Análisis Noticiosos
Países latinoamericanos elevan el tono contra Israel tras el bombardeo en Yabalia
Las reacciones van desde comunicados de repudio a la ruptura de relaciones diplomáticas
Bogotá / Santiago de Chile / México.-Argentina y México se han sumado este miércoles a la condena de varios países latinoamericanos al bombardeo de Yabalia, el mayor campamento de refugiados en Gaza. “Nada justifica la violación del derecho internacional humanitario, y la obligación de proteger a la población civil en los conflictos armados, sin realizar distinción alguna”, se lee en un comunicado de la Cancillería argentina. México, por su parte, señala la existencia de posibles crímenes de guerra. Los gobiernos de Alberto Fernández y de Andrés Manuel López Obrador se suman así a las declaraciones ya emitidas el martes por sus contrapartes de Bolivia, que ha roto relaciones diplomáticas con Israel; y de Colombia y Chile, que han llamado a consulta a sus embajadores.
El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino recuerda que el 7 de octubre también condenó el ataque de Hamás contra Israel, que dejó al menos 1.400 muertos y más de 200 secuestrados. Señala que incluso reconoció el derecho a la legítima defensa. Sin embargo, el comunicado enfatiza en que Israel está traspasando los límites del derecho internacional en su intervención en Gaza, tras el bombardeo al centro de refugiados, que dejó 50 muertos, 150 heridos, un inmenso cráter y daños en los edificios cercanos. Entre los restos se han sacado los cadáveres de al menos tres bebés. La cifra de muertos desde que comenzó la guerra asciende a 8.525 palestinos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza; en el otro bando, las autoridades israelíes reportan 1.400.
Por su parte, el Gobierno de México ha escalado este miércoles sus críticas a los ataques de Israel y ha llamado a un cese de las hostilidades urgente. La representante mexicana ante las Naciones Unidas, Alicia Buenrostro, ha condenado los ataques a la población civil, al personal médico y humanitario y a la infraestructura esencial, “que podrían constituir crímenes de guerra”. En la asamblea especial de emergencia con motivo de la guerra, la embajadora también ha pedido que Israel levante el sitio en torno a Gaza, “teniendo en cuenta que las represalias son contrarias al derecho internacional”. La representante ha condenado los actos terroristas de Hamás contra Israel, pero ha sido clara en que la respuesta es desproporcional.
La embajadora mexicana también ha criticado la ocupación de los territorios palestinos, señalando que ello contraviene la Carta de la ONU. “Cualquier adquisición de territorio obtenida por la fuerza es nula y carente de validez. Exigimos a la Potencia Ocupante cesar su ocupación y todos los demás actos que afectan la integridad territorial del Estado de Palestina”, ha afirmado. La diplomática ha dicho que México favorece la solución al conflicto bajo la “premisa de dos Estados, que atienda las legítimas preocupaciones de seguridad de Israel, y permita la consolidación del Estado de Palestina, viable política y económicamente”.
Las condenas de México y Argentina se suman a la de otros países de la región. La más contundente ha sido la de Bolivia, que el martes anunció la ruptura de relaciones diplomáticas. El Gobierno de Luis Arce condenó lo que consideró “la agresiva y desproporcionada ofensiva de Israel” y pidió el cese del bloqueo a Gaza, que impide la entrada de alimentos y agua. Convocó a los demás países de la región para pedir “soluciones estructurales”. Con esa decisión, Arce cedió a las presiones de su mentor y exjefe político, el expresidente Evo Morales, quien por semanas había pedido al Gobierno que tomara decisiones más drásticas que el apoyo a Palestina que había manifestado el presidente. Tras el anuncio, Morales señaló que “no es suficiente”.
