Santo Domingo, RD.- Christopher Paniagua, presidente del Banco Popular Dominicano, manifestó que el banco es la organización financiera del país certificada internacionalmente con el sello de Carbono Neutral y lidera el financiamiento de energías renovables, con más de US$188 millones de cartera al cierre de 2019. Economía
El Banco Popular Dominicano con Más de US$188 millones en créditos a renovables
Santo Domingo, RD.- Christopher Paniagua, presidente del Banco Popular Dominicano, manifestó que el banco es la organización financiera del país certificada internacionalmente con el sello de Carbono Neutral y lidera el financiamiento de energías renovables, con más de US$188 millones de cartera al cierre de 2019. Recientemente, el BPD lanzó el innovador paquete de facilidades crediticias “Hazte Eco”, para la compra de vehículos híbridos y eléctricos y paneles solares, iniciativa que acaba de ser reconocida por el Ministerio de Administración Pública por su contribución con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), indicó.
Paniagua sostuvo que el BPD “está comprometido con la sociedad dominicana desde hace 56 años. Además, es socio signatario de los Principios de Banca Responsable.
Economía
Baja índice de costos de construcción en octubre, pero algunos materiales clave siguen al alza
Santo Domingo, R.D.-A pesar de que el Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV) bajó en octubre de 2024, el aumento sostenido de los materiales de construcción mantiene elevado el costo de la misma en Santo Domingo y el Distrito Nacional.
El ICDV disminuyó 0.52 puntos en octubre, ubicándose en 227.59, menos que lo registrado en septiembre (228.11). Sin embargo, en lo que va del año, los costos de construcción han acumulado un aumento de 3.28 % y, en comparación con octubre de 2023, registraron un alza de 5.61 %, según el más reciente informe de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
El índice es una herramienta que mide las variaciones en los costos directos de construcción de cuatro tipos de viviendas en la zona metropolitana del país, excluyendo costos indirectos como terrenos, permisos o diseño. Es calculado por la ONE con apoyo de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) para llevar un control del desempeño en los costos de edificar y su impacto en la población.
¿Qué significa esto para el que quiere una vivienda?
Las personas que construyeron en lo que va de año y aquellas que decidieron comprar una vivienda ya terminada han pagado más que lo pudo haber costado el inmueble en el 2023 debido a que los materiales de construcción y algunos servicios se mantuvieron al alza. En consecuencia, los que compraron en planos o en construcción quizá recibieron un aumento en el precio final.
Aunque el índice general que asignan a la tendencia de los costos directos bajó en el último mes, los incrementos en ciertos materiales y servicios específicos podrían presionar los siguientes presupuestos de construcción.
Por tipo de vivienda, la ONE calculó que las unifamiliares de un nivel y dos niveles experimentaron caídas en sus costos mensuales, mientras que las multifamiliares de cuatro niveles registraron un ligero aumento.
- Vivienda unifamiliar de un nivel: -0.19 %
- Vivienda unifamiliar de dos niveles: -0.30 %
- Vivienda multifamiliar de cuatro niveles: 0.15 %
- Vivienda multifamiliar de ocho niveles o más: -0.27 %
Subidas y bajadas destacadas
En términos de grupos de costos, hubo incrementos en algunos rubros como los subcontratos y las maquinarias, mientras que los materiales y herramientas mostraron caídas significativas.
Lo que subió durante octubre: subcontratos 0.63 %, maquinarias 0.08 %, herrería (subcontratos) 2.91 %, agregados 0.81 %, alambres eléctricos 0.52 %.
Mientras que los insumos que bajaron fueron: materiales -0.52 %, herramientas -4.89 %, pintura -5.63 %, bovedillas -3.12 %, y los equipos de instalaciones hidro-sanitarias -3.65 %.
La disminución general del ICDV en octubre supone un leve alivio para los constructores, especialmente en viviendas unifamiliares, que lideraron las bajas. Sin embargo, los incrementos en materiales esenciales como alambres eléctricos, agregados y subcontratos de herrería mantienen presiones sobre los costos totales.
