Análisis Noticiosos
Mejores perspectivas de relación con Haití
Por Juan Bolívar Díaz
La reciente crisis de los pollos podría revertirse positivamente en la medida en que se revaloriza el mercado haitiano y crece la conciencia de que las dos naciones son inseparables y tendrán que entenderse, mientras más pronto mejor
La reciente crisis en la relación domínico-haitiana originada en la veda a las exportaciones avícolas nacionales podría revertirse positivamente en la medida en que en el país se va descubriendo que la vecina nación no es sólo una carga inmigratoria sino también un mercado de oportunidades.
Dominicanos y haitianos están desafiados a la negociación y el entendimiento superando prejuicios y resentimientos, y mientras más pronto lo logren mejor será para ambas partes que por separado enfrentan serias dificultades de competitividad en los mercados internacionales.
Descubriendo a Haití
Más allá de las pérdidas sufridas por los productores dominicanos de pollos y huevos, la veda impuesta por las autoridades haitianas podría contribuir a que los dominicanos terminen de descubrir que Haití no es solamente una carga migratoria, sino también una gran oportunidad de negocios y coloquen como prioridad la consecución de importantes acuerdos acariciados durante décadas en materias fundamentales de migración, comercio, medio ambiente, de salubridad e inversiones.
De golpe muchos dominicanos de estratos tan importantes como el empresarial y la comunicación pudieron darse cuenta de que los gestos prepotentes revestidos de derecho soberano no sólo pueden originarse al este de la frontera, sino también en el oeste, perjudicando intereses de la contraparte.
Más allá de la algarabía del rampante antihaitianismo, heredado de la tiranía de Trujillo y de su mejor discípulo Joaquín Balaguer como elemento de manipulación política, que resaltaba la decisión haitiana como un agravio intolerable, al extremo de que hasta legisladores exigieron el cierre de la frontera, se fue descubriendo que los productos avícolas representan apenas un 2 por ciento de las exportaciones formales dominicanas hacia Haití, con unos 18 millones de dólares al año. Aunque podría duplicarse en la informalidad delos mercados binacionales.
Consciente de la creciente importancia del mercado haitiano, el gobierno dominicano ha manejado el diferendo con serenidad e inteligencia, distanciándose de apasionados sembradores de discordias, y el propio presidente Danilo Medina se ha involucrado en gestiones para superarlo. En diálogo con el presidente Michel Martelly, habría de descubrir que lo sanitario fue un pretexto, y que el asunto apunta a recaudaciones aduanales por las exportaciones dominicanas a través de los mercados binacionales que podrían ser limitados.
Balanza comercial de cien a uno
Este es un país tan especial que aunque tiene frente a Haití lo que puede ser la mayor ventaja comercial del mundo, en rango de 100 dólares exportados por cada uno importado, en sondeos populares de medios de comunicación predominaba el criterio de que por la veda a las exportaciones avícolas se debía cerrar la frontera, lo que denota una terrible manipulación, ignorancia o prejuicio.
Como consecuencia del debate generado, se puede esperar que muchos comentaristas e “interactivistas profesionales” se hayan enterado que en el 2011, último año completo disponible, las exportaciones formales de Dominicana hacia Haití sumaron mil 13 millones de dólares, y las compras apenas 10 millones de dólares.
Más significativo es el crecimiento que han registrado las exportaciones dominicanas hacia el vecino país, que se duplicaron de 433.7 millones de dólares en el 2007 a 874.6 millones de dólares en el 2010, para alcanzar los 1013.8 millones en el 2011, crecimiento de 580.1 millones de dólares, 134 por ciento, en sólo cuatro años.
La ventaja del comercio con Haití, segundo mercado dominicano, es más significativo, si se tiene en cuenta el creciente déficit del país en su intercambio comercial con su primer socio, que es Estados Unidos, donde en el 2001 registró un déficit de 3,191.6 millones de dólares, fruto de importaciones por 7,346.2 y exportaciones de apenas 4,154.6 millones de dólares. Otro socio importante es China donde en el mismo 2011 RD tuvo un déficit de 648.9 millones de dólares, importaciones de 904.8 y exportaciones de apenas 255.9 millones de dólares.
La crisis avícola desnudó que la competitividad frente a Haití no es sólo por la vecindad, sino por las características del vecino y por las dificultades dominicanas para competir en otros mercados más exigentes de calidad y precios.
