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Melgen donó US$300,000 a los demócratas antes de una reunión de alto nivel
Jake Perry testificó que no había pedido a Melgen ninguna donación y no sabía quién lo había hecho.
NEWARK.- Dos días después de firmar un segundo cheque por US$300,000 para un Súper PAC demócrata, una donación destinada a ayudar a la campaña de reelección del senador Bob Menéndez en 2012, el doctor Salomón Melgen, amigo del senador Bob Menéndez, envió un correo electrónico a uno de los principales recaudadores de fondos del grupo, con lo cual traía a colación su disputa con el Medicare por US$8,9 millones para tratar, supuestamente, de que los funcionarios intervinieran a su favor.
“Jake, por favor, vea un memorándum sobre los últimos acontecimientos”, escribió Melgen, adjuntando una larga nota de un bufete de abogados que había contratado para trabajar en la disputa de facturación.
El correo electrónico de octubre de 2012 escrito por Melgen fue enviado a Jake Perry, quien era entonces el consultor de recaudación de fondos para un Majority PAC (Comité de Acción Política), un “súper PAC” vinculado al entonces líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, para quien Perry trabajó como empleado.
Perry se sorprendió y se alegró de haber recibido el cheque de Melgen, según testificó el miércoles durante el juicio federal de corrupción de Menéndez. Era el segundo cheque de US$300,000 que el oftalmólogo había enviado al súper PAC, dijo Perry; el primero llegó en junio. Melgen también hizo una donación de US$100,000 al súper PAC que no fue destinado para ayudar a ningún candidato específico, según el testimonio.
Perry testificó que él no le había pedido a Melgen ninguna de las donaciones, y que no sabía quién lo había hecho. Pero ambos cheques habían llegado en un sobre enviado por el abogado de Nueva Jersey Donald Scarinci, dijo Perry. Scarinci es uno de los amigos más cercanos de Menéndez.
“Acabo de ver tu cheque pasar por mi escritorio. Gracias. ¡Eres el mejor!”, escribió Perry a Melgen en octubre, según un correo electrónico presentado como evidencia el miércoles.
Los fiscales en el juicio de Menéndez y Melgen, su coacusado, afirman que el cheque de US$300,000 era parte de unos US$750,000 en contribuciones políticas que Melgen hizo para sobornar a Menéndez, su amigo, para que tomara medidas para ayudarlo con la disputa de facturación del Medicare, en un contrato de seguridad portuaria en República Dominicana y para conseguir o visas para las novias extranjeras del médico.
Perry testificó que estuvo de acuerdo en reenviar el memorándum a Reid. Incluido en el memorándum figuraba una línea que decía que “sería apropiado que el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos interviniera” en la disputa de Melgen, a pesar de que, en ese momento, el asunto estaba siendo tratado por el Consejo de Apelaciones del Medicare, el cual estaba fuera de la jurisdicción del HHS, el órgano superior.
La donación de US$300.000 dólares no fue exactamente prueba candente. Aunque Perry dijo que envió el memorándum a Reid, que llegó dos meses después de que Reid, a petición de Menéndez, ya había organizado una reunión con Menéndez y la entonces secretaria del HHS, Kathleen Sebelius. Aunque Melgen había firmado otro cheque de US$300,000 antes de la reunión, los fiscales aún no han presentado ninguna evidencia vinculándolo a cualquier acción que Menéndez o cualquier otra persona haya tomado para ayudar a Melgen.
Según los fiscales, el punto de la reunión que Reid concertó con Menéndez y Sebelius fue que Menéndez, un demócrata y senador de Nueva Jersey, pudiera presionar al secretario del HHS para que hiciera algo sobre la disputa de facturación de Melgen. Según la defensa, Menéndez no abogaba específicamente por Melgen, sino más bien por una cuestión más amplia que involucraba un medicamento costoso, Lucentis, sobre el cual Melgen había llamado su atención.
Según el testimonio, Reid nunca tomó medidas después de organizar y asistir a la reunión y el HHS nunca intervino para ayudar a Melgen, que en un caso aparte a principios de este año fue declarado culpable de fraude de Medicare.
Perry dijo que conoció a Melgen en el hotel St. Regis Washington, D.C., en enero de 2012. Fueron presentados por Paul Dinino, un cabildero que más tarde trabajaría para Melgen en su disputa del Medicare. Dos meses más tarde, añadió Perry, él pasó un fin de semana largo con Melgen en la villa del doctor en República Dominicana, después de ser trasladado allí en avión desde la Florida en el jet privado de Melgen (Melgen también había pagado el pasaje comercial de Perry a la Florida).
Durante su reunión inicial en el hotel y su fin de semana en República Dominicana, Melgen planteó la disputa de facturación de Medicare que él tenía, así como su contrato de seguridad portuaria en República Dominicana, dijo Perry
Perry dijo que el propósito del viaje era conocer a Melgen, y que nunca le pidió una donación. Sin embargo, tres meses después, Perry se sorprendió al recibir el primer cheque de US$300,000 de Melgen.
“El Dr. Sal se portó bien. Definitivamente, mi viaje a la República Dominicana valió la pena”, escribió Perry en un correo electrónico a la recaudación de fondos del Partido Demócrata Craig Varoga.
“¿Por qué usted dijo que ‘definitivamente, mi viaje a la República Dominicana valió la pena’?”, Preguntó el fiscal Peter Koski a Perry.
“Creo que sólo estaba tratando de ser ingenioso”, dijo Perry. “El cheque había llegado, pero yo no había hecho nada”.
Los abogados defensores destacaron que el intercambio no incluía a Menéndez, y que Perry nunca habló con el senador de Nueva Jersey sobre las donaciones.
“¿Usted recuerda que la razón por la que el doctor Melgen le estaba enviando eso era porque quería que usted se lo transmitiera a Harry Reid?”, preguntó la abogada de Menéndez Jenny Kramer.
“Si”, dijo Perry.
“¿No el senador Menéndez?”, preguntó Kramer. Perry asintió.
¿Alguna vez Melgen exigió, según su conocimiento, que alguien hiciera algo por él?”, preguntó Kramer.
“No”, dijo Perry.
El juicio, que concluyó antes de las 2 de la tarde del miércoles, está en receso hasta el martes próximo.
Internacionales
Dominicano enfrenta cargos en Estados Unidos por presunto fraude de más de US$166 mil en ayudas sociales
Rodolfo Armando Fernández Guzmán es señalado de utilizar la identidad de un ciudadano estadounidense para acceder a programas de alimentación, servicios médicos y asistencia de vivienda en Massachusetts.
MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS. – Las autoridades federales estadounidenses presentaron cargos contra el dominicano Rodolfo Armando Fernández Guzmán, acusado de apropiarse de la identidad de un ciudadano norteamericano para obtener presuntamente beneficios gubernamentales valorados en US$166,479.25.
De acuerdo con los documentos judiciales divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el acusado habría utilizado información personal ajena para acceder a distintos programas de asistencia social destinados a familias y personas que cumplen determinados requisitos económicos.
Las investigaciones señalan que Fernández Guzmán obtuvo presuntamente beneficios de alimentación, cobertura médica y subsidios de vivienda mediante el uso fraudulento de una identidad estadounidense.
Más de 166 mil dólares en beneficios bajo investigación
Según la acusación federal, los recursos supuestamente obtenidos por el dominicano corresponden a tres programas de asistencia pública:
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US$22,402 del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), destinado a facilitar la adquisición de alimentos.
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US$98,481.25 en beneficios de MassHealth, el sistema de cobertura médica de Massachusetts.
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US$45,596 mediante el programa de asistencia habitacional conocido como Sección 8, que ayuda a familias de bajos ingresos con el pago de alquileres.
El monto total de los beneficios cuestionados asciende a US$166,479.25, según las cantidades detalladas por las autoridades federales.
También habría conseguido documentos oficiales con identidad ajena
La investigación establece que Fernández Guzmán presuntamente empleó los datos personales de la víctima para tramitar documentos de identificación en dos estados norteamericanos.
