Opinión
Más ingredientes del moderno cóctel neofascista
Por Narciso Isa Conde
El cóctel neofascista no solo está compuesto de racismo, xenofobia y machismo, mezclado con muchos ingredientes del neoliberalismo o neoconservadurismo, sino que cuenta con otros agregados de vieja y de nueva data.
Pasa con el rescate a su cargo del viejo anticomunismo y nos encontramos con un Donald Trump y o un Javier Milei atribuyéndole la condición comunista a todo lo que no entra dentro de sus parámetros ideológicos.
A su vez, el emprendedurismo es usado para generalizar la ilusión de “progresar” y “enriquecerse sin jefes”; haciendo provecho de la minoría que triunfa e ignorando la mayoría que sigue en el pantano.
El empobrecimiento es perversamente presentado como producto de la incapacidad personal, con una fuerte carga de desprecio para con los sectores populares azotados por la miseria. Sus ideólogos y sus promotores aprovechan la ignorancia que el propio sistema impone.
Se valen de las negativas consecuencias de las reestructuraciones productivas (contratistas, trabajo a distancia, subordinación de las micro empresas…) para desatender logros sociales y se apoyan en la informalidad marginal, en la desarticulación de la clase obrera y del campesinado y, sobre todo, en los retrasos y dificultades en lograr nuevas formas de organización del mundo laboral, para dispersar y subordinar el sujeto popular.
Las llamadas “guerras” de los Estados contra el tráfico y el consumo de drogas, especialmente contra el microtráfico, con base en las barriadas empobrecidas, les posibilitan a las nuevas derechas hacer las veces de refugio de una parte importante de la delincuencia menor; mientras la delincuencia se apropia de los estados, de los partidos y las economías
Los fundamentalismos cristianos nutren la ideología neofascista y han pasado a ser un fuerte recurso de su accionar político contra la enseñanza laica y contra el pensamiento científico; sirviendo de fuente dogmática a la cruzada por la criminalización del aborto terapéutico, por la negación del derecho de la mujer sobre su cuerpo, en favor del maltrato a la población infantil y la condena de la libre orientación sexual.
Los neofascistas se empeñan en minimizar el cambio climático y la vulnerabilidad social impactada, favoreciendo de hecho el agravamiento de la crisis ambiental en aras de la expansión del capital.
La depredación ambiental se torna funcional a una dinámica brutal de expansión del capital, de obtención de fabulosas ganancias, de sobre explotación y mal tratos a los seres humanos, degradación de la Madre Tierra e imposición de desigualdades brutales.
En su impronta populista, los neofascistas asumen demagógicamente banderas de las izquierdas relacionadas con la corrupción, la perversión de los políticos tradicionales, la depredación minera, los límites territoriales y marítimos; apelando con singular hipocresía a la memoria de los próceres, héroe y heroínas, luchadores/as por la independencia, la justicia y la libertad. Simulan lo que no son.
Para crear confusión, califican de izquierda, de socialista y hasta de comunista, a un progresismo que se limita a moderar y administrar la crisis capitalista; sin rebasar el capitalismo y sin rescatar la soberanía, la autodeterminación y la moral pisoteadas por los nuevos imperios y sus socios locales.
Los neofascistas se aprovechan de los desvíos de ciertos progresismos hacía gestiones de gobierno con fuertes ingredientes de corrupción y sin transformaciones estructurales profundas, para atribuírselo a las izquierdas. Incluso meten en el saco “progresista” hasta a gobiernos de derecha no fascistas.
Así mismo, les atribuyen a los proyectos soberanos y con vocación anticapitalista y antiimperialista, las limitaciones y penurias provocadas por los bloqueos y las guerras de 4ta. y 5ta. generación desatadas por EEUU contra esos procesos.
Vale sí reconocer que, en parte, los avances del neofascismo son facilitados por las incapacidades de sus adversarios de izquierda y del propio progresismo para desplegar políticas e iniciativas contundentes que lo contrarresten.
El fascismo de estos tiempos tiene fuertes rasgos populistas y presenta grados y énfasis diferenciados; pero además se han conformado nuevas ultraderechas que se aproximan al neofascismo, sin tener el conjunto de sus características.
Las fronteras entre las corrientes fascistoides y las tendencias ultra conservadoras resultan extremadamente difusas.
El neofascismo es un producto político-social de esta fase de la crisis capitalista-imperialista, con modalidades y combinaciones variadas en sus fuentes nutricias, y versiones de fácil divulgación por diferentes medios.
