Opinión
Más equidad y transparencia
Por Juan Bolívar Díaz
Si el Gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) están tan convencidos de que obtendrán hasta más del 60 por ciento de los votos en los comicios del mes próximo, como pregonan, y de frente a siete candidaturas de oposición, no deberían economizarse ni el menor esfuerzo por revestir de mayor equidad y total transparencia todo el proceso para, como dijo esta semana el ministro Administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, evitar dar justificación a las objeciones.
Por igual, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, debería dejar de ver conspiraciones en las legítimas preocupaciones que han expresado instituciones sociales y contados periodistas sobre la procedencia de auditorías técnicas tanto al padrón electoral como a los equipos que sostendrán el novísimo sistema de escaneo automático de los votos. Aunque sea también para no dar justificación a posibles objeciones. Con más razón si las hubiese anunciado antes de que se lo plantearan. Tampoco debería ofenderse con la sugerencia de hacer también un conteo manual de los votos en el 3 por ciento de los colegios para que no queden dudas de que el resultado ha sido igual al electrónico.
El Gobierno ha dado algunos pasos acogiendo varias de las objeciones al abuso de los recursos estatales en la campaña electoral, como instruir para evitar el uso de vehículos oficiales en el proselitismo, y el más significativo de suspender la desproporcionada publicidad política gubernamental, que es una forma indirecta de promover la reelección.
Por cierto que esas iniciativas las tomó después de las denuncias de instituciones sociales, como en el caso de Participación Ciudadana, que documentó un incremento sobre el cien por ciento de la publicidad gubernamental en el primer bimestre del año, incluyendo el 300 por ciento en el gasto publicitario de la propia Presidencia de la República. Ya antes había denunciado que el año pasado el gobierno se constituyó en el mayor anunciante del país, por encima de todo género de actividades comerciales, tras incrementar en 37 por ciento el gasto publicitario en relación al 2014.
Si el Gobierno gastó entre enero y febrero 1,113 millones de pesos en publicidad y propaganda, la JCE no debió esperar que la denunciara uno de esos grupos sociales que Roberto Rosario considera impertinentes y creadores de ruido, sino que le correspondía dictaminar que la publicidad oficial se limitara a la promoción de servicios o campañas educativas, que es lo que debería proceder todo el tiempo y no gastar el dinero público en auto-promoción política.
En cambio la Junta de Roberto, donde casi todas las decisiones se adoptan sin unanimidad, en tres a dos, y se rechazan todas las iniciativas de los dos, que son José Angel Aquino y Eddy Olivares Ortega, tomó la “heroica” decisión de suspender los barrilitos y cofrecitos de los legisladores hasta que pasen las elecciones. Los diputados y senadores actuales, la mayoría con diez años recibiendo hasta un millón de pesos mensuales para “asistencia social”, podrán tomar prestado el monto de estos dos meses para pagarlos cuando se les entregue después de los comicios. ¡Tremenda forma de promover la equidad!
Tampoco se entiende por qué Roberto Rosario no ha explicado a qué se debió que el crecimiento del padrón electoral para estas elecciones se redujera tan drásticamente, al 4 por ciento, cuando en los tres cuatrienios anteriores aumentó 12, 16 y hasta 17 por ciento. Y sobre todo por qué los nuevos electores en el 2016 suman solo 351 mil 44 cuando un informe oficial de la Junta Central Electoral de abril del 2015 ya los cuantificaba en 662 mil 313. Aclarar esas inconsistencias debería ser preferible a quejarse de ruidos y conspiraciones. Y solicitarlo e un acto de absoluta legitimidad y hasta deber ciudadano. Al menos en la democracia.
En cuanto al gobierno todavía debería dar otros pasos en aras de la equidad, como evitar que una gran proporción de los funcionarios se lancen cada tarde en caravanas, entorpeciendo gravemente la circulación en las vías públicas, así como las actividades normales y aumentando el consumo de combustibles.
No deberían aspirar a más del 60 por ciento de los voto y evitar justificar los temores de que el peledeísmo quiere el cien por ciento de los puestos electivos y del poder político.
Por Rommel Santos Díaz
La Corte Penal Internacional se cerciorará de ser competente en todas las causas que le sean sometidas. La CPI podrá determinar de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma.
De acuerdo con el Estatuto de Roma podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte Penal Internacional:
- a)El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detención o una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58;
- b)Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque esta investigando o enjuiciando o lo ha hecho antes; o
- c)Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artículo 12.
El Fiscal podrá pedir a la Corte Penal Internacional que se pronuncie sobre una cuestión de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la competencia o la admisibilidad, podrán presentar asimismo observaciones a la Corte quienes hayan remitido la situación de conformidad con el artículo 13 del Estatuto de Roma y las víctimas
.
