Santo Domingo, RD.-La falsificación de documentos y la presión para obligar al pago de comisiones para la regulación de armas es el modo operandi en el Ministerio de Interior y Policía y la situación no es menos en la Autoridad Portuaria, en cuyas irregularidades están involucrados peledeístas y perremeístas.Nacionales
Mafias se apropian de Interior y Policía y Portuaria
Santo Domingo, RD.-La falsificación de documentos y la presión para obligar al pago de comisiones para la regulación de armas es el modo operandi en el Ministerio de Interior y Policía y la situación no es menos en la Autoridad Portuaria, en cuyas irregularidades están involucrados peledeístas y perremeístas.El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, denunció ayer que debido a esa mafia el Viceministerio de Regulación de Armas y Municiones tuvo que ser cerrado definitivamente y se excluyeron de nómina a 51 empleados el año pasado.
Al presentarse ante el Senado, en respuesta al requerimiento de los legisladores, Vásquez Martínez expresó que declararía todo lo que encontró en el Ministerio al momento de asumir sus funciones el pasado 16 de agosto.
“Le hemos dicho al país lo que había: una mafia de armas operando. Eso lo sabe todo el país, lo que operaba en el Departamento de Armas era una mafia estructurada de años y años”, manifestó.
Vásquez tildó al tema de “mayúsculo” , ya que había una venta de servicios, extorsión, tráfico de influencias, sustracción de expedientes y expediciones de carnés con datos falsos, entre otras irregularidades.
El ministro indicó que se han dado respuestas contundentes, y que estas actividades son objeto de una investigación “más profunda”, cuyos hallazgos fueron entregados a un equipo de abogados designados por el presidente Luis Abinader, para recuperar bienes robados al Estado.
Laboratorio de Balística
Estos abogados evalúan además el contrato otorgado a una empresa para la construcción y administración del Laboratorio Balístico de Interior y Policía, que realiza la captura de las huellas balísticas de las armas de fuego del país .
“Nos tomó por sorpresa observar que en este contrato el Estado dominicano asumió esa inversión por US$22,789,920, que equivalen a RD$1,273,956,528.00, los cuales ya el Estado le ha pagado un aproximado de US$19 millones, equivalente a RD$1,062,100,000, y en adición, el Banco de Reservas financió con tasa preferencial la adquisición del inmueble donde opera el laboratorio”, expuso.
El funcionario reveló que desde 2014 a la fecha, los beneficiarios del contrato han recibido RD$2,644,653,200.00 por parte de los licenciatarios de armas. “Lo más grave de todo lo que encontramos al evaluar este contrato, es que información sensitiva del Estado y de la más íntima privacidad de los ciudadanos está en manos de una empresa y no bajo control y supervisión del Estado”, apuntó.
Caso de Puerto Plata
Mientras que una investigación sobre un supuesto fraude millonario en la administración de la Autoridad Portuaria Dominicana en Puerto Plata, involucraría al menos a cinco empleados, incluyendo a la gerente del puerto Feyla Rodríguez Pavón, quienes habrían sido conducidos a la sede de Santo Domingo.
Según informaciones, los empleados entregaban recibos manuales por supuestas fallas en el sistema, los cuales no eran registrados. Además que a partir de enero pasado habrían entrado unas 44 embarcaciones por el puerto local, y la suma reportada estaría por debajo de lo que generalmente genera ese movimiento.
También se cita el ingreso de vehículos por la terminal local, donde aparentemente los números tampoco cuadran. Esta situación habría encendido las alarmas para iniciar la investigación.
Ha trascendido, además de la administradora hay dos empleados de la nueva gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y dos que laboran en la Autoridad Portuaria desde el pasado gobierno, quienes serian los principales responsables del fraude estimado en varios millones de pesos en contra de la entidad.
SEPA MÁS
Seguridad.
Respecto a la seguridad ciudadana, Vásquez dijo la “estamos abordando y dedicándole todo el tiempo posible” a través de la participación ciudadana, porque “es responsabilidad de todos”.
El ahorro
Explicó que en 7 meses y medio el Ministerio le ha ahorrado al Estado RD$$246,175,117.68 en combustibles, telefonía móvil, marbetes, seguros para vehículos y eliminación de botellas.
Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.
Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Mientras que la joven Caroline Milagros Pérez, de 22 años, novia del fallecido, fue encontrada con signos vitales.
Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.
“Hasta el momento no tenemos mayores detalles que ofrecer. Estas tres personas fueron encontradas en el lugar y, preliminarmente, no se observaron signos de violencia”, declaró el portavoz policial.
Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.
“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.
El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.
Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.
“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.
Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de fortalecer la convivencia pacífica y el bienestar en las comunidades, el Ministerio de Interior y Policía puso en marcha este jueves el Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana.
En una primera etapa, la iniciativa será implementada en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional, y posteriormente se extenderá a otras localidades del país.
El acto estuvo encabezado por la titular del ministerio, Faride Raful, quien destacó que las instituciones involucradas en el programa trabajarán de manera coordinada con la comunidad.
“La seguridad ciudadana la construimos entre todos, junto a las instituciones que deben fungir como acompañantes”, afirmó.
De acuerdo con la ministra, antes del lanzamiento del programa las autoridades realizaron un diagnóstico para identificar las principales necesidades y brechas que pueden ser abordadas desde el Estado.
“Asumimos esas brechas para buscar soluciones. Antes de desarrollar el programa conversamos con comerciantes, juntas de vecinos e iglesias”, aseguró.
Raful explicó que los comunitarios solicitaron una mejor iluminación del sector, la adecuación de espacios públicos y un esquema de seguridad permanente.
Asimismo, sostuvo que una de las prioridades del plan es impedir que conductores de motocicletas realicen piruetas en las calles que alteren el orden público.
“Queremos que el espacio público vuelva a ser de la gente y no de las motocicletas que andan calibrando en las calles. Es una tarea de todos y entre todos vamos a recuperarlo”, expresó.
La ministra informó que al menos nueve sectores han sido evaluados con la finalidad de ser incorporados al programa.
“Y tiene que funcionar; de lo contrario, es mejor retirarse de esto”, afirmó.
Según las autoridades, esta primera intervención en Villas Agrícolas incluirá la instalación de más de 500 luminarias, el fortalecimiento del patrullaje policial y la incorporación de nuevos agentes en los destacamentos de la zona.
Insta a realizar denuncias
La ministra también exhortó a los comunitarios presentes en el lanzamiento a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad ciudadana, al señalar que en muchas ocasiones las autoridades desconocen los casos por falta de reportes.
“A veces me dicen: ‘Ustedes no hacen nada’, pero muchas veces, cuando acudimos al lugar, nos percatamos de que desconocíamos el caso porque no había sido denunciado”, explicó.
- El programa contempla, además, la ejecución de actividades sociales, el control territorial y acciones orientadas a la reducción de crímenes y delitos en la localidad.
- En la elaboración y ejecución del programa participaron 40 instituciones públicas.
- En el acto estuvieron presentes la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta; y representantes comunitarios del sector.
SANTO DOMINGO.- Como positiva valoró el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) algunas de las medidas fiscales recientemente anunciadas por las autoridades.
En un comunicado enviado ALMOMENTO.NET, considera que pueden contribuir a mejorar la eficiencia del sistema y a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
No obstante, el gremio empresarial subrayó la necesidad de que dichas disposiciones se apliquen bajo criterios de proporcionalidad y temporalidad, a fin de evitar impactos negativos en la actividad productiva, la inversión y el clima de negocios.
El CONEP reiteró que cualquier reforma o ajuste en materia fiscal debe estar sustentado en el diálogo entre los sectores público y privado, privilegiando la estabilidad económica y la competitividad del país.
Asimismo, la organización empresarial insistió en que las medidas deben ser diseñadas con un enfoque equilibrado, que permita alcanzar los objetivos de recaudación sin afectar de forma desmedida a los sectores generadores de empleo y crecimiento.
Reconoció el esfuerzo realizado por las autoridades para preservar la estabilidad macroeconómica del país.
Sostuvo que la sostenibilidad fiscal de largo plazo requiere que «los esfuerzos extraordinarios que hoy se solicitan a los contribuyentes estén acompañados de una estrategia igualmente clara para reducir presiones estructurales sobre las finanzas públicas».
Manifestó que, reconociendo el carácter especial de las medidas planteadas, resulta igual de importante que la atención a los desafíos inmediatos no desplace de la agenda nacional las transformaciones estructurales que se requieren para continuar elevando su productividad, competitividad y capacidad de crear oportunidades.
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