Nacionales
Autoridades fijarían zonas y sectores laborales en los permisos de residencia de extranjeros
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades de la Dirección General de Migración (DGM) informaron este lunes que evalúa incluir en los documentos de residencia la zona geográfica y el sector laboral donde los extranjeros estarán autorizados a trabajar y transitar, cuya disposición ya está contemplada en la ley sobre la materia, pero que no se aplicó en planes anteriores.
La directora de Extranjería de la DGM, Laura Mariñez Espinal, explicó que la medida busca evitar que los beneficiarios del estatus migratorio se desplacen a otros lugares sin autorización.
Mariñez añadió que Migración ha aprendido de esa experiencia y contempla aplicarla cuando se reanude la emisión de visas en los consulados dominicanos.
“Eso es algo que a lo interno de la institución se ha hablado, para que en caso de cuando ya abran los consulados si alguien viene y dice: ‘Yo voy a trabajar en el sector de la construcción o en la agroindustria’, eso se coloca al dorso del documento y se le coloca también la zona geográfica donde está autorizado a trabajar, a transitar también”, dijo.
Advirtió que si un trabajador extranjero se traslada a otra provincia fuera de la zona autorizada, quedará “automáticamente en condición migratoria irregular porque ha violado las condiciones de permanencia en el país”.
La funcionaria precisó además que actualmente en República Dominicana residen unos 186,000 ciudadanos haitianos con estatus migratorio legal, mientras que los venezolanos ocupan el segundo lugar con unos 86,000 documentos emitidos, principalmente durante el plan de normalización aplicado entre 2021 y 2022.
Ese programa permitió otorgar carnés de trabajador temporal o estudiante, incluso a quienes tenían pasaportes vencidos, como respuesta a la crisis migratoria venezolana.
Mariñez detalló que la mayoría de los haitianos legales se concentran en Santo Domingo, Santiago y la región Este, aunque muchos se han desplazado a otras zonas productivas tras obtener su estatus.
Citó el caso de unos 12,000 trabajadores regularizados en el sector bananero de Manzanillo que luego migraron hacia otras regiones.
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, destacó por su parte que la ley dominicana es clara sobre el proceso de permisos de trabajo, que debe partir siempre de una entrada legal al territorio nacional.
“Todo parte a partir de una entrada legal. La ley es clara”, subrayó el funcionario.
Consultado sobre la falta de emisión de visas, Lee Ballester recordó que los consulados dominicanos en Haití permanecen cerrados por razones de seguridad, aunque reiteró que uno de los principales objetivos del gobierno es que ese país recupere la estabilidad y la gobernabilidad.
El titular de Migración también informó que la institución refuerza los requisitos financieros y de verificación de inversiones para las residencias por inversión, rentistas y otros tipos de permisos, a fin de garantizar el cumplimiento del marco legal.
Explicó que se revisan los protocolos de fiscalización para que las empresas notifiquen de inmediato cuando un trabajador extranjero abandone su empleo.
“Estamos analizando los diferentes tipos de documentos que se presentan. Y ahí hemos trabajado fuertemente”, dijo.
Y añadió: “Hemos corregido esos procedimientos y estamos ahora haciendo una evaluación para ver cómo agilizamos la validación de esa documentación, con el uso de inteligencia artificial”.
Casos delictivos y cooperación internacional
El director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, también reveló que la institución detecta diariamente personas que representan un riesgo para la seguridad nacional, incluyendo casos de narcotráfico, lavado de activos, delitos sexuales y crímenes tecnológicos.
“Diariamente tenemos diferentes tipos de casos. Nosotros detectamos personas que constituyen un riesgo para la seguridad y a través de ahí gestionamos ese tipo de controles”, indicó.
Lee Ballester dijo que Migración mantiene una cooperación constante con países como Estados Unidos, Canadá, España, Inglaterra, Colombia, Panamá y diversas islas del Caribe, mediante el intercambio de información en tiempo real para reforzar la seguridad regional.
El director de Control Migratorio, coronel Manuel Antonio Carrasco Guerrero, informó que en lo que va de año la entidad ha registrado 3,742 casos de distintas tipificaciones delictivas, entre ellos deportados desde Estados Unidos por diversos crímenes.
Carrasco destacó el trabajo coordinado con Interpol, la Procuraduría General y los sistemas judiciales nacionales, así como la colaboración con otros países en la detención de personas buscadas internacionalmente.
“Es una dinámica que se da diariamente. No es que se da esporádicamente”, subrayó.
El director de Inteligencia Migratoria, general de brigada piloto Juan Carlos Vicente Pérez, informó que la institución ha sometido 189 casos a la justicia dominicana, principalmente por trata y tráfico de personas, delitos en los que participan tanto extranjeros como dominicanos.
Indicó que muchos de los casos se concentran en la zona fronteriza, donde nacionales dominicanos y haitianos colaboran en el transporte ilegal de personas hacia territorio dominicano.
Nacionales
Jueza escuchó varios testigos del Ministerio Público contra Elizabeth Silverio y aplaza juicio
SANTO DOMINGO.- La jueza de la Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Aplazan para marzo nuevo juicio contra Elizabeth Silverio por ejercicio ilegal de la medicina
Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Nacionales
Aplazan para abril inicio de la audiencia preliminar del exjefe de la DEA en República Dominicana
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió un aplazamiento de la audiencia inicial en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado abusando del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Motivos para la prórroga
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Nacionales
Tribunal ratifica medida de coerción contra ejecutivas del colegio Da Vinci por muerte de Stephora
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó la medida de coerción impuesta contra varias ejecutivas del colegio Leonardo Da Vinci, en el proceso judicial por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada durante una excursión escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.