Latinoamericanas
Más de un millón de personas marchan por las calles de Chile
AP
Algunos ondeaban banderas del país. Otros hacían sonar pitos. Miles mostraban ayer carteles y también había quien golpeaba ollas y sartenes para hacer sonar su sentir.
En lo que fueron horas de un virtual carnaval, se vio a algunos con disfraces del dibujo animado Picachú y de un tiranosaurio Rex.
De norte a sur, las protestan pacíficas hacían eco entre sí en el octavo día de marchas contra el gobierno de Sebastián Piñera, que han dejado al menos 19 muertos.
La concentración en la plaza principal de Santiago fue inédita. La intendenta –gobernadora– Karla Rubilar, al finalizar la marcha cifró los manifestantes en más de 1,2 millones de personas. «Aquí está marchando todo Chile, son diferentes dolores, con diferentes tristezas, pero con mucha esperanza», declaró.
«La multitudinaria, alegre y pacífica marcha hoy, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro y esperanza. Todos hemos escuchado el mensaje. Todos hemos cambiado», tuiteó por la noche el mandatario.
En la capital chilena se observaban adultos mayores, jóvenes, padres con sus hijos, estudiantes, profesionales y obreros que empezaron a retirarse cuando cayó la noche, momentos en que pequeños grupos trataron de acercarse al palacio de gobierno y fueron rechazados con bombas lacrimógenas y chorros de agua.
Encapuchados levantaron barricadas encendidas a unas dos cuadras del corazón de la manifestación, apedrearon ventanas y a los policía antimotines, que empezó a usar balines de goma para dispersarlos.
El regreso a casa era difícil porque el subterráneo fue destruido parcialmente tras el estallido de violentas protestas que siguieron a las manifestaciones de estudiantes que rechazaron un alza tarifaria en el metro. Tampoco había transporte público en una ciudad en estado de emergencia, al igual que la mayor parte del país.
El toque de en esta urbe de siete millones de personas fue retrasado en una hora, a las once de la noche. En ciudades del interior también fue retrasado.
Los manifestantes expresan demandas de mejores salarios, jubilaciones y educación, expresadas por una masa sin voceros ni organización aparente.
La analista Marta Lagos, directora de Latinobarómetro, dijo a The Associated Press dijo que la magnitud es inédita, nunca vista durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) ni desde el restablecimiento de la democracia.
Más temprano, en el vecino puerto de Valparaíso fue evacuado el Congreso chileno, por primera vez desde que se reabrió en 1990 tras el fin de la sangrienta dictadura que dejó más de 40.000 víctimas, incluidos 3.069 asesinados.
La evacuación se produjo luego que centenares de manifestantes intentaron pasar su perímetro de seguridad por lo que fueron violentamente reprimidos, mientras encapuchados apedrearon a los policías y levantaron barricadas.
La víspera el Congreso aprobó un proyecto de ley que rebaja las tarifas eléctricas y fue enviado por Piñera, quien firmó el viernes una nueva iniciativa para mejorar levemente las pensiones de los más pobres. No obstante, estas medidas no han logrado frenar las protestas.
En Valparaíso se reunieron casi 100.000 personas.
Para algunos analistas, el panorama podría complicarse aún más. «Después de lo que hoy vimos en las calles de Santiago, es difícil imaginar una salida que no involucre la renuncia de Piñera y nuevas elecciones», dijo la AP la académica Jenny Pribble, del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Richmond, Estados Unidos.
Un paro de camioneros y de medio centenar de recorridos del transporte público complicaba la situación de la periferia sur de Santiago.
Los camiones circularon el viernes lentamente por la ruta que une a este largo país –de 4.300 con kilómetros de largo y en promedio 180 de ancho– en una protesta a la que se sumaron automovilistas y motociclistas que ondeaban banderas chilenas y letreros que decían «No+TAG», un peaje que se paga en autopistas y carreteras construidas por privados.
En las autopistas de la capital chilena, los automovilistas pagan en promedio entre 35 y 130 dólares mensuales, dependiendo del uso. Los camiones pagan valores muy superiores por sus largos trayectos.
El subterráneo movía a 2,4 millones de personas a diario en sus seis líneas. El viernes sólo funcionaba el 39% de sus estaciones. Las autoridades estiman que volverá a estar totalmente operativo en casi un año.
