Análisis Noticiosos
Más éxitos políticos que económicos para Danilo
Por Juan Bolívar Díaz
Con una terrible herencia de déficits, ausencia de oposición pero con escaso margen de maniobras internas, el presidente Danilo Medina alcanza buena aprobación en su primer año de gestión.
El presidente Danilo Medina ha logrado más éxitos políticos que económicos al agotar su primer cuarto de gestión gubernamental con un sello personal que le ha generado amplia aprobación popular, beneficiándose de la ausencia de oposición externa pero limitado por un escaso margen de maniobra al interior de su partido.
Imponiendo disciplina fiscal y relativa austeridad, con mayor prioridad en el gasto y cercanía a la población, el mandatario logró evadir el costo político de la reforma tributaria impuesta por los déficits heredados, pero no así el de una reducción del crecimiento económico que arroja sombras sobre el futuro inmediato.
Mayor racionalidad política
Desde su discurso de juramentación, su decreto de austeridad y un código de ética gubernamental, el licenciado Danilo Medina tuvo el acierto político de diferenciarse de la gestión precedente del líder de su partido Leonel Fernández, proyectando una imagen de mayor racionalidad política.
La prioridad que ha dado a la inversión en educación y salud, atención a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los productores agropecuarios, y a las demandas de la población, constituyen factores claves de la aprobación que ha tenido Danilo Medina en este primer año de gobierno, entre el 71 y el 81 por ciento en las dos últimas encuestas Gallup-HOY y en otras mediciones.
El mayor éxito ha sido haber proyectado una imagen personal de austeridad, de modestia y cercanía con la gente que contrastan con la aparatosidad, grandiosidad y boato que signaron la gestión de su antecesor y compañero de partido. El respeto por el tiempo de los demás, el desplazamiento con mínima seguridad y escasas comitivas han determinado que hasta sus viajes al exterior, uno por mes, hayan registrado aprobación.
Aunque es posible que al finalizar 2013 no se haya alcanzado la meta del 4 por ciento del producto bruto interno para educación, por la lentitud en la construcción de escuelas que concentró excesivamente la inversión en el sector, no se percibe engaño ni evasión. La eliminación de las cuotas de recuperación en los hospitales públicos y un gran esfuerzo por mejorar la calidad de sus servicios, son partes fundamentales de una gestión más comprometida con el bienestar de las mayorías.
La atención del gobierno a las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES), a los productores agropecuarios, con el semanal acercamiento del propio presidente Medina, convencido de que son la base de un desarrollo más equilibrado, han sido factores de crédito a una gestión que trata de cumplir normativas legales.
Otros éxitos notables
El mayor éxito del gobierno de Medina puede haber sido la disciplina que ha reducido el déficit fiscal de 8.5 del PIB registrado el año pasado en todo el Estado a alrededor del 1 por ciento en la primera mitad del 2013, y aunque ha evadido sancionar la corrupción que hizo metástasis en el cuerpo social dominicano la percepción general ha sido de mucho mayor transparencia y menor corrupción en los ámbitos gubernamentales.
No ha sido posible evaluar los resultados del Decreto de austeridad 499-12, entre otros factores porque no se ha cumplido su artículo 13 que encarga al Contralor General velar por sus alcances y emitir “informes trimestrales financieros institucionales”. Pese a ello se percibe que ha tenido efectos positivos con la reducción de la malversación y el dispendio escandaloso de los últimos años.
Hay que acreditarle que redujera las iniquidades del contrato para la explotación del oro de Cotuí, cuya materialización está pendiente del sometimiento al Congreso Nacional, sin que todavía se pueda precisar el monto adicional a recibir, ya que el precio del metal ha caído en 290 dólares en relación a los 1,600 dólares la onza de los que se partió para la renegociación. Es el hecho de mayor aprobación.
Menos conocido porque no han querido enrostrárselo a los antecesores, pero igualmente rectificatorio, han sido la renegociación de la concesión vial a Dovicon que economizaría al Estado unos 70 millones de dólares anuales, durante tres décadas, y renegociaciones de otros contratos como los de la carretera Ocoa-Piedra Blanca y la circunvalación de La Romana y el bulevar del Este-Miches que implican ahorro de unos 240 millones de dólares.
El presidente demostró apertura a los reclamos de la sociedad cuando anuló su autorización para negociar con usurpadores de terrenos estatales en Bahía de las Aguilas, así como en la suspensión de la explotación de ferroníquel en la loma de Miranda.