En tanto las plataformas digitales están bajo el control de las elites capitalistas estadounidenses, las redes sociales favorecen en lo fundamental al conjunto de ideas que nutren esa manera de pensar y actuar, en todo lo relacionado con el ejercicio y la disputa de poder en cada una de su vertiente; lo que intensifica el poder alienante de la dictadura mediática bajo su prolongado mandato,
Esto emplaza a la contraparte popular con vocación transformadora de este injusto orden mundial y de sus opresivas expresiones nacionales y locales, a prepararse para librar un conjunto de batallas trascendentes por la vida, la existencia de la humanidad y del planeta en un ambiente de armonía y bienestar colectivo. Vencer las diversas expresiones de ese engendro ideológico, propio de un sistema en decadencia y descomposición, es cuestión de vida o muerte, de felicidad y dignidad humana.
Por José Cabral
No hay un solo episodio de los acontecimientos importantes que registra la historia nacional que no esté marcado por el fenómeno del individualismo.
Es un asunto de una gravedad que en estos momentos es el principal obstáculo para lograr concretar planes colectivos.
Es tan grave el asunto que este mal ha penetrado todo el tejido social dominicano, dado que no hay una sola organización de la sociedad que no esté impactado por el fenómeno.
Desde la ruptura con el yugo haitiano en el 1844, hasta llegar a la guerra restauradora y finalmente al propio ajusticiamiento del dictador de Rafael Leonidas Trujillo Molina, los principales actores se pelearon entre sí y no hay mejor testimonio que lo ocurrido en la casa de Robert Read Cabral con algunos de los protagonistas del tiranicidio.
Pero de igual modo ha ocurrido con cada una de las modificaciones constitucionales que ha tenido el país, las cuales han obedecido, principalmente, a razones reeleccionistas.
Cualquier otro escenario que se tome al azar nos encontramos con el individualismo, el cual ha arruinado una serie de valores que eran consustanciales al pueblo dominicano.
Todo ha sido tomado por ese vicio, porque no puede llamarse de otra manera, el cual representa la principal retranca para lograr una sociedad más solidaria.
Las cooperativas de ahorros y prestamos, los clubes culturales y deportivos, los sindicatos, las juntas de vecinos e incluso los condominios, que se rigen por la ley sin fines de lucro, la 5038, los partidos políticos, es decir, absolutamente todo copado por los intereses personales y grupales.
El individualismo es una plaga que hoy arropa todas las instancias de la sociedad dominicana y peor aun del Estado, donde hace su impacto las ansias de poder de los actores de la vida política nacional.
Sin embargo, parece llegar un momento en que este mal se pueda combatir con resultados que podrían ser muy positivos para cambiar un paradigma que nos daña a todos.
Es un cáncer que da miedo.
Por Isaías Ramos
En teoría, el financiamiento estatal de los partidos políticos en nuestro país busca garantizar una competencia equitativa entre todas las fuerzas políticas, reducir la influencia del capital privado, los intereses extranjeros y las actividades ilícitas en la política, y aumentar la transparencia.
A pesar de los nobles objetivos delineados en la legislación, existen pruebas irrefutables de que los partidos políticos en nuestro país reciben, de manera persistente, contribuciones ilícitas, contraviniendo el artículo 64 de la Ley 33-18 (Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos).
El principal propósito del financiamiento público, según esta legislación, incluye no solo cubrir gastos operativos y de campaña, sino también fomentar la educación política y la participación ciudadana, como lo consignan los artículos 62, 36, 35, 34 y 11.
Sin embargo, los informes y críticas continuas sugieren que estos fondos se utilizan normalmente para consolidar el poder de los partidos establecidos e influir de manera indebida e ilegal en la voluntad de los electores, comprando su conciencia y dignidad humana en lugar de educarlos y movilizarlos hacia una participación informada y consciente.
A pesar de las regulaciones que exigen una contabilidad detallada y transparente, los partidos políticos incumplen estos mandatos de manera flagrante. La Junta Central Electoral, la institución encargada de regular y supervisar estos procesos, debería asegurar el cumplimiento de estas normativas.
Aún así, sus actuaciones, en muchas ocasiones, han dejado mucho que desear, mostrando una tolerancia preocupante por imponer el orden y el respeto a las leyes que rigen el financiamiento y las actividades de los partidos.
Esto no solo plantea preguntas sobre la eficacia, el empoderamiento y la independencia de la JCE como ente regulador, sino que también alimenta la percepción de impunidad y corrupción dentro del sistema político dominicano.
Los ciudadanos observan cómo sus impuestos se convierten en herramientas para manipulaciones políticas en lugar de servir como catalizadores de una democracia más robusta y participativa.
