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Más de 50 fiscales en Brasil son investigados por sobornos de cárnica BRF

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Agencia Efe

RÍO DE JANEIRO.- Residencias, oficinas e inmuebles de más de medio centenar de fiscales sanitarios fueron allanados este martes por la Policía Federal en nueve estados de Brasil luego de que fueran denunciados por la gigante cárnica BRF, acusada de estar vinculada con una mafia para eludir controles sanitarios de sus productos.

La propia compañía, una de las mayores exportadoras mundiales de carnes, dio a conocer voluntariamente los nombres de 57 fiscales implicados, tras dos años de haberse conocido la existencia de una mafia dedicada a adulterar la fiscalización de calidad de sus productos, lo que acarreó millonarias pérdidas en las exportaciones brasileñas y una crisis económica en la BRF.

En total, un total de 280 policías realizaron 68 allanamientos en 36 ciudades de los estados de Paraná, Sao Paulo, Santa Catalina, Goiás, Mato Grosso, Pará, Río Grande do Sul, Minas Gerais y Río de Janeiro.

De acuerdo con la investigación de la Policía Federal, fueron destinados aproximadamente 19 millones de reales (unos 4,5 millones de dólares) para el pago de coimas por los servicios prestados por los fiscales, los cuales se efectuaron en especie con el cubrimiento de planes de salud, o mediante la realización de contratos ficticios.

Sobornos directos a los fiscales y nombramientos de familiares en la compañía cárnica también hicieron parte de las dádivas otorgadas por la BRF para eludir los controles sanitarios.

Las investigaciones señalaron que estas prácticas ocurrieron hasta 2017, momento en el que pararon luego de una reestructuración interna de la compañía BRF.

Las acciones adelantadas este martes forman parte de la operación “Carne fraca” (cárne débil), con la que en marzo de 2017 autoridades brasileñas desmontaron una organización criminal que salpicó a una treintena de fiscales que flexibilizaban sus inspecciones a los gigantes cárnicos BRF y JBS o no las hacían a cambio de sobornos.

La operación de entonces destapó una mafia integrada por fiscales del propio Ministerio de Agricultura que igualmente adulteraba resultados de inspecciones de alimentos.

Las investigaciones iniciales señalaron que el fraude abarcaba desde cambiar la fecha de vencimiento del embalaje de carne ya caducada hasta inyectar agua en la carne de pollo para alterar el peso o utilizar ácido ascórbico para enmascarar el deterioro de los productos.

Un año después, en 2018, las autoridades encontraron que cinco laboratorios privados acreditados por el ministerio de Agricultura también hacían parte de esta mafia, ofreciendo resultados fraudulentos de los exámenes de calidad que se hacían a las muestras de alimentos.

Los fraudes tenían la complicidad de ejecutivos de BRF y empleados del cuerpo técnico, y de profesionales responsables por el control de la calidad de los productos de la empresa.

El objetivo principal del fraude, según explicaron entonces las autoridades, era esconder la presencia de resultados positivos para el grupo de bacterias Salmonella en los alimentos inspeccionados.

El escándalo de entonces llevó a países como China, Corea del Sur, Chile, Hong Kong, Japón, Suiza, México, Sudáfrica y la Unión Europea (UE) a anunciar restricciones temporales a las importaciones de carnes brasileñas, que en su mayoría ya fueron levantadas, y provocó millonarias pérdidas a importantes exportadoras brasileñas de alimentos.

BRF entró entonces en una profunda crisis económica con pérdidas que llegaron a los 1.100 millones de reales en 2017 (hoy 268 millones de dólares), y en 2018 el perjuicio ascendió a 4.400 millones de reales (unos 1.073 millones de dólares).

En febrero de este año el gigante cárnico vendió el 100 % de sus acciones en sociedades de Europa y Tailandia al grupo Tyson International por 340 millones de dólares.

El negocio se enmarcó en el programa de venta de activos que la BRF ha impulsado desde mediados del año pasado para superar la grave crisis económica que atraviesa. 

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Estados Unidos levanta las sanciones contra la líder venezolana Delcy Rodríguez

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Estados Unidos levantó el miércoles las sanciones contra la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder después de que Washington derrocara a su predecesor, Nicolás Maduro, en una operación militar en enero.

Según una publicación en el sitio web de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el nombre de Rodríguez fue eliminado de la «Lista de Nacionales Especialmente Designados».

