Análisis Noticiosos
Más éxitos políticos que económicos para Danilo
Por Juan Bolívar Díaz
Con una terrible herencia de déficits, ausencia de oposición pero con escaso margen de maniobras internas, el presidente Danilo Medina alcanza buena aprobación en su primer año de gestión.
El presidente Danilo Medina ha logrado más éxitos políticos que económicos al agotar su primer cuarto de gestión gubernamental con un sello personal que le ha generado amplia aprobación popular, beneficiándose de la ausencia de oposición externa pero limitado por un escaso margen de maniobra al interior de su partido.
Imponiendo disciplina fiscal y relativa austeridad, con mayor prioridad en el gasto y cercanía a la población, el mandatario logró evadir el costo político de la reforma tributaria impuesta por los déficits heredados, pero no así el de una reducción del crecimiento económico que arroja sombras sobre el futuro inmediato.
Mayor racionalidad política
Desde su discurso de juramentación, su decreto de austeridad y un código de ética gubernamental, el licenciado Danilo Medina tuvo el acierto político de diferenciarse de la gestión precedente del líder de su partido Leonel Fernández, proyectando una imagen de mayor racionalidad política.
La prioridad que ha dado a la inversión en educación y salud, atención a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los productores agropecuarios, y a las demandas de la población, constituyen factores claves de la aprobación que ha tenido Danilo Medina en este primer año de gobierno, entre el 71 y el 81 por ciento en las dos últimas encuestas Gallup-HOY y en otras mediciones.
El mayor éxito ha sido haber proyectado una imagen personal de austeridad, de modestia y cercanía con la gente que contrastan con la aparatosidad, grandiosidad y boato que signaron la gestión de su antecesor y compañero de partido. El respeto por el tiempo de los demás, el desplazamiento con mínima seguridad y escasas comitivas han determinado que hasta sus viajes al exterior, uno por mes, hayan registrado aprobación.
Aunque es posible que al finalizar 2013 no se haya alcanzado la meta del 4 por ciento del producto bruto interno para educación, por la lentitud en la construcción de escuelas que concentró excesivamente la inversión en el sector, no se percibe engaño ni evasión. La eliminación de las cuotas de recuperación en los hospitales públicos y un gran esfuerzo por mejorar la calidad de sus servicios, son partes fundamentales de una gestión más comprometida con el bienestar de las mayorías.
La atención del gobierno a las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES), a los productores agropecuarios, con el semanal acercamiento del propio presidente Medina, convencido de que son la base de un desarrollo más equilibrado, han sido factores de crédito a una gestión que trata de cumplir normativas legales.
Otros éxitos notables
El mayor éxito del gobierno de Medina puede haber sido la disciplina que ha reducido el déficit fiscal de 8.5 del PIB registrado el año pasado en todo el Estado a alrededor del 1 por ciento en la primera mitad del 2013, y aunque ha evadido sancionar la corrupción que hizo metástasis en el cuerpo social dominicano la percepción general ha sido de mucho mayor transparencia y menor corrupción en los ámbitos gubernamentales.
No ha sido posible evaluar los resultados del Decreto de austeridad 499-12, entre otros factores porque no se ha cumplido su artículo 13 que encarga al Contralor General velar por sus alcances y emitir “informes trimestrales financieros institucionales”. Pese a ello se percibe que ha tenido efectos positivos con la reducción de la malversación y el dispendio escandaloso de los últimos años.
Hay que acreditarle que redujera las iniquidades del contrato para la explotación del oro de Cotuí, cuya materialización está pendiente del sometimiento al Congreso Nacional, sin que todavía se pueda precisar el monto adicional a recibir, ya que el precio del metal ha caído en 290 dólares en relación a los 1,600 dólares la onza de los que se partió para la renegociación. Es el hecho de mayor aprobación.
Menos conocido porque no han querido enrostrárselo a los antecesores, pero igualmente rectificatorio, han sido la renegociación de la concesión vial a Dovicon que economizaría al Estado unos 70 millones de dólares anuales, durante tres décadas, y renegociaciones de otros contratos como los de la carretera Ocoa-Piedra Blanca y la circunvalación de La Romana y el bulevar del Este-Miches que implican ahorro de unos 240 millones de dólares.
El presidente demostró apertura a los reclamos de la sociedad cuando anuló su autorización para negociar con usurpadores de terrenos estatales en Bahía de las Aguilas, así como en la suspensión de la explotación de ferroníquel en la loma de Miranda.
