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Autoridades fijarían zonas y sectores laborales en los permisos de residencia de extranjeros
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades de la Dirección General de Migración (DGM) informaron este lunes que evalúa incluir en los documentos de residencia la zona geográfica y el sector laboral donde los extranjeros estarán autorizados a trabajar y transitar, cuya disposición ya está contemplada en la ley sobre la materia, pero que no se aplicó en planes anteriores.
La directora de Extranjería de la DGM, Laura Mariñez Espinal, explicó que la medida busca evitar que los beneficiarios del estatus migratorio se desplacen a otros lugares sin autorización.
Mariñez añadió que Migración ha aprendido de esa experiencia y contempla aplicarla cuando se reanude la emisión de visas en los consulados dominicanos.
“Eso es algo que a lo interno de la institución se ha hablado, para que en caso de cuando ya abran los consulados si alguien viene y dice: ‘Yo voy a trabajar en el sector de la construcción o en la agroindustria’, eso se coloca al dorso del documento y se le coloca también la zona geográfica donde está autorizado a trabajar, a transitar también”, dijo.
Advirtió que si un trabajador extranjero se traslada a otra provincia fuera de la zona autorizada, quedará “automáticamente en condición migratoria irregular porque ha violado las condiciones de permanencia en el país”.
La funcionaria precisó además que actualmente en República Dominicana residen unos 186,000 ciudadanos haitianos con estatus migratorio legal, mientras que los venezolanos ocupan el segundo lugar con unos 86,000 documentos emitidos, principalmente durante el plan de normalización aplicado entre 2021 y 2022.
Ese programa permitió otorgar carnés de trabajador temporal o estudiante, incluso a quienes tenían pasaportes vencidos, como respuesta a la crisis migratoria venezolana.
Mariñez detalló que la mayoría de los haitianos legales se concentran en Santo Domingo, Santiago y la región Este, aunque muchos se han desplazado a otras zonas productivas tras obtener su estatus.
Citó el caso de unos 12,000 trabajadores regularizados en el sector bananero de Manzanillo que luego migraron hacia otras regiones.
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, destacó por su parte que la ley dominicana es clara sobre el proceso de permisos de trabajo, que debe partir siempre de una entrada legal al territorio nacional.
“Todo parte a partir de una entrada legal. La ley es clara”, subrayó el funcionario.
Consultado sobre la falta de emisión de visas, Lee Ballester recordó que los consulados dominicanos en Haití permanecen cerrados por razones de seguridad, aunque reiteró que uno de los principales objetivos del gobierno es que ese país recupere la estabilidad y la gobernabilidad.
El titular de Migración también informó que la institución refuerza los requisitos financieros y de verificación de inversiones para las residencias por inversión, rentistas y otros tipos de permisos, a fin de garantizar el cumplimiento del marco legal.
Explicó que se revisan los protocolos de fiscalización para que las empresas notifiquen de inmediato cuando un trabajador extranjero abandone su empleo.
“Estamos analizando los diferentes tipos de documentos que se presentan. Y ahí hemos trabajado fuertemente”, dijo.
Y añadió: “Hemos corregido esos procedimientos y estamos ahora haciendo una evaluación para ver cómo agilizamos la validación de esa documentación, con el uso de inteligencia artificial”.
Casos delictivos y cooperación internacional
El director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, también reveló que la institución detecta diariamente personas que representan un riesgo para la seguridad nacional, incluyendo casos de narcotráfico, lavado de activos, delitos sexuales y crímenes tecnológicos.
“Diariamente tenemos diferentes tipos de casos. Nosotros detectamos personas que constituyen un riesgo para la seguridad y a través de ahí gestionamos ese tipo de controles”, indicó.
Lee Ballester dijo que Migración mantiene una cooperación constante con países como Estados Unidos, Canadá, España, Inglaterra, Colombia, Panamá y diversas islas del Caribe, mediante el intercambio de información en tiempo real para reforzar la seguridad regional.
El director de Control Migratorio, coronel Manuel Antonio Carrasco Guerrero, informó que en lo que va de año la entidad ha registrado 3,742 casos de distintas tipificaciones delictivas, entre ellos deportados desde Estados Unidos por diversos crímenes.
Carrasco destacó el trabajo coordinado con Interpol, la Procuraduría General y los sistemas judiciales nacionales, así como la colaboración con otros países en la detención de personas buscadas internacionalmente.
“Es una dinámica que se da diariamente. No es que se da esporádicamente”, subrayó.
El director de Inteligencia Migratoria, general de brigada piloto Juan Carlos Vicente Pérez, informó que la institución ha sometido 189 casos a la justicia dominicana, principalmente por trata y tráfico de personas, delitos en los que participan tanto extranjeros como dominicanos.
Indicó que muchos de los casos se concentran en la zona fronteriza, donde nacionales dominicanos y haitianos colaboran en el transporte ilegal de personas hacia territorio dominicano.
Santo Domingo, R.D.-Un decomiso maritimo de drogas, uno de los mayores que se producen en el pais, logró la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) la madrugada del pasado contra el narcotráfico en la República Dominicana, producido al sur de Baní en colaboración con Estados Unidos.
El cargamento, que se estima podría superar las dos toneladas, era transportado en una lancha rápida procedente de zona de la Guajira, Colombia. Tras la interdicción, la droga fue trasladada a la base militar de Caldera, en Baní, donde quedó bajo custodia de los organismos de seguridad para los análisis y el proceso judicial correspondiente.
En la operación fueron detenidos seis tripulantes, todos de nacionalidad dominicana.
Su geografía (costas extensas, escasa presencia estatal en amplias áreas y cercanía relativa a rutas marítimas internacionales) ha sido aprovechada por organizaciones criminales para enviar cargamentos hacia Centroamérica y el Caribe, desde donde posteriormente se dirigen al mercado norteamericano.
Autoridades antinarcóticos sostienen que el uso de lanchas rápidas es una modalidad frecuente: embarcaciones livianas, de gran potencia y difícil detección que intentan atravesar el Caribe en pocas horas, para evadir los sistemas de vigilancia.
Según informes la detención fue posible gracias al intercambio de información entre agencias, especialmente datos suministrados por Estados Unidos a los organismos dominicanos, lo que permitió ubicar la embarcación antes de su llegada a nuestro territorio.
Destacan que la cooperación bilateral continúa activa, pese a la suspensión temporal anunciada la semana pasada por la embajada estadounidense respecto a la oficina local de la DEA. Esa medida, según se explicó, no implicó el cese de operaciones conjuntas, sino la separación provisional de agentes bajo investigación por un presunto fraude vinculado al programa de visas.
O sea, los mecanismos de asistencia técnica, intercambio de datos e interdicción marítima permanecen en funcionamiento.
El pasado sábado las autoridades del Ministerio Público y de la DNCD también informaron que persiguen a tres hombres, incluyendo a dos haitianos, en relación a un gran cultivo de marihuana desmantelado en un amplio operativo de seguimiento y vigilancia en un área montañosa de Baní, provincia Peravia.
El operativo se desarrolló con un equipo de fiscales y agentes de la DNCD que contaron con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado y helicópteros de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD).
Las labores de inteligencia llevaron a determinar que varios individuos se dedicaban al cultivo y venta del vegetal, lo cual llevó a poner en marcha un amplio operativo aéreo y terrestre en la zona montañosa de la sección Montería, Baní.
Santo Domingo, R.D.-Un nuevo reglamento emitió la Junta Central Electoral (JCE) mediante el cual busca regular las afiliaciones y desafiliaciones de los partidos.
Las disposiciones generales señalan que el plazo anual establecido para la entrega de duplicados de los registros de afiliados actualizados de los miembros de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos será cada día uno de agosto o el siguiente día hábil, a partir del año 2026.
El reglamento señala que los partidos tendrán la potestad de decidir el procedimiento de registro de sus afiliados, a través de una plataforma digital desarrollada por estos (la cual deberá ser compatible con la JCE y cuya utilización deberá ser notificada por escrito) o de utilizar la plataforma digital desarrollada por el órgano electoral.
El mismo, aprobado por el pleno encabezado por su presidente Román Jáquez Liranzo, la JCE, de común acuerdo con las organizaciones políticas, podrá incorporar las medidas que considere oportunas o necesarias para implementar las iniciativas que faciliten el proceso de afiliación y la comprobación del mismo, incluyendo pruebas de vida técnicamente disponibles en la institución.
La Junta Central Electoral, una vez reciba los registros de afiliados, realizará los cruces pertinentes, para determinar que los mismos cumplen con lo establecido en este artículo y comunicarlo a las respectivas organizaciones.
“La JCE entregará a más tardar cinco días laborables las observaciones detalladas de los casos con los/las ciudadanos/as que no reunieron los requisitos para pertenecer a una organización política”, reseña el documento.
La JCE establece que para afiliarse a un partido, agrupación o movimiento político se requiere ser ciudadano inscrito y habilitado en el Padrón Electoral.
Mientras que no podrán afiliarse a partidos, agrupaciones o movimientos políticos los militares o miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como los jueces del Poder Judicial, Tribunal Superior Electoral (TSE) y Tribunal Constitucional. Tampoco podrán afiliarse los representantes del Ministerio Público, miembros, funcionarios y colaboradores de JCE, juntas electorales, miembros de la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y adjuntos.
