acusa a la Cámara de Cuentas de graves fallas
La Cámara de Cuentas auditó obras realizadas por Odebrecht en los gobiernos de Hipólito Mejháía, Leonel Fernández y Danilo Medina
Santo Domingo, RD.-La Cámara de Cuentas cometió graves irregularidades en el proceso de investigación especial practicado a las obras del Ministerio de Obras Públicas, construidas por la empresa brasileña Norberto Odebrecht entre el 7 de marzo de 2002 y el 14 de abril de 2014.
El criterio es sustentado por la miembro de la Cámara de Cuentas, Margarita Melenciano Corporán, en su segundo voto disidente del 8 de este mes, en el que rechaza la investigación realizada por el organismo a solicitud de la Procuraduría General de la República.
Las obras contratadas por Odebrecht en el indicado período fueron la carretera de Casabito, Corredor Duarte, autopista El Coral, Circunvalación La Romana, carretera Del Río-Jarabacoa y carretera Cibao-Sur. Además, carretera Bávaro-Miches-Sabana de la Mar, Corredor Duarte II, Ecovía de Santiago, Bulevar Turístico del Este y Circunvalación San Pedro de Macorís-La Romana.
“Contrario a lo argumentado por los auditores de la Cámara de Cuentas de la República, en la contratación de las obras investigadas se aprecian violaciones al ordenamiento jurídico del Estado, y a que las mismas comprometen la responsabilidad de las autoridades administrativas que tienen la atribución de velar por el control interno del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones”, advierte.
Otras violaciones
Melenciano Corporán asegura que en la investigación especial se cometieron también violaciones de preceptos constitucionales, legales y técnicos que impiden determinar el cumplimiento de las disposiciones que regulan las compras y contrataciones públicas.
Sostiene que el informe de la Cámara de Cuentas no debió ser aprobado porque la falta de ponderación y análisis de las adendas realizadas a los contratos y sus motivaciones, no se pronuncian como debilidades en el proceso de planificación de los trabajos, ni que esa falta de previsión haya impactado de manera negatica el patrimonio público.
Expresa que tampoco se realizaron análisis de los estados económicos comparativos de las obras construidas con dinero público, que permitieran a través de las cubicaciones presentadas, determinar la correcta utilización de los recursos destinados a estos proyectos.
No investigaron
La miembro de la Cámara de Cuentas afirma que se evidencian irregularidades de importancia alta y de orden público, que impiden también conocer la fecha real de salida de los técnicos y profesionales del Ministerio de Obras Públicas, situación que impide el conocimiento real del contenido del acta de hallazgos.
Melenciano Corporán establece que tampoco se evidencia la documentación relativa a las debilidades detectadas, atendiendo a los requerimientos formulados por el Ministerio Público, lo cual impacta de forma negativa la legalidad de la notificación del informe provisional y de los escritos de réplica realizados.
“Se observa de manera preocupante la realización de diferentes informes relativos a la investigación especial practicada, los cuales poseeen contenido diferentes. Se observa la existencia de más de una decisión adoptada por el colegiado relativas al informe. Se advierte que la dirección jurídica remitió una opinión legal sobre las debilidades detectadas en el informe de la investigación especial, las cuales no fueron sometidas a investigación”, precisa.
SEPA MÁS
Ministerio público.
El ministerio público solicitó mecanismos de selección y adjudicación de las obras, niveles de ejecución y los pagos efectuados por la entidad y avances y cubicaciones.
Sobrevaluación
También indicar si las obras fueron realizadas conforme al diseño previsto, tiempo y rigor de calidad; si hubo sobrevaluación, entre otros.
Listindiario.com
Santo Domingo.- Los contratos de concesion minera suscritos en el Estado dominicano y la Falcombridge Dominicana, S.A. (Falcondo) fueron cancelados por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), poniendo fin a una relación contractual de casi siete décadas sobre la concesión Quisqueya I, ubicada entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.
La decisión fue adoptada por la Segunda Sala del TSA, presidida por el magistrado Antonio O. Sánchez Mejía e integrada por los jueces Úrsula J. Carrasco Márquez y Edward A. Abreu, mediante la sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, de fecha 12 de agosto de 2026.
El fallo alcanza los contratos suscritos el 24 de diciembre de 1956 y el 26 de septiembre de 1969.
La acción fue interpuesta en julio de 2025 por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), en representación del Estado dominicano, tras identificarse incumplimientos relacionados con la explotación de los yacimientos, obligaciones económicas y laborales, así como con la presentación de informes técnicos exigidos por la legislación minera.
Entre los elementos valorados por el tribunal figura la paralización de las operaciones productivas de Quisqueya I desde el 17 de noviembre de 2023, conforme a una certificación de la Dirección General de Minería.
El TSA también tomó en cuenta que Falcondo no presentó los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones de 2023 y 2024.
La terminación de los contratos se produce en medio de una crisis marcada por el cese abrupto de las operaciones de Falcondo.
Tras la paralización de noviembre de 2023, la empresa entró en una etapa de cuidado y mantenimiento, sin ejecutar un plan de cierre ordenado, situación que derivó en la desvinculación de trabajadores y en incumplimientos de compromisos con empleados, contratistas y suplidores locales.
En 2024, más de 900 trabajadores fueron desvinculados y recibieron sus prestaciones laborales mediante la intervención del FONPER, en representación del Estado dominicano.
A estos se sumó un grupo de exempleados cuyos contratos fueron terminados en marzo de 2026 y que mantiene reclamaciones laborales pendientes que, según sus voceros, ascienden a unos RD$300 millones.
of-am
Santo Domingo, R.D.-No culpables fueron declarados los propietarios de la empresa Vidal Plast por el Segundo Tribunal Colegiado de San Cristóbal, quienes estaban acusados de la explosión en la provincia San Cristóbal que dejó un saldo de 38 fallecidos el 14 de agosto de 2023.
La jueza Wilma Altagracia Cuello descargó a los imputados, Edward Armando Vidal Garrido, su esposa, Maribel Sandoval Almánzar, y su hija, Mercedes Altagracia Vidal, quienes son propietarios de Vidal Plast.
Al salir de la audiencia, los familiares de las víctimas de la tragedia se mostraron a favor de la decisión de la magistrada, al considerar que la familia Vidal no era la responsable de los hechos que se le imputaban.
Ante esto, pidieron que se inicie una nueva investigación con el fin de dar con los “verdaderos responsables” de la explosión que dejó más de una decena de heridos.
En 2023, tras ser acusada por el Ministerio Público, la empresa Vidal Plast expresó su “gran sorpresa e indignación” por la responsabilidad que se le atribuye en un comunicado del Ministerio Público y resaltó que “somos una empresa familiar que, con apego a las leyes, desde 2003 se dedica a la compra y venta de materiales plásticos que reciclamos convirtiéndolos en materia prima”.
La explosión en San Cristóbal se registró alrededor de las 3:10 de la tarde del 14 de agosto de 2023. Los bomberos explicaron que se creó una deflagración de llamas que generaron ondas expansivas hacia los laterales y hacia el techo del comercio ubicado en la calle Padre Ayala, casi esquina J. Peynado, epicentro del evento.
El siniestro dejó un saldo de 38 las víctimas, 59 personas que sufrieron lesiones de leves a graves, más de 12 viviendas afectadas y al menos 70 negocios afectados.
Santo Domingo, R.D.-Andres Modesto Cruz Cruz, destituido director de la Policia Nacional, sólo duró seis meses en el cargo, quien además fue colocado en estado de retiro tras el cese de sus responsabilidades.
Su gestión termina marcada por dos hechos que han sacudido al país. Uno de ellos es el paro en el municipio de Navarrete, que inicialmente fue convocado por 48 horas, sin embargo, se extendió por 24 horas más ante la falta de respuestas a los reclamos planteados por los sectores.
La protesta se realizó con el fin de que las autoridades brinden soluciones a los problemas que, según los grupos populares, afectan a las comunidades de Navarrete. Entre las denuncias que los comunitarios realizan están la falta de agua potable, la terminación y reubicación del vertedero municipal y la mejora del servicio eléctrico.
Sin embargo, tras las 72 horas de protestas, los grupos populares decidieron levantar el paro y conceder un plazo de 15 días para esperar el desarrollo de las conversaciones con las autoridades. Concluida la espera, evaluaran las respuestas y determinaran las acciones que asumirán en caso de que sus demandas no sean atendidas.
Asimismo, un hecho que marcó el quinto mes de Modesto Cruz y, que dio inicio a debates sobre los protocolos policiales y el uso de la fuerza, fue la muerte de Darlin Mercado Reyes: un joven de 19 años, residente del sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, que falleció tras resultar herido de bala durante una actuación policial.
Posteriormente, Mercado se acercó al agente para indicarle que el vehículo era de su propiedad y, es en ese momento, cuando sin mediar palabras, le disparó en el tórax ocasionándole la muerte de manera instantánea.
Más tarde, los agentes observados en el video fueron suspendidos y, durante el conocimiento de la medida de coerción, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Moreta. El imputado fue llevado a una celda de máxima seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Modesto Cruz Cruz asumió el cargo el 17 de febrero del año en curso luego de haberse desempeñado como inspector general de la Policía. En el momento, había sustituido al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta quien, tras su salida, fue designado como asesor del presidente en materia policial.
Dentro de las funciones que desempeñó Modesto, previo a su labor como director, se encuentran la de director central de Asuntos Internos (DICAI), director regional Sur y subinspector general. Además, formó parte de posiciones en recursos humanos, protección y servicios especializados, seguridad preventiva y dependencias operativas.
Obtuvo reconocimientos como la medalla al mérito del servidor público, merito aéreo distintivo azul y la orden al mérito naval. De igual forma, recibió cartas de felicitaciones por su desempeño durante procesos electorales y operativos preventivos de alcance nacional.
Al asumir el cargo, Cruz se había comprometido a continuar el trabajo de Peralta en cuanto a la reducción de la tasa de criminalidad. Aseguró que en su gestión sus ejecutorias laborales no procurarían la acumulación paulatina de poder y posiciones jerárquicas.
Con la nueva designación queda derogado el artículo 1 del Decreto número 111-26, del 17 de febrero del 2026, mediante el cual había sido designado al ex director Andrés Modesto Cruz Cruz.
