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Los incidentes de los abogados que participan en el caso Medusa han prologando el proceso a más cuatro años.

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Santo Domingo, R.D.-Ya cumple cuatro años, seis meses y 28 días  el proceso judicial seguido contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros implicados en el caso Medusa, acusados de un presunto desfalco superior a RD$6,000 millones al Estado dominicano.

El cómputo inicia desde el 13 de julio de 2021, fecha en que se dictó la medida de coerción contra los imputados. Sin embargo, hasta la fecha, el Ministerio Público no ha iniciado la lectura formal de la acusación, debido a múltiples incidentes y tácticas procesales presentadas por los abogados de la defensa.

El juicio se conoce ante las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la magistrada Claribel Nivar. El más reciente incidente ocurrió cuando dicho tribunal decidió fusionar nuevamente la acusación contra Altagracia Guillén, señalada en el entramado de corrupción del caso Medusa, con el expediente principal que encabeza Jean Alain Rodríguez.

Se espera que este miércoles el Ministerio Público finalmente inicie la lectura de la acusación contra los imputados del caso Medusa, que la jueza del tribunal aplazo para esa fecha el juicio.

Este plazo solo puede extenderse por 12 meses adicionales en caso de sentencia condenatoria, a fin de permitir la tramitación de los recursos correspondientes.

No obstante, la normativa establece que los períodos de suspensión causados por dilaciones indebidas o tácticas dilatorias provocadas por los imputados y sus defensas no se computan dentro de ese plazo.

Asimismo, la fuga o rebeldía de un imputado interrumpe el cómputo del tiempo procesal, el cual se reinicia una vez comparezca o sea arrestado.

El abogado Joaquín Zapata sostuvo que el proceso debería ser declarado extinta la acción penal por vencimiento del plazo máximo, aunque reconoció que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no ha fijado una posición constante sobre este tema.

Recordó que una situación similar ocurrió en el caso Odebrecht, donde, pese a plantearse la extinción de la acción penal por vencimiento del proceso, la Suprema Corte optó por resolver el expediente por otra vía procesal.

“Desde el punto de vista doctrinal y conforme al debido proceso, debe declararse la extinción de la acción penal, pero habrá que esperar cuál será la posición que asuma la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia”, expresó Zapata.

Por su parte, el jurista Jaime Caonabo Terrero manifestó que ha llegado a la conclusión de que el Ministerio Público prioriza la mediatización de los procesos en los medios de comunicación, en lugar de concluirlos de manera efectiva en los tribunales.

“Solo hay que ver las solicitudes de medidas de coerción: el caso Medusa tiene 12,274 páginas, Senasa 535 páginas, con listas extensas de testigos y pruebas periciales y documentales, como si se tratara de juicios de fondo. Aun así, solicitan que los procesos sean declarados complejos para disponer de más tiempo”, señaló.

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fue apoderado del proceso el 3 de mayo de 2025, luego de que el 25 de febrero de 2025 la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogiera una recusación contra los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado, que había sido apoderado el 7 de agosto de 2024.

La recusación fue interpuesta el 29 de enero de 2025 por los abogados de Jean Alain Rodríguez, principal imputado del caso Medusa.

Los implicados fueron enviados a juicio el 28 de junio de 2024 por el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Durante la audiencia preliminar, 25 imputados llegaron a acuerdos con el Ministerio Público, admitiendo los hechos que se les imputaban.

Previamente, el 26 de julio de 2022, el juez Amauris Martínez fue apoderado para conocer la audiencia preliminar contra 63 imputados, incluidos 42 personas físicas y varias empresas.

El 13 de julio de 2021, la jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva contra Jean Alain Rodríguez y otros tres implicados en la denominada Operación Medusa, además de declarar el proceso como complejo.

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Por efecto de vaguada declaran 21 provincias en alerta amarilla y 7 en verde.

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SANTO DOMINGO.- Fueron aumentada 20 provincias y el  Distrito Nacional en alerta amarilla y se mantienen siete en verde, ya que continuarán las lluvias como consecuencia de una vaguada y del  colentamiento diurno, segun  el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)

Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte(el Bajo Yuna), El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.

Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y Azúa.

Más de 500 mil usuarios recuperan servicio agua potable tras lluvias, informa el COE

Más de 500 mil usuarios recuperan servicio agua potable tras lluvias, informa el COE

En ese sentido, el organismo recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, en la costa atlántica, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso.

