Nacionales
Matrimonio infantil en República Dominicana: Las historias de Fátima y Paola
A Fátima su padrastro le advirtió que “si salió embarazada que se la busque como pueda”
Escrito por Juan Carlos González/Plan RD
A Fátima su padrastro le advirtió que “si salió embarazada que se la busque como pueda”
Apenas termina el asfalto de la avenida que lleva directamente a las mejores playas y resorts de la República Dominicana, comienzan a aparecer por los estrechos callejones de tierra adolescentes recién salidas de la pubertad. Con miradas curiosas y desafiantes al mismo tiempo, parecen niñas cargando sobre sus brazos a otras niñas más pequeñas.
El mentado paraíso caribeño, donde la pobreza alcanza al 41.2% de la población y 1 de cada 5 adolescentes está embarazada, también presenta las cifras más elevadas de matrimonios y uniones de hecho en todas las Américas: el 12.5 % de las dominicanas se casaron o unieron antes de los 15 años y el 37 % antes de los 18 años.
Fátima es una de ellas. A sus 17 años ya ha vivido experiencias muy intensas: “yo me considero ya una mujer. Trato de dejar mi niñez atrás”, dice con un dejo de amargura. Cuando tenía 8 años falleció su abuela materna, quien la crió y a quien recuerda con tristeza: “desde que yo voy allá al Seibo, a mi sitio, no me siento bien”.
Desde entonces, Fátima y su hermana menor Erika se fueron a vivir con su madre que trabaja en Bávaro, la zona turística más importante del país: “nos llevamos bien, alguna veces ella pelea mucho… como todas las madres”, dice Fátima sobre la relación con su madre.
Debajo de los árboles de sombra de este barrio de Bávaro, más mujeres sentadas en sillas y troncos improvisados, cargan a sus hijos sobre sus piernas. Unos barracones apenas coloreados de verde, amarillo y rosa dejan ver los efectos de la lluvia tropical. Pisos de barro llenos de charcos donde se mezclan los restos de lluvia con las aguas negras, electricidad sostenida con cables a baja altura para llevar un poco de luz a las calurosas casas de aluminio y madera conforman el ambiente donde creció Fátima, quien se embarazó a los 16.
“Imaginaba que iba a tener mi primera vez con alguien que yo realmente quería”, cuenta sobre su iniciación sexual: “Yo tenía un novio y él me hablaba de eso, él iba a ser mi primero, pero no se pudo. Luego conocí a otro muchacho y nos hicimos novios. Quedé embarazada de él y él se fue pa’ San Cristóbal. No sabía que yo había quedado embarazada”.
La presión aumentó en su casa luego del embarazo. Su padrastro le advirtió que “si salió embarazada que se la busque como pueda”. Dice que por esa razón se casó. Un hombre de 38 años que vivía cerca de su casa comenzó a hablarle: “él me fue enamorando y yo a lo último caí. Por eso me casé. Ya no quería estar en la casa así”. Fátima tenía 4 meses de embarazo cuando se mudó a casa de él, que había aceptado encargarse de la bebé a pesar de no ser su progenitor.
Al principio, ella cuenta que todo fue bien, pero pronto el hombre empezó a maltratarla: “él me fue hablando mal delante de la gente. Siempre discutíamos y yo luego venía pa’ donde mi mami y él me iba a buscar y yo volvía. Eso pasó como tres veces”. Fátima también relata que el hombre maltrató físicamente a su pequeña hija y le impedía trabajar. Un día ella se hartó de la situación y pidió ayuda a su mamá, refugiándose en su casa.
En República Dominicana, una de cada cinco adolescentes entre 15 y 19 años está actualmente casada o unida con un hombre 10 años mayor. Al mismo tiempo, las cifras indican que 35% de las dominicanas ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja, 26% reportó haber tenido al menos una experiencia de violencia física y más de la mitad de los asesinatos contra las mujeres en el país fueron cometidos por su pareja anterior o actual.
Ahora Fátima vive temerosa. Casi no sale a la calle. El hombre que prometió villas y castillos para llevársela hoy la amenaza: “él me dijo que yo tengo que ser de él obliga’o”. Ella se niega a volver con él, pero comenta que ahora él la acosa, llamándola con insistencia y buscándola en casa de su mamá con la excusa de visitar a la bebé.
Tampoco tiene mejores opciones a la mano. Ella misma no conoce a su padre, escucha de su padrastro cosas como “quien tiene su hijo que se lo eche al hombro”, no recibe ninguna ayuda del padre biológico de la niña desde hace 7 meses y tampoco ha retomado los estudios por carecer de documentos de identidad ni los mínimos recursos económicos.