Entre los documentos mencionados figuran dos tarjetas estatales de identificación, un permiso provisional para conducir y tres licencias de conducir emitidas en Massachusetts y Arizona.
Las autoridades consideran que estas actuaciones formarían parte de un esquema de suplantación de identidad que permitió al acusado realizar diversos trámites utilizando información personal que no le pertenecía.
El expediente también recoge que Fernández Guzmán habría sido condenado anteriormente por dos delitos graves en Arizona y que las sentencias de prisión fueron registradas bajo la identidad del ciudadano afectado.
Este último señalamiento también forma parte de las alegaciones presentadas por las autoridades y deberá ser valorado conforme a las pruebas correspondientes.
Caso forma parte de ofensiva federal contra fraudes sociales
El proceso contra el dominicano está incluido en una operación de alcance nacional desarrollada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Agricultura (USDA) y su Oficina del Inspector General.
La iniciativa busca identificar y perseguir presuntos esquemas de fraude relacionados con programas de asistencia económica financiados con fondos públicos.
Según las informaciones oficiales, las actuaciones iniciadas desde septiembre involucran a más de 40 acusados y abarcan posibles pérdidas cercanas a los US$45 millones.
De esa cantidad, aproximadamente US$42 millones corresponden a presuntas irregularidades vinculadas con el programa de asistencia alimentaria SNAP.
Las investigaciones han identificado diferentes modalidades delictivas, entre ellas la utilización de identidades sustraídas, dispositivos destinados a obtener información de tarjetas electrónicas y establecimientos comerciales presuntamente utilizados para desviar fondos públicos.
Autoridades intensifican investigaciones
En el operativo participan distintas dependencias federales encargadas de investigar delitos económicos y proteger los recursos destinados a programas de asistencia social.
Las actuaciones incluyen la colaboración de 13 fiscalías federales y otras autoridades estadounidenses.
El expediente contra Fernández Guzmán se tramita en el Distrito de Massachusetts, donde las autoridades deberán presentar los elementos probatorios que sustenten las imputaciones.
El caso pone de relieve la preocupación de las instituciones estadounidenses por los mecanismos de fraude que pueden afectar programas creados para atender necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda.
Acusado conserva presunción de inocencia
Aunque las autoridades federales han presentado señalamientos sobre el supuesto uso de documentos ajenos y la obtención irregular de beneficios públicos, estas imputaciones todavía deben ser demostradas en el proceso judicial.
La presentación de cargos no constituye una declaración de culpabilidad.
Fernández Guzmán mantiene su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial que establezca su responsabilidad penal.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos y Diario Libre USA, 26 de octubre de 2026.
Washington, Estados Unidos. – La ejecución de Nidal Hasan, condenado a muerte por la masacre ocurrida en la base militar de Fort Hood en 2009, será transmitida en vivo y tendrá carácter público, según informó este jueves un funcionario del Pentágono a la agencia AFP.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que el procedimiento será difundido en directo y señaló que se ofrecerán más detalles posteriormente. De concretarse, sería el primer fusilamiento ejecutado por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961.
Horas antes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había anunciado que la ejecución se realizaría mediante un pelotón de fusilamiento y que el público tendría la posibilidad de presenciarla.
“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público”, expresó Hegseth durante una conversación con el influencer y activista conservador Jack Posobiec.
Las declaraciones fueron difundidas en un video compartido en la red social X por varias cuentas oficiales del Departamento de Defensa.
La masacre de Fort Hood
Nidal Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra del Ejército estadounidense, fue condenado a muerte por el ataque perpetrado en noviembre de 2009 en la instalación militar de Fort Hood, en Texas.
El tiroteo dejó 13 personas muertas y 30 heridas. Doce de las víctimas mortales y 30 de los heridos pertenecían a las Fuerzas Armadas.
Durante el ataque, Hasan fue alcanzado por disparos de una agente de la Policía civil, lo que le provocó una parálisis parcial.
