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Opinión

Mi coincidencia con el CONEP

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Por Miguel Ceara-Hatton

Se pretende “borrón y cuenta nueva” frente a violadores de leyes

Algunos amigos economistas oficialistas me han dicho que es inconcebible que esté coincidiendo en materia de gasto con el Sr. Manuel Diez, del CONEP. Pero como indicó otro amigo en esa conversación, yo también he publicado en artículos y libros desde hace tiempo mi posición en esta materia.  

Soy un economista heterodoxo y por lo tanto parto de un marco teórico en donde el nivel de gasto agregado de la economía determina el nivel de producto y empleo en el corto y largo plazo. Por lo que, en principio me siento cómodo con el gasto público y entiendo que un aumento del déficit público cuando hace crecer el producto y el empleo que pague el déficit es positivo para la economía en el largo plazo.

Eso no quiere decir que esté de acuerdo con un gasto público que pague clientelismo, corrupción, deviación de fondos y despilfarro. Además se gaste violando la Constitución, la Ley Orgánica de Presupuesto,  la del Presupuesto 2012 y el Complementario, la de Contraloría, la ley de Compras Gubernamentales  y muchas otras, debilitando las instituciones democráticas y comprando elecciones.  Para colmo de males, se pretende un “borrón y cuenta nueva”  frente a los violadores de leyes porque son miembros de la Corporación PLD que tienen una patente de corso.

Lo peor es que la “locura pública de 2012” fue realizada con “premeditación, alevosía, acechanza, mala fe y nocturnidad”. La primera señal de esa voluntad fue el rompimiento con el FMI en octubre de 2011 y la posterior declaración del Sr. Fernández de  disponer de RD$40 mil millones (casi el 2% del PIB, lo que le faltaba para completar el 4% de educación) para gastar en campaña política.

Hubo un silencio irresponsable de funcionarios.  En los primeros días de marzo se debatió públicamente que el déficit del Gobierno Central era la mitad del programado para todo el año. Al mes siguiente se debatió que el déficit había superado por mucho lo programado.  A partir de ahí había suficientes indicaciones de alarma para que cualquier economista del Gobierno reaccionara. Las cifras calculadas subestimaban la situación pero eran de tal magnitud que intranquilizaban. La consecuencia sería un ajuste doloroso para el bienestar de la población. Ahora, el mismo grupo de funcionarios que se “enloqueció” pide más impuestos.

Por eso coincido con cualquier ciudadano, y muy probablemente con el Sr. Diez, en el señalamiento de que primero deben establecerse las responsabilidades y sanciones para que la locura del 2012 no se repita nunca más. Segundo, hacer un presupuesto 2013 transitorio con base 2011 y luego discutir la reforma fiscal, pero teniendo la ciudadanía una mayor certeza de que los fondos no se van a perder, desviar o financiar fines espurios.

Artículo original publicado en el periódico HOY.

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Opinión

La Procuraduría General de la República y el MP deben amarrar el toro por los cuernos.

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Por José Cabral

Nadie sabe cómo se produce la formación de jueces y fiscales en la República Dominicana, a pesar de la existencia de las escuelas nacional de la judicatura y del Ministerio Público.

Cuantos disparates jurídicos se ven en los tribunales y las fiscalías de los diferentes distritos judiciales del territorio nacional, en unos más que en otros.

Cuando se tiene que litigar o acudir a los tribunales, por la razón que sea, llena de mucha amargura al que tiene que hacerlo.

Pero la asistencia a un palacio de justicia no sólo causa preocupación con ver a simple vista lo que allí ocurre, sino también por la forma en que se manejan las leyes en estas instancias.

Es un escenario donde los fiscales y los jueces hacen las cosas como a ellos les da la gana, muchas veces por irresponsabilidad y otras por incapacidad.

Tanto es así, que hay fiscales que tienen el cliché de que todo lo penal que proviene de una ley del derecho civil no es competencia del Ministerio Público.

Es decir, que el que comete fraude o falsifica documentos en el marco de una junta directiva de un condominio, el caso no es penal, sino civil, siempre de acuerdo a la visión del Ministerio Público.

Entonces, frente a esa incapacidad es como si no existiera la razonabilidad para determinar que cualquier ley del derecho civil tiene situaciones que por sus propias características entran en el derecho penal.

