Latinoamericanas
México suspende el acceso de las ONG a las estaciones migratorias
La medida impide oficialmente desde este martes la entrada de los defensores de derechos humanos a los centros donde hay detenidos miles de migrantes
México.- México ha suspendido desde este martes el acceso de las organizaciones defensoras de derechos humanos a los centros migratorios donde hay varados miles de migrantes desde hace meses. A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Migración hace oficial lo que EL PAÍS adelantaba hace unos días, las restricciones al acceso de las ONG ya eran una realidad. El motivo, según la dependencia, es que debido a la oleada de migrantes reciente por la última caravana se han incrementado «considerablemente» las solicitudes de ingreso de estas asociaciones y se ha tomado esta decisión para no «obstaculizar la operatividad de las instalaciones». Unas horas más tarde, la Secretaría de Gobernación ha desconocido el comunicado y alega que se trató de una medida no supervisada por autoridades superiores, aunque no han ofrecido más información al respecto. Las organizaciones afectadas, sin embargo, aseguran que el veto continúa.
«Esto es algo insólito. Nos encontramos en un momento de mucha estupefacción, es de un cinismo tremendo oficializar algo que ya llevaban haciendo meses y además alegar motivos de tipo logístico para anular el monitoreo independiente de la sociedad civil», cuenta desde el otro lado del teléfono Salvador Lacruz, coordinador del Centro de Derechos Humanos Fray Matías, con sede en Tapachula (Chiapas, frontera con Guatemala). «Lo más grave es que además de violar nuestro derecho a defender derechos, con esta medida se viola el derecho de los migrantes a tener algún contacto con el exterior y a recibir acompañamiento jurídico», denuncia Lacruz.
La medida afecta a todas las organizaciones no gubernamentales que trabajen en todos los centros migratorios del país y están preparando desde este martes medidas legales para recurrir la decisión gubernamental. Otros, como Voces Mesoamericanas, esperan a que se den a conocer las fechas prometidas por Migración para devolver los permisos de ingreso, pero como todas las ONG involucradas rechazan firmemente esta medida y planean una acción conjunta para denunciar la acción del Gobierno.
La Ley de Migración establece en su artículo 226 que todo migrante que se encuentre en una estación o estancia provisional tiene derecho a ser visitado por familiares o «representantes de organismos no gubernamentales». Estas organizaciones hasta ahora tenían permisos permanentes de acceso y un calendario de visitas acordado con la institución. En muchos casos, como es la estación migratoria Siglo XXI (en Tapachula, la más grande del Estado sureño de Chiapas) no podían acceder a las instalaciones libremente, consideradas por muchos activistas como verdaderas cárceles, pero sí tenían acceso a los migrantes. Para ellos suponían la única asesoría legal o migratoria que recibían en todo su camino, además del único altavoz para denunciar abusos dentro de los muros.
«Accedíamos a las instalaciones dos veces por semana, unas pocas horas, de 10 de la mañana a dos de la tarde. Y además se hacía todo en áreas restringidas, como un despacho. Ahí nos traían a la gente. Aún así esta labor es muy valiosa para conocer lo que pasa ahí dentro y también para un trabajo preventivo de posibles violaciones a los derechos humanos», explica Lacruz.
Este último año ha sido especialmente duro para las estaciones migratorias. Según las organizaciones que trabajan en el terreno, 2019 ha incrementado el trabajo de muchos. En el caso del centro Fray Matías, en Tapachula, han pasado de atender 500 personas en 2018 a más de 1.100 en 2019, todas internas en el centro migratorio Siglo XXI que tiene una capacidad para casi 900, según declaró en junio pasado en una entrevista a este diario el entonces jefe de Migración, Tonatiuh Guillén.
La medida del Gobierno se produce casi dos semanas después de la llegada a la frontera sur de México de la última caravana de migrantes centroamericanos. Buena parte del grupo de unas 3.000 personas optó por entregarse a las autoridades migratorias, algunos pidieron asilo, otros trabajo y a otros los deportaron. Muchos permanecen o han pasado por los centros de detención del Instituto de Migración. A partir de este martes, ninguno de ellos tendrá más asesoría o acompañamiento que la de los agentes que los detuvieron.
elpais.com
Latinoamericanas
Haití recibe el primer despliegue de nueva fuerza multinacional antipandillas de la ONU
Efe
Puerto Príncipe.- Haití recibió las primeras tropas, procedentes de Chad, de la Fuerza de Supresión de Pandillas (FSG) creada en 2025 por las Naciones Unidas, informó este miércoles el organismo.
La FSG dijo en un mensaje en X que «un destacamento de fuerzas chadianas (…) llegó, marcando el primer despliegue de tropas de la Fuerza de Represión de Pandillas ampliada», que sustituye a la Misión de Seguridad para Haití (MMS), también creada por la ONU y que no tuvo los resultados esperados en el combate contra las bandas.
Con una dotación total de 5.500 efectivos, la GSF tendrá como representante especial a Jack Christofides, que ya se encuentra en Haití, según informó en el mensaje el organismo.
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Esta misión toma el relevo de la MSS cuando las bandas han expandido su dominio este último año más allá de Puerto Príncipe, la capital de Haití, hacia los departamentos de Centro y Artibonite, en medio de altos niveles de violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de «autodefensa» que han causado 5.519 muertos y 2.608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año.
Enfrentamientos armados y una masacre
La Policía Nacional de Haití (PNH) informó precisamente este miércoles de enfrentamientos armados con pandilleros en el marco de una «gran operación» en el departamento de Artibonite, situado al norte de la capital y donde el domingo ocurrió la masacre de al menos 70 personas en un ataque atribuido al grupo armado ‘Gran Grif’, según denuncias de una ONG y la ONU.
El despliegue policial tiene lugar tras la masacre del domingo, denuncia un día después por la ONG Collectif Défenseurs Plus, que acusó al Gobierno haitiano de mostrar una «pasividad indignante que raya en la complicidad flagrante» ante la «barbarie» ocurrida en Arbonite.
Medidas en República Dominicana
En medio de la incertidumbre en Haití, la Cancillería dominicana informó este miércoles que el canciller Álvarez se reunió el lunes con el subsecretario general del Departamento de Apoyo Operacional de las Naciones Unidas, Atul Khare, para abordar el despliegue de la GSF.
En el encuentro se habló de las «facilidades» que podrían brindarse desde la República Dominicana para apoyar a la Fuerza, como el tránsito de personal y equipos, servicios médicos y el establecimiento de un gabinete de apoyo para la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (Unsoh), según indicó un comunicado.
Está cooperación con las GSF se «limita exclusivamente a respaldo desde República Dominicana», precisó el Ministerio de Exteriores.
Por su parte, el periódico dominicano ‘El Listín Diario’ publicó que la República Dominicana ha desplegado miles de soldados del Ejército a lo largo de la frontera con Haití para reforzar la seguridad ante el despliegue de la GSF.
Latinoamericanas
Se retrasa hasta este martes la llegada a Cuba del primer barco del Convoy Nuestra América
Latinoamericanas
Incautan en febrero 28 toneladas de cocaína en operaciones en diez países, incluyendo RD
Agencia EFE
Colombia.-La Policía de Colombia lideró en febrero una operación transnacional contra el narcotráfico que dejó 28 toneladas de cocaína incautadas y 38 personas capturadas en operativos simultáneos en diez países de América y Europa, informó este domingo la institución.
La ofensiva, que tuvo lugar entre el 1 y el 25 de febrero, también permitió decomisar más de tres toneladas de marihuana, 1,800 litros de ketamina y 700,000 dólares en efectivo, así como tres vehículos y cuatro embarcaciones utilizadas por redes criminales.
Las acciones se llevaron a cabo de manera coordinada con agencias internacionales como la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI) de Estados Unidos, además de autoridades de Panamá, Ecuador, España, Francia y Países Bajos, entre otros países.
En total, los operativos se realizaron en Bélgica, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Panamá y República Dominicana, lo que, según la institución, evidencia el alcance global de estas organizaciones ilegales y la necesidad de cooperación internacional para combatirlas.