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Autoridades fijarían zonas y sectores laborales en los permisos de residencia de extranjeros
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades de la Dirección General de Migración (DGM) informaron este lunes que evalúa incluir en los documentos de residencia la zona geográfica y el sector laboral donde los extranjeros estarán autorizados a trabajar y transitar, cuya disposición ya está contemplada en la ley sobre la materia, pero que no se aplicó en planes anteriores.
La directora de Extranjería de la DGM, Laura Mariñez Espinal, explicó que la medida busca evitar que los beneficiarios del estatus migratorio se desplacen a otros lugares sin autorización.
Mariñez añadió que Migración ha aprendido de esa experiencia y contempla aplicarla cuando se reanude la emisión de visas en los consulados dominicanos.
“Eso es algo que a lo interno de la institución se ha hablado, para que en caso de cuando ya abran los consulados si alguien viene y dice: ‘Yo voy a trabajar en el sector de la construcción o en la agroindustria’, eso se coloca al dorso del documento y se le coloca también la zona geográfica donde está autorizado a trabajar, a transitar también”, dijo.
Advirtió que si un trabajador extranjero se traslada a otra provincia fuera de la zona autorizada, quedará “automáticamente en condición migratoria irregular porque ha violado las condiciones de permanencia en el país”.
La funcionaria precisó además que actualmente en República Dominicana residen unos 186,000 ciudadanos haitianos con estatus migratorio legal, mientras que los venezolanos ocupan el segundo lugar con unos 86,000 documentos emitidos, principalmente durante el plan de normalización aplicado entre 2021 y 2022.
Ese programa permitió otorgar carnés de trabajador temporal o estudiante, incluso a quienes tenían pasaportes vencidos, como respuesta a la crisis migratoria venezolana.
Mariñez detalló que la mayoría de los haitianos legales se concentran en Santo Domingo, Santiago y la región Este, aunque muchos se han desplazado a otras zonas productivas tras obtener su estatus.
Citó el caso de unos 12,000 trabajadores regularizados en el sector bananero de Manzanillo que luego migraron hacia otras regiones.
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, destacó por su parte que la ley dominicana es clara sobre el proceso de permisos de trabajo, que debe partir siempre de una entrada legal al territorio nacional.
“Todo parte a partir de una entrada legal. La ley es clara”, subrayó el funcionario.
Consultado sobre la falta de emisión de visas, Lee Ballester recordó que los consulados dominicanos en Haití permanecen cerrados por razones de seguridad, aunque reiteró que uno de los principales objetivos del gobierno es que ese país recupere la estabilidad y la gobernabilidad.
El titular de Migración también informó que la institución refuerza los requisitos financieros y de verificación de inversiones para las residencias por inversión, rentistas y otros tipos de permisos, a fin de garantizar el cumplimiento del marco legal.
Explicó que se revisan los protocolos de fiscalización para que las empresas notifiquen de inmediato cuando un trabajador extranjero abandone su empleo.
“Estamos analizando los diferentes tipos de documentos que se presentan. Y ahí hemos trabajado fuertemente”, dijo.
Y añadió: “Hemos corregido esos procedimientos y estamos ahora haciendo una evaluación para ver cómo agilizamos la validación de esa documentación, con el uso de inteligencia artificial”.
Casos delictivos y cooperación internacional
El director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, también reveló que la institución detecta diariamente personas que representan un riesgo para la seguridad nacional, incluyendo casos de narcotráfico, lavado de activos, delitos sexuales y crímenes tecnológicos.
“Diariamente tenemos diferentes tipos de casos. Nosotros detectamos personas que constituyen un riesgo para la seguridad y a través de ahí gestionamos ese tipo de controles”, indicó.
Lee Ballester dijo que Migración mantiene una cooperación constante con países como Estados Unidos, Canadá, España, Inglaterra, Colombia, Panamá y diversas islas del Caribe, mediante el intercambio de información en tiempo real para reforzar la seguridad regional.
El director de Control Migratorio, coronel Manuel Antonio Carrasco Guerrero, informó que en lo que va de año la entidad ha registrado 3,742 casos de distintas tipificaciones delictivas, entre ellos deportados desde Estados Unidos por diversos crímenes.