El caso se convirtió en uno de los episodios de violencia más graves registrados en una instalación militar estadounidense y dio lugar a un proceso judicial que culminó con su condena a muerte.
El anuncio sobre la modalidad de ejecución ha generado atención por el carácter público que las autoridades pretenden darle y por el uso de un método que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no emplean para ejecutar a un condenado desde hace más de seis décadas.
Agencia AP
Washington, Estados Unidos.-El presidente Donald Trump afirmó el jueves que no ordenará la reanudación de los ataques militares contra Irán antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.
Trump, mientras hacía campaña por los republicanos esta semana, insinuó que confiaba en que el desenlace de la guerra podría llegar en los días previos o posteriores a las elecciones, y también dejó entrever que seguía abierto a reanudar operaciones militares a gran escala contra Irán.
Durante semanas, Trump ha estado amenazando con que una escalada posterior a las elecciones en la guerra de siete meses de antigüedad sigue siendo una opción viable, pese a sus promesas iniciales a los estadounidenses de una campaña militar que duraría solo unas semanas.
Trump añadió que su equipo ha estado “manteniendo conversaciones productivas con la República Islámica de Irán”.
Estados Unidos e Irán firmaron en junio un acuerdo interino de corta duración, destinado a establecer un alto el fuego de 60 días y un marco para un acuerdo de paz permanente.
Las negociaciones parecían estar estancadas desde que Trump, a finales del mes pasado, rechazó públicamente la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos cumplía ciertas condiciones.
Irán, sin embargo, indicó la semana pasada que había recibido una contrapropuesta de Estados Unidos. Y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, manifestó el jueves queprobablemente habrá una respuesta formal en cuestión de días.
Pero al mismo tiempo, Trump sugirió que tenía sentimientos encontrados sobre poner fin a la guerra en este momento.
“Creo que el acuerdo no es realmente algo que yo quiera hacer, pero ellos están dispuestos a ofrecernos cualquier cosa para que pare”, aseveró el mandatario.
pérdida de los flujos de petróleo
Irán ha perdido su casi control asfixiante sobre los flujos de petróleo a través de la vital vía marítima, con el Comando Central de Estados Unidos escoltando a los petroleros a través del estrecho por la noche con sus sistemas de localización apagados.
Eso, con la ayuda de oleoductos que evitan el estrecho, ha permitido a los países del Golfo Pérsico exportar petróleo a niveles casi anteriores a la guerra.
Pero Irán ha intensificado los ataques contra petroleros que pasan por el estrecho en los últimos días. Y en general, el tráfico marítimo sigue muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra, al igual que los envíos de gas natural licuado y productos combustibles.
Los operadores de petroleros dispuestos a arriesgarse a pasar por el peligroso trayecto bajo la protección del Comando Central están en algunos casos cobrando tarifas de 1 millón de dólares al día o más, según analistas del transporte marítimo.
La situación se ha complicado aún más, ya que Arabia Saudí y el gobierno de Yemen han lanzado una campaña militar destinada a expulsar del estrecho de Bab el-Mandeb, otra ruta comercial crítica de Oriente Medio para el petróleo y otros bienes, a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Los hutíes, a su vez, están atacando aeropuertos saudíes e infraestructura clave en el reino con ataques de drones y misiles.
La publicación de Trump se produce mientras el ejército ha enviado más recursos a la región. Funcionarios de Estados Unidos han dicho que el portaaviones USS Theodore Roosevelt y sus buques escolta podrían llegar tan pronto como a finales de octubre.
El anuncio de Trump se hizo el mismo día en que el USS Abraham Lincoln debía llegar a su puerto base en San Diego tras un despliegue de duración récord en apoyo de la guerra contra Irán. Ha habido reportes de estrés entre la tripulación y de mala salud mental, así como de escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene.
El USS George Washington, que normalmente tiene su base en Asia, relevó al Lincoln en agosto. El otro portaaviones en Oriente Medio, el USS George H.W. Bush, ha estado desplegado durante unos seis meses, pero hizo escala en Phuket, Tailandia, para una visita al puerto hace varios días.