Internacionales
Más de 50 fiscales en Brasil son investigados por sobornos de cárnica BRF
Agencia Efe
RÍO DE JANEIRO.- Residencias, oficinas e inmuebles de más de medio centenar de fiscales sanitarios fueron allanados este martes por la Policía Federal en nueve estados de Brasil luego de que fueran denunciados por la gigante cárnica BRF, acusada de estar vinculada con una mafia para eludir controles sanitarios de sus productos.
La propia compañía, una de las mayores exportadoras mundiales de carnes, dio a conocer voluntariamente los nombres de 57 fiscales implicados, tras dos años de haberse conocido la existencia de una mafia dedicada a adulterar la fiscalización de calidad de sus productos, lo que acarreó millonarias pérdidas en las exportaciones brasileñas y una crisis económica en la BRF.
En total, un total de 280 policías realizaron 68 allanamientos en 36 ciudades de los estados de Paraná, Sao Paulo, Santa Catalina, Goiás, Mato Grosso, Pará, Río Grande do Sul, Minas Gerais y Río de Janeiro.
De acuerdo con la investigación de la Policía Federal, fueron destinados aproximadamente 19 millones de reales (unos 4,5 millones de dólares) para el pago de coimas por los servicios prestados por los fiscales, los cuales se efectuaron en especie con el cubrimiento de planes de salud, o mediante la realización de contratos ficticios.
Sobornos directos a los fiscales y nombramientos de familiares en la compañía cárnica también hicieron parte de las dádivas otorgadas por la BRF para eludir los controles sanitarios.
Las investigaciones señalaron que estas prácticas ocurrieron hasta 2017, momento en el que pararon luego de una reestructuración interna de la compañía BRF.
Las acciones adelantadas este martes forman parte de la operación “Carne fraca” (cárne débil), con la que en marzo de 2017 autoridades brasileñas desmontaron una organización criminal que salpicó a una treintena de fiscales que flexibilizaban sus inspecciones a los gigantes cárnicos BRF y JBS o no las hacían a cambio de sobornos.
La operación de entonces destapó una mafia integrada por fiscales del propio Ministerio de Agricultura que igualmente adulteraba resultados de inspecciones de alimentos.
Las investigaciones iniciales señalaron que el fraude abarcaba desde cambiar la fecha de vencimiento del embalaje de carne ya caducada hasta inyectar agua en la carne de pollo para alterar el peso o utilizar ácido ascórbico para enmascarar el deterioro de los productos.
Un año después, en 2018, las autoridades encontraron que cinco laboratorios privados acreditados por el ministerio de Agricultura también hacían parte de esta mafia, ofreciendo resultados fraudulentos de los exámenes de calidad que se hacían a las muestras de alimentos.
Los fraudes tenían la complicidad de ejecutivos de BRF y empleados del cuerpo técnico, y de profesionales responsables por el control de la calidad de los productos de la empresa.
El objetivo principal del fraude, según explicaron entonces las autoridades, era esconder la presencia de resultados positivos para el grupo de bacterias Salmonella en los alimentos inspeccionados.
El escándalo de entonces llevó a países como China, Corea del Sur, Chile, Hong Kong, Japón, Suiza, México, Sudáfrica y la Unión Europea (UE) a anunciar restricciones temporales a las importaciones de carnes brasileñas, que en su mayoría ya fueron levantadas, y provocó millonarias pérdidas a importantes exportadoras brasileñas de alimentos.
BRF entró entonces en una profunda crisis económica con pérdidas que llegaron a los 1.100 millones de reales en 2017 (hoy 268 millones de dólares), y en 2018 el perjuicio ascendió a 4.400 millones de reales (unos 1.073 millones de dólares).
En febrero de este año el gigante cárnico vendió el 100 % de sus acciones en sociedades de Europa y Tailandia al grupo Tyson International por 340 millones de dólares.
El negocio se enmarcó en el programa de venta de activos que la BRF ha impulsado desde mediados del año pasado para superar la grave crisis económica que atraviesa.
Internacionales
Candidato de Trump a fiscal general defiende la gestión del caso Epstein ante el Senado
Washington, (EFE).- El fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche, nominado por el presidente, Donald Trump, para ocupar el cargo de manera permanente, defendió este miércoles la gestión del Departamento de Justicia en la divulgación de los papeles del caso de Jeffrey Epstein, durante su sesión de confirmación ante el Senado.
Subrayó que «no hay investigaciones cerradas» y que, aunque no existen de momento pruebas nuevas, revisarán la nueva información que surja.
