Análisis Noticiosos
Más éxitos políticos que económicos para Danilo
Por Juan Bolívar Díaz
Con una terrible herencia de déficits, ausencia de oposición pero con escaso margen de maniobras internas, el presidente Danilo Medina alcanza buena aprobación en su primer año de gestión.
El presidente Danilo Medina ha logrado más éxitos políticos que económicos al agotar su primer cuarto de gestión gubernamental con un sello personal que le ha generado amplia aprobación popular, beneficiándose de la ausencia de oposición externa pero limitado por un escaso margen de maniobra al interior de su partido.
Imponiendo disciplina fiscal y relativa austeridad, con mayor prioridad en el gasto y cercanía a la población, el mandatario logró evadir el costo político de la reforma tributaria impuesta por los déficits heredados, pero no así el de una reducción del crecimiento económico que arroja sombras sobre el futuro inmediato.
Mayor racionalidad política
Desde su discurso de juramentación, su decreto de austeridad y un código de ética gubernamental, el licenciado Danilo Medina tuvo el acierto político de diferenciarse de la gestión precedente del líder de su partido Leonel Fernández, proyectando una imagen de mayor racionalidad política.
La prioridad que ha dado a la inversión en educación y salud, atención a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los productores agropecuarios, y a las demandas de la población, constituyen factores claves de la aprobación que ha tenido Danilo Medina en este primer año de gobierno, entre el 71 y el 81 por ciento en las dos últimas encuestas Gallup-HOY y en otras mediciones.
El mayor éxito ha sido haber proyectado una imagen personal de austeridad, de modestia y cercanía con la gente que contrastan con la aparatosidad, grandiosidad y boato que signaron la gestión de su antecesor y compañero de partido. El respeto por el tiempo de los demás, el desplazamiento con mínima seguridad y escasas comitivas han determinado que hasta sus viajes al exterior, uno por mes, hayan registrado aprobación.
Aunque es posible que al finalizar 2013 no se haya alcanzado la meta del 4 por ciento del producto bruto interno para educación, por la lentitud en la construcción de escuelas que concentró excesivamente la inversión en el sector, no se percibe engaño ni evasión. La eliminación de las cuotas de recuperación en los hospitales públicos y un gran esfuerzo por mejorar la calidad de sus servicios, son partes fundamentales de una gestión más comprometida con el bienestar de las mayorías.
La atención del gobierno a las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES), a los productores agropecuarios, con el semanal acercamiento del propio presidente Medina, convencido de que son la base de un desarrollo más equilibrado, han sido factores de crédito a una gestión que trata de cumplir normativas legales.
Otros éxitos notables
El mayor éxito del gobierno de Medina puede haber sido la disciplina que ha reducido el déficit fiscal de 8.5 del PIB registrado el año pasado en todo el Estado a alrededor del 1 por ciento en la primera mitad del 2013, y aunque ha evadido sancionar la corrupción que hizo metástasis en el cuerpo social dominicano la percepción general ha sido de mucho mayor transparencia y menor corrupción en los ámbitos gubernamentales.
No ha sido posible evaluar los resultados del Decreto de austeridad 499-12, entre otros factores porque no se ha cumplido su artículo 13 que encarga al Contralor General velar por sus alcances y emitir “informes trimestrales financieros institucionales”. Pese a ello se percibe que ha tenido efectos positivos con la reducción de la malversación y el dispendio escandaloso de los últimos años.
Hay que acreditarle que redujera las iniquidades del contrato para la explotación del oro de Cotuí, cuya materialización está pendiente del sometimiento al Congreso Nacional, sin que todavía se pueda precisar el monto adicional a recibir, ya que el precio del metal ha caído en 290 dólares en relación a los 1,600 dólares la onza de los que se partió para la renegociación. Es el hecho de mayor aprobación.
Menos conocido porque no han querido enrostrárselo a los antecesores, pero igualmente rectificatorio, han sido la renegociación de la concesión vial a Dovicon que economizaría al Estado unos 70 millones de dólares anuales, durante tres décadas, y renegociaciones de otros contratos como los de la carretera Ocoa-Piedra Blanca y la circunvalación de La Romana y el bulevar del Este-Miches que implican ahorro de unos 240 millones de dólares.
El presidente demostró apertura a los reclamos de la sociedad cuando anuló su autorización para negociar con usurpadores de terrenos estatales en Bahía de las Aguilas, así como en la suspensión de la explotación de ferroníquel en la loma de Miranda.
El pobre resultado económico
El bajo crecimiento económico en la primera mitad de este año es el mayor revés de la gestión de Medina, derivado directamente del paquete fiscal que implementó para revertir en gran medida el déficit fiscal que heredó de los últimos 8 meses de su antecesor, que el Fondo Monetario Internacional estimó en 8.5 por ciento del PIB, cerca de 200 mil millones de pesos, incluyendo todos los órganos del Estado,
El informe del Banco Central sobre los resultados del primer semestre del 2013 indica un crecimiento de apenas 1.6 por ciento, poco más de la mitad del 3 por ciento que se proyectó para el año. Resalta que ese tímido crecimiento ha sido motorizado básicamente por un incremento del 223 por ciento de la minería y del 9 por ciento de la intermediación financiera, con caídas significativas de los sectores claves: industria, agropecuaria, construcción, comercio y hasta del turismo, éste por primera vez en más de tres décadas de sistemático crecimiento.
