Opinión
Más ingredientes del moderno cóctel neofascista
Por Narciso Isa Conde
El cóctel neofascista no solo está compuesto de racismo, xenofobia y machismo, mezclado con muchos ingredientes del neoliberalismo o neoconservadurismo, sino que cuenta con otros agregados de vieja y de nueva data.
Pasa con el rescate a su cargo del viejo anticomunismo y nos encontramos con un Donald Trump y o un Javier Milei atribuyéndole la condición comunista a todo lo que no entra dentro de sus parámetros ideológicos.
A su vez, el emprendedurismo es usado para generalizar la ilusión de “progresar” y “enriquecerse sin jefes”; haciendo provecho de la minoría que triunfa e ignorando la mayoría que sigue en el pantano.
El empobrecimiento es perversamente presentado como producto de la incapacidad personal, con una fuerte carga de desprecio para con los sectores populares azotados por la miseria. Sus ideólogos y sus promotores aprovechan la ignorancia que el propio sistema impone.
Se valen de las negativas consecuencias de las reestructuraciones productivas (contratistas, trabajo a distancia, subordinación de las micro empresas…) para desatender logros sociales y se apoyan en la informalidad marginal, en la desarticulación de la clase obrera y del campesinado y, sobre todo, en los retrasos y dificultades en lograr nuevas formas de organización del mundo laboral, para dispersar y subordinar el sujeto popular.
Las llamadas “guerras” de los Estados contra el tráfico y el consumo de drogas, especialmente contra el microtráfico, con base en las barriadas empobrecidas, les posibilitan a las nuevas derechas hacer las veces de refugio de una parte importante de la delincuencia menor; mientras la delincuencia se apropia de los estados, de los partidos y las economías
Los fundamentalismos cristianos nutren la ideología neofascista y han pasado a ser un fuerte recurso de su accionar político contra la enseñanza laica y contra el pensamiento científico; sirviendo de fuente dogmática a la cruzada por la criminalización del aborto terapéutico, por la negación del derecho de la mujer sobre su cuerpo, en favor del maltrato a la población infantil y la condena de la libre orientación sexual.
Los neofascistas se empeñan en minimizar el cambio climático y la vulnerabilidad social impactada, favoreciendo de hecho el agravamiento de la crisis ambiental en aras de la expansión del capital.
La depredación ambiental se torna funcional a una dinámica brutal de expansión del capital, de obtención de fabulosas ganancias, de sobre explotación y mal tratos a los seres humanos, degradación de la Madre Tierra e imposición de desigualdades brutales.
En su impronta populista, los neofascistas asumen demagógicamente banderas de las izquierdas relacionadas con la corrupción, la perversión de los políticos tradicionales, la depredación minera, los límites territoriales y marítimos; apelando con singular hipocresía a la memoria de los próceres, héroe y heroínas, luchadores/as por la independencia, la justicia y la libertad. Simulan lo que no son.
Para crear confusión, califican de izquierda, de socialista y hasta de comunista, a un progresismo que se limita a moderar y administrar la crisis capitalista; sin rebasar el capitalismo y sin rescatar la soberanía, la autodeterminación y la moral pisoteadas por los nuevos imperios y sus socios locales.
Los neofascistas se aprovechan de los desvíos de ciertos progresismos hacía gestiones de gobierno con fuertes ingredientes de corrupción y sin transformaciones estructurales profundas, para atribuírselo a las izquierdas. Incluso meten en el saco “progresista” hasta a gobiernos de derecha no fascistas.
Así mismo, les atribuyen a los proyectos soberanos y con vocación anticapitalista y antiimperialista, las limitaciones y penurias provocadas por los bloqueos y las guerras de 4ta. y 5ta. generación desatadas por EEUU contra esos procesos.
Vale sí reconocer que, en parte, los avances del neofascismo son facilitados por las incapacidades de sus adversarios de izquierda y del propio progresismo para desplegar políticas e iniciativas contundentes que lo contrarresten.
El fascismo de estos tiempos tiene fuertes rasgos populistas y presenta grados y énfasis diferenciados; pero además se han conformado nuevas ultraderechas que se aproximan al neofascismo, sin tener el conjunto de sus características.
Las fronteras entre las corrientes fascistoides y las tendencias ultra conservadoras resultan extremadamente difusas.
El neofascismo es un producto político-social de esta fase de la crisis capitalista-imperialista, con modalidades y combinaciones variadas en sus fuentes nutricias, y versiones de fácil divulgación por diferentes medios.
En tanto las plataformas digitales están bajo el control de las elites capitalistas estadounidenses, las redes sociales favorecen en lo fundamental al conjunto de ideas que nutren esa manera de pensar y actuar, en todo lo relacionado con el ejercicio y la disputa de poder en cada una de su vertiente; lo que intensifica el poder alienante de la dictadura mediática bajo su prolongado mandato,
Esto emplaza a la contraparte popular con vocación transformadora de este injusto orden mundial y de sus opresivas expresiones nacionales y locales, a prepararse para librar un conjunto de batallas trascendentes por la vida, la existencia de la humanidad y del planeta en un ambiente de armonía y bienestar colectivo. Vencer las diversas expresiones de ese engendro ideológico, propio de un sistema en decadencia y descomposición, es cuestión de vida o muerte, de felicidad y dignidad humana.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.