El pobre resultado económico
El bajo crecimiento económico en la primera mitad de este año es el mayor revés de la gestión de Medina, derivado directamente del paquete fiscal que implementó para revertir en gran medida el déficit fiscal que heredó de los últimos 8 meses de su antecesor, que el Fondo Monetario Internacional estimó en 8.5 por ciento del PIB, cerca de 200 mil millones de pesos, incluyendo todos los órganos del Estado,
El informe del Banco Central sobre los resultados del primer semestre del 2013 indica un crecimiento de apenas 1.6 por ciento, poco más de la mitad del 3 por ciento que se proyectó para el año. Resalta que ese tímido crecimiento ha sido motorizado básicamente por un incremento del 223 por ciento de la minería y del 9 por ciento de la intermediación financiera, con caídas significativas de los sectores claves: industria, agropecuaria, construcción, comercio y hasta del turismo, éste por primera vez en más de tres décadas de sistemático crecimiento.
Aunque el peso ha tenido una devaluación del 4 por ciento en los 12 meses, las autoridades han podido controlar la inflación, con un déficit presupuestario de 70 mil 300 millones de pesos este año, la estabilidad sigue dependiendo, al igual que en el quinquenio anterior, de un extraordinario endeudamiento que eleva la carga de la deuda pública al 45 por ciento del PIB, según los cálculos del reputado economista Carlos Despradel, quien estima que al final del 2013 la deuda total del Estado, externa e interna, financiera y no financiera, habrá pasado en un año de 25 mil a 30 mil millones de dólares.
Con una inversión de apenas 15 por ciento de su gasto total, y un nuevo incremento del gasto corriente, alrededor del cinco por ciento, y vistos los altísimos déficits en el comercio exterior y la cuenta corriente, la gestión económica del Estado sigue muy lejos de despertar optimismo, y lo que se advierte es su progresiva insostenibilidad.
Otros déficits gubernamentales
En la lista de los déficits del gobierno de Medina hay que colocar la ausencia de esfuerzos por concretar sus metas fundamentales de los tres pactos sociales previstos en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo: el educativo, el fiscal y el eléctrico, aunque en el primero haya avanzado por el costado de la inversión. El segundo sufrió un revés con la imposición de otra reforma tributaria al no poder concertar en el Consejo Económico y Social que reclamaba una drástica reducción del gasto corriente. El tercero no ha sido ni tocado cuando este año el subsidio a la electricidad, programado en unos mil millones de dólares, se acercará a los 1,500 millones, según informó el mes pasado el Ministro de Industria y Comercio.
Amarrado por el clientelismo y la repartición de botellas el gobierno no ha podido siquiera dar el golpe de reducir el oneroso cuerpo diplomático, con cientos de funcionarios, incluyendo consulares, que cobran en dólares sin trabajar. Limitó a seis los subsecretarios o viceministros, pero casi todos quedaron en sus mismos puestos con otra denominación.
Pero el mayor déficit del gobierno ha sido no haber procesado a nadie por los múltiples escándalos de corrupción del gobierno anterior, tendiendo un manto de impunidad, con los procuradores fiscales rehuyendo hasta investigar las denuncias que han incluido al propio ex presidente Fernández.
Lo peor es que los amarres al interior del partido de gobierno han impedido al presidente Medina establecer un equipo gubernamental más diferenciado del que heredó, lo cual ha dejado insatisfacción y le ha limitado la renovación que es normal en el mundo en los cambios de gobierno, aún del mismo partido.
Desafíos a la vista
El gobierno comienza su segundo año con una situación económica crítica y un grito generalizado por la desaceleración del crecimiento económico y el incremento del desempleo, y agotando sus posibilidades de endeudamiento, mientras se reduce la inversión extranjera.
Se beneficia de la ausencia de oposición política, con el desguañangue del Partido Revolucionario Dominicano y la domesticación del Partido Reformista Social Cristiano, lo cual deja espacio a un mayor protagonismo de las minorías políticas y las fuerzas sociales contestatarias que incrementarían sus movilizaciones y protestas.
A su vez la falta de oposición externa genera mayores tensiones internas en el PLD donde ya proliferan los aspirantes a la candidatura presidencial. El liderazgo del partido se diversifica con el fortalecimiento de las posiciones del presidente Medina, mientras el ex presidente Fernández y sus fieles no cesan en sus preparativos para el retorno, lo que obliga a otros a destapar temprano otras aspiraciones y asoman los pronunciamientos continuistas con una Constitución que prohíbe la reelección seguida.