Cuando los aspirantes ingresen a esos órganos previamente señalados, deberán presentar una declaración jurada sobre el hecho de estar o no afiliados a un partido, agrupación o movimiento político, con cuya declaración, la institución o el organismo correspondiente, comunicará por escrito tal circunstancia a la JCE y esta al partido, agrupación o movimiento político que corresponda, el cual procederá a cancelar la afiliación de la persona a la organización política.
La afiliación a otro partido, agrupación o movimiento político, el apoyo a otra candidatura contraria, la participación en actividades o la aceptación de candidaturas por otras organizaciones implicarán la renuncia automática a toda afiliación anterior.
“Hacer pronunciamientos en contra de candidaturas de elección popular postuladas por su partido, no producirán la renuncia automática de los militantes que procedieren y que, en caso de que la entidad política en que militan pretendiere sancionarlos, la sanción impuesta solo será válida si fuere dictada con ocasión de un juicio disciplinario llevado a cabo con observancia de las garantías del debido proceso”, indica el documento.
El documento señala que todo afiliado a un partido, agrupación o movimiento político podrá renunciar a él, en cualquier momento, sin expresión de causa.
“La renuncia producirá la desafiliación por el solo hecho de ser presentada al presidente del partido, agrupación o movimiento político, de la cual remitirá copia a través de la Plataforma Digital dispuesta por la Junta Central Electoral dentro de los 30 días calendarios a la fecha de su recepción”, dice la propuesta.
Por igual se indica los afiliados podrá renunciar, en cualquier momento, sin expresión de causa.
La renuncia producirá la desafiliación por el solo hecho de ser presentada al presidente del partido, agrupación o movimiento político, de la cual remitirá copia a través de la Plataforma Digital dispuesta por JCE dentro de los 30 días calendarios a la fecha de su recepción o ante el órgano electoral, quien remitirá copia y el debido reporte con los datos personales de los renunciantes cada 30 días calendario a los partidos, agrupaciones o movimientos políticos correspondientes.
El reglamento realizado por el órgano electoral indica que los partidos, agrupaciones o movimientos políticos realizarán el procedimiento de registro a través de la Plataforma Digital habilitada en la página web de la JCE.
La Dirección de Partidos Políticos otorgará un acceso a cada organización política que haya decidido utilizar la plataforma de la JCE, la cual operará a través y bajo la responsabilidad de un/a Administrador/a, quien tendrá a su cargo crear el/los usuarios/s necesarios para sus registros.
“Los partidos, agrupaciones o movimientos políticos usuarios de la referida plataforma, mediante instancia firmada por su presidente o secretario general, designarán un Administrador/a que será la persona autorizada y responsable de crear el/los usuario/s necesarios para realizar sus registros a través de la Plataforma Digital. El/La Delegado/a Político/a será el/la encargado/a de tramitar dicha designación ante la Junta Central Electoral”, señala el nuevo reglamento.
La plataforma de la JCE operará de forma permanente. En el caso de que la Junta Central Electoral requiera suspender temporalmente dicha Plataforma, se informará por los medios correspondientes a los partidos.
El formato establecido para la entrega del Registro de Afiliaciones, en cumplimiento con lo indicado en la Ley núm. 33-18, contendrá el logo y nombre del Partido, Agrupación o Movimiento Político; el Nombre del/ de la afiliado/a o desafiliado/a; la Cédula de Identidad y Electoral; el municipio /Distrito Municipal que corresponda; el código de circunscripción; la fecha de afiliación y la documentación soporte de las afiliaciones o desafiliaciones.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes la Fuerza de Tarea Conjunta descartó hablar sobre el caso del exsupervisor dominicano de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo durante la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que encabezó el presidente Luis Abinader.
Raful respondió a una pregunta de uno de los periodistas durante la conferencia de prensa celebrada después de la reunión en el Palacio de la Policía Nacional. La funcionaria no amplió sus comentarios sobre este caso.
También asesoraba a las personas en la preparación de su entrevista de visa con funcionarios consulares estadounidenses.
“Cordero se reunió con un ciudadano extranjero y le proporcionó un pasaporte y una visa que le permitían viajar a Estados Unidos a cambio de dinero”, reveló la fiscalía.
Cordero “presuntamente recibió miles de dólares a cambio de ayudar a ciudadanos extranjeros a obtener un visado de no inmigrante que les permitiría visitar Estados Unidos por un período temporal”, indicó la fiscalía federal.
Cordero, de 47 años, estuvo asignado durante seis años a la embajada estadounidense en el país.
“Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo”, añadió.
En 2024, el presidente Abinader otorgó la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero a Cordero, según el decreto 520-24 archivado en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.