de la sección Montería, Baní.
Santo Domingo, R.D.-Un nuevo reglamento emitió la Junta Central Electoral (JCE) mediante el cual busca regular las afiliaciones y desafiliaciones de los partidos.
Las disposiciones generales señalan que el plazo anual establecido para la entrega de duplicados de los registros de afiliados actualizados de los miembros de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos será cada día uno de agosto o el siguiente día hábil, a partir del año 2026.
El reglamento señala que los partidos tendrán la potestad de decidir el procedimiento de registro de sus afiliados, a través de una plataforma digital desarrollada por estos (la cual deberá ser compatible con la JCE y cuya utilización deberá ser notificada por escrito) o de utilizar la plataforma digital desarrollada por el órgano electoral.
El mismo, aprobado por el pleno encabezado por su presidente Román Jáquez Liranzo, la JCE, de común acuerdo con las organizaciones políticas, podrá incorporar las medidas que considere oportunas o necesarias para implementar las iniciativas que faciliten el proceso de afiliación y la comprobación del mismo, incluyendo pruebas de vida técnicamente disponibles en la institución.
La Junta Central Electoral, una vez reciba los registros de afiliados, realizará los cruces pertinentes, para determinar que los mismos cumplen con lo establecido en este artículo y comunicarlo a las respectivas organizaciones.
“La JCE entregará a más tardar cinco días laborables las observaciones detalladas de los casos con los/las ciudadanos/as que no reunieron los requisitos para pertenecer a una organización política”, reseña el documento.
La JCE establece que para afiliarse a un partido, agrupación o movimiento político se requiere ser ciudadano inscrito y habilitado en el Padrón Electoral.
Mientras que no podrán afiliarse a partidos, agrupaciones o movimientos políticos los militares o miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como los jueces del Poder Judicial, Tribunal Superior Electoral (TSE) y Tribunal Constitucional. Tampoco podrán afiliarse los representantes del Ministerio Público, miembros, funcionarios y colaboradores de JCE, juntas electorales, miembros de la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y adjuntos.
Cuando los aspirantes ingresen a esos órganos previamente señalados, deberán presentar una declaración jurada sobre el hecho de estar o no afiliados a un partido, agrupación o movimiento político, con cuya declaración, la institución o el organismo correspondiente, comunicará por escrito tal circunstancia a la JCE y esta al partido, agrupación o movimiento político que corresponda, el cual procederá a cancelar la afiliación de la persona a la organización política.
La afiliación a otro partido, agrupación o movimiento político, el apoyo a otra candidatura contraria, la participación en actividades o la aceptación de candidaturas por otras organizaciones implicarán la renuncia automática a toda afiliación anterior.
“Hacer pronunciamientos en contra de candidaturas de elección popular postuladas por su partido, no producirán la renuncia automática de los militantes que procedieren y que, en caso de que la entidad política en que militan pretendiere sancionarlos, la sanción impuesta solo será válida si fuere dictada con ocasión de un juicio disciplinario llevado a cabo con observancia de las garantías del debido proceso”, indica el documento.
El documento señala que todo afiliado a un partido, agrupación o movimiento político podrá renunciar a él, en cualquier momento, sin expresión de causa.
“La renuncia producirá la desafiliación por el solo hecho de ser presentada al presidente del partido, agrupación o movimiento político, de la cual remitirá copia a través de la Plataforma Digital dispuesta por la Junta Central Electoral dentro de los 30 días calendarios a la fecha de su recepción”, dice la propuesta.
Por igual se indica los afiliados podrá renunciar, en cualquier momento, sin expresión de causa.
La renuncia producirá la desafiliación por el solo hecho de ser presentada al presidente del partido, agrupación o movimiento político, de la cual remitirá copia a través de la Plataforma Digital dispuesta por JCE dentro de los 30 días calendarios a la fecha de su recepción o ante el órgano electoral, quien remitirá copia y el debido reporte con los datos personales de los renunciantes cada 30 días calendario a los partidos, agrupaciones o movimientos políticos correspondientes.
El reglamento realizado por el órgano electoral indica que los partidos, agrupaciones o movimientos políticos realizarán el procedimiento de registro a través de la Plataforma Digital habilitada en la página web de la JCE.
La Dirección de Partidos Políticos otorgará un acceso a cada organización política que haya decidido utilizar la plataforma de la JCE, la cual operará a través y bajo la responsabilidad de un/a Administrador/a, quien tendrá a su cargo crear el/los usuarios/s necesarios para sus registros.
“Los partidos, agrupaciones o movimientos políticos usuarios de la referida plataforma, mediante instancia firmada por su presidente o secretario general, designarán un Administrador/a que será la persona autorizada y responsable de crear el/los usuario/s necesarios para realizar sus registros a través de la Plataforma Digital. El/La Delegado/a Político/a será el/la encargado/a de tramitar dicha designación ante la Junta Central Electoral”, señala el nuevo reglamento.
La plataforma de la JCE operará de forma permanente. En el caso de que la Junta Central Electoral requiera suspender temporalmente dicha Plataforma, se informará por los medios correspondientes a los partidos.
El formato establecido para la entrega del Registro de Afiliaciones, en cumplimiento con lo indicado en la Ley núm. 33-18, contendrá el logo y nombre del Partido, Agrupación o Movimiento Político; el Nombre del/ de la afiliado/a o desafiliado/a; la Cédula de Identidad y Electoral; el municipio /Distrito Municipal que corresponda; el código de circunscripción; la fecha de afiliación y la documentación soporte de las afiliaciones o desafiliaciones.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes la Fuerza de Tarea Conjunta descartó hablar sobre el caso del exsupervisor dominicano de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo durante la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que encabezó el presidente Luis Abinader.
Raful respondió a una pregunta de uno de los periodistas durante la conferencia de prensa celebrada después de la reunión en el Palacio de la Policía Nacional. La funcionaria no amplió sus comentarios sobre este caso.
También asesoraba a las personas en la preparación de su entrevista de visa con funcionarios consulares estadounidenses.
“Cordero se reunió con un ciudadano extranjero y le proporcionó un pasaporte y una visa que le permitían viajar a Estados Unidos a cambio de dinero”, reveló la fiscalía.
Cordero “presuntamente recibió miles de dólares a cambio de ayudar a ciudadanos extranjeros a obtener un visado de no inmigrante que les permitiría visitar Estados Unidos por un período temporal”, indicó la fiscalía federal.
Cordero, de 47 años, estuvo asignado durante seis años a la embajada estadounidense en el país.
“Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo”, añadió.
En 2024, el presidente Abinader otorgó la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero a Cordero, según el decreto 520-24 archivado en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.