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Autoridades fijarían zonas y sectores laborales en los permisos de residencia de extranjeros
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades de la Dirección General de Migración (DGM) informaron este lunes que evalúa incluir en los documentos de residencia la zona geográfica y el sector laboral donde los extranjeros estarán autorizados a trabajar y transitar, cuya disposición ya está contemplada en la ley sobre la materia, pero que no se aplicó en planes anteriores.
La directora de Extranjería de la DGM, Laura Mariñez Espinal, explicó que la medida busca evitar que los beneficiarios del estatus migratorio se desplacen a otros lugares sin autorización.
Mariñez añadió que Migración ha aprendido de esa experiencia y contempla aplicarla cuando se reanude la emisión de visas en los consulados dominicanos.
“Eso es algo que a lo interno de la institución se ha hablado, para que en caso de cuando ya abran los consulados si alguien viene y dice: ‘Yo voy a trabajar en el sector de la construcción o en la agroindustria’, eso se coloca al dorso del documento y se le coloca también la zona geográfica donde está autorizado a trabajar, a transitar también”, dijo.
Advirtió que si un trabajador extranjero se traslada a otra provincia fuera de la zona autorizada, quedará “automáticamente en condición migratoria irregular porque ha violado las condiciones de permanencia en el país”.
La funcionaria precisó además que actualmente en República Dominicana residen unos 186,000 ciudadanos haitianos con estatus migratorio legal, mientras que los venezolanos ocupan el segundo lugar con unos 86,000 documentos emitidos, principalmente durante el plan de normalización aplicado entre 2021 y 2022.
Ese programa permitió otorgar carnés de trabajador temporal o estudiante, incluso a quienes tenían pasaportes vencidos, como respuesta a la crisis migratoria venezolana.
Mariñez detalló que la mayoría de los haitianos legales se concentran en Santo Domingo, Santiago y la región Este, aunque muchos se han desplazado a otras zonas productivas tras obtener su estatus.
Citó el caso de unos 12,000 trabajadores regularizados en el sector bananero de Manzanillo que luego migraron hacia otras regiones.
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, destacó por su parte que la ley dominicana es clara sobre el proceso de permisos de trabajo, que debe partir siempre de una entrada legal al territorio nacional.
“Todo parte a partir de una entrada legal. La ley es clara”, subrayó el funcionario.
Consultado sobre la falta de emisión de visas, Lee Ballester recordó que los consulados dominicanos en Haití permanecen cerrados por razones de seguridad, aunque reiteró que uno de los principales objetivos del gobierno es que ese país recupere la estabilidad y la gobernabilidad.
El titular de Migración también informó que la institución refuerza los requisitos financieros y de verificación de inversiones para las residencias por inversión, rentistas y otros tipos de permisos, a fin de garantizar el cumplimiento del marco legal.
Explicó que se revisan los protocolos de fiscalización para que las empresas notifiquen de inmediato cuando un trabajador extranjero abandone su empleo.
“Estamos analizando los diferentes tipos de documentos que se presentan. Y ahí hemos trabajado fuertemente”, dijo.
Y añadió: “Hemos corregido esos procedimientos y estamos ahora haciendo una evaluación para ver cómo agilizamos la validación de esa documentación, con el uso de inteligencia artificial”.
Casos delictivos y cooperación internacional
El director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, también reveló que la institución detecta diariamente personas que representan un riesgo para la seguridad nacional, incluyendo casos de narcotráfico, lavado de activos, delitos sexuales y crímