Más de 10,000 familias fueron beneficiadas durante la jornada, en la que se entregaron más de 24,000 kits de mochilas con tabletas electrónicas

SANTO DOMINGO.– La tercera edición de la iniciativa Plásticos por Útiles Escolares concluyó este sábado con la recolección de 16.5 millones de botellas plásticas y la entrega de más de 24,000 kits de mochilas con tabletas electrónicas, como parte de un programa que combina asistencia a las familias con acciones de concienciación sobre la protección del medioambiente.

La jornada, organizada por la Alcaldía del Distrito Nacional, impactó a más de 10,000 familias, que entregaron residuos plásticos a cambio de los útiles destinados al inicio del año escolar.

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, resaltó durante el cierre de la actividad el impacto social de la iniciativa, particularmente por el respaldo que representa para numerosos hogares en momentos en que las familias deben asumir los gastos correspondientes al regreso a clases.

Mejía informó que, concluido el proceso de pesaje y atención de los participantes, el balance definitivo alcanzó los 16.5 millones de botellas recolectadas.

La funcionaria agradeció la participación ciudadana y destacó el doble propósito de la jornada, orientado tanto a respaldar a las familias como a fomentar una mayor conciencia sobre el manejo adecuado de los residuos.

Una iniciativa con impacto ambiental

Los resultados de esta tercera edición se agregan a las cantidades recolectadas anteriormente mediante los programas Plásticos por Juguetes y Plásticos por Útiles Escolares.

Según los datos ofrecidos por los organizadores, ambas iniciativas acumulan en conjunto 53.5 millones de botellas plásticas recolectadas, convirtiéndose en una de las jornadas de concienciación ambiental de mayor alcance realizadas en República Dominicana.

La propuesta busca incentivar entre los ciudadanos prácticas responsables de disposición y recuperación de residuos, mientras vincula la participación comunitaria con beneficios dirigidos principalmente a las familias.

En esta ocasión, el componente social estuvo concentrado en la entrega de materiales escolares y tabletas electrónicas, herramientas que pueden contribuir a aliviar parte de la carga económica que representa el inicio del período escolar.

Seguridad durante la jornada

Debido a la cantidad de personas participantes, los organizadores dispusieron un operativo integrado por aproximadamente 400 agentes, encargados de preservar el orden y garantizar la seguridad durante el desarrollo de la actividad.

La iniciativa contó además con la colaboración de instituciones públicas y empresas privadas, entre ellas el Ministerio de Educación, Banco Popular, Propagas, Fundación Propagas, Grupo Ramos, Industrias Bisonó, Constructora Bisonó, Fiducorp, Rica, Susaeta, Industrias San Miguel, Farmacias GBC, Café Santo Domingo, McDonald’s, Seaboard y Planeta Azul.

Con la conclusión de esta tercera edición, Plásticos por Útiles Escolares vuelve a colocar sobre la agenda ciudadana dos temas que inciden directamente en la calidad de vida de la población: la protección ambiental y el respaldo a las familias dominicanas en el proceso educativo de sus hijos.

Fuente de los datos: información suministrada por la Alcaldía del Distrito Nacional y reproducida en el material periodístico proporcionado.

La legislación permite inadmitir viajeros por antecedentes, alertas de seguridad y otras causas, aunque la categoría “perfil de riesgo” no está definida expresamente en la Ley General de Migración

SANTO DOMINGO.– La evaluación de los extranjeros que intentan ingresar a República Dominicana va mucho más allá de la revisión de pasaportes, visas y demás documentos de viaje. Las autoridades migratorias utilizan sistemas de inteligencia, análisis de antecedentes y mecanismos de alerta para determinar si una persona representa un posible riesgo para la seguridad nacional.

Durante julio, la Dirección General de Migración (DGM) rechazó la entrada de 116 extranjeros, de los cuales 28 fueron clasificados bajo la categoría de “perfil de riesgo para la seguridad nacional”, según los datos contenidos en la información examinada.

La denominación ha llamado la atención debido a que la Ley General de Migración núm. 285-04 no establece expresamente el “perfil de riesgo” como una categoría autónoma de inadmisión.

En la práctica, se trata de un criterio utilizado por las autoridades dentro de los procedimientos de evaluación e inteligencia para identificar a viajeros que, debido a verificaciones, antecedentes o alertas, pudieran encontrarse comprendidos dentro de alguno de los impedimentos establecidos por la legislación migratoria.

Tener visa no garantiza la entrada al país

Uno de los aspectos relevantes del régimen migratorio dominicano es que disponer de una visa no significa necesariamente que el extranjero tenga garantizada su entrada al territorio nacional.

El artículo 18 de la Ley 285-04 establece que la visa concede al extranjero una vocación para ser admitido, pero no representa una admisión incondicional. En consecuencia, las autoridades conservan la facultad de evaluar las circunstancias particulares del viajero al momento de su llegada.

Entre los impedimentos contemplados por la legislación se encuentran determinadas situaciones relacionadas con procesos o condenas por delitos, antecedentes penales cuya naturaleza evidencie peligrosidad incompatible con la incorporación a la sociedad dominicana, pertenencia a organizaciones terroristas, deportaciones o expulsiones anteriores y prohibiciones expresas de entrada.

No obstante, la existencia de antecedentes penales no constituye necesariamente una prohibición automática en todos los casos. La legislación dispone que deben tomarse en consideración factores como la naturaleza del delito, la condena impuesta, la reincidencia y la eventual extinción de la pena o de la acción penal.

Inteligencia artificial entra en el control migratorio

La tecnología también ha comenzado a desempeñar un papel relevante en estos procesos.

Personal de Inteligencia y Control Migratorio ha recibido capacitación para la evaluación avanzada de riesgos de pasajeros utilizando análisis de datos, inteligencia artificial y técnicas de perfilamiento, dirigidas a identificar amenazas, alteraciones documentales y movimientos considerados sospechosos.

Entre las causas detectadas mediante los sistemas de alerta se encuentran antecedentes o posibles vinculaciones relacionadas con delitos sexuales, lavado de activos, trata de personas, narcotráfico y crimen organizado.

La estructura de inteligencia migratoria mantiene además mecanismos de coordinación con organismos nacionales e internacionales, incluyendo la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) e Interpol.

Más de mil pasajeros fueron buscados por “perfil sospechoso”

La magnitud del sistema de análisis puede observarse en las estadísticas correspondientes a 2025.

Durante ese año, el Centro de Monitoreo y Perfilaje reportó la búsqueda de 1,034 pasajeros considerados con “perfil sospechoso”, además de más de 21,000 consultas de movimientos migratorios y aproximadamente 34,000 registros de pasajeros utilizados en investigaciones o consultas.

Estas cifras muestran que el control de entrada al territorio dominicano está acompañado por un sistema de información y análisis que opera antes y durante el proceso ordinario de inspección migratoria.

¿Cuándo puede Migración impedir la entrada?

El artículo 120 de la Ley General de Migración establece diferentes situaciones que pueden producir la no admisión de un extranjero.

Entre ellas figuran la carencia de documentos requeridos, presentación de documentación falsa o adulterada, encontrarse comprendido dentro de alguno de los impedimentos contemplados legalmente o intentar evadir los controles migratorios.

Por tanto, cuando las verificaciones realizadas por los organismos de inteligencia arrojan una alerta o antecedente que pueda encuadrarse dentro de los impedimentos establecidos legalmente, la autoridad migratoria puede impedir el ingreso del viajero.

Sin embargo, en los 28 casos registrados durante julio como perfiles de riesgo, la información disponible no especifica individualmente qué circunstancias provocaron esa clasificación.

No se establece si se trató de antecedentes relacionados con narcotráfico, investigaciones pendientes, alertas internacionales, crimen organizado u otras situaciones particulares.

La nacionalidad no determina el riesgo

Otro aspecto importante es evitar relacionar la clasificación de riesgo con la nacionalidad de los pasajeros.

Los datos generales muestran extranjeros de diferentes países entre las personas inadmitidas, pero eso no significa que determinada nacionalidad pueda considerarse por sí misma un factor de riesgo.

La información analizada advierte expresamente que ser mexicano, estadounidense, colombiano o poseer cualquier otra nacionalidad no constituye legalmente un perfil de riesgo.

Agresiones sexuales y problemas de documentación

Las autoridades también registraron otras causas específicas de inadmisión.

Tres extranjeros fueron rechazados por condenas relacionadas con agresión sexual contra una menor, mientras otros cinco tenían impedimentos de entrada dispuestos por autoridades competentes.

Asimismo, 26 viajeros presentaron pasaportes deteriorados, 20 carecían de la documentación requerida y 15 pretendían ingresar con fines laborales sin disponer de la visa correspondiente.

Garantías para el extranjero inadmitido

La facultad estatal de controlar sus fronteras no elimina completamente las garantías reconocidas a las personas afectadas por una decisión de inadmisión.

El extranjero al que se le niega la entrada puede solicitar comunicación con la persona que lo recibiría en República Dominicana o con su embajada o consulado antes de ser retornado al lugar de procedencia, a su país de origen o a un tercer Estado que acepte recibirlo.

El incremento de las herramientas tecnológicas y de inteligencia aplicadas al control migratorio abre, además, una discusión que probablemente adquirirá mayor importancia en los próximos años: hasta dónde puede llegar el uso de inteligencia artificial y sistemas de perfilamiento en decisiones estatales que afectan directamente los derechos de las personas.

Ese debate coloca frente a frente dos intereses que el Estado deberá procurar equilibrar: la protección de la seguridad nacional y el respeto de las garantías individuales.

El presidente de la CNUS cuestionó la reintroducción de la iniciativa en el Congreso Nacional. El senador Cristóbal Venerado Castillo posteriormente decidió retirarla ante el rechazo sindical.

SANTO DOMINGO.– El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael “Pepe” Abreu, rechazó la reintroducción en el Congreso Nacional del proyecto de reforma al Código de Trabajo y reiteró que el movimiento sindical no aceptará modificaciones que afecten el régimen de cesantía laboral.

Abreu cuestionó la decisión del senador por Hato Mayor, Cristóbal Venerado Castillo, de presentar nuevamente la iniciativa, al considerar que la acción se produjo pese a la posición que previamente habían expresado representantes sindicales ante el Poder Legislativo.

El dirigente sostuvo que, luego de haber perimido la reforma y ante las diferencias existentes entre trabajadores y empresarios sobre aspectos fundamentales de la propuesta, no existían condiciones para colocar nuevamente el proyecto en la agenda congresual.

Según explicó, las centrales sindicales habían depositado una comunicación ante el Congreso Nacional solicitando que la iniciativa no fuera reintroducida en esas circunstancias.

Cesantía continúa en el centro del debate

El principal punto de conflicto continúa siendo la cesantía laboral, tema sobre el cual las organizaciones sindicales mantienen una posición firme.

Abreu reiteró que la CNUS no aceptará modificaciones al artículo principal que regula este derecho ni a otras disposiciones relacionadas con su aplicación.

Las diferencias en torno a la cesantía han constituido uno de los principales obstáculos para alcanzar un consenso definitivo entre empleadores y trabajadores sobre la modernización del Código de Trabajo, legislación que tiene más de tres décadas de vigencia.

Senador retira la iniciativa

Tras las reacciones generadas por la reintroducción del proyecto, el senador Cristóbal Venerado Castillo decidió retirarlo.

El legislador sostuvo que la propuesta presentada no contemplaba modificaciones a la cesantía y explicó que tomó la decisión de retirarla debido al escaso respaldo mostrado hacia la iniciativa.

La decisión reduce momentáneamente la tensión provocada por la reactivación del proyecto, pero no resuelve las diferencias de fondo que durante años han impedido un acuerdo entre los principales sectores involucrados.

Sindicalistas endurecen posición

El presidente de la CNUS también ha expresado una posición de mayor cautela frente a la posibilidad de retomar inmediatamente las discusiones sobre la reforma.

Durante una reunión del Consejo Consultivo de Trabajo (CCT), en la que participaron representantes sindicales, empresariales y autoridades laborales, Abreu manifestó que su organización no está dispuesta a reiniciar un debate que ha sido abordado reiteradamente sin que las partes alcancen consenso.

La advertencia fue realizada en presencia del ministro de Trabajo, Eddy Olivares, en momentos en que persisten las diferencias entre los sectores laboral y empresarial.

Una reforma todavía sin consenso

La modernización del Código de Trabajo ha atravesado diferentes etapas de discusión y varias legislaturas sin alcanzar aprobación definitiva.

Aunque empresarios y trabajadores coinciden en la necesidad de actualizar diversos aspectos de la legislación laboral dominicana, la cesantía continúa siendo el principal punto de ruptura.

El retiro de la iniciativa presentada por Castillo deja nuevamente pendiente una reforma considerada de importancia para las relaciones laborales del país y evidencia que cualquier nuevo intento de modificar el Código de Trabajo requerirá reconstruir previamente los consensos entre trabajadores, empresarios y autoridades.

La discusión, por tanto, no parece haber terminado. Lo que queda en suspenso es cuándo y bajo qué condiciones podrá regresar al Congreso una reforma laboral capaz de conciliar la modernización del mercado de trabajo con la preservación de los derechos adquiridos por los trabajadores.