La reconocida financiera internacional JP Morgan advirtió esta semana que el ex presidente Fernández “sigue siendo una figura muy poderosa dentro del gobernante Partido de la Liberación Dominicana y muchos expertos locales creen que su ambición de buscar un nuevo mandato presidencial en el 2016, podría socavar la capacidad de Medina paras movilizar el apoyo a su programa de reformas”.
Análisis Noticiosos
El Caribe lleva la delantera en legislación contra el plástico en América Latina.
Legislar contra el plástico en América Latina: el Caribe lleva la delantera y Centroamérica se queda atrás
Bogotá.-El plástico es uno de los materiales más ubicuos de nuestra sociedad. Está en los celulares, en la ropa y en los empaques en los que llegan los domicilios. Es tanta su ubicuidad que, en forma de microplásticos, también se ha identificado en el hígado, el intestino y el cerebro humano, y en la fosa de las Marianas, a 6.800 metros de profundidad en el océano Pacífico. La relación con el plástico encaja perfectamente en lo que es una “relación tóxica”: contamina ecosistemas terrestres y marinos, afecta la salud humana y, pese a esto, en 2023, según la Organización de las Naciones Unidas, su producción mundial alcanzó los 436 millones de toneladas métricas.
A pesar de la evidencia, no hemos podido terminar esa relación. En 2025, casi cuatro años después de que los países acordasen crear un tratado global contra la contaminación por plástico, las negociaciones entraron en un paréntesis: se suspendieron en agosto y Luis Vayas-Valdivieso, el ecuatoriano que las presidía, renunció. El 7 de febrero de 2026, tras una votación en Ginebra (Suiza), el cargo volvió a quedar en manos de un latinoamericano: en las del chileno Julio Cordano, director de la División de Medio Ambiente de la Cancillería y de quien, se espera, le pueda dar un nuevo aire a las negociaciones. “Tenemos el reto de lograr consensos que sean realistas, pero ambiciosos, algo crucial para el éxito del acuerdo”, señaló en un comunicado Cornado tras ser elegido.
“La lucha contra los plásticos ha sido una con un sello latinoamericano desde el origen”, comenta Alberto Quesada, experto internacional en contaminación marina y gestión de residuos plásticos, y que ha participado como observador de las negociaciones desde su inicio. “Perú, de la mano de Ruanda, fue la que presentó la resolución para el tratado”. De forma más lenta de lo que requiere la emergencia —una que se empezó a anunciar desde los años 60—, los países de América Latina y el Caribe también han creado leyes para regular el plástico, una necesaria carrera en la que las islas del gran Caribe van liderando.
Caribe a la vanguardia, Centroamérica atrás
La avalancha de plásticos no es ajena a América Latina y el Caribe. En los años 80, el consumo promedio anual por habitante era de 7 kilogramos, pero actualmente alcanzó los 35. Aunque es una cifra por debajo del promedio global (50 kilogramos), las proyecciones indican que, si no cambian las tendencias, en dos décadas será de entre 60 y 80 kilogramos. Los cálculos son de la Alianza Global de Alternativas a la Incineración (GAIA) y Break Free From Plastics (BFFP), organizaciones que también hicieron el ejercicio de rastrear si los países de la región tienen alguna ley o marco que los regule.
De 34 países –y para mediados de 2025–, 23 tenían alguna legislación nacional específica, tres contaban con normas departamentales o estatales, y solo siete (el 20%) estaban en blanco. Pero si se tiene en cuenta el reciente decreto federal de Brasil que, entre otras cosas, exige un contenido mínimo de material reciclado en envases de plástico, empezando porque sea del 22% desde 2026 y aumente gradualmente a 2040, el número de países con legislación actual es de 24. Mientras en el Caribe todos los países han aprobado alguna normal nacional, en Centroamérica y México solo lo han hecho el 38% y, en Sudamérica, un 50%.
