Análisis Noticiosos
Países latinoamericanos elevan el tono contra Israel tras el bombardeo en Yabalia
Las reacciones van desde comunicados de repudio a la ruptura de relaciones diplomáticas
Bogotá / Santiago de Chile / México.-Argentina y México se han sumado este miércoles a la condena de varios países latinoamericanos al bombardeo de Yabalia, el mayor campamento de refugiados en Gaza. “Nada justifica la violación del derecho internacional humanitario, y la obligación de proteger a la población civil en los conflictos armados, sin realizar distinción alguna”, se lee en un comunicado de la Cancillería argentina. México, por su parte, señala la existencia de posibles crímenes de guerra. Los gobiernos de Alberto Fernández y de Andrés Manuel López Obrador se suman así a las declaraciones ya emitidas el martes por sus contrapartes de Bolivia, que ha roto relaciones diplomáticas con Israel; y de Colombia y Chile, que han llamado a consulta a sus embajadores.
El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino recuerda que el 7 de octubre también condenó el ataque de Hamás contra Israel, que dejó al menos 1.400 muertos y más de 200 secuestrados. Señala que incluso reconoció el derecho a la legítima defensa. Sin embargo, el comunicado enfatiza en que Israel está traspasando los límites del derecho internacional en su intervención en Gaza, tras el bombardeo al centro de refugiados, que dejó 50 muertos, 150 heridos, un inmenso cráter y daños en los edificios cercanos. Entre los restos se han sacado los cadáveres de al menos tres bebés. La cifra de muertos desde que comenzó la guerra asciende a 8.525 palestinos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza; en el otro bando, las autoridades israelíes reportan 1.400.
Por su parte, el Gobierno de México ha escalado este miércoles sus críticas a los ataques de Israel y ha llamado a un cese de las hostilidades urgente. La representante mexicana ante las Naciones Unidas, Alicia Buenrostro, ha condenado los ataques a la población civil, al personal médico y humanitario y a la infraestructura esencial, “que podrían constituir crímenes de guerra”. En la asamblea especial de emergencia con motivo de la guerra, la embajadora también ha pedido que Israel levante el sitio en torno a Gaza, “teniendo en cuenta que las represalias son contrarias al derecho internacional”. La representante ha condenado los actos terroristas de Hamás contra Israel, pero ha sido clara en que la respuesta es desproporcional.
La embajadora mexicana también ha criticado la ocupación de los territorios palestinos, señalando que ello contraviene la Carta de la ONU. “Cualquier adquisición de territorio obtenida por la fuerza es nula y carente de validez. Exigimos a la Potencia Ocupante cesar su ocupación y todos los demás actos que afectan la integridad territorial del Estado de Palestina”, ha afirmado. La diplomática ha dicho que México favorece la solución al conflicto bajo la “premisa de dos Estados, que atienda las legítimas preocupaciones de seguridad de Israel, y permita la consolidación del Estado de Palestina, viable política y económicamente”.
Las condenas de México y Argentina se suman a la de otros países de la región. La más contundente ha sido la de Bolivia, que el martes anunció la ruptura de relaciones diplomáticas. El Gobierno de Luis Arce condenó lo que consideró “la agresiva y desproporcionada ofensiva de Israel” y pidió el cese del bloqueo a Gaza, que impide la entrada de alimentos y agua. Convocó a los demás países de la región para pedir “soluciones estructurales”. Con esa decisión, Arce cedió a las presiones de su mentor y exjefe político, el expresidente Evo Morales, quien por semanas había pedido al Gobierno que tomara decisiones más drásticas que el apoyo a Palestina que había manifestado el presidente. Tras el anuncio, Morales señaló que “no es suficiente”.