El índice mensual es clave para entender las fluctuaciones en el sector de la construcción, uno de los motores de la economía, y permite a promotores, constructores y compradores tomar decisiones informadas sobre proyectos y presupuestos en un contexto de costos aún variables.
Santo Domingo, R.D.-El sector empresarial puso una queja en su demanda de que es necesario modificar la cesantía en el proyecto de reforma al Código de Trabajo, enviado a estudio en el Senado de la República y la sustenta en que un empleado mientras más tiempo dura en la empresa más caro le sale al momento del desahucio.
La referencia está basada en que la población laboral que ha acumulado 20 años o màs les implica un costo de 222.7% a un 308.8%, debido a los gastos acumulados en los aportes al seguro de salud, en pensiones, riesgo laboral, el aporte el Instituto Técnico Profesional (Infotep); salario de Navidad, bonificaciones y preaviso –cesantía.
Mientras más años dura un trabajador en una empresa más caro le sale al empleador, sin contar el incremento de 15.1% de la Ley 87-01 de Seguridad Social, dicen en su propuesta para la modificación del código.
Los temas laborales, reclamos y demandas datan de muchos años, pero se han agudizado en las últimas semanas en el país, luego que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso, mediante el Senado, su propuesta de modificación que, según el ministro de Trabajo está consensuada en un 98% y debía ser aprobada sin cambios, tal como fue presentada.
Esas declaraciones, movieron al empresariado que rechaza su aprobación sin que se incluyan los temas pendientes, principalmente la cesantía.
La cesantía laboral está contemplada en el artículo 80 del Código de Trabajo del país y aplica como una protección eventual en el momento que un empleador despide de forma unilateral y sin causa a un trabajador, tomando en cuenta el preaviso, ya que de no hacerlo está sujeto a una demanda y a pagar una indemnización en los diez días posteriores.
El desahucio aplica para la cesantía. El despido no, porque ocurre con una falta probada del empleador al trabajador.
Segùn explicaciones del empresariado la cesantìa se ha convertido en una limitante para el aumento de empleos, para el fomento de la formalidad laboral y les resta competitividad.
Frente al desacuerdo, indican que de los 738 artìculos del Còdigo de Trabajo una gran parte fue cosensuada, pero quedan pendientes de solución el tema de la cesantìa y el de la indemnización, sobre la cual plantean un lìmite de hasta seis meses para resarcir el pago.
Actualmente el plazo para la indemnización es de hasta 10 dìas y en adelante se obliga a pagar un cargo adicional por cada dìa de incumplimiento, mecanismo que fue introducido como “astreinte”.
El sector empresarial asegura que en todas sus propuesta respetan los derechos adquiridos de los trabajadores y, por tanto, que la cesantìa de mantenga como està y el cambio que plantean es para los nuevos contratos que surjan a partir de la aprobación de la reforma laboral.
El sector empresarial puso una queja en su demanda de que es necesario modificar la cesantía en el proyecto de reforma al Código de Trabajo, enviado a estudio en el Senado de la República y la sustenta en que un empleado mientras más tiempo dura en la empresa más caro le sale al momento del desahucio.
La referencia está basada en que la población laboral que ha acumulado 20 años o màs les implica un costo de 222.7% a un 308.8%, debido a los gastos acumulados en los aportes al seguro de salud, en pensiones, riesgo laboral, el aporte el Instituto Técnico Profesional (Infotep); salario de Navidad, bonificaciones y preaviso –cesantía.
Mientras más años dura un trabajador en una empresa más caro le sale al empleador, sin contar el incremento de 15.1% de la Ley 87-01 de Seguridad Social, dicen en su propuesta para la modificación del código.
Los temas laborales, reclamos y demandas datan de muchos años, pero se han agudizado en las últimas semanas en el país, luego que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso, mediante el Senado, su propuesta de modificación que, según el ministro de Trabajo está consensuada en un 98% y debía ser aprobada sin cambios, tal como fue presentada.