Legislación contra los plásticos en América Latina y el Caribe
En el Caribe, por estar conformado de islas, donde el mar es cercano, el exceso de plásticos evidente, y el cambio climático golpea fuerte (el petróleo es la principal materia prima para la fabricación de la mayoría de plásticos), los países han sabido actuar más pronto. Como recuerda Quesada, en 2007 se convirtieron en uno de los primeros lugares en crear un plan regional sobre basura marina. Pocos años después, en 2012, Haití fue pionero en el subcontinente al prohibir ciertos productos plásticos de un solo uso, aunque, como señala el reporte, “la puesta en práctica de la legislación enfrenta desafíos significativos”. Con diversas leyes, además, Antigua y Barbuda dio la parada para hacer las normas más estrictas. Desde 2018 prohibió los recipientes de poliestireno expandido (conocido como icopor, unicel, telgopor y plumavit), así como los plásticos de un solo uso. Algo que no han logrado muchos.
En América Latina y el Caribe, los productos que más se han prohibido son las bolsas plásticas (88%), las pajillas, popotes o pitillos (63%), el poliestireno expandido (51%) y los contenedores de alimentos (43%).
Prohibición específica de productos plásticos en América Latina y el Caribe
Adméas, a través de metodologías que se han realizado para otros artículos científicos, el trabajo de Rodríguez apunta que, en la región, la producción primaria de resinas plásticas se concentra casi en su totalidad en cinco países asociados a la existencia de la industria petrolera: Brasil, México, Argentina, Colombia y Venezuela. Hacerle trazabilidad a la botella de plástico que llega a nuestras manos no es fácil: tiene varias materias primas y no hay transparencia desde los sectores en decir desde dónde vienen los insumos. Esa falta de información pública se suma a la lista de por qué no hemos sido capaces de cortar la relación con los plásticos.
elpais.com
Análisis Noticiosos
La jurisdicción contenciosa administrativa, una caricatura del sistema de justicia.
Por José Cabral.
En una sociedad como la dominicana, donde los antivalores aparecen en todos los escenarios, fruto de una herencia histórico- cultural fundamentada en el caudillismo, el machismo, el patriarcado, el amiguismo, entre otras distorsiones, es lo que explica que el país haya caído en dictaduras férreas como las de Pedro Santana, Ulises Heureaux (Lilí y la de Rafael Leónidas Trujillo Molina.
Esta vocación dictatorial todavía perdura en muchos dominicanos, ya que, aunque se salió de esos gobiernos violadores de derechos humanos fundamentales, pero aún perdura la tendencia en el país, máxime cuando una persona adquiere cierta autooridad a través de la administración pública, la inclinación por las arbitrariedades que provienen del poder.
Entonces, a partir de esa premisa se puede decir que la jurisdicción contenciosa administrativa juega un papel de primer orden en el sistema de justicia nacional, porque tiene la sagrada misión de juzgar a la administración frente a los abusos que se cometen en contra del administrado.
Los avances en esta rama del derecho que se observan en los textos de las leyes 13-07 y 107-13, las cuales son una continuación de lo que consignan los artículos 164 y 167 de la Constitución de la Republica, no parecen que jueguen su papel en el marco del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país desde el año 2010.
La jurisdicción contenciosa administrativa parece que se ha quedado estacionaria en lo que disponía la Ley 1494 de que a través de ella la administración se juzgaba a sí misma, mediante la llamada justicia tenida, ya que sus sentencias son una especie de bochorno y evitan que el ciudadano pueda recurrir en contra de la conducta abusiva del funcionario público.
Las sentencias de los jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa son la principal frustración y negación del proceso de constitucionalización del derecho, cuyas ponderaciones dejan mucho que desear y son decepcionantes para que el administrado logre sobreponerse a los atropellos de la administración que ya no encajan en el contexto del neo-constitucionalismo.
Naturalmente, hay que decir que el fenómeno no es exclusivo de la jurisdicción contenciosa administrativa, sino de todo el sistema de justicia, en el que se observa que se producen graves violaciones a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, así como de principios como el de celeridad procesal, el plazo razonable que devienen en justicia tardía, que no es otra cosa que denegación de justicia.
Todo este cuadro dice claramente que en el país todavía no se ha superado la denominada constitución de fachada, es decir, que la misma es muy bonita en el papel, pero que la práctica es una negación de ella, lo cual deja muy mal parada a la democracia nacional.
Sin embargo, hay que ratificar que lo que se observa en la jurisdicción contenciosa administrativa llena de vergüenza a los que de alguna manera abogan por una mejor administración de justicia, cuyas principales decisiones casi siempre terminan en nulidad mediante los recursos de revisión en esta materia elevados ante el Tribunal Constitucional (TC)
Lo interesante de las debilidades que se observan en todo el sistema de justicia es que en los discursos de los que lo representan, como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el país camina tan bien en esta materia que habría que compararlo con las naciones donde el estado de derecho tiene un real y contundente empoderamiento.