Aunque el peso ha tenido una devaluación del 4 por ciento en los 12 meses, las autoridades han podido controlar la inflación, con un déficit presupuestario de 70 mil 300 millones de pesos este año, la estabilidad sigue dependiendo, al igual que en el quinquenio anterior, de un extraordinario endeudamiento que eleva la carga de la deuda pública al 45 por ciento del PIB, según los cálculos del reputado economista Carlos Despradel, quien estima que al final del 2013 la deuda total del Estado, externa e interna, financiera y no financiera, habrá pasado en un año de 25 mil a 30 mil millones de dólares.
Con una inversión de apenas 15 por ciento de su gasto total, y un nuevo incremento del gasto corriente, alrededor del cinco por ciento, y vistos los altísimos déficits en el comercio exterior y la cuenta corriente, la gestión económica del Estado sigue muy lejos de despertar optimismo, y lo que se advierte es su progresiva insostenibilidad.
Otros déficits gubernamentales
En la lista de los déficits del gobierno de Medina hay que colocar la ausencia de esfuerzos por concretar sus metas fundamentales de los tres pactos sociales previstos en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo: el educativo, el fiscal y el eléctrico, aunque en el primero haya avanzado por el costado de la inversión. El segundo sufrió un revés con la imposición de otra reforma tributaria al no poder concertar en el Consejo Económico y Social que reclamaba una drástica reducción del gasto corriente. El tercero no ha sido ni tocado cuando este año el subsidio a la electricidad, programado en unos mil millones de dólares, se acercará a los 1,500 millones, según informó el mes pasado el Ministro de Industria y Comercio.
Amarrado por el clientelismo y la repartición de botellas el gobierno no ha podido siquiera dar el golpe de reducir el oneroso cuerpo diplomático, con cientos de funcionarios, incluyendo consulares, que cobran en dólares sin trabajar. Limitó a seis los subsecretarios o viceministros, pero casi todos quedaron en sus mismos puestos con otra denominación.
Pero el mayor déficit del gobierno ha sido no haber procesado a nadie por los múltiples escándalos de corrupción del gobierno anterior, tendiendo un manto de impunidad, con los procuradores fiscales rehuyendo hasta investigar las denuncias que han incluido al propio ex presidente Fernández.
Lo peor es que los amarres al interior del partido de gobierno han impedido al presidente Medina establecer un equipo gubernamental más diferenciado del que heredó, lo cual ha dejado insatisfacción y le ha limitado la renovación que es normal en el mundo en los cambios de gobierno, aún del mismo partido.
Desafíos a la vista
El gobierno comienza su segundo año con una situación económica crítica y un grito generalizado por la desaceleración del crecimiento económico y el incremento del desempleo, y agotando sus posibilidades de endeudamiento, mientras se reduce la inversión extranjera.
Se beneficia de la ausencia de oposición política, con el desguañangue del Partido Revolucionario Dominicano y la domesticación del Partido Reformista Social Cristiano, lo cual deja espacio a un mayor protagonismo de las minorías políticas y las fuerzas sociales contestatarias que incrementarían sus movilizaciones y protestas.
A su vez la falta de oposición externa genera mayores tensiones internas en el PLD donde ya proliferan los aspirantes a la candidatura presidencial. El liderazgo del partido se diversifica con el fortalecimiento de las posiciones del presidente Medina, mientras el ex presidente Fernández y sus fieles no cesan en sus preparativos para el retorno, lo que obliga a otros a destapar temprano otras aspiraciones y asoman los pronunciamientos continuistas con una Constitución que prohíbe la reelección seguida.
La reconocida financiera internacional JP Morgan advirtió esta semana que el ex presidente Fernández “sigue siendo una figura muy poderosa dentro del gobernante Partido de la Liberación Dominicana y muchos expertos locales creen que su ambición de buscar un nuevo mandato presidencial en el 2016, podría socavar la capacidad de Medina paras movilizar el apoyo a su programa de reformas”.
Por José Cabral
La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.
Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.
Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.
Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,
En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.
Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.
Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.
En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.
El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.
Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.
Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.Análisis Noticiosos
La República Dominicana entre las estadísticas y la realidad de la delincuencia en el pais.
Las cifras oficiales presentan una supuesta tendencia descendente en los homicidios durante 2026, pero los robos, los hechos violentos de alto impacto y el temor ciudadano son el pan de cada día.
Por la redacción
La delincuencia sigue ocupando un espacio central en la conversación pública dominicana, pese a que las estadísticas oficiales hablan de avances en algunos indicadores, especialmente en la reducción de los homicidios, pero los hechos y la percepción de inseguridad continúa presente en la mayoria de la población.
Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a los registros de 2025, 2024, 2023 y 2022. Además, pero lo que se se observa no parece corresponderse con esas estadisticas.
Ese dato muestra una aparente tendencia favorable en materia de violencia homicida. Sin embargo, por sí solo no permite concluir que la inseguridad haya dejado de ser un problema de primer orden en la preocupacion de la gente.
En el reporte correspondiente al corte del 31 de agosto, las autoridades contabilizaron 4,402 robos, junto con 91 homicidios y 183 personas heridas. Esto evidencia que la criminalidad no puede analizarse únicamente a través de las muertes violentas.
Una cosa es la estadística y otra la experiencia cotidiana
El ciudadano no mide la seguridad solamente por la tasa nacional de homicidios.
La mide cuando sale de su casa, cuando utiliza su teléfono en la calle, cuando deja un vehículo estacionado, cuando abre un negocio o cuando un familiar regresa tarde de trabajar.
Por eso, puede existir una aparente reducción de algunos delitos y, al mismo tiempo, mantenerse una percepción elevada de inseguridad.
El problema se vuelve aún más visible cuando ocurren hechos violentos de gran repercusión mediática. Casos de homicidios, atracos, ataques dentro de viviendas o enfrentamientos armados generan un impacto social que va más allá de las estadísticas.
En septiembre, por ejemplo, la Policía ha informado sobre varios operativos vinculados a robos, atracos y homicidios, incluyendo casos en Boca Chica y Santo Domingo Norte.
Los robos siguen siendo parte importante del problema
Uno de los puntos que merece mayor atención es el comportamiento de los delitos contra la propiedad.
En apenas una semana, con corte al 4 de septiembre, el reporte policial registró 563 robos.
Aunque ese número necesita ser interpretado dentro del total nacional y comparado con períodos equivalentes, refleja que miles de ciudadanos continúan enfrentándose a situaciones relacionadas con sustracción de bienes, atracos y otros delitos patrimoniales.
Las propias autoridades han informado que, durante el primer semestre de 2026, los robos mostraban una reducción interanual de alrededor de 27 % frente a igual período de 2025.
La conclusión, por tanto, no es que los robos estén aumentando necesariamente, sino que siguen siendo numerosos y visibles, aun dentro de una tendencia oficial de esgrimir una narrativa de reducción del fenómeno..
El reto no es solo detener, sino prevenir
Otro elemento central del debate es la estrategia de seguridad.
La Policía ha intensificado patrullajes, operativos, allanamientos y ejecución de órdenes de arresto. A junio de 2026, las autoridades reportaban más de 1.7 millones de acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto ejecutadas y 845 allanamientos.
Pero una política de seguridad pública sostenible necesita ir más allá de la reacción policial.
Debe incluir prevención comunitaria, inteligencia criminal, control de armas ilegales, investigación de redes delictivas, persecución financiera del crimen organizado y fortalecimiento de la justicia.
También requiere atender factores sociales que, sin ser una causa automática de la delincuencia, pueden crear contextos de mayor vulnerabilidad: abandono escolar, falta de oportunidades laborales, consumo problemático de drogas, violencia familiar y presencia de estructuras criminales en determinados sectores.
La confianza ciudadana es parte de la seguridad
Existe otro desafío menos visible: la confianza en las instituciones.
Cuando una víctima no denuncia porque considera que “no vale la pena”, cuando teme represalias o cuando piensa que el expediente no avanzará, el sistema de seguridad pierde información esencial.
La lucha contra la delincuencia también depende de que el ciudadano confíe en la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.
Una investigación bien realizada, un proceso judicial transparente y una sanción conforme al debido proceso pueden tener un efecto preventivo tan importante como el patrullaje.
Una realidad con dos caras
Los datos actuales permiten identificar una realidad compleja.
Por un lado, la tasa de homicidios presenta una tendencia supuestamente descendente: pasó de niveles superiores a 13 por cada 100,000 habitantes en 2022 a alrededor de 7.4 en septiembre de 2026, según las estadísticas oficiales, pero en la práctica no parece ser esa la realidad.
Por otro, los robos, los delitos violentos de alto impacto y la constante difusión de hechos criminales mantienen viva la preocupación social.
La cuestion es que eso explica por qué puede existir una diferencia entre lo que muestran las cifras y lo que siente la gente.
El desafío: que la mejoría estadística llegue a las calles
La verdadera prueba para cualquier política de seguridad no será únicamente reducir una tasa.
Será conseguir que esa reducción se traduzca en una experiencia cotidiana diferente.
Que el comerciante pueda cerrar su negocio con menos temor.
Que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentirse permanentemente vulnerable.
Que una familia pueda confiar en que, si ocurre un delito, habrá una investigación seria y una respuesta institucional.
La República Dominicana muestra, de acuerdo a los informes oficiales, supuestos avances en algunos indicadores, particularmente en homicidios, pero el desafío de la seguridad ciudadana continúa siendo mucho más amplio: reducir el delito, fortalecer la justicia y lograr que la población también perciba esa mejoría en su vida diaria.