acusa a la Cámara de Cuentas de graves fallas
La Cámara de Cuentas auditó obras realizadas por Odebrecht en los gobiernos de Hipólito Mejháía, Leonel Fernández y Danilo Medina
Santo Domingo, RD.-La Cámara de Cuentas cometió graves irregularidades en el proceso de investigación especial practicado a las obras del Ministerio de Obras Públicas, construidas por la empresa brasileña Norberto Odebrecht entre el 7 de marzo de 2002 y el 14 de abril de 2014.
El criterio es sustentado por la miembro de la Cámara de Cuentas, Margarita Melenciano Corporán, en su segundo voto disidente del 8 de este mes, en el que rechaza la investigación realizada por el organismo a solicitud de la Procuraduría General de la República.
Las obras contratadas por Odebrecht en el indicado período fueron la carretera de Casabito, Corredor Duarte, autopista El Coral, Circunvalación La Romana, carretera Del Río-Jarabacoa y carretera Cibao-Sur. Además, carretera Bávaro-Miches-Sabana de la Mar, Corredor Duarte II, Ecovía de Santiago, Bulevar Turístico del Este y Circunvalación San Pedro de Macorís-La Romana.
“Contrario a lo argumentado por los auditores de la Cámara de Cuentas de la República, en la contratación de las obras investigadas se aprecian violaciones al ordenamiento jurídico del Estado, y a que las mismas comprometen la responsabilidad de las autoridades administrativas que tienen la atribución de velar por el control interno del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones”, advierte.
Otras violaciones
Melenciano Corporán asegura que en la investigación especial se cometieron también violaciones de preceptos constitucionales, legales y técnicos que impiden determinar el cumplimiento de las disposiciones que regulan las compras y contrataciones públicas.
Sostiene que el informe de la Cámara de Cuentas no debió ser aprobado porque la falta de ponderación y análisis de las adendas realizadas a los contratos y sus motivaciones, no se pronuncian como debilidades en el proceso de planificación de los trabajos, ni que esa falta de previsión haya impactado de manera negatica el patrimonio público.
Expresa que tampoco se realizaron análisis de los estados económicos comparativos de las obras construidas con dinero público, que permitieran a través de las cubicaciones presentadas, determinar la correcta utilización de los recursos destinados a estos proyectos.
No investigaron
La miembro de la Cámara de Cuentas afirma que se evidencian irregularidades de importancia alta y de orden público, que impiden también conocer la fecha real de salida de los técnicos y profesionales del Ministerio de Obras Públicas, situación que impide el conocimiento real del contenido del acta de hallazgos.
Melenciano Corporán establece que tampoco se evidencia la documentación relativa a las debilidades detectadas, atendiendo a los requerimientos formulados por el Ministerio Público, lo cual impacta de forma negativa la legalidad de la notificación del informe provisional y de los escritos de réplica realizados.
“Se observa de manera preocupante la realización de diferentes informes relativos a la investigación especial practicada, los cuales poseeen contenido diferentes. Se observa la existencia de más de una decisión adoptada por el colegiado relativas al informe. Se advierte que la dirección jurídica remitió una opinión legal sobre las debilidades detectadas en el informe de la investigación especial, las cuales no fueron sometidas a investigación”, precisa.
SEPA MÁS
Ministerio público.
El ministerio público solicitó mecanismos de selección y adjudicación de las obras, niveles de ejecución y los pagos efectuados por la entidad y avances y cubicaciones.
Sobrevaluación
También indicar si las obras fueron realizadas conforme al diseño previsto, tiempo y rigor de calidad; si hubo sobrevaluación, entre otros.
Listindiario.com
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.
