Opinión
Medalla=Millones
Por Miguel Guerrero
Las críticas al Ministerio Público no se refieren a su supuesto empeño de establecer precedentes en la lucha contra la corrupción, que sigue siendo un cáncer en la vida nacional. Lo criticable son sus métodos, el abuso de poder, las violaciones evidentes al debido proceso y, peor aun, el desconocimiento al principio básico del estado de derecho como es la presunción de inocencia.
Los procedimientos usados en las últimas detenciones de exfuncionarios de la pasada administración cuestionan sus intenciones y las del Gobierno. Sabemos que la “justicia independiente” es una ficción, un pretexto para aplicar justicia selectiva. Dudo que haya muchos ciudadanos indiferentes a cualquier acción dirigida a sancionar la corrupción. Pero nada ganamos si ese esfuerzo se erige sobre la anulación de principios en que se sostiene un estado de derecho, porque entonces ningún ciudadano estaría protegido de los excesos del Gobierno, un poder de naturaleza autoritaria.
Las detenciones en horas de la madrugada con un aparataje de fuerza, la irrupción en hogares de ciudadanos con arraigos que en tres años mientras esperaban por su arresto no dieron señales ni evidencia alguna de esconderse o escapar, son apenas parte de métodos repudiables e inaceptables, que perturban la paz pública y la tranquilidad social, en un año preelectoral y arrojan así más leña al fuego de la rivalidad política.
La filtración de informes sobre expedientes en etapa de investigación a los medios es una vergüenza, como lo es todavía más que algunos medios se dejen servir de esa manera, sin cuestionar las intenciones detrás de esas filtraciones.
No hay nada que se parezca a un Ministerio Público independiente, porque ese órgano es el brazo del Gobierno en la lucha contra el crimen. Las violaciones al debido proceso actuarán como un bumerán, y sembrarán dudas sobre sus intenciones en la lucha contra la corrupción.
Por Isaías Ramos
Nuestro país en las últimas dos décadas y medias ha sido víctima de malos gobiernos que han ido dejando un manto de tinieblas que va arropando de manera imperceptible a la población que comienza a sentir hastío, opresión, incertidumbre y una desesperanza preocupante, producto de una clase política que se ha encargado de ejecutar una agenda foránea que va contra los intereses del pueblo dominicano.
El desmantelamiento del Estado continúa a pasos agigantados; el neoliberalismo salvaje se ha convertido en un monstruo implacable que va destruyendo toda posibilidad de prosperidad para su población , unido a una agenda globalista perversa sin frontera, sin cultura y sin identidad donde todo se compra y se vende sin principios y sin valores morales.
Ese neoliberalismo salvaje que cada día se instaura con más ímpetu, sin miedo y sin respecto hacia su población debilitada y con poca capacidad social para dar repuesta a tanta traición y desafuero; ha traspasado todos los límites imaginables y pareciera que carecemos del eje vertebral que sostiene una Nación, su constitución, donde todos los derechos consignados han sido pisoteados y sustituidos por la ley de la oferta y la demanda, sin mirar las consecuencias de miseria que le producen a las clases sociales más desvalidas y gran opresión a la mayoría de su población.
La ceguera ética que sufre esta partidocracia amenaza la sobrevivencia del pueblo dominicano. No están a la altura que demanda los tiempos sino todo lo contrario, pues cuentan con grandes conocimientos pero carecen de sabiduría, convirtiéndose en “líderes” muy peligrosos pues el conocimiento sin sabiduría es destructivo.
Es esta la razón fundamental que en vez construir un Estado acorde a su constitución lo entregaron al mercado de sálvese quien pueda. En vez de brindar seguridad ciudadana pervirtieron a la sociedad, recordemos el aberrante programa eventual mínimo de empleo (PEME) donde era preferible “pagar, para no matar” en vez de educar y capacitar.