Este escenario es una traición a los principios democráticos y un claro indicativo de que el sistema de financiamiento público, en su forma actual, necesita una revisión profunda y, posiblemente, una eliminación. La experiencia nos sirve como un llamado de atención sobre los riesgos inherentes al financiamiento público de partidos políticos sin los mecanismos de control adecuados.
En el Frente Cívico y Social, estamos convencidos de que este financiamiento, en lugar de fortalecer el sistema democrático, lo debilita. De persistir y continuar con el mismo, será imperativo implementar medidas estrictas para garantizar que los recursos destinados a los partidos políticos, agrupaciones, movimientos y las candidaturas independientes se utilicen de manera transparente y con un enfoque real en el fortalecimiento democrático y la participación ciudadana.
Es fundamental que la JCE ejerza un control más firme y efectivo, no solo para sancionar a quienes incumplen, sino para restaurar la fe en un sistema político que verdaderamente represente y sirva al interés público.
Solo entonces podremos esperar que los aspirantes a cargos electivos se conviertan en verdaderos servidores de la ciudadanía y no en meros administradores de recursos para perpetuar sus propios intereses.
La lucha por una democracia transparente y justa es ahora. Es imperativo que nos unamos en esta causa crítica para el futuro de nuestra nación. ¡Juntos, podemos y debemos hacer realidad nuestra constitución de un Estado Social y Democrático de Derecho!
¡Despierta RD!
Por Rommel Santos Diaz
La Fiscalía actuará en forma independiente como órgano separado de la Corte Penal Internacional. Estará encargada de recibir remisiones e información corroborada sobre crímenes de la competencia de la CPI para examinarlas y realizar investigaciones o ejercitar la acción penal ante la Corte. Los miembros de la Fiscalía no solicitarán ni cumplirán instrucciones de fuentes ajenas a la CPI
La Fiscalía estará dirigida por el Fiscal. El Fiscal tendrá plena autoridad para dirigir y administrar la Fiscalía, con la inclusión del personal, las instalaciones y otros recursos. El Fiscal contará con la ayuda de uno o más fiscales adjuntos, que podrán desempeñar cualquiera de las funciones de las funciones que le correspondan de conformidad con el Estatuto de Roma. El Fiscal y los fiscales adjuntos tendrán que ser de diferentes nacionalidades y desempeñarán su cargo en régimen de dedicación exclusiva.
El Fiscal y los fiscales adjuntos serán personas que gocen de alta consideración moral, que posean un alto nivel de competencia y tengan extensa experiencia práctica en el ejército de la acción penal o la sustanciación de causas penales. Deberán tener un excelente conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la CPI.
El Fiscal será elegido en votación secreta y por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea de Estados Partes. Los fiscales adjuntos serán elegidos en la misma forma de una lista de candidatos presentada por el Fiscal
El Fiscal propondrá tres candidatos para cada puesto de fiscal adjunto que deba cubrirse. Salvo que en el momento de la elección se fine un periodo mas breve, el Fiscal y los fiscales adjuntos desempeñarán su cargo por un periodo de nueve años y no podrán ser reelegido
El Fiscal y los fiscales adjuntos no realizarán actividad alguna que pueda interferir en el ejercicio de sus funciones o menoscabar la confianza en su independencia . no podrán desempeñar ninguna otra ocupación de carácter profesional.
La Presidencia podrá, a petición del Fiscal o de un fiscal adjunto, dispensarnos de intervenir en una causa determinada.
El Fiscal y los fiscales adjuntos no participarán en ningún asunto en que, por cualquier motivo, pueda razonablemente ponerse en duda su imparcialidad. Serán recusados de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Roma, entre otras razones, si hubiesen intervenido anteriormente, en cualquier calidad, en una causa de que la Corte estuviere conociendo o en una causa penal conexa sustanciada a nivel nacional y que guardare relación con la persona objeto de investigación o enjuiciamiento.
Las cuestiones relativas a la recusación del Fiscal o de un fiscal adjunto serán dirimidas por la Sala de Apelaciones:
La persona objeto de investigación o enjuiciamiento podrá en cualquier momento pedir la recusación del Fiscal o de un fiscal adjunto por los motivos establecidos en el artículo 42 del Estatuto de Roma;
El Fiscal o el fiscal adjunto, según proceda, tendrán derecho a hacer observaciones sobre la cuestión.
Finalmente, el Fiscal nombrara asesores jurídicos especialistas en determinaos temas como, por ejemplo, violencia sexual, violencia por razones de genero y violencia contra los niños.