Análisis Noticiosos
Mejores perspectivas de relación con Haití
Por Juan Bolívar Díaz
La reciente crisis de los pollos podría revertirse positivamente en la medida en que se revaloriza el mercado haitiano y crece la conciencia de que las dos naciones son inseparables y tendrán que entenderse, mientras más pronto mejor
La reciente crisis en la relación domínico-haitiana originada en la veda a las exportaciones avícolas nacionales podría revertirse positivamente en la medida en que en el país se va descubriendo que la vecina nación no es sólo una carga inmigratoria sino también un mercado de oportunidades.
Dominicanos y haitianos están desafiados a la negociación y el entendimiento superando prejuicios y resentimientos, y mientras más pronto lo logren mejor será para ambas partes que por separado enfrentan serias dificultades de competitividad en los mercados internacionales.
Descubriendo a Haití
Más allá de las pérdidas sufridas por los productores dominicanos de pollos y huevos, la veda impuesta por las autoridades haitianas podría contribuir a que los dominicanos terminen de descubrir que Haití no es solamente una carga migratoria, sino también una gran oportunidad de negocios y coloquen como prioridad la consecución de importantes acuerdos acariciados durante décadas en materias fundamentales de migración, comercio, medio ambiente, de salubridad e inversiones.
De golpe muchos dominicanos de estratos tan importantes como el empresarial y la comunicación pudieron darse cuenta de que los gestos prepotentes revestidos de derecho soberano no sólo pueden originarse al este de la frontera, sino también en el oeste, perjudicando intereses de la contraparte.
Más allá de la algarabía del rampante antihaitianismo, heredado de la tiranía de Trujillo y de su mejor discípulo Joaquín Balaguer como elemento de manipulación política, que resaltaba la decisión haitiana como un agravio intolerable, al extremo de que hasta legisladores exigieron el cierre de la frontera, se fue descubriendo que los productos avícolas representan apenas un 2 por ciento de las exportaciones formales dominicanas hacia Haití, con unos 18 millones de dólares al año. Aunque podría duplicarse en la informalidad delos mercados binacionales.
Consciente de la creciente importancia del mercado haitiano, el gobierno dominicano ha manejado el diferendo con serenidad e inteligencia, distanciándose de apasionados sembradores de discordias, y el propio presidente Danilo Medina se ha involucrado en gestiones para superarlo. En diálogo con el presidente Michel Martelly, habría de descubrir que lo sanitario fue un pretexto, y que el asunto apunta a recaudaciones aduanales por las exportaciones dominicanas a través de los mercados binacionales que podrían ser limitados.
Balanza comercial de cien a uno
Este es un país tan especial que aunque tiene frente a Haití lo que puede ser la mayor ventaja comercial del mundo, en rango de 100 dólares exportados por cada uno importado, en sondeos populares de medios de comunicación predominaba el criterio de que por la veda a las exportaciones avícolas se debía cerrar la frontera, lo que denota una terrible manipulación, ignorancia o prejuicio.
Como consecuencia del debate generado, se puede esperar que muchos comentaristas e “interactivistas profesionales” se hayan enterado que en el 2011, último año completo disponible, las exportaciones formales de Dominicana hacia Haití sumaron mil 13 millones de dólares, y las compras apenas 10 millones de dólares.
Más significativo es el crecimiento que han registrado las exportaciones dominicanas hacia el vecino país, que se duplicaron de 433.7 millones de dólares en el 2007 a 874.6 millones de dólares en el 2010, para alcanzar los 1013.8 millones en el 2011, crecimiento de 580.1 millones de dólares, 134 por ciento, en sólo cuatro años.
La ventaja del comercio con Haití, segundo mercado dominicano, es más significativo, si se tiene en cuenta el creciente déficit del país en su intercambio comercial con su primer socio, que es Estados Unidos, donde en el 2001 registró un déficit de 3,191.6 millones de dólares, fruto de importaciones por 7,346.2 y exportaciones de apenas 4,154.6 millones de dólares. Otro socio importante es China donde en el mismo 2011 RD tuvo un déficit de 648.9 millones de dólares, importaciones de 904.8 y exportaciones de apenas 255.9 millones de dólares.
La crisis avícola desnudó que la competitividad frente a Haití no es sólo por la vecindad, sino por las características del vecino y por las dificultades dominicanas para competir en otros mercados más exigentes de calidad y precios.
