Opinión
Mi coincidencia con el CONEP
Por Miguel Ceara-Hatton
Se pretende “borrón y cuenta nueva” frente a violadores de leyes
Algunos amigos economistas oficialistas me han dicho que es inconcebible que esté coincidiendo en materia de gasto con el Sr. Manuel Diez, del CONEP. Pero como indicó otro amigo en esa conversación, yo también he publicado en artículos y libros desde hace tiempo mi posición en esta materia. Soy un economista heterodoxo y por lo tanto parto de un marco teórico en donde el nivel de gasto agregado de la economía determina el nivel de producto y empleo en el corto y largo plazo. Por lo que, en principio me siento cómodo con el gasto público y entiendo que un aumento del déficit público cuando hace crecer el producto y el empleo que pague el déficit es positivo para la economía en el largo plazo.
Eso no quiere decir que esté de acuerdo con un gasto público que pague clientelismo, corrupción, deviación de fondos y despilfarro. Además se gaste violando la Constitución, la Ley Orgánica de Presupuesto, la del Presupuesto 2012 y el Complementario, la de Contraloría, la ley de Compras Gubernamentales y muchas otras, debilitando las instituciones democráticas y comprando elecciones. Para colmo de males, se pretende un “borrón y cuenta nueva” frente a los violadores de leyes porque son miembros de la Corporación PLD que tienen una patente de corso.
Lo peor es que la “locura pública de 2012” fue realizada con “premeditación, alevosía, acechanza, mala fe y nocturnidad”. La primera señal de esa voluntad fue el rompimiento con el FMI en octubre de 2011 y la posterior declaración del Sr. Fernández de disponer de RD$40 mil millones (casi el 2% del PIB, lo que le faltaba para completar el 4% de educación) para gastar en campaña política.
Hubo un silencio irresponsable de funcionarios. En los primeros días de marzo se debatió públicamente que el déficit del Gobierno Central era la mitad del programado para todo el año. Al mes siguiente se debatió que el déficit había superado por mucho lo programado. A partir de ahí había suficientes indicaciones de alarma para que cualquier economista del Gobierno reaccionara. Las cifras calculadas subestimaban la situación pero eran de tal magnitud que intranquilizaban. La consecuencia sería un ajuste doloroso para el bienestar de la población. Ahora, el mismo grupo de funcionarios que se “enloqueció” pide más impuestos.
Por eso coincido con cualquier ciudadano, y muy probablemente con el Sr. Diez, en el señalamiento de que primero deben establecerse las responsabilidades y sanciones para que la locura del 2012 no se repita nunca más. Segundo, hacer un presupuesto 2013 transitorio con base 2011 y luego discutir la reforma fiscal, pero teniendo la ciudadanía una mayor certeza de que los fondos no se van a perder, desviar o financiar fines espurios.
Artículo original publicado en el periódico HOY.
Por Edgard Paniagua Miguel
Por Isaías Ramos
Nuestro pueblo dominicano se encuentra navegando por un mar de confusiones, atrapado entre el anhelo de “progreso económico” y el imperativo de la integridad moral y social. Mientras la élite política pinta un cuadro de un futuro próspero, nuestros corazones nos dicen que estamos perdiendo nuestros valores y principios fundamentales, aquellos que dan vida a una sociedad justa y equitativa.
El sueño del progreso económico se ha desvanecido en un desierto moral. Soñábamos con una patria donde la justicia y la tranquilidad fueran el pan de cada día, pero hoy nos vemos sumergidos en un ambiente cada vez más violento, hostil y desigual entre los que “tienen” y los que “no tienen”. La insaciable codicia de esta élite ha agrandado la brecha entre ricos y pobres, dando vida a una clase baja que subsiste en la miseria, despojada de servicios esenciales y de su propia dignidad, mientras una pequeña élite se baña en opulencia.
Esta dolorosa realidad es el fruto de gobernantes que, carentes de conciencia social, han elegido favorecer el capital y oprimir al pueblo. Con una crueldad perversa, han hipotecado el futuro de nuestros hijos y nietos para incrementar sus fortunas y las de sus allegados, sacrificando la salud, la educación, las pensiones de nuestros trabajadores y nuestro medio ambiente en el altar del “crecimiento económico”. Han disfrazado la explotación y opresión de la mano de obra con sueldos de miseria como “competitividad”, convirtiéndola en un reclamo para “inversiones”, una forma moderna de vender esclavitud.
El neoliberalismo salvaje ha intensificado estas atrocidades, promoviendo una visión del mundo donde el crecimiento se sustenta en la pérdida de la dignidad humana, dando vida a una sociedad donde el dinero es un “Dios” amoral, donde la riqueza se acumula en pocas manos, ignorando las necesidades de la mayoría. Han transformado nuestras naciones en desiertos sociales, donde el éxito se esconde tras altas vallas y guardianes armados.
La realidad de países vecinos, nos muestra el devastador final de modelos económicos que, prometiendo prosperidad, solo traen destrucción y abandono. Si seguimos este camino, nuestro destino no será diferente.
En el Frente Cívico y Social creemos que, en este panorama desolador, es la ciudadanía quien tiene el poder y la responsabilidad de forjar un nuevo destino. Es crucial exigir integridad y transparencia, revaluar el camino que estamos construyendo y rectificar nuestro rumbo. Reconstruir una sociedad más justa, equitativa y moral es una misión compartida, y el momento de actuar es ahora.
El verdadero progreso no se mide por indicadores económicos, sino por la calidad de vida de nuestras gentes, el bienestar colectivo y la preservación de nuestros valores y principios. Buscar el crecimiento económico no debe ser un fin en sí mismo, sino el medio para edificar una sociedad más justa y equitativa.
En el FCS, sabemos que acostumbrarnos a vivir entre el desierto moral y el progreso vacío podría empujarnos a un abismo sin retorno. Es hora de construir el camino hacia un futuro en el que el éxito se mida no por la riqueza de unos pocos, sino por el bienestar de todos, por la preservación de nuestra humanidad y nuestros recursos naturales, y por el legado que dejemos a las futuras generaciones. Es hora de reflexionar y actuar para construir el futuro que soñamos, un futuro donde el progreso y los valores morales y sociales florezcan en armonía.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 86, de la parte 9 del Estatuto de Roma estipula que todos los Estados deberán cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia.
La palabra ¨cooperar plenamente¨ fueron escogidas cuidadosamente por los redactores del Estatuto de Roma, para enfatizar el papel importante que tienen los Estados en el funcionamiento efectivo y eficiente de la Corte.
El artículo 86 del Estatuto de Roma también prevé que los Estados Partes deberán cooperar plenamente ¨de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto. Por consiguiente, toda previsión del Estatuto que requiera la participación de un Estado deberá interpretarse como cooperación plena, salvo que se especifique lo contrario.
El mismo artículo 86 estipula que los Estados Partes deberán ¨asegurar que en el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificadas en esta parte del Estatuto de Roma.
En otros términos, se prevé que los Estados utilicen sus leyes nacionales para establecer todos los procedimientos necesarios que les posibiliten asistir a la Corte Penal Internacional. Todos estos procedimientos deberán permitir a los órganos estatales responder tan rápido como sea posible a los requerimientos de la Corte.
Los Estados deben de considerar que si no cumplen con un requerimiento de la cooperación de la Corte Penal Internacional, en contravención a los dispuesto en el Estatuto, impidiéndole ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con el Estatuto, la Corte podrá hacer una constatación en ese sentido y remitir la cuestión a la Asamblea de los Estados Partes o, al Consejo de Seguridad, si este le hubiese remitido el asunto.
El Estatuto de Roma no prevé específicamente ninguna sanción. Sin embargo, un Estado Parte que se niegue a dar curso a una solicitud de cooperación formulada por la Corte, estará incumpliendo con sus obligaciones al tratado en la mayoría de los casos, y podría haber consecuencias políticas perjudiciales contra ese Estado.
Todo lo planteado anteriormente tiene un impacto directo en cuanto a la competencia de la Corte Penal Internacional, en tanto el artículo 12 del Estatuto de Roma establece que un Estado, al aceptar ser parte del Estatuto, se adhiere por ende a la jurisdicción de la Corte respecto a los crímenes estipulados en el articulo 5 (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión). Esto significa que una vez que un Estado se convierte en Estado Parte, éste acepta automáticamente la competencia de la Corte, a partir del día en que entre en vigor el Estatuto.
Cabe destacar que los Estados que no sean parte del Estatuto de Roma también podrán aceptar la competencia de la Corte respecto a un crimen en particular, por medio de una declaración de conformidad con el artículo 12.
Finalmente, los Estados que no sean parte deberán cooperar plenamente una vez que acuerden asistir a la Corte Penal Internacional en una investigación en particular. Si incumplen el acuerdo especial realizado con la Corte, esta podrá informar a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según sea el caso.