El pobre resultado económico
El bajo crecimiento económico en la primera mitad de este año es el mayor revés de la gestión de Medina, derivado directamente del paquete fiscal que implementó para revertir en gran medida el déficit fiscal que heredó de los últimos 8 meses de su antecesor, que el Fondo Monetario Internacional estimó en 8.5 por ciento del PIB, cerca de 200 mil millones de pesos, incluyendo todos los órganos del Estado,
El informe del Banco Central sobre los resultados del primer semestre del 2013 indica un crecimiento de apenas 1.6 por ciento, poco más de la mitad del 3 por ciento que se proyectó para el año. Resalta que ese tímido crecimiento ha sido motorizado básicamente por un incremento del 223 por ciento de la minería y del 9 por ciento de la intermediación financiera, con caídas significativas de los sectores claves: industria, agropecuaria, construcción, comercio y hasta del turismo, éste por primera vez en más de tres décadas de sistemático crecimiento.
Aunque el peso ha tenido una devaluación del 4 por ciento en los 12 meses, las autoridades han podido controlar la inflación, con un déficit presupuestario de 70 mil 300 millones de pesos este año, la estabilidad sigue dependiendo, al igual que en el quinquenio anterior, de un extraordinario endeudamiento que eleva la carga de la deuda pública al 45 por ciento del PIB, según los cálculos del reputado economista Carlos Despradel, quien estima que al final del 2013 la deuda total del Estado, externa e interna, financiera y no financiera, habrá pasado en un año de 25 mil a 30 mil millones de dólares.
Con una inversión de apenas 15 por ciento de su gasto total, y un nuevo incremento del gasto corriente, alrededor del cinco por ciento, y vistos los altísimos déficits en el comercio exterior y la cuenta corriente, la gestión económica del Estado sigue muy lejos de despertar optimismo, y lo que se advierte es su progresiva insostenibilidad.
Otros déficits gubernamentales
En la lista de los déficits del gobierno de Medina hay que colocar la ausencia de esfuerzos por concretar sus metas fundamentales de los tres pactos sociales previstos en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo: el educativo, el fiscal y el eléctrico, aunque en el primero haya avanzado por el costado de la inversión. El segundo sufrió un revés con la imposición de otra reforma tributaria al no poder concertar en el Consejo Económico y Social que reclamaba una drástica reducción del gasto corriente. El tercero no ha sido ni tocado cuando este año el subsidio a la electricidad, programado en unos mil millones de dólares, se acercará a los 1,500 millones, según informó el mes pasado el Ministro de Industria y Comercio.
Amarrado por el clientelismo y la repartición de botellas el gobierno no ha podido siquiera dar el golpe de reducir el oneroso cuerpo diplomático, con cientos de funcionarios, incluyendo consulares, que cobran en dólares sin trabajar. Limitó a seis los subsecretarios o viceministros, pero casi todos quedaron en sus mismos puestos con otra denominación.
Pero el mayor déficit del gobierno ha sido no haber procesado a nadie por los múltiples escándalos de corrupción del gobierno anterior, tendiendo un manto de impunidad, con los procuradores fiscales rehuyendo hasta investigar las denuncias que han incluido al propio ex presidente Fernández.
Lo peor es que los amarres al interior del partido de gobierno han impedido al presidente Medina establecer un equipo gubernamental más diferenciado del que heredó, lo cual ha dejado insatisfacción y le ha limitado la renovación que es normal en el mundo en los cambios de gobierno, aún del mismo partido.
Desafíos a la vista
El gobierno comienza su segundo año con una situación económica crítica y un grito generalizado por la desaceleración del crecimiento económico y el incremento del desempleo, y agotando sus posibilidades de endeudamiento, mientras se reduce la inversión extranjera.
Se beneficia de la ausencia de oposición política, con el desguañangue del Partido Revolucionario Dominicano y la domesticación del Partido Reformista Social Cristiano, lo cual deja espacio a un mayor protagonismo de las minorías políticas y las fuerzas sociales contestatarias que incrementarían sus movilizaciones y protestas.
A su vez la falta de oposición externa genera mayores tensiones internas en el PLD donde ya proliferan los aspirantes a la candidatura presidencial. El liderazgo del partido se diversifica con el fortalecimiento de las posiciones del presidente Medina, mientras el ex presidente Fernández y sus fieles no cesan en sus preparativos para el retorno, lo que obliga a otros a destapar temprano otras aspiraciones y asoman los pronunciamientos continuistas con una Constitución que prohíbe la reelección seguida.
La reconocida financiera internacional JP Morgan advirtió esta semana que el ex presidente Fernández “sigue siendo una figura muy poderosa dentro del gobernante Partido de la Liberación Dominicana y muchos expertos locales creen que su ambición de buscar un nuevo mandato presidencial en el 2016, podría socavar la capacidad de Medina paras movilizar el apoyo a su programa de reformas”.
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.