La Administración de Gustavo Petro, en Colombia, optó por una medida significativa pero menos fuerte, al llamar a consultas a su embajadora. El mandatario compartió el comunicado de su Cancillería y profundizó sobre su postura en X, antes Twitter. “Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá”, escribió. “Se llama genocidio, lo hacen para sacar el pueblo palestino de Gaza y apropiársela. El jefe del Estado que hace este genocidio es un criminal contra la humanidad. Sus aliados no pueden hablar de democracia”, declaró en referencia al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
El mandatario colombiano ha sido uno de los líderes mundiales más enfáticos en condenar a Israel. Tras el ataque inicial de Hamás, se negó a condenar directamente a la milicia y optó por reiterar su postura respecto a que existe una ocupación ilegal en Palestina. Después, escaló en el mensaje al comparar la situación con la del campo de concentración de Auschwitz, donde fueron asesinados decenas de miles de judíos. Esto derivó en que Israel anunciara la suspensión de las exportaciones de equipos de seguridad hacia Colombia y en que Petro aumentara el tono. “Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta”, dijo el 16 de octubre.
En Chile, el presidente Gabriel Boric tomó la misma decisión, aunque ha mantenido un tono más moderado. El martes hizo un llamamiento a redoblar los esfuerzos para lograr una tregua y el urgente ingreso de ayuda humanitaria en Gaza, al tiempo que exigió la liberación “inmediata” de los secuestrados por Hamás. “Chile condena enérgicamente y observa con gran preocupación que dichas operaciones militares —que a estas alturas de su desarrollo comportan un castigo colectivo a la población civil palestina en Gaza— no respetan normas fundamentales del Derecho Internacional”, escribió el mandatario chileno, que adjuntó el comunicado de su Cancillería, liderada por el ministro Alberto Van Klaveren.
“420 niños están siendo heridos o asesinados DIARIAMENTE [sic] en Gaza por el Estado de Israel dirigido por Netanyahu. No son daños colaterales de la guerra contra Hamás, sino sus principales víctimas, junto a civiles inocentes, principalmente mujeres”, publicó también el presidente en la red social, y añadió: “Por si alguien lo duda, todo esto lo hacemos sin dudar en condenar los atentados y secuestros perpetrados por Hamás. La humanidad no se sostiene en empates que deshumanizan. Nada justifica esta barbarie en Gaza. Nada”.
Agradecimiento de Hamás
La agencia Efe ha reportado este miércoles que Hamás ha agradecido a Bolivia por romper relaciones diplomáticas con Israel y a Chile y Colombia por llamar a consulta a sus embajadores. “Estas posiciones honorables quedarán inmortalizadas en el historial de aquellos que rechazan la agresión y triunfan por la justicia de nuestra causa y por los derechos de nuestro pueblo a la libertad y la autodeterminación”, se lee en el comunicado que cita la agencia española. La milicia destaca la decisión del Gobierno de Arce y pide a los países árabes e islámicos que sigan sus pasos. En otro apartado, resalta que Chile y Colombia decidieron llamar a consultas a sus embajadores “en protesta por las agresiones y masacres” que ha cometido Israel en las últimas semanas.
La Cancillería israelí ha criticado las decisiones de Bolivia, Chile y Colombia. “Israel condena el apoyo de Bolivia al terrorismo y su sumisión al régimen iraní, que dan cuenta de los valores que representa el Gobierno de Bolivia”, subraya en un comunicado que señala que las relaciones “carecían de contenido” desde la llegada al poder de Arce. Según Israel, el Gobierno boliviano “se está alineando con la organización terrorista Hamás, que masacró a más de 1.400 israelíes y secuestró a 240 personas”.
Frente a Chile y Colombia, el tono es más moderado. Sin hacer referencia a los llamados a consulta de los embajadores, comenta en otro comunicado que espera que ambos países “condenen explícitamente a la organización terrorista Hamás que asesinó y secuestró niños, mujeres, ancianos y bebés”. “Israel espera que Colombia y Chile lo apoyen, que respalden el derecho de un Estado democrático a proteger a sus ciudadanos y que realicen un llamamiento para la liberación inmediata de los secuestrados y que no se alineen con Venezuela e Irán, que respaldan el terrorismo de Hamás”, añade.
elpais.com
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.