Esas declaraciones, movieron al empresariado que rechaza su aprobación sin que se incluyan los temas pendientes, principalmente la cesantía.
La cesantía laboral está contemplada en el artículo 80 del Código de Trabajo del país y aplica como una protección eventual en el momento que un empleador despide de forma unilateral y sin causa a un trabajador, tomando en cuenta el preaviso, ya que de no hacerlo está sujeto a una demanda y a pagar una indemnización en los diez días posteriores.
El desahucio aplica para la cesantía. El despido no, porque ocurre con una falta probada del empleador al trabajador.
Segùn explicaciones del empresariado la cesantìa se ha convertido en una limitante para el aumento de empleos, para el fomento de la formalidad laboral y les resta competitividad.
Frente al desacuerdo, indican que de los 738 artìculos del Còdigo de Trabajo una gran parte fue cosensuada, pero quedan pendientes de solución el tema de la cesantìa y el de la indemnización, sobre la cual plantean un lìmite de hasta seis meses para resarcir el pago.
Actualmente el plazo para la indemnización es de hasta 10 dìas y en adelante se obliga a pagar un cargo adicional por cada dìa de incumplimiento, mecanismo que fue introducido como “astreinte”.
El sector empresarial asegura que en todas sus propuesta respetan los derechos adquiridos de los trabajadores y, por tanto, que la cesantìa de mantenga como està y el cambio que plantean es para los nuevos contratos que surjan a partir de la aprobación de la reforma laboral.
Datos
Segùn los empresarios, la informalidad laboral en el país es de un 56.2%, por encima de la media de la región de Amèrica Latina. La rotación laboral es de 5.5 años en el país, mientras en la región es de 7.6 años.
En el país, el 59.6% de la población es joven ( hasta 35 años). Destacan proyecciones desalentadoras en la tasa de desempleo mundial y crecimiento en la rotación laboral, de acuerdo a organismos internacionales, asì como de las habilidades.
Asimismo, plantearon poner un tope a seis años en la cesantìa y de 10 salarios mínimos al salario base para calcular esa prestación.
Santo Domingo, R.D.-La agencia crediticia Standard and Poor´s (S&P Global) reafirmó la calificación de riesgo de República Dominicana en «BB, con perspectiva estable», destacando el liderazgo regional de la economía dominicana en términos de crecimiento.
El Ministerio de Hacienda dio a conocer la información este martes, que constituye un espaldarazo a la política monetaria del Gobierno dominicano.
«Esperamos un crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) real del 5 % anual en los próximos cuatro años, manteniendo a República Dominicana como una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina y el Caribe», señaló S&P Global en su informe, según Hacienda.
La agencia resaltó que la expansión económica del país ha elevado el PIB per cápita a aproximadamente 11,500 dólares en 2024, casi duplicándose desde los 6,400 dólares en 2014. Este rápido crecimiento, según S&P, mitiga los riesgos asociados a déficits fiscales moderados y una limitada flexibilidad presupuestaria.
El informe también subraya que las políticas promercado implementadas por el Gobierno han sostenido un nivel de inversión elevado, estimado en 32 % del PIB en 2024. Adicionalmente, el turismo continúa consolidándose como un sector clave para el crecimiento, con una proyección de 11.5 millones de visitantes en 2024, lo que representaría un incremento del 12 % respecto a 2023.
Finalmente, S&P destacó los avances en reformas estructurales, como la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, la reorganización del sector público para optimizar gastos, y las reformas constitucional y laboral, que fortalecen la sostenibilidad económica y fiscal del país.
La calificadora mantuvo su valoración del 2023, tras la recuperación económica que registró el país tras la pandemia provocada por el Covid-19.
El 20 de noviembre pasado, la agencia crediticia Fitch Ratings confirmó la calificación de riesgo de la República Dominicana en BB-, con una perspectiva positiva, destacando la fortaleza de su economía, los avances en gobernanza y el potencial para implementar reformas que refuercen el marco macroeconómico e institucional del país.