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PC le solicitó a Jean Alain perjudicar a personas durante su gestión, según lo denunció el ex-procurador.

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Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, atacó nueva vez el octavo informe de Participación Ciudadana relacionado al retraso del caso de corrupción que lo vincula, señalando a esa organización de haberle propuesto, durante su gestión, hacerles daño a personas.

Al acusar al movimiento no partidista de buscar congraciarse con el Ministerio Público y los poderes políticos para beneficio propio, dijo que durante su gestión como procurador general los miembros de esa entidad hicieron lo mismo.

«Yo tuve que lidiar con Participación Ciudadana, y Pancho Álvarez iba a mi despacho, iban a mi despacho como lo hacen ahora, iban de forma clara y precisa, a preguntar ¿cómo te ayudó, qué quieres que diga?, sin importar si era cierto o no. Por suerte, durante ese periodo nunca le pedí nada incorrecto», afirmó.

  • El exprocurador general, imputado de encabezar una red que estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos, sostuvo que incluso se le «pedía que le hiciera daños a personas» o que se les citara, sin importar si estas eran inocentes.

Pancho Álvarez: Haría bien en presentar pruebasEl actual coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, respondió a la acusación que le hace a ese movimiento no partidista y a él mismo el exprocurador general, recomendándole a este que presente las pruebas de sus imputaciones y así le «haría bien» al paísSostuvo que, como abogado, en una de dos ocasiones acudió donde Rodríguez para tratarle un caso que manejaba como profesional del derecho, pero que «por suerte» lo acompañó un «prestigioso colega».

«En otra ocasión lo visité para tratarle el caso de Odebrecht y solicitarle que enviara fiscales a Brasil para interrogar a los ejecutivos de esa empresa relacionados con República Dominicana».

Cuando fue por el caso Odebrecht, investigaciones que se realizó en las gestión de Jean Alain, dijo que también en esa oportunidad no lo visitó solo. «Estaban conmigo algunos compañeros de PC. No nos complació».

Jean Alain insistió este jueves que la acusación de corrupción en su contra se hizo preparada «con odio» y  «con rencor», así como por interés político.

Defendió los incidentes que su equipo de abogados planifican presentar en el juicio de fondo porque, según asevera, lo que busca es defender su inocencia amparado en las garantías que le ofrece la Constitución y las leyes.

Los juristas reiteraron que el proceso de persecución contra su cliente se inició en agosto del 2020, inmediatamente después de tomar posesión en su primer gobierno el presidente Luis Abinader y se le sustituyó como exprocurador general a Jean Alain por Miriam Germán Brito. Por esa razón sostienen que el caso va a cumplir los seis años.

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Fijan lectura de sentencia del caso Coral para el 15 de junio.

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Santo Domingo, R.D.-Fue dejado en estado  de fallo el juicio  seguido  contra altos oficiales militares, policiales y civiles por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuyos  implicados en el presunto entramado de corrupción administrativa fueron procesados tras haber sido desarticulada la red mediante las operaciones Coral y Coral 5G.

El tribunal integrado por las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yune y Jissel Naranjo, decidió reservarse el veredicto, para el 15 de junio a las 3:00 de la tarde.

La magistrada Gisselle Méndez destacó que el tribunal recibió todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes, asegurando que se ha cumplido con el debido proceso para garantizar una decisión apegada a la ley.

La jueza sostuvo que quedaban cerrados los debates y que de acuerdo a los artículos 338 y 377, numeral cinco del Código Procesal Penal, este último establece que si el debate se excedió por más de 30 días en este caso, el juicio inició el pasado 27 de junio de 2024, el plazo de la deliberación es de 40 días.

El Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a un equipo de fiscales, solicitó al tribunal condenas que oscilan entre los cinco y 20 años de prisión. Además, el órgano persecutor requiere el decomiso de bienes millonarios, alegando que fueron adquiridos con fondos sustraídos del erario.

A esta petición se sumaron los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), quienes representan al Estado dominicano como parte civil, solicitando la reparación económica por los daños causados.

Los abogados defensores de los encartados solicitaron al tribunal una sentencia de absolución total.

Los abogados argumentaron que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones ni destruir la presunción de inocencia de sus representados, calificando las pruebas presentadas como insuficientes para una condena.

El caso Coral involucra una supuesta red criminal que habría sustraído más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. Entre los principales acusados figuran los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.

También figuran en el expediente Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.

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