Rodríguez celebró la decisión y escribió en X que formaba parte de la «normalización y fortalecimiento» de las relaciones bilaterales.

Las relaciones entre Washington y Caracas se han estrechado desde el derrocamiento de Maduro, y Rodríguez ha accedido a las exigencias del presidente estadounidense Donald Trump de que Caracas abra su industria energética a las empresas estadounidenses.

Rodríguez fue vicepresidente de Maduro y fue sancionado por Washington por ser un funcionario clave en su gobierno, junto con otros funcionarios como el exministro de Defensa Vladimir Padrino López y el ministro del Interior Diosdado Cabello.

Rodríguez despidió a López a mediados de marzo, pero ella ha tenido que mantenerse en una posición delicada entre las exigencias de Washington y las de sus propios partidarios desde el derrocamiento de Maduro.

Cabello, que sigue en el cargo, es considerada una de sus principales partidarias.

El lunes, la embajada de Estados Unidos en Caracas reanudó sus operaciones tras permanecer cerrada durante siete años, según informó el Departamento de Estado.
La reapertura se produjo tras la operación militar estadounidense que detuvo a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas el 3 de enero, y los trasladó a Nueva York para que se enfrentaran a cargos de narcotráfico que ellos niegan.

Según las autoridades venezolanas, la operación causó la m

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“Si cruzan el río, serán enjuiciados”: altavoces alertan a migrantes en travesía para entrar a EEUU

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Texas, Estados Unidos.-“Atención: el río es una zona militarizada. Una regla de seguridad, de propiedad de defensa, que prohíbe la entrada por el río. Entrando por esta área constituye una violación de esta regla. Si cruzan el río, estarán entrando ilegalmente y serán enjuiciados”.

La advertencia irrumpe en el silencio del amanecer. Se transmite desde altavoces de alta potencia instalados en puntos estratégicos del Valle del Río Grande, en el sur de Texas. Su alcance es tal que puede escucharse desde territorio mexicano, a varios kilómetros de distancia.

El mensaje se repite cada minuto, sin parar. Su propósito es frenar a quienes intentan cruzar de manera irregular la frontera sur entre Estados Unidos y México.

Es jueves. Son las 7:11 de la mañana en Granjeno, Texas. El sol aún no sale. Un grupo de periodistas latinoamericanos, acompañado por agentes migratorios, observa uno de estos altavoces durante un recorrido por la frontera sur.

“Por aquí cruzan muchos (migrantes)”, dice la oficial Susana González, especialista de la Oficina Asuntos Públicos de la Patrulla Fronteriza.

Frontera sur de Estados Unidos.

Frontera sur de Estados Unidos.Sauro Scalella/ LD

 

Los altavoces están instalados en torres verticales sobre pequeños remolques.

Además de emitir ese tipo de alertas, las torres también funcionan como sistemas de rescate. Con solo presionar un botón rojo, se activa una señal hacia la Patrulla Fronteriza, mientras una voz automatizada responde en 10 idiomas —entre ellos español, inglés, mandarín y portugués—: “Por favor, mantenga la calma. La ayuda está en camino. Es importante que no se vaya”.

En total, hay 79 torres desplegadas en el sector, según datos oficiales.

El sistema está diseñado para asistir a cualquier persona en peligro, especialmente migrantes que enfrentan situaciones críticas como la deshidratación. En lo que va de 2026, la Patrulla Fronteriza ha encontrado al menos 15 cuerpos a lo largo del valle, una cifra que ya supera la registrada en todo el año fiscal 2025, cuando se localizaron ocho.

El sector del Valle del Río Grande ha sido durante muchos años uno de los principales puntos de entrada para migrantes provenientes de Centroamericana y Sudamérica.

Hace apenas tres o cuatro años, la Patrulla Fronteriza detenía entre 2,000 y 3,000 personas al día en esta zona, explica Rod Kise, portavoz de la Oficina de Asuntos Públicos de la agencia federal en ese sector.

Hoy, el panorama es distinto.

Tras el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, el flujo ha disminuido drásticamente.

El muro que construye la gestión del presidente Donald Trump es más alto y robusto que los anteriores

El muro que construye la gestión del presidente Donald Trump es más alto y robusto que los anterioressauro scalella/ld.

 

“Ahora estamos viendo entre 50 y 70 migrantes diarios”, señala Kise. “Desde que esta administración comenzó, los números han bajado considerablemente”.

