Santo Domingo, RD.-Entra este jueves a su segundo día de protesta de los médicos a fin de que se incremente el monto de las tarifas que reciben por los servicios que ofrecen a los afiliados del régimen contributivo de la seguridad social.Más Noticias
Boicot a las ARS es mantenido por los médicos.
Santo Domingo, RD.-Entra este jueves a su segundo día de protesta de los médicos a fin de que se incremente el monto de las tarifas que reciben por los servicios que ofrecen a los afiliados del régimen contributivo de la seguridad social.Mientras la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) les pide seguir el diálogo en busca de soluciones conjuntas que no perjudiquen a la población y llama a los médicos a la reflexión.
Ayer, los dirigentes del Colegio Médico Dominicano (CMD) y del Consejo de Sociedades Médicas Especializadas consideraron rotundo el apoyo recibido por sus agremiados en el primer día del boicot de 48 horas a las ARS que llevan a cabo en centros privados, donde no reciben carnés de seguros para servicios de consultas y cirugías electivas.
Durante el boicot de dos días donde se rechaza recibir carnés de todas las ARS participantes en el sistema de administración de servicios de salud, los médicos tienen instrucciones de atender solamente las emergencias y los pacientes críticos.
A pesar de que los sectores enfrentados han estado manifestando su disposición de diálogo, hasta el momento no se ha logrado ningún acuerdo, debido a que las autoridades del sistema han ofrecido incrementar en 11% los montos de dichas tarifas, cifra que ha sido rechazada por el gremio médico, por considerarla poco digna.
Los médicos advirtieron que habrá una radicalización de la lucha si no reciben una oferta aceptable a sus reclamos.
El presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, informó que recibieron informes de sus dirigentes regionales de que durante el primer día de boicot, las salas de espera de la mayoría de los centros asistenciales de las principales provincias se mantuvieron desiertas y las cirugías electivas fueron suspendidas en su totalidad a nivel nacional.
En un comunicado de prensa, las ARS afiliadas a ADARS, instaron a los afiliados que resulten afectados por la falta de atención a acercarse por las vías oficiales a su ARS afiliada para cualquier asistencia o información que requieran.
“Yo vine aquí y me están cobrando RD$2,000 por consulta y eso no está bien porque yo desde la pandemia no estoy laborando”, expresó Delia Mercedes, quien llevó a su madre a consulta de otorrinolaringología en la clínica Gómez Patiño, donde se encontró con el inconveniente de que el carné de su ARS no era aceptado.
Mary Gutiérrez manifestó que también tuvo que pagar en la referida clínica RD$2,000, ya que no le aceptaron su seguro médico. “No están utilizando el seguro, no”, dijo mientras esperada ser atendida.
Por EFE
Santo Domingo, R.D.- La Dirección General de Migración (DGM) informó este miércoles de la detención de 1,784 haitianos en situación migratoria irregular, mientras que otros 1,149 fueron deportados.
Las operaciones se realizaron en el Gran Santo Domingo, donde fueron detenidos 116 haitianos, 76 en Santiago, 42 en La Vega, 75 en Valverde, 153 en la Zona Este, 13 en Azua, 27 en Barahona, 62 en Puerto Plata, 213 en Dajabón, 128 en Elías Piña, 113 en Jimaní, 63 en Pedernales y 54 en Montecristi.
A estos se agregan 572 aprehendidos por el Ejército de República Dominicana, 59 por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre y 18 por la Policía Nacional.
Respecto a los haitianos deportados, 550 fueron devueltos a través de la puerta binacional de Dajabón, mientras que otros fueron desde Elías Piña (375), por Jimaní (161) y por Pedernales (63).
La República Dominicana deportó a 153,144 haitianos indocumentados en los primeros cinco meses de 2025, en medio de su ofensiva contra la inmigración irregular.
of-am
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Autoridades intensifican operativos en zonas de acceso restringido para vehículos pesados
Santo Domingo, R.D.- En una acción combinada de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), continúan con los operativos de control y fiscalización a vehículos pesados que transitan sin autorización en zonas de Acceso Restringido (ZAR) del Distrito Nacional, en cumplimiento de la Ordenanza 14-2021 del Ayuntamiento.
Los operativos buscan hacer cumplir la normativa que establece restricciones al tránsito de vehículos de carga en áreas específicas del Gran Santo Domingo, con el objetivo de mejorar la movilidad, proteger la infraestructura urbana y reforzar la seguridad vial.
Estos controles se están realizando en puntos estratégicos del Distrito Nacional, incluyendo: Las Avenidas Luperón con carretera Sánchez, para evitar el ingreso de vehículos pesados al Distrito Nacional, John F. Kennedy antes de la Núñez de Cáceres, Padre Castellanos con Josefa Brea, Bolívar con José Contreras, próximo a la Máximo Gómez, calle México esquina Emilio Prud’ Homme.
El director de la DIGESETT, general Pascual Cruz Méndez, P.N., estuvo supervisando personalmente los operativos realizados en cada zona donde los agentes de la entidad y técnicos del INTRANT verifican que los camiones cuenten con los permisos correspondientes para circular en las ZAR, y que respeten los horarios y rutas autorizadas. Los vehículos que violan esta normativa están siendo retenidos y sancionados conforme a lo establecido por la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
La DIGESETT exhorta a los conductores y empresas transportistas a cumplir con los requerimientos legales y gestionar los permisos correspondientes ante el INTRANT, a fin de evitar sanciones y contribuir a un tránsito más seguro y ordenado.
Ambas instituciones reiteran su compromiso con la regulación del transporte de carga, la seguridad vial y la organización del tránsito en beneficio de todos los ciudadanos.
Santo Domingo, R.D.-En un operativo del Ministerio Público conjuntamente con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que contó con la colaboración internacional de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), fueron ocupadas distintas evidencias documentales en un allanamiento practicado en una propiedad de Blanca Bautista Martínez (la Doña), vinculada a una red de narcotráfico internacional y lavado de activos.
En el allanamiento del inmueble ubicado en el Distrito Nacional los fiscales Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocuparon documentaciones vinculantes entre la acusada y la red, las cuales permiten robustecer los cargos en contra de los miembros de la organización criminal procesados en República Dominicana.
Bautista Martínez, quien actualmente enfrenta un proceso judicial por narcotráfico en el Distrito Sur de la Florida, se entregó a las autoridades de Estados Unidos el pasado 27 de mayo.
La acusada, vinculada a una organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos con ramificaciones en la provincia María Trinidad Sánchez, también tiene conexión con otros imputados, incluyendo a Omar Ortiz Mosquea, pendiente de audiencia preliminar.
El Ministerio Público indicó que al grupo criminal le fueron ocupados 243 paquetes de un polvo blanco, que resultaron ser cocaína clorhidratada, con un peso total de 250.58 kilogramos, durante un allanamiento a propiedades de la red, ejecutado en el municipio Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez, el 20 de febrero de 2023.
Bautista Martínez ya había cumplido una condena de cinco años de prisión, con dos suspendidos, que le fue impuesta el 12 de diciembre de 2019, mediante la sentencia núm. 249-04-2019-SSEN-00221, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
La magistrada Ramona Nova, titular de la Procuraduría Antilavado, y el fiscal investigador Luis Alberto García, explicaron a que las unidades del Ministerio Público continúan ampliando la investigación a los fines de identificar y procurar sanción penal contra todos los miembros de la referida estructura criminal en el proceso judicial que se lleva en su contra en tribunales del país.