Santo Domingo, RD.-La falsificación de documentos y la presión para obligar al pago de comisiones para la regulación de armas es el modo operandi en el Ministerio de Interior y Policía y la situación no es menos en la Autoridad Portuaria, en cuyas irregularidades están involucrados peledeístas y perremeístas.Nacionales
Mafias se apropian de Interior y Policía y Portuaria
Santo Domingo, RD.-La falsificación de documentos y la presión para obligar al pago de comisiones para la regulación de armas es el modo operandi en el Ministerio de Interior y Policía y la situación no es menos en la Autoridad Portuaria, en cuyas irregularidades están involucrados peledeístas y perremeístas.El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, denunció ayer que debido a esa mafia el Viceministerio de Regulación de Armas y Municiones tuvo que ser cerrado definitivamente y se excluyeron de nómina a 51 empleados el año pasado.
Al presentarse ante el Senado, en respuesta al requerimiento de los legisladores, Vásquez Martínez expresó que declararía todo lo que encontró en el Ministerio al momento de asumir sus funciones el pasado 16 de agosto.
“Le hemos dicho al país lo que había: una mafia de armas operando. Eso lo sabe todo el país, lo que operaba en el Departamento de Armas era una mafia estructurada de años y años”, manifestó.
Vásquez tildó al tema de “mayúsculo” , ya que había una venta de servicios, extorsión, tráfico de influencias, sustracción de expedientes y expediciones de carnés con datos falsos, entre otras irregularidades.
El ministro indicó que se han dado respuestas contundentes, y que estas actividades son objeto de una investigación “más profunda”, cuyos hallazgos fueron entregados a un equipo de abogados designados por el presidente Luis Abinader, para recuperar bienes robados al Estado.
Laboratorio de Balística
Estos abogados evalúan además el contrato otorgado a una empresa para la construcción y administración del Laboratorio Balístico de Interior y Policía, que realiza la captura de las huellas balísticas de las armas de fuego del país .
“Nos tomó por sorpresa observar que en este contrato el Estado dominicano asumió esa inversión por US$22,789,920, que equivalen a RD$1,273,956,528.00, los cuales ya el Estado le ha pagado un aproximado de US$19 millones, equivalente a RD$1,062,100,000, y en adición, el Banco de Reservas financió con tasa preferencial la adquisición del inmueble donde opera el laboratorio”, expuso.
El funcionario reveló que desde 2014 a la fecha, los beneficiarios del contrato han recibido RD$2,644,653,200.00 por parte de los licenciatarios de armas. “Lo más grave de todo lo que encontramos al evaluar este contrato, es que información sensitiva del Estado y de la más íntima privacidad de los ciudadanos está en manos de una empresa y no bajo control y supervisión del Estado”, apuntó.
Caso de Puerto Plata
Mientras que una investigación sobre un supuesto fraude millonario en la administración de la Autoridad Portuaria Dominicana en Puerto Plata, involucraría al menos a cinco empleados, incluyendo a la gerente del puerto Feyla Rodríguez Pavón, quienes habrían sido conducidos a la sede de Santo Domingo.
Según informaciones, los empleados entregaban recibos manuales por supuestas fallas en el sistema, los cuales no eran registrados. Además que a partir de enero pasado habrían entrado unas 44 embarcaciones por el puerto local, y la suma reportada estaría por debajo de lo que generalmente genera ese movimiento.
También se cita el ingreso de vehículos por la terminal local, donde aparentemente los números tampoco cuadran. Esta situación habría encendido las alarmas para iniciar la investigación.
Ha trascendido, además de la administradora hay dos empleados de la nueva gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y dos que laboran en la Autoridad Portuaria desde el pasado gobierno, quienes serian los principales responsables del fraude estimado en varios millones de pesos en contra de la entidad.
SEPA MÁS
Seguridad.
Respecto a la seguridad ciudadana, Vásquez dijo la “estamos abordando y dedicándole todo el tiempo posible” a través de la participación ciudadana, porque “es responsabilidad de todos”.
El ahorro
Explicó que en 7 meses y medio el Ministerio le ha ahorrado al Estado RD$$246,175,117.68 en combustibles, telefonía móvil, marbetes, seguros para vehículos y eliminación de botellas.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.