¿Percepción o realidad?
Por José Cabral
En la República Dominicana se estila hablar de que en el país se ha avanzado en lo referente al Estado Social Democrático de Derecho, lo cual sólo existe en la cabeza de los que se la pasan proyectando una percepción que nada tiene que ver con la realidad.
Puede decirse que el proceso de constitucionalización del derecho se produce en el papel, pero no en la realidad, lo que crea una serie de incertidumbres en la sociedad.
La jurisdicción contenciosa administrativa es una que no hay forma de que tenga un desempeño en función de una buena administración de justicia, porque si el funcionario público incurre en graves violaciones de los derechos fundamentales, peor pasa con los jueces de la misma, quienes no hay forma de que demuestren que se manejan en función del impacto de los valores y principios constitucionales en sus decisiones, lo cual es definitivamente una negación de los supuestos avances en esta materia.
Las sentencias de la jurisdicción contenciosa administrativa son una especie de caja de resonancia de los pedidos en sus conclusiones de la Procuraduría General Administrativa, cuyos contrasentidos jurídicos son el pan de cada día en las audiencias de sus diferentes salas, lo que impacta negativamente al ciudadano.
Por el momento quiero reproducir una carta enviada al presidente del Tribunal Superior Administrativa ante una decisión tomada en virtud de la solicitud de una medida cautelar frente a los abusos que comete la empresa Distribuidora del Norte (EDENORTE) en contra de los usuarios.
Sin embargo, la falta de razonabilidad y racionalidad de los jueces del Tribunal Superior Administrativo (TSA), principalmente de su presidente, causa más indignación que los atropellos que comete el órgano del Estado que maneja la referida empresa.
A continuación reproduzco la carta enviada al presidente del TSA a propósito de su sentencia mediante la cual niega una medida cautelar, cuyo razonamiento, aparte de ridículo, revela hasta donde en el país se cuenta con una Constitución de fachada, cuyo respeto a los derechos fundamentales sólo existe en el texto, pero no en la realidad.
Señor
Magistrado Diomedes Y. Villalona G.
Presidente del Tribunal Superior Administrativo
Magistrado Villalona:
La presente es para dejar sentada mi indignación por la reiteración de decisiones que dejan muy mal parada a la jurisdicción contenciosa administrativa en la República Dominicana, cuyo desempeño deja mucho que desear, a pesar de que se enarbola que su base de sustentación es el nuevo constitucionalismo que se rige por valores y principios.
El mejor ejemplo de que la jurisdicción contenciosa administrativa se maneja con un nivel de razonabilidad y de racionalidad que no supera lo que ocurre en los juzgados de paz o tribunales inferiores, donde las decisiones son generalmente muy superficiales y carentes de una aceptable ponderación, es la sentencia emitida y que genera la presente comunicación.
La última joya del presidente del Tribunal Superior Administrativo ante los abusos cometidos por la Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE), la cual ha incurrido en una serie de atropellos que revelan que los derechos de los consumidores y de los administrados están en manos de juzgadores que sólo sirven como caja de resonancia de los funcionarios públicos que actúan al margen de la Ley 13-07 y de la 107-13, así como de la 1494, ya que su misión no parece ser otra que imponer una carga procesal y económica que se agrava cuando finalmente se emite un fallo carente de toda lógica jurídica en detrimento del impetrante y en favor del impetrado..
En este sentido, he querido dejar sentado mi rechazo al comportamiento y el daño que genera esta jurisdicción contenciosa administrativa en detrimento de un buen derecho, de una buena administración de justicia, que deteriora la imagen del sistema de justicia en la República Dominicana, dado que en el fallo se establece qué tan grande es su falta de razonabilidad al negar una medida cautelar en virtud de un corte del servicio de electricidad que lleva varios meses bajo el argumento de que no se aportaron pruebas de que el recurrente no tiene el referido servicio, pese a que la propia ley ofrece la respuesta al respecto.
