Santo Domingo, RD.-La falsificación de documentos y la presión para obligar al pago de comisiones para la regulación de armas es el modo operandi en el Ministerio de Interior y Policía y la situación no es menos en la Autoridad Portuaria, en cuyas irregularidades están involucrados peledeístas y perremeístas.Nacionales
Mafias se apropian de Interior y Policía y Portuaria
Santo Domingo, RD.-La falsificación de documentos y la presión para obligar al pago de comisiones para la regulación de armas es el modo operandi en el Ministerio de Interior y Policía y la situación no es menos en la Autoridad Portuaria, en cuyas irregularidades están involucrados peledeístas y perremeístas.El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, denunció ayer que debido a esa mafia el Viceministerio de Regulación de Armas y Municiones tuvo que ser cerrado definitivamente y se excluyeron de nómina a 51 empleados el año pasado.
Al presentarse ante el Senado, en respuesta al requerimiento de los legisladores, Vásquez Martínez expresó que declararía todo lo que encontró en el Ministerio al momento de asumir sus funciones el pasado 16 de agosto.
“Le hemos dicho al país lo que había: una mafia de armas operando. Eso lo sabe todo el país, lo que operaba en el Departamento de Armas era una mafia estructurada de años y años”, manifestó.
Vásquez tildó al tema de “mayúsculo” , ya que había una venta de servicios, extorsión, tráfico de influencias, sustracción de expedientes y expediciones de carnés con datos falsos, entre otras irregularidades.
El ministro indicó que se han dado respuestas contundentes, y que estas actividades son objeto de una investigación “más profunda”, cuyos hallazgos fueron entregados a un equipo de abogados designados por el presidente Luis Abinader, para recuperar bienes robados al Estado.
Laboratorio de Balística
Estos abogados evalúan además el contrato otorgado a una empresa para la construcción y administración del Laboratorio Balístico de Interior y Policía, que realiza la captura de las huellas balísticas de las armas de fuego del país .
“Nos tomó por sorpresa observar que en este contrato el Estado dominicano asumió esa inversión por US$22,789,920, que equivalen a RD$1,273,956,528.00, los cuales ya el Estado le ha pagado un aproximado de US$19 millones, equivalente a RD$1,062,100,000, y en adición, el Banco de Reservas financió con tasa preferencial la adquisición del inmueble donde opera el laboratorio”, expuso.
El funcionario reveló que desde 2014 a la fecha, los beneficiarios del contrato han recibido RD$2,644,653,200.00 por parte de los licenciatarios de armas. “Lo más grave de todo lo que encontramos al evaluar este contrato, es que información sensitiva del Estado y de la más íntima privacidad de los ciudadanos está en manos de una empresa y no bajo control y supervisión del Estado”, apuntó.
Caso de Puerto Plata
Mientras que una investigación sobre un supuesto fraude millonario en la administración de la Autoridad Portuaria Dominicana en Puerto Plata, involucraría al menos a cinco empleados, incluyendo a la gerente del puerto Feyla Rodríguez Pavón, quienes habrían sido conducidos a la sede de Santo Domingo.
Según informaciones, los empleados entregaban recibos manuales por supuestas fallas en el sistema, los cuales no eran registrados. Además que a partir de enero pasado habrían entrado unas 44 embarcaciones por el puerto local, y la suma reportada estaría por debajo de lo que generalmente genera ese movimiento.
También se cita el ingreso de vehículos por la terminal local, donde aparentemente los números tampoco cuadran. Esta situación habría encendido las alarmas para iniciar la investigación.
Ha trascendido, además de la administradora hay dos empleados de la nueva gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y dos que laboran en la Autoridad Portuaria desde el pasado gobierno, quienes serian los principales responsables del fraude estimado en varios millones de pesos en contra de la entidad.
SEPA MÁS
Seguridad.
Respecto a la seguridad ciudadana, Vásquez dijo la “estamos abordando y dedicándole todo el tiempo posible” a través de la participación ciudadana, porque “es responsabilidad de todos”.
El ahorro
Explicó que en 7 meses y medio el Ministerio le ha ahorrado al Estado RD$$246,175,117.68 en combustibles, telefonía móvil, marbetes, seguros para vehículos y eliminación de botellas.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.
El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.
Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:
1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella
La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».
Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.
«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.
Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.
Santo Domingo. El Senado de la República declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley de reconocimiento y autorización de pago de deuda por obras ejecutadas desde el año 1996, iniciativa presentada por el senador de la provincia Duarte, Franklin Romero.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, reconoció la realidad de muchos contratistas, recordando que muchas de las obras ejecutadas en su provincia hace años no han recibido el reconocimiento económico por parte del Estado.
Al motivar la aprobación de dicha legislación, el senador Franklin Romero aclaró que la misma honra la memoria de muchos contratistas —algunos presentes durante la sesión y otros ya fallecidos— que construyeron y entregaron obras al Estado poniendo en riesgo su futuro económico, y cuyos trabajos no han sido reconocidos.