Otras ventajas nacionales
En el comercio informal de los mercados binacionales este país mantiene también una enorme ventaja, aunque menor, que se puede apreciar a simple vista, pero por sus características es difícil cuantificar. Hace unos cinco años en Dajabón se estimaba que el balance era de diez a 1. El año pasado se calculó que las exportaciones dominicanas por esos canales podrían oscilar entre 250 y 300 millones de dólares. El grueso son productos industriales, incluyendo de zonas francas,
Otros que han descubierto el mercado haitiano, sobre todo después del terremoto del 2010, son unas siete empresas constructoras dominicanas, que ejecutan obras viales, edificaciones y viviendas por cientos de millones de dólares, e incluso profesionales dominicanos de la ingeniería que han conseguido trabajo con empresas e instituciones haitianas y de otros países.
Se estima creciente también el número de empresarios nacionales que invierten en diferentes renglones de la economía haitiana, relevantemente el Grupo M, consorcio empresarial santiagués que preside Fernando Capellán, que desde el 2002 mantiene un inmenso parque de zona franca en Juana Méndez, la contraparte de Dajabón en el noroeste fronterizo, que emplea unas 6 mil 500 personas.
Empresas de transporte de cargas figuran entre las beneficiarias del mercado haitiano, sobre todo por la actual demanda de materiales para la reconstrucción tras la devastación telúrica. Una ventaja adicional proviene de unos 12 mil estudiantes haitianos, de clases medias y altas, que cursan estudios en universidades dominicanas, representando cerca de 100 millones de dólares anuales.
Habría que sumar a los beneficiarios del intercambio comercial con Haití a miles de pequeños y medianos comerciantes, a los prestadores de todo género de servicios, incluyendo los operadores de unas 800 habitaciones hoteleras en Dajabón. La vida en esta población y en Jimaní sería afectada dramáticamente si desaparecieran los mercados binacionales.
Mientras más rápido mejor
Entre los empresarios más visionarios crece la convicción de que el país tiene que hacer mayores esfuerzos por institucionalizar y mejorar las relaciones de todo género con Haití, y que mientras más rápido ocurra será mejor para el interés nacional. Ven las ventajas de un mercado que duplica los 10 millones del país, más rentable en la medida en que se estabilice la situación política de Haití y se produzca crecimiento económico. El marco de entendimiento debe adelantarse a la incursión de capitales y exportadores más competitivos, señalándose la versión de que empresarios brasileños instalarían granjas avícolas que afectarían las exportaciones dominicanas.
Es obvio que con discriminaciones y prepotencias frente a los haitianos el país perderá oportunidades. Y en la medida en que Haití salga adelante reclamará más derechos y compensaciones a las ventajas comerciales dominicanas. La reactivación definitiva de la Comisión Mixta Bilateral que amaga desde su creación en 1996, es un paso fundamental. Pero tal como dijo aquí la semana pasada el visionario exembajador haitiano Guy Alexandre, tiene que renacer con una clara voluntad política del más alto nivel para concretar acuerdos en las claves materias comercial y migratoria.
El país tendrá que aterrizar un reglamento migratorio más respetuoso de la condición humana y la realidad haitiana, sin pretender convertir en fuente de recaudación el proceso de regularización de los trabajadores provenientes de Haití, a los que se obliga a salir del país para cobrarle hasta 8 mil pesos por una visa de reingreso, y Migración les impone una cuota de 9 mil pesos (llegó a requerir 15 mil) para su registro y autorización.
Compromiso social y político
Tanto en Migración como en la cancillería dominicana prevalecen actitudes antihaitianas que dificultan el entendimiento. Contrastan con un embajador dominicano en Haití, como Rubén Silié, de amplia visión concertadora, y con una sociedad civil que progresivamente evoluciona en dirección al entendimiento, consciente de que no hay manera de separar los dos países.
De ahí el “Compromiso Social y Político por un Nuevo Modelo de Gestión de las Migraciones”, ampliamente consensuado y suscrito recientemente por unas 150 instituciones dominicanas, desde empresariales, religiosas, académicas, sindicales y sociales. Resalta que lo firmaron 8 organizaciones empresariales, como la Asociación de Industrias de la República, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, la Confederación Patronal Dominicana, las centrales sindicales y la Universidad Católica Madre y Maestra.
Las perspectivas apuntan a cambios significativos para lo cual el presidente Danilo Medina tendría que ignorar el chantaje político en que se sustenta el antihaitianismo y que hace un par de meses llegó al extremo de denunciar a la Universidad Madre y Maestra porque junto a la UNESCO, realizó un proyecto de acercamiento con periodistas de ambos lados de la isla. Se impone una nueva política estatal que supere irritaciones e iniquidades, como el insostenible genocidio civil de los dominicanos descendientes de haitianos. Eso permitiría demandar racionalidad y reducir también el antidominicanismo que se anida al oeste de la frontera.-
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.