La admisibilidad de una causa o la competencia de la CPI sólo podrán ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a que se hace referencia en el párrafo 2. La impugnación se hará antes del juicio o a su inicio.
En circunstancias excepcionales la Corte Penal Internacional podrá autorizar que la impugnación se haga más de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la autorización de la Corte, sólo podrán fundarse en el párrafo 1 c) del artículo 17 del Estatuto de Roma.
Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la admisibilidad de una causa o de la competencia de la CPI será asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos, será asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 82 del Estatuto de Roma.
Hasta antes de que la Corte Penal Internacional se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle autorización para:
- a)Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionadas en el párrafo 6 del articulo 18 del Estatuto de Roma;
- b)Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o completar la recolección y el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la impugnación; y
- c)Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que eludan la acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detención en virtud del artículo 58 del Estatuto de la Corte.
La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la CPI, antes de ella.
Si la CPI hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los cuales la causa había sido considerada inadmisible de conformidad con dicho artículo.
Finalmente, el Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el artículo 17 del Estatuto de Roma suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que se trate ponga a su disposición información sobre las actuaciones. A petición de ese Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si decide posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensión.
Rommelsantosdiaz@gmailcom
Por Nelson Encarnación
Son muchos los dominicanos que no se reponen del shock que les provocaron las diversas manipulaciones y mentiras vertidas por el expresidente Danilo Medina durante su comparecencia de la semana pasada en un importante medio radial de nuestro país.
Cuando se anunció días antes que el líder del Partido de la Liberación Dominicana aparecería en un medio público, hubo la apreciación generalizada de que aprovecharía el alcance de este para al menos desvestir su alma y bajar al terreno de la humildad para pedir algún tipo de perdón—aun fuese en voz baja—por las muchas culpas que necesitan urgentemente su expiación.
Sin embargo, es evidente que Danilo está convencido de que todas sus actuaciones en el Gobierno estuvieron ajustadas a la decencia más absoluta, cuando la realidad apunta precisamente en otra dirección.
Para él, los expedientes que involucran a familiares y entorno político más estrecho, son simples majaderías urdidas para molestarle, o una manifestación de la llamada judicialización de la política o politización de la justicia, mediante la cual han sido quitados del camino potenciales competidores de la corriente predominante.
Con ese convencimiento resulta improbable que el expresidente se humanice y entienda que admitir los errores hace grandes a las personas, y que, por el contrario, encerrarse en una convicción pueril las reduce.
Hay más de una evidencia que Danilo fue advertido por cercanos acerca del comportamiento depredador de algunos de sus íntimos, pero obvió tomar las medidas aconsejables, para dejar campo abierto a la continuación de los desmanes, muchos de los cuales se han reflejado en los casos que actualmente se ventilan en justicia, y que él los atribuye a “persecución política”.
En el campo de la lucha propiamente política, Medina trata de convencernos de que su laborantismo encaminado a propiciar el escenario para una segunda reelección en 2020 es un espejismo o un invento de sus adversarios.
Eso de que no tenía votos para modificar la Constitución es un ardid y una expresión fehaciente de su condición de simulador, pues todos vivimos aquel trance que mantuvo en vilo a la nación hasta que la administración Trump—en una intromisión inaceptable, eso sí—le apeó del carro reeleccionista que pudo haberse descarrilado hacia una situación de manejo muy complejo.
Danilo podrá decir lo que quiera, pero la historia no se puede borrar.
Por Narciso Isa Conde
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.
La que debe ser emplazada NO ES MIRIAM, es Yeni Berenice, acompañada de Camacho, el del PEPCA y ahora ascendido, ambos con fuertes vínculos con la Embajada, FBI, DEA…Leonel, Abinader…Ahora la PGR cae bajo control absoluto de esa tríada, vía los ascensos de Berenice y Camacho.
Miriam German ha sido víctima de su entorno, de un acorralamiento programado en medio de una gran soledad y de su propio institucionalismo (excesivo respeto a la separación de funciones dentro de la PGR). Además, la amenaza del cártel del Cibao y del tal J, fue manipulada para amarrarla más. Hicieron un gran bulto desde la DNCD y dejaron todo igual: el cartel sigue impune. Abinader, Cabrera-DNCD y la DEA dirigieron esa operación.
Berenice y el PEPCA han bloqueado muchos expedientes, incluso los presentados por nosotros. El caso de ANTENA LATINA es emblemático y yo lo entregué personalmente, y muchas veces demandé respuesta y nada. A esos encargados de investigar y perseguir los delitos, se le entregaron numerosas denuncias del Archivo Abierto de Marcha Verde y no hicieron nada: siguen abundando las vacas sagradas oligárquicas y transnacionales denunciadas; y estas abundan junto a la impunidad del leonelismo, de políticos ladrones y generales asesinos.
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.