Carrasco destacó el trabajo coordinado con Interpol, la Procuraduría General y los sistemas judiciales nacionales, así como la colaboración con otros países en la detención de personas buscadas internacionalmente.
“Es una dinámica que se da diariamente. No es que se da esporádicamente”, subrayó.
El director de Inteligencia Migratoria, general de brigada piloto Juan Carlos Vicente Pérez, informó que la institución ha sometido 189 casos a la justicia dominicana, principalmente por trata y tráfico de personas, delitos en los que participan tanto extranjeros como dominicanos.
Indicó que muchos de los casos se concentran en la zona fronteriza, donde nacionales dominicanos y haitianos colaboran en el transporte ilegal de personas hacia territorio dominicano.
Nacionales
Se repite el discurso de Luis Henry Molina de que se han eliminado más de 40 años de mora judicial.
Santo Domingo, R.D.-Luis Henry Molina dijo que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) exhibe como logro haber eliminado más de 40 años de mora judicial estructural, quien agregó que en la actualidad el 90 % de los casos se resuelve en un año o menos.
Dijo que detrás de cada expediente hay personas en incertidumbre, por lo que el principal objetivo era erradicar la mora. “Una obligación cívica impostergable. Porque detrás de cada expediente hay personas en incertidumbre, inversiones paralizadas, víctimas sin respuestas o inocentes privados de libertad”.
Luis Henry Molina y el presidente Luis Abinader encabezan misa solemne por el Día del Poder JudicialJosé Alberto Maldonado
Molina citó que el 87% de las salas a nivel nacional están al día y la información judicial se mantiene actualizada en línea.
“Se redujeron los asuntos administrativos (que no implican conflictos entre partes) del 49% al 36%, permitiendo a los jueces centrarse en su función constitucional”, destacó en su discurso por el Día del Poder Judicial.
Destacó las reformas legales: y dijo que ese avance fue respaldado por leyes clave como la Ley de uso de medios digitales, la Ley sobre Recurso de Casación y la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil.
La justicia debe llegar a tiempo y a todos, especialmente a los más vulnerables, por lo que abrieron seis nuevos Centros de Entrevista Forense, con lo que cubren todos los departamentos judiciales, ampliando el servicio a mujeres víctimas de violencia.
“Hoy, el acceso digital permite a más de 27 mil personas gestionar sus casos sin traslados ni filas, participar en audiencias virtuales, tramitar y consultar expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero”.
Santo Domingo, R.D.-Posibles restricciones a derechos fundamentales, exceso de discrecionalidad para el Gobierno y la falta de una supervisión democrática; estas son algunas de las falencias registradas por representantes opositores de la Cámara de Diputados en el proyecto de ley orgánica que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La iniciativa, aprobada este miércoles en la cámara baja en segunda discusión, será tramitada al Senado de la República, donde los legisladores tendrán la decisión de ponerla a disposición del Poder Ejecutivo para su promulgación o rechazarla.
La pieza fue favorecida por el bloque mayoritario del Partido Revolucionario Moderno (PRM), no obstante, los congresistas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) advirtieron que el contenido entregaría un poder descontrolado al Gobierno para ejercer las labores de inteligencia.
Así lo manifestó el diputado Danilo Díaz, quien considera que las disposiciones redactadas en el documento que elaboró el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, “son muy abiertas y subjetivas”, otorgando la posibilidad de afectar derechos relacionados con la libertad de expresión, libre tránsito y a la protección de la vida privada, así como el debido proceso judicial.
Además, expresó su inquietud, ya que uno de los artículos le permitiría a la DNI accionar ante cualquier actividad pasible de atentar contra los intereses nacionales, sin que el proyecto de ley especifique el alcance.
“Investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones, que atente contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional e interior, o trate de establecer una forma de gobierno contraria al ordenamiento constitucional, sin perjuicio de la investigación penal que pueda realizar el Ministerio Público”, versa una de las atribuciones establecidas en el artículo 10.
“Sin una definición objetiva y verificable que habilite el acceso a datos específicamente protegidos y que el régimen de secreto y gasto reservado concentra el control exclusivamente del Poder Ejecutivo…”, declaró el diputado del PLD al pronunciarse en el hemiciclo durante la sesión.
“No hay contrapeso”
Díaz entiende necesario que el Congreso Nacional conforme una comisión legislativa, en la cual los organismos de inteligencia deban rendir cuentas sobre sus labores, siendo así el contrapeso “democrático” del Gobierno.
“Esa es una de las cosas que deberían agregarse a este proyecto: una creación de la comisión que sirva de contrapeso para que no haya exceso”, dijo.
El dirigente peledeísta entiende que esta institución, en caso de ser finalmente creada, no debería estar encargada de gestionar el control de los extranjeros en los aeropuertos, muelles y la zona fronteriza del territorio nacional.
“Tratar de sustituir a la Dirección General de Migración con el control de los extranjeros; no estamos de acuerdo con esa discrecionalidad. El DNI haga una relación de lo que puede ser y lo notifique a Migración, no que el DNI tenga la autoridad operativa”, resaltó.
Díaz aclaró que el PLD no está en desacuerdo con readecuar el marco legal destinado a regular la protección y seguridad del Estado, sin embargo, la propuesta, según detalló, no tiene las condiciones para garantizar el desarrollo de diversos derechos ciudadanos.
“No estamos aquí para decir no a la inteligencia, estamos aquí para decir sí a la inteligencia, pero con límites claros, control judicial reforzado y supervisión democrática real”, indicó.
Protección a la fuente de información
El artículo 12 tiene dentro de las prohibiciones especiales que los agentes de inteligencia no podrán cometer el desconocimiento del derecho de los periodistas a proteger sus fuentes de información. No obstante, el diputado Carlos de Pérez lamentó que esta legislación no contemple la protección integral de otras profesiones importantes en el país.
“No hay una protección integrada, lo único que se protege es el derecho de los periodistas, pero el secreto de fuentes para sacerdotes, abogados en ejercicio, contables no está protegido”, alertó.
Es por esta razón que Pérez dijo que la FP se abstenía de votar a favor, ya que “sigue teniendo algunas falencias que coliden con derechos constitucionales y en ninguna medida podemos apoyar nada que aumente la discrecionalidad del Estado”.
“Una mejor regulación”
El presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, empatizó con las preocupaciones expresadas por las bancadas opositoras, pero respondió indicando la necesidad que tiene el país de modernizar la regulación de la forma aplicada por las autoridades para obtener informaciones e investigar asuntos extraoficiales.
“Lo más saludable es que los aspectos con los que se regula la seguridad nacional estén bien normados con una ley moderna, ágil, que reconoce y aglutina todos los actores del sistema, que permite regulación a muchísimos aspectos que hoy no están regulados y, por lo tanto, el Poder Ejecutivo tiene libre albedrío”, expresó.
Momentos después, los oficialistas del PRM y bloques políticos aliados lograron terminar la discusión con 112 votos a favor, superando a los opositores que, en su mayoría, prefirieron abstenerse.
Tras abusar sexualmente de la niña Brianna Genao González, un tio de la manor habria confesado a la Policía Nacional que abusó sexualmente y mató a la menor de edad.
Rafael Reyes Núñez Rosario, hermano de Yesica María González, habría confesado tras varios días de interrogatorio en torno al crimen ocurrido en la comunidad de Barrero en Imbert, Puerto Plata.
Fuentes indicaron que Núñez Rosario admitió que enterró el cadáver de su sobrina, que fue reportada como desaparecida desde el pasado 31 de diciembre, pero que «no se acuerda en qué lugar depositó los restos de esta».
Se indicó que en las próximas horas la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional al mando del general Jorge Luís Galán Guerrero ofrecerá los detalles del caso, el cual ha conllevado horas de investigación por partes de expertos en la materia y que ha conmocionado al municipio de Imbert y al país.
Este miércoles continuó la búsqueda de la menor, incluso a la comunidad de Barrero fueron trasladadas unidades de rescate, entre ellas ambulancias, palas, picos, entre otros utensilios que puedan establecer donde se encuentra enterrado el cadáver de la menor Genao González.
Otras cuatro personas, entre ellas parientes cercanas la familia Genao González, que están bajo investigación y permanecen en la dotación policial de Puerto Plata para los fines correspondientes.