“Aunque mami dice que… le gustaría que yo fuera ingeniera”, comenta Fátima para darse ánimo.
Paola Se casó a los 12 años con un hombre 10 años mayor
Paola se define como una persona tranquila, paciente y amistosa. El suave tono de su voz contrasta con la claridad de sus ideas. Con 18 años de edad ya tiene muchas lecciones que compartir.
Se casó a los 12 años con un hombre 10 años mayor. Él mismo la embarazó a los 13. Intentó abortar tomando brebajes artesanales, pero no lo logró. Hoy es madre de una niña de 5.
Paola es de Guayacanal, un poblado de la sureña provincia de Azua donde viven poco más de mil seiscientos habitantes. La mayoría de sus hombres se dedican a la siembra de plátano y tomate, mientras que las mujeres realizan labores mal pagadas en la única calle asfaltada del pueblo, o suben a la capital para trabajar como servicio doméstico.
De acuerdo a la investigación “Niñas Esposadas” realizada por Plan International República Dominicana, el matrimonio infantil es un fenómeno de la pobreza en las zonas rurales: las niñas del quintil más pobre tienen 3 veces más probabilidad de casarse y 2 veces más si viven en esas áreas. Paola no escapa a esa realidad; la casa de madera y blocks que construyó su abuela se apila junto a muchas otras al lado de una calle de tierra.
Dentro, el techo de zinc cataliza el sofocante calor pero no oculta la desolación de la cocina, donde a mediodía no hay indicio de alimentos por ninguna parte: “No tengo muchos recuerdos de mis padres, todo el tiempo he vivido con mi abuela. Ella me aconsejaba estar tranquila, no caminar tanto ‘que la calle no deja nada bueno’. Yo me llevaba más de mis amigas que de mi misma abuela: ‘No tienes que estar con ese hombre porque ese hombre es mayor que tú, tienes que esperar tu tiempo’, me decía”.
Paola tuvo su primera relación sexual a los 12 años sin estar preparada, según relata. “Sí quería hacerlo pero no sabía cómo era, o si podía doler o no podía doler”, comenta.
Según Plan RD, el matrimonio infantil en República Dominicana se vincula a distintos factores como el inicio temprano de la actividad sexual con hombres adultos, así como con el deseo de las niñas de establecer relación con un hombre adulto porque entienden que él es portador de experiencia, madurez y estabilidad. Otra razón es la presión que ejercen las familias sobre las adolescentes por un embarazo no deseado.
Todos esos factores de riesgo los vivió Paola: “Muchas personas dicen que es mejor un hombre que sea mayor, que esté montado y con dinero”. A escondidas Paola comenzó a frecuentar al hombre, y cuando ya no pudo ocultar el embarazo, se fue a vivir a la casa de la familia de su novio y dejó la escuela avergonzada por las críticas de sus pares y las “sugerencias” hechas por la directora del centro educativo: “ella me dijo que ya no podía seguir estudiando durante el día, que tenían que apuntarme de noche”.
De las 10 niñas y adolescentes casadas con hombres adultos que fueron entrevistadas para el estudio “Niñas Esposadas”, siete estaban embarazadas al momento de establecer la unión. El conjunto de esas niñas inició su actividad sexual entre los 12 y 14 años con hombres que las superan entre 5 y 10 años.
Cuando Paola piensa en las consecuencias de ser madre a temprana edad, lamenta las oportunidades que dejó atrás. “Llegan los compromisos” dice, “y tú no eres la misma ni te vas a divertir igual. No tienes el mismo derecho que las otras personas, como salir todos los fines de semana”.
Mientras vivió con el hombre mayor, Paola asegura que aunque no sufrió violencia física, sí padeció el control de su pareja: “Era muy celoso, a él no le gustaba que yo saliera tanto, quería que solo estuviera enfocada en él y en su casa. Me hablaba bastante fuerte y entonces yo le decía que a mí no me gusta que me controlen”. Esas diferencias los separaron.
Así, Paola regresó al hogar de su abuela y juntas están criando a su pequeña hija. Logró retomar sus estudios y acaba de completar el tercer año de bachillerato. Sueña con llegar a ser bioanalista “con Dios adelante…trabajando, llevando mi niña a buen camino, que no siga los mismos pasos que yo seguí”. cierra.
acento.com.do
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.