Otras ventajas nacionales
En el comercio informal de los mercados binacionales este país mantiene también una enorme ventaja, aunque menor, que se puede apreciar a simple vista, pero por sus características es difícil cuantificar. Hace unos cinco años en Dajabón se estimaba que el balance era de diez a 1. El año pasado se calculó que las exportaciones dominicanas por esos canales podrían oscilar entre 250 y 300 millones de dólares. El grueso son productos industriales, incluyendo de zonas francas,
Otros que han descubierto el mercado haitiano, sobre todo después del terremoto del 2010, son unas siete empresas constructoras dominicanas, que ejecutan obras viales, edificaciones y viviendas por cientos de millones de dólares, e incluso profesionales dominicanos de la ingeniería que han conseguido trabajo con empresas e instituciones haitianas y de otros países.
Se estima creciente también el número de empresarios nacionales que invierten en diferentes renglones de la economía haitiana, relevantemente el Grupo M, consorcio empresarial santiagués que preside Fernando Capellán, que desde el 2002 mantiene un inmenso parque de zona franca en Juana Méndez, la contraparte de Dajabón en el noroeste fronterizo, que emplea unas 6 mil 500 personas.
Empresas de transporte de cargas figuran entre las beneficiarias del mercado haitiano, sobre todo por la actual demanda de materiales para la reconstrucción tras la devastación telúrica. Una ventaja adicional proviene de unos 12 mil estudiantes haitianos, de clases medias y altas, que cursan estudios en universidades dominicanas, representando cerca de 100 millones de dólares anuales.
Habría que sumar a los beneficiarios del intercambio comercial con Haití a miles de pequeños y medianos comerciantes, a los prestadores de todo género de servicios, incluyendo los operadores de unas 800 habitaciones hoteleras en Dajabón. La vida en esta población y en Jimaní sería afectada dramáticamente si desaparecieran los mercados binacionales.
Mientras más rápido mejor
Entre los empresarios más visionarios crece la convicción de que el país tiene que hacer mayores esfuerzos por institucionalizar y mejorar las relaciones de todo género con Haití, y que mientras más rápido ocurra será mejor para el interés nacional. Ven las ventajas de un mercado que duplica los 10 millones del país, más rentable en la medida en que se estabilice la situación política de Haití y se produzca crecimiento económico. El marco de entendimiento debe adelantarse a la incursión de capitales y exportadores más competitivos, señalándose la versión de que empresarios brasileños instalarían granjas avícolas que afectarían las exportaciones dominicanas.
Es obvio que con discriminaciones y prepotencias frente a los haitianos el país perderá oportunidades. Y en la medida en que Haití salga adelante reclamará más derechos y compensaciones a las ventajas comerciales dominicanas. La reactivación definitiva de la Comisión Mixta Bilateral que amaga desde su creación en 1996, es un paso fundamental. Pero tal como dijo aquí la semana pasada el visionario exembajador haitiano Guy Alexandre, tiene que renacer con una clara voluntad política del más alto nivel para concretar acuerdos en las claves materias comercial y migratoria.
El país tendrá que aterrizar un reglamento migratorio más respetuoso de la condición humana y la realidad haitiana, sin pretender convertir en fuente de recaudación el proceso de regularización de los trabajadores provenientes de Haití, a los que se obliga a salir del país para cobrarle hasta 8 mil pesos por una visa de reingreso, y Migración les impone una cuota de 9 mil pesos (llegó a requerir 15 mil) para su registro y autorización.
Compromiso social y político
Tanto en Migración como en la cancillería dominicana prevalecen actitudes antihaitianas que dificultan el entendimiento. Contrastan con un embajador dominicano en Haití, como Rubén Silié, de amplia visión concertadora, y con una sociedad civil que progresivamente evoluciona en dirección al entendimiento, consciente de que no hay manera de separar los dos países.
De ahí el “Compromiso Social y Político por un Nuevo Modelo de Gestión de las Migraciones”, ampliamente consensuado y suscrito recientemente por unas 150 instituciones dominicanas, desde empresariales, religiosas, académicas, sindicales y sociales. Resalta que lo firmaron 8 organizaciones empresariales, como la Asociación de Industrias de la República, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, la Confederación Patronal Dominicana, las centrales sindicales y la Universidad Católica Madre y Maestra.
Las perspectivas apuntan a cambios significativos para lo cual el presidente Danilo Medina tendría que ignorar el chantaje político en que se sustenta el antihaitianismo y que hace un par de meses llegó al extremo de denunciar a la Universidad Madre y Maestra porque junto a la UNESCO, realizó un proyecto de acercamiento con periodistas de ambos lados de la isla. Se impone una nueva política estatal que supere irritaciones e iniquidades, como el insostenible genocidio civil de los dominicanos descendientes de haitianos. Eso permitiría demandar racionalidad y reducir también el antidominicanismo que se anida al oeste de la frontera.-
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.