Aun así, el Valle del Río Grande continúa siendo el sector con mayor número de detenciones. En lo que va del año fiscal, las autoridades han arrestado a 5,832 migrantes en esta área, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La mayoría proviene de México.

Entre ellos, también hay dominicanos: al menos 28 han sido detenidos en el año fiscal 2026 tras intentar cruzar ilegalmente las aguas del río Bravo, según Kise.

Los periodistas también recorren un tramo abierto en la ribera del río Bravo, justo debajo del puente internacional McAllen-Hidalgo, que conecta con Reynosa, en Tamaulipas, México.

El paisaje es rural: hierba alta, matorrales y un camino marcado que desemboca en el río por donde migrantes ya han cruzado irregularmente, según las autoridades. En el suelo quedan rastros de ese cruce silencioso.

“Podemos observar aquí un poco de basura. Lo que normalmente las personas cargan: agua, algún tipo de comida, sueros. Esta es basura que queda de toda la actividad (migratoria) que vemos aquí”, explica González, mientras ilumina el área con un foco.

Susana González, especialista de la Oficina Asuntos Públicos de la Patrulla Fronteriza.

Susana González, especialista de la Oficina Asuntos Públicos de la Patrulla Fronteriza.Sauro Scalella/LD.

 

Al otro lado de la orilla, ya en territorio mexicano, González señala que, aunque algunas personas aparentan estar pescando o simplemente pasando el rato, en muchos casos “están vigilando el movimiento” de los agentes para “informar si va a cruzar un grupo” de migrantes.

Quienes logran cruzar el río Bravo se enfrentan a otro desafío. Del otro lado les espera un terreno seco y difícil, lleno de plantas con espinas y animales salvajes como víboras, insectos, garrapatas e incluso ocelotes.

En medio de ese entorno, los agentes de la Patrulla Fronteriza buscan señales que indiquen por dónde han pasado los migrantes. González lo explica: “Nos enfocamos en las ramitas de los árboles. Si está rota en una dirección. Son detalles que son parte de nuestro entrenamiento y los vamos mejorando día a día”.

Las huellas también son importantes. Por la forma y lo recientes que se vean, los agentes pueden saber si alguien pasó por algún lado hace poco. Pero muchos migrantes intentan evitar ser detectados colocando cartón en la suela de sus zapatos, para no dejar marcas en el suelo.

El río, sin embargo, cuenta con sensores de movimiento y gran parte del valle está cubierto por cámaras de vigilancia que operan las 24 horas. A esto se suma un sistema de monitoreo constante.

“Desde el primer nivel contamos con sensores a lo largo del monte que mandan la señal (de movimiento). Otro nivel viene siendo el sistema de cámaras ubicadas (por ejemplo) en el puente. También tenemos las torres (de vigilancia). Y también contamos con asistencia de helicópteros”, detalla González.

A nivel general, en todas las zonas fronterizas, las autoridades estadounidenses han detenido 27,879 migrantes durante el presente año fiscal, de los cuales 18,900 son mexicanos.

La visita de los reporteros internacionales formó parte de un programa de cobertura sobre inmigración organizado por el Departamento de Estado estadounidense y la firma de periodismo Inquire First, que se extendió por una semana.

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Israel dice haber atacado instalaciones de producción de armas y cuarteles en Teherán

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EFE
El Ejército de Israel dijo este domingo que lanzó durante la noche una nueva oleada de ataques «a gran escala» en Teherán contra instalaciones de producción de armas, cuarteles generales y una base militar de entrenamiento de soldados.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continúan intensificando su impacto operativo en los sistemas y capacidades militares del régimen», recoge el comunicado castrense.

El Ejército asegura que, entre las instalaciones atacadas, se encuentra una base militar iraní utilizada para el entrenamiento de soldados; una instalación de producción y almacenamiento de armas del Ministerio de Defensa y al menos un cuartel general del Ministerio de Inteligencia iraní.

Impacto de los ataques en Tel Aviv

En lo que va de domingo, Irán ha lanzado al menos siete oleadas de ataques con misiles que han afectado sobre todo el área metropolitana de Tel Aviv (centro del país), con la caída de fragmentos y munición de racimo en carreteras, un edificio residencial y un coche, confirmó el Ejército a EFE e informaron los equipos de emergencias.

Estos ataques han causado un herido moderado y otros 14 leves, según informó el Magen David Adom, el servicio de Emergencias de Israel (MDA).

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