La Administración de Gustavo Petro, en Colombia, optó por una medida significativa pero menos fuerte, al llamar a consultas a su embajadora. El mandatario compartió el comunicado de su Cancillería y profundizó sobre su postura en X, antes Twitter. “Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá”, escribió. “Se llama genocidio, lo hacen para sacar el pueblo palestino de Gaza y apropiársela. El jefe del Estado que hace este genocidio es un criminal contra la humanidad. Sus aliados no pueden hablar de democracia”, declaró en referencia al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
El mandatario colombiano ha sido uno de los líderes mundiales más enfáticos en condenar a Israel. Tras el ataque inicial de Hamás, se negó a condenar directamente a la milicia y optó por reiterar su postura respecto a que existe una ocupación ilegal en Palestina. Después, escaló en el mensaje al comparar la situación con la del campo de concentración de Auschwitz, donde fueron asesinados decenas de miles de judíos. Esto derivó en que Israel anunciara la suspensión de las exportaciones de equipos de seguridad hacia Colombia y en que Petro aumentara el tono. “Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta”, dijo el 16 de octubre.
En Chile, el presidente Gabriel Boric tomó la misma decisión, aunque ha mantenido un tono más moderado. El martes hizo un llamamiento a redoblar los esfuerzos para lograr una tregua y el urgente ingreso de ayuda humanitaria en Gaza, al tiempo que exigió la liberación “inmediata” de los secuestrados por Hamás. “Chile condena enérgicamente y observa con gran preocupación que dichas operaciones militares —que a estas alturas de su desarrollo comportan un castigo colectivo a la población civil palestina en Gaza— no respetan normas fundamentales del Derecho Internacional”, escribió el mandatario chileno, que adjuntó el comunicado de su Cancillería, liderada por el ministro Alberto Van Klaveren.
“420 niños están siendo heridos o asesinados DIARIAMENTE [sic] en Gaza por el Estado de Israel dirigido por Netanyahu. No son daños colaterales de la guerra contra Hamás, sino sus principales víctimas, junto a civiles inocentes, principalmente mujeres”, publicó también el presidente en la red social, y añadió: “Por si alguien lo duda, todo esto lo hacemos sin dudar en condenar los atentados y secuestros perpetrados por Hamás. La humanidad no se sostiene en empates que deshumanizan. Nada justifica esta barbarie en Gaza. Nada”.
Agradecimiento de Hamás
La agencia Efe ha reportado este miércoles que Hamás ha agradecido a Bolivia por romper relaciones diplomáticas con Israel y a Chile y Colombia por llamar a consulta a sus embajadores. “Estas posiciones honorables quedarán inmortalizadas en el historial de aquellos que rechazan la agresión y triunfan por la justicia de nuestra causa y por los derechos de nuestro pueblo a la libertad y la autodeterminación”, se lee en el comunicado que cita la agencia española. La milicia destaca la decisión del Gobierno de Arce y pide a los países árabes e islámicos que sigan sus pasos. En otro apartado, resalta que Chile y Colombia decidieron llamar a consultas a sus embajadores “en protesta por las agresiones y masacres” que ha cometido Israel en las últimas semanas.
La Cancillería israelí ha criticado las decisiones de Bolivia, Chile y Colombia. “Israel condena el apoyo de Bolivia al terrorismo y su sumisión al régimen iraní, que dan cuenta de los valores que representa el Gobierno de Bolivia”, subraya en un comunicado que señala que las relaciones “carecían de contenido” desde la llegada al poder de Arce. Según Israel, el Gobierno boliviano “se está alineando con la organización terrorista Hamás, que masacró a más de 1.400 israelíes y secuestró a 240 personas”.
Frente a Chile y Colombia, el tono es más moderado. Sin hacer referencia a los llamados a consulta de los embajadores, comenta en otro comunicado que espera que ambos países “condenen explícitamente a la organización terrorista Hamás que asesinó y secuestró niños, mujeres, ancianos y bebés”. “Israel espera que Colombia y Chile lo apoyen, que respalden el derecho de un Estado democrático a proteger a sus ciudadanos y que realicen un llamamiento para la liberación inmediata de los secuestrados y que no se alineen con Venezuela e Irán, que respaldan el terrorismo de Hamás”, añade.
elpais.com
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.