En la ciudad unos 4.000 autobuses reforzaron el transporte después del estallido social que siguió a las protestas de los estudiantes por un alza en las tarifas del metro y que derivaron en violentos saqueos e incendios de supermercados, farmacias, grandes tiendas y pequeños comercios, seguidos de multitudinarias manifestaciones en todo el país, que tiene a 12 de sus 16 regiones en estado de emergencia y con toque de queda.
La agenda social anunciada a mitad de semana por Piñera incluye un aumento del 20% en las pensiones y del 16% en los ingresos mínimos, proyectos para rebajar los precios de los medicamentos -que en Chile son de los más altos en la región-, y rebajas en los ingresos de los parlamentarios, que reciben hasta 14.000 dólares mensuales.
El viernes el mandatario firmó un proyecto que dispone un alza de 30 dólares a las pensiones de los más desposeídos que promedian los 150 dólares y que favorecerá a unas 600.000 personas. Los adultos mayores en Chile superan los dos millones de los 18 millones de habitantes.
La mayoría de los chilenos gana de 400.000 a 500.000 pesos (entre 562 y 762 dólares), que no cubren las necesidades básicas.
Lagos, la directora de Latinobarómetro, dijo a la AP que «esta crisis se soluciona con política, no con una lista de supermercado de políticas sociales». Añadió que «los fondos no están, por eso no se puede hacer sino que política, aquí tiene que haber un liderazgo que entregue una agenda distinta, con caras distintas, que sean creíbles… y que sean capaces de interpretar y conducir a la población».
Muchas de las manifestaciones han sido fuertemente reprimidas y aumentan las denuncias de abusos por parte de la policía.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, anunció la víspera que enviará a Chile una comisión para examinar las denuncias de violaciones a los derechos humanos después que Piñera la invitó a visitar el país. Sus representantes son esperados el lunes en Santiago.
En tanto, Amnistía Internacional anunció el viernes el envío de un equipo para documentar «las graves violaciones a los derechos humanos y posibles crímenes de derecho internacional que se están cometiendo por agentes del Estado», dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de esa organización.
Agencia AFP
Perú.-El resultado de la elección presidencial de Perú era aún incierto este lunes, con la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez en empate técnico para convertirse en el noveno mandatario del país en una década.
Con más del 93% de las actas escrutadas, Fujimori reunía el 50,02% de los votos, frente a un 49,98% de Sánchez.
Esa ventaja de menos de medio punto corre el riesgo de evaporarse a medida que sigan llegando los votos de las zonas rurales, donde Sánchez ha dominado. Para declarar un ganador deberán además ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 400.000 votos, lo que puede llevar días.
Ondeando banderas de sus partidos, miles de seguidores se congregaron el domingo en dos sectores de la capital peruana para celebrar por adelantado a sus candidatos.
«Tenemos que esperar hasta el final. Lo que corresponde en estos momentos es paciencia y serenidad. Vamos a respetar el resultado sea cual sea», dijo Fujimori a la prensa este lunes al salir de su vivienda.
Entre cantos de «¡Sí se pudo!», Sánchez dijo reconocer que hay un «empate». «Que prosiga el conteo en los estándares de una elección transparente», expresó la noche del domingo en una plaza ante cientos de seguidores.
En su cuarto intento de llegar a la presidencia, la hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) se enfrentó a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso por un fallido autogolpe de Estado en 2022.
Muchos dijeron esperar que las elecciones pongan fin a la criminalidad que azota al país y la turbulencia política que dejó al Perú con ocho presidentes desde 2016.
«Es un empate técnico, está para cualquiera. Es un resultado que se puede revertir en las siguientes horas, no se está hablando todavía de ganador o ganadora», aseguró este lunes a la AFP el especialista en temas electorales José Tello.
– Festejos en los dos bandos –
Administradora de 51 años, Fujimori apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía y derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
«Estoy alegre porque sé que va a hacer un buen gobierno. ¿Por qué? Porque ella quiere limpiar la imagen de su padre», aseguró Gladys Silva, ama de casa de 56 años, en la concentración en Lima.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó al expresidente Castillo. Como lealtad, lleva el sombrero campesino que le regaló, prometió indultarlo, y lo visitó el domingo en la cárcel.
«Queremos un cambio porque estamos cansados de la corrupción, del fujimorismo que maneja al país como su chacra (hacienda)», dijo Marlene Veramendi, de 46 años, en el otro festejo.