Cómo se puede entender semejante decisión, ya que es un contrasentido que el recurrente diga que se le cortó arbitrariamente el servicio de energía eléctrica y que mediante la medida cautelar solicite la reconexión del mismo, pero que, en un choque con cualquier razonamiento lógico, máxime cuando la parte recurrida no ha invocado lo contrario de lo alegado por el cliente, el tribunal niegue el pedido sustentándose en que no se aportaron las pruebas al respecto, sobre todo cuando el órgano se niega a entregar documentos que comprometan su irresponsabilidad e ilegalidad.
La realidad es que ese desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa es una vergüenza ante el proclamado empoderamiento del neoconstitucionalismo, que se basa en la aplicación de valores y principios que van de las manos con los derechos humanos fundamentales.
La decisión tomada en torno a la medida cautelar es una especie de anuncio anticipado de que el recurso que tiene que ver con el fondo también será fallado en contra, en razón de que, como digo más arriba, la decisión tomada deja muy claro que las acciones de cualquier administrado es un esfuerzo perdido por los criterios con que se maneja la jurisdicción contenciosa administrativa en el país, convirtiéndose en una vergüenza para el derecho comparado, interamericano e internacional.
El mejor consejo para cualquier administrado abusado por la administración es desistir de buscar justicia en la jurisdicción contenciosa administrativa por representar una vergüenza para el sistema de justicia nacional, ya que como lo dije más arriba sus decisiones están determinadas por los contrasentidos jurídicos que invoca generalmente la Procuraduría General Administrativa, cuyos procesos para lo único que sirven es para aumentar la carga procesal y costos económicos en desfavor del ciudadano a través de notificaciones arbitrarias y abusivas.
Este desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa, la cual todavía está estacionaria en la llamada justicia retenida, mediante la cual la administración se juzga a sí misma y cuyos jueces eran designados por el Poder Ejecutivo, igual que el que preside la Procuraduría General Administrativa, llena de vergüenza a cualquier buen dominicano, dado que se supone que el Tribunal Superior Administrativa está bajo el control y la tutela de la Suprema Corte de Justicia en virtud del mandato de la Ley 13-07.
Evidentemente que la decisión de negar la medida cautelar tiene el propósito de condenar al fracaso la demanda principal en razón de que impone que el recurrente tenga que negociar con EDENORTE para restablecer el servicio y de ese modo disponer la inadmisibilidad de la misma por existir un acuerdo que deja sin sentido el pedido principal de la parte recurrente que, entre otras cosas, busca una indemnización por los daños morales y materiales causados.
No está de más recordar que el artículo 22 de la Ley 107-13 sobre Derechos de las Personas ante la Administración y el derecho a la defensa establece que la administración debe probar sus alegatos. El procedimiento sancionador obliga a la administración a sustentar la validez de sus actos y pruebas, además que existe la carga de la prueba que en los procedimientos sancionadores la administración pública tiene la obligación de probar los hechos que fundamentan sus decisiones contra un ciudadano en función del principio de legalidad, ya que el funcionario público está limitado por las normas de procedimiento y la Constitución, no pudiendo actuar sin sustento probatorio, ya que la presunción de validez no es absoluta. Otro principio violado por la jurisdicción contenciosa administrativa es el de celeridad, consignado en el artículo 19 de la Ley 107-13, en cuya virtud las actuaciones administrativas se realizarán optimizando el uso del tiempo, resolviendo los procedimientos en plazo razonable que, en todo caso, no podrá superar los dos meses a contar desde la presentación de la solicitud en el órgano correspondiente, salvo que la legislación sectorial indique un plazo mayor. En especial, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los efectos de que los procedimientos se tramiten con diligencia y sin dilaciones injustificadas, de manera escrita o a través de técnicas y medios electrónicos. La medida cautelar solicitada por el impetrante fue fallada en contra de lo que dispone al articulo 7 de la Ley 13-07, Orgánica del Tribunal Superior Administrativo, la cual se conoció el 16 de diciembre y fue fallada el 22 de enero, pese a que se habla de cinco días después de la celebrada la audiencia en la que las partes plantean sus conclusiones, principalmente cuando hay una afectación mayor, porque el recurrente no tiene servicio de energía eléctrica y que en consecuencia todas las labores comerciales y empresariales están paralizadas y la reactivación está determinada por el fallo de la misma.
Este es un ejemplo de que en el país existe una Constitución de fachada que niega los supuestos avances y fortalecimiento del Estado Social Democrático de Derecho, lo cual es una explicación de que República Dominicana es una sociedad que vive más de la percepción que de la realidad.
Sin otro particular,
José Antonio Cabral Salcedo.