«Si nos enteramos hoy, la semana que viene o el mes que viene de que existe un individuo al que podamos investigar, imputar y procesar a raíz de los archivos de Epstein, tengan por seguro que lo haremos», prometió Blanche, quien agregó que «jamás» dejarán de escuchar a las víctimas.
También insistió en que los papeles del caso Epstein fueron publicados gracias al compromiso de la Administración Trump con la transparencia.
La polémica sobre el caso del financiero y examigo de Trump, estalló después de que el Departamento de Justicia informara hace un año que no publicaría más información sobre el pederasta y asegurara que este no contaba con una lista de clientes famosos a los que chantajeaba, como afirman varias teorías conspirativas.
Aunque en un principio se mostró furioso con quienes pedían la publicación de todos los documentos, el mandatario rectificó y firmó la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein tras comprobar el fuerte apoyo del Congreso.
También fue el encargado de encabezar un interrogatorio en prisión con Ghislaine Maxwell, expareja y principal colaboradora de Epstein.
Blanche también fue interrogado sobre el polémico fondo multimillonario para compensar a sus aliados de Trump que fueron investigados durante el Gobierno de su predecesor, Joe Biden.
Tras la sesión de este miércoles, el Comité Judicial del Senado deliberará si recomendar su candidatura para un voto en el pleno.
Internacionales
Más de 113 millones de personas en riesgo por el peor día de la ola de calor en Estados Unidos
Agencia EFE
Estados Unidos vive este miércoles el peor día de la ola de calor con más de 113 millones de personas en riesgo «mayor» o «extremo», especialmente en el norte y el noreste del país, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).
La autoridad meteorológica advirtió en su último boletín de «calor y humedad anómalos» en el norte y medio oeste de EE.UU., que se extenderá hacia el noreste en los próximos días y dejará temperaturas de entre 32 y 38 grados centígrados.
Además, emitió este miércoles un aviso de calor «mayor» que afecta a las 113,8 millones de personas que residen en una amplia franja de terreno desde las Dakotas hasta Virginia, incluyendo a metrópolis como Chicago o Nueva York. Puntos aislados de California y Florida también están afectados.
Casi dos millones de personas, en las Dakotas, viven esta jornada bajo aviso «extremo«, que extiende el peligro a las infraestructuras y durante la noche.
El organismo prevé que las condiciones de calor abandone los núcleos más poblados a partir del jueves, día en que ambos avisos afectarán a 95 millones de habitantes, mientras que esa cifra se reducirá a 66 millones el viernes y a 33 millones el sábado, principalmente en el sureste del país.
Aparte del calor, regiones de Texas, Nuevo México y Montana se encuentran hoy bajo alerta por inundaciones, a causa de fuertes tormentas.
En Texas, el NWS advierte de «acumulaciones totales de entre 6 y 8 pulgadas (entre 15 y 20 centímetros), con la posibilidad de superar las 10 pulgadas (25 centímetros) en algunas zonas durante los próximos días«, con riesgo de «peligrosas inundaciones repentinas».
Estados Unidos.-La Corte Suprema de Estados Unidos consideró este martes ilegal la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, para limitar la ciudadanía de personas nacidas en territorio estadounidense como hijos de padres indocumentados o con visados temporales, un derecho que la corte considera consagrado en la Constitución.
El dictamen reconoce que «los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están ‘sujetos a la jurisdicción'» por lo que «son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda».
La decisión fue adoptada por cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados que componen la corte y mantiene una interpretación de la Constitución que durante más de 150 años considera estadounidense a casi cualquier persona —existen excepciones como los hijos de funcionarios diplomáticos— que nazca dentro de la nación.
Otros tres jueces considerados conservadores disintieron del voto de la mayoría al no reconocer la ciudadanía por nacimiento «totalmente» automática.
Trump había prometido en campaña limitar la ciudadanía automática para hijos de migrantes irregulares, una medida que firmó el mismo día en que asumió su segundo mandato, el 20 de enero de 2025 y que inauguró un periodo de restrictivas políticas antimigratorias.
Trump acudió el pasado mes de abril a la sesión pública de la Corte Suprema en la que se debatió la legalidad de la orden, la primera vez que un mandatario estadounidense en ejercicio presencia argumentos orales ante el alto tribunal.
El mandatario estadounidense ha argumentado que la Decimocuarta Enmienda se ha malinterpretado y ha asegurado que EE. UU. es el único país que otorga el derecho de ciudadanía de manera automática cuando en su suelo, un argumento falso, puesto que una treintena de países en todo el mundo también reconocen ese derecho.