Tampoco le ha interesado la salud del pueblo que pasa un calvario en cualquier condición de enfermedad, las infraestructuras esenciales ni siquiera está en sus planes, mucho menos las facilidades para que el pequeño y mediano productor se desarrolle sino, todo lo contrario una burocracia muchas veces asociadas a la corrupción, protegida bajo el manto de la impunidad y un sistema financiero que incentiva en consumo en vez de transferir los ahorros a un uso efectivo de producción y creación de riqueza.
En el Frente Cívico Y Social entendemos que un pueblo que no esté dispuesto a empoderarse y sacrificar tiempo y recursos por su patria y su libertad está condenado a llorar lágrimas de sangre, hundido en la miseria, el hambre y la exclavitud. Si aún lo perciben miremos hacia nuestras fronteras oeste y sur, son ejemplos de naciones que no estuvieron a la altura que demandaba la patria en su momento.
Por último, este es un pueblo que ha sabido salir de abajo en los momentos más oscuros de su historia, aún tenemos todas las condiciones para darle una repuesta digna a los que pretenden hundirnos en el lago de estiércol. Este es un país inmensamente rico con hombres y mujeres valiosos que vale la pena luchar por el, para lograr un futuro lleno de paz, desarrollo, bienestar y justicia para todos sus hijos.
Despierta RD!
Por Rommel Santos Díaz
La libertad de asociación comprende el derecho de participar en la creación, funcionamiento, financiamiento y disolución de Organizaciones de la Sociedad Civil en el marco de lo establecido en el Artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos . Todas las personas tienen el derecho de asociarse para participar en actividades con fines legítimos de interés público o beneficio mutuo con carácter no lucrativo.
El ejercicio de la libertad de asociación comprende la facultad de constituir Organizaciones de la Sociedad Civil y poner en marcha en forma autónoma su estructura interna actividades y programa de acción, sin intervención de las autoridades que limiten indebidamente o entorpezcan el ejercicio de este derecho. En ese orden los Estados deben garantizar un entorno propicio y seguro para su ejercicio de conformidad con el artículo 2 de la Convención Americana.
La gran mayoría de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos reconocen la libertad de asociación como un derecho constitucional consistente con el artículo 16 de la Convención Americana. Sin embargo un análisis exhaustivo de la normativa en los países de la región refleja una amplia gama de leyes y prácticas de implementación que limitan el gozo de dicha libertad en los momentos clave del ciclo de vida de las asociaciones.
Cabe señalar que se puede promover la libertad de asociación a través de reformas legales conformes con los principios interamericanos y el Artículo 16 de la Convención Americana que establece el deber estatal de adoptar , con arreglo a sus procedimientos constitucionales , las disposiciones de derecho interno, tanto legislativas o de otro carácter, que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
Como consecuencia de lo establecido anteriormente, los Estados tienen el deber de adoptar un marco jurídico, político y administrativo propicio y adecuado para garantizar el desarrollo de las organizaciones civiles , a lo largo de su ciclo de vida; conforme a los valores de una sociedad democrática .
La Corte Interamericana que el derecho a asociarse protegido por el artículo 16 de la Convención Americana protege dos dimensiones. La primera dimensión abarca el derecho y la libertad libremente con otras personas, sin intervención de las autoridades públicas que limiten o entorpezcan el ejercicio del respectivo derecho , lo que representa , por lo tanto, un derecho de cada individuo. La segunda dimensión, reconoce y protege el derecho y la libertad de buscar la realización común de un fin lícito, sin presiones o intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar su finalidad.
Es importante señalar que la libertad de asociación ampara a las asociaciones desde su creación hasta su disolución, e incluye el derecho asociaciones y adherirse a ellas y el derecho de las asociaciones a desarrollar libremente sus actividades y a recibir protección contra injerencias indebidas, a acceder a financiación y recursos, y a participar en los asuntos públicos.
Una recomendación de lógica jurídica consiste en que el marco de la legislación nacional debe redactarse con el propósito de facilitar la creación de asociaciones y permitirles perseguir sus objetivos . La protección que se concede a la libertad de asociación debe extenderse durante toda la vida de la asociación.