La votación, a la que estuvieron llamados 27 millones de electores, transcurrió sin incidentes a diferencia de la caótica primera ronda de abril.
– «Débil legitimidad» –
Keiko, como la llaman, prometió «orden» y prosperidad, y advirtió del peligro del «comunismo».
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso -donde ella tiene influencia- que derriba presidentes.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana tendría inmunidad, pero quedaría vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
«El ganador tendrá a la mitad del país en contra y una débil legitimidad» por lo que, sin mayoría legislativa, deberá «construir una coalición para gobernar», dijo a la AFP el politólogo Paulo Vilca.
El vencedor sustituirá, a partir del 28 de julio, al presidente interino José María Balcázar por un mandato de cinco años.
– Delincuencia imparable –
Pese al hartazgo político, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad. Han proliferado las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentaron nueve veces en cinco años.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar con la criminalidad con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propuso encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de las élites políticas con los criminales.
Su base social está en el campo empobrecido, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, donde la tasa de homicidios se triplicó entre 2020 y 2025, hasta los 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4%. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori aboga por el neoliberalismo y la atracción de inversiones, y Sánchez ofreció alzas salariales y una economía más estatal.
Agencia AFP
Perú.-La derechista Keiko Fujimori aventaja levemente al izquieridista Roberto Sánchez en los sondeos a boca de urna en un reñido balotaje presidencial (segundoa vuelta) este domingo en Perú, marcado por la inestabilidad política y la criminalidad.
Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), se enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.
Fujimori obtiene 50,7% frente 49,3% de Sánchez, según la encuestadora privada Ipsos; y 50,5% contra 49,5%, de acuerdo con Datum, lo que muestra prácticamente un empate técnico.
Unos 27 millones de electores estaban llamados a elegir presidente para un mandato de cinco años, el noveno presidente en una década, tras una caída récord de gobernantes.
Las mesas de votación cerraron a las 17H00 locales (22H00 GMT), tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.
Fujimori, administradora de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó la herencia campesina de Castillo. Como muestra de lealtad, esperó los resultados a boca de urna en la cárcel donde está recluido su mentor, a quien prometió indultar.
Los dos candidatos no superaron juntos el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.
– «Comunismo» o «dictadura» –
Bajo la palabra «orden», Fujimori prometió prosperidad y advirtió del peligro del «comunismo».
«Voté por Keiko porque representa estabilidad. Lamentablemente, no le hemos dado oportunidad de gobernar», declaró Luis Bernaola, técnico electrónico de 44 años.
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
«Necesitamos un cambio. Es importante el equilibrio de poderes. Le tengo más temor a Keiko que a Sánchez», afirmó Juan Salas, comerciante de 32 años.
El izquierdista, que lleva siempre el sombrero que le regaló Castillo, acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso que derriba presidentes, donde ella tiene influencia.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana la presidencia tendría inmunidad, aunque es vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
Ninguno tiene mayoría legislativa. El futuro presidente deberá tejer alianzas si quiere concluir su mandato, opinó el analista Jeffey Radzinsky.
El ganador sustituirá a partir del 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.
– Extorsiones, lo más crítico –
Pese a la desilusión política, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentanon nueve veces en cinco años.
«Es lo más crítico. Espero que acaben con la delincuencia», aseguró a la AFP Carlos Altamirano, ingeniero de 49 años, tras votar en el norte de Lima.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar -dice- con la «lacra social» con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propone encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.
Su base social está en el campo empobrecido y abandonado, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, que de 2020 a 2025 triplicó la tasa de homicidios, para llegar a un índice de 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4% y baja inflación. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori defiende las propuestas neoliberales, el respeto a la propiedad privada y la atracción de inversiones.
Sánchez ofreció alzas salariales y tratamiento de tranquilizar a los inversionistas al prometer que mantendrá la apertura económica e independencia del banco estratégico central.
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Se trata de una intervención financiada por el Regional Humanitarian Fund for Latin America and the Caribbean (RHPF LAC) e implementada por el consorcio REZILYANS AYITI, integrado por Plan International, Save the Children, el Norwegian Refugee Council (NRC), Mercy Corps y el Centre d’Animation Paysanne et d’Action Communautaire (CAPAC).
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Esta nueva respuesta humanitaria dará cobertura en agua, saneamiento e higiene, para contribuir a la reducción de los riesgos de salud en entornos sobrepoblados y a prevenir enfermedades transmitidas a través del agua, como el cólera.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.