Esta situación genera en la actualidad una verdadera crisis con las actuaciones del Ministerio Público, cuyos miembros tienen unas actitudes que van a generar muchas vías de hecho por el manejo equivocado que se les da a los casos.

En el próximo artículo buscaré analizar el comportamiento de los jueces de los tribunales inferiores y de las cortes de apelación, quienes siempre recurren a la palabra clave para evitar la consecuente queja por una sentencia arbitraria emitida en contra de una serie de valores, principios y derechos constitucionales fundamentales, que es si no está de acuerdo con la decisión, recurra.

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Opinión

La Sede de la Corte Penal  Internacional en el Territorio de un Estado

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Por Rommel Santos Díaz

El artículo 3 del Estatuto de Roma dispone que la Sede de la Corte Penal Internacional  esté en La Haya, y que la Asamblea de los Estados Partes  aprobará un acuerdo entre la CPI y el Estado anfitrión.

El  artículo 3 (3) y 62 del Estatuto de Roma propone que la CPI también podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando sea necesario  para un proceso o una serie de procesos  específicos.

Los Estados  Partes podrán disponer  que la Sede de la CPI esté en su territorio cuando  esto sea necesario o beneficioso.

Las Reglas de Prueba y Procedimientos  normalmente especificarán los procedimientos a tomar para que CPI  sesione fuera de su Sede.

Ninguna de estas disposiciones crea obligación alguna para los Estados.

Muchos Estados cuentan con legislación  y procedimientos administrativos  que permiten que el Tribunal Penal Internacional  para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda  celebre sesiones en su territorio.

Esta legislación y procedimientos podrían requerir una reforma mínima, para permitir que la Corte Penal  Internacional  también tenga su sede en su territorio.

Algunas veces, el hecho de celebrar un juicio en el  lugar en que se cometió el delito dará a las víctimas  un mayor sentido de justicia, ya que podrían claramente apreciar que la CPI funciona.

Finalmente, los Estados deberán tomar en consideración la posibilidad de permitir que la Corte Penal Internacional  funcione plenamente  en su territorio.

[email protected]

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Opinión

Un hospital en el “Maharishi”

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Por Nelson Encarnación

Los residentes en “los kilómetros” se han sorprendido con el anuncio de que en los amplios terrenos donde funcionó hace décadas un colegio conocido como “Maharishi”, se pretende construir un centro recreativo que estará a cargo del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

A la sorpresa ha seguido el reclamo de que, en lugar de dicho centro, se construya un hospital general, en atención a que en esa zona no existe un establecimiento de salud de esa categoría ni de ninguna otra.

En realidad, toda esa amplia franja de territorio que va del Centro de los Héroes hasta el kilómetro 12 de la avenida Independencia (hacia el oeste de la carretera Sánchez), y de Sur a Norte, desde el Malecón hasta la avenida 27 de Febrero, solo existen dos centros médicos privados y ningún hospital del Estado.

Nos referimos a las clínicas Independencia y Real, mientras que el hospital más cercano es el Marcelino Vélez Santana, enclavado en la zona de Herrera, cuya capacidad se desborda solo con la demanda de la gran población del municipio Santo Domingo Oeste y vecindades que le rodean.

Es decir, la zona que mencionamos está compuesta de una numerosa población en su mayoría de condiciones económicas vulnerables que tiene que movilizarse a hospitales distantes para procurar una atención médica que no se puede costear en los escasos centros privados.

Desconocemos las razones por las cuales el Estado nunca ha contemplado la necesidad de dotar a la zona suroeste de la capital de un gran hospital, mientras se han realizado cuantiosas inversiones para la construcción de varias ofertas de salud en otros lugares, a veces establecimientos bien cercanos.

Ante esa realidad, el presidente Luis Abinader se consagrará como un preocupado por la salud de esa población si en los referidos terrenos, en vez de un indefinido “centro recreativo” se decidiera la construcción de un hospital que responda a las necesidades de salud de miles de personas marginadas de los servicios sanitarios accesibles.

En este caso yo abogo por la colectividad, no por unos cuantos que por intereses particulares quisieran que los terrenos del “Maharishi” siguieran bajo su usufructo.

De modo que, un hospital sería de impacto colectivo de un alcance mucho mayor que un innominado centro recreativo que nadie ha pedido. Presidente, tome esto como una solicitud formal.

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