“Esta solicitud responde a una realidad humana de contratistas que hace años ejecutaron obras sin recibir una respuesta del Estado, habiendo cumplido con su trabajo. Es un proyecto que le devuelve la dignidad a quienes han cargado con el costo de una irregularidad; busca que se pueda verificar lo que ha pasado durante más de 30 años con obras que fueron ejecutadas y no han sido pagadas”, destacó el legislador.
El presidente de la Comisión Permanente de Obras Públicas del Senado, Félix Bautista, presentó al pleno un informe detallado sobre el proyecto y solicitó que la iniciativa fuera acogida de urgencia en los trabajos legislativos de este sábado. La normativa se conoció en sesión extraordinaria con la asistencia de 25 senadores.
La iniciativa tiene por objeto autorizar a las entidades de la administración pública, de manera excepcional y restrictiva, a eximir el cumplimiento de los procesos de selección establecidos en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Esto permitirá reconocer trabajos realizados sin suscripción de contratos o adendas, y constituir los balances adeudados como deuda pública interna contraída por el Estado dominicano.
El reconocimiento involucra obras del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), Educación (MINERD), el Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI). Asimismo, se incluyen el INAPA, la CPADP, la JCE, la CAASD y el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN).
En el caso de la OISOE y el INVI, las obligaciones serán asumidas por su continuador jurídico, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED). Los pagos se realizarán tras las validaciones dispuestas en la ley.
OTROS TEMAS APROBADOS
El Pleno aprobó una resolución que reconoce al baloncestista Karl-Anthony Towns por su destacada trayectoria en la NBA y sus aportes al baloncesto dominicano, iniciativa de los senadores Eduard Espiritusanto y Omar Fernández.
Además, se sancionó en única lectura el proyecto que declara el 25 de octubre como Día del Cooperativismo en la República Dominicana, presentado por el senador Julito Fulcar.
Durante la sesión extraordinaria de este sábado, se ratificó a Ysset Caridad Román Maldonado como embajadora concurrente en el Reino Hachemita de Jordania (con sede en Egipto).
Primera Lectura
El Pleno del Senado aprobó el proyecto de ley sobre los Actos del Poder Ejecutivo consignados en las memorias de los ministerios correspondientes al año 2020.
Previo al inicio de la sesión los senadores rindieron un minuto por el fallecimiento del viceministro Demetrio Antonio Paulino.
Santo Domingo.– La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, asumió directamente la investigación sobre la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario, de tres años, un caso que ha generado profunda conmoción a nivel nacional.
La información fue confirmada por la senadora Ginette Bournigal, quien explicó que la decisión busca garantizar el uso de todos los recursos tecnológicos, técnicos y forenses del Estado para esclarecer los hechos.
Mientras avanzan las indagatorias, el abuelo paterno de la menor, Braulio González, confirmó la noche de este viernes que los dos tíos de la niña, quienes figuraban como sospechosos en el proceso, fueron puestos en libertad por las autoridades.
González relató que durante este sábado acudió a la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional, en Puerto Plata, donde fue informado de manera oficial de que Rafael Rosario Núñez (52 años) y Reyes Núñez Rosario (43 años) habían sido liberados la noche del jueves.
Al solicitar detalles, indicó que representantes del Ministerio Público le comunicaron que el caso continúa bajo investigación reservada y que las labores de búsqueda y análisis siguen en curso.
Visiblemente afectado, el abuelo de la menor expresó entre lágrimas su angustia ante la falta de respuestas por parte de las autoridades.
- «Yo solo quiero que las autoridades me den un voto de fe. Si esas personas son culpables, que paguen. Yo no duermo, estoy viviendo una pesadilla. Todavía albergo la esperanza de que mi niña esté con vida, pero si no es así, por lo menos quiero que aparezca su cuerpecito para poder enterrarla y tener un poco de paz», manifestó González.
Medida de coerción pendiente
Fuentes ligadas a la investigación informaron que el Ministerio Público aún no ha depositado la solicitud de medida de coerción, ya que se encuentra en proceso de validación de las evidencias recopiladas.
Las autoridades aseguran que la demora responde a la necesidad de presentar un expediente sólido y bien sustentado.
Antecedentes del caso
La niña Brianna Genao Rosario fue reportada como desaparecida la tarde del 31 de diciembre de 2025, alrededor de las 5:00 p. m., cuando se encontraba en el patio de la vivienda de su bisabuela paterna, en la comunidad rural de Barreros, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.
Desde el 1 de enero de 2026, las autoridades mantienen un amplio operativo de búsqueda en la zona montañosa y áreas aledañas, con la participación de organismos de seguridad y rescate, sin resultados positivos hasta el momento.
Por el hecho fueron detenidos e investigados los tíos de la menor, Rafael Rosario Núñez y Reyes Núñez Rosario, quienes posteriormente fueron liberados mientras continúan las investigaciones. De acuerdo con reportes preliminares, ambos habrían ofrecido declaraciones contradictorias sobre el paradero de la niña.
Organismos de socorro como la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y unidades especializadas de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) han realizado operativos en zonas boscosas, cañadas y vertederos de Imbert y comunidades cercanas, sin lograr dar con el paradero de la infante.
El caso mantiene en vilo a la comunidad y a los familiares de la menor, quienes claman por respuestas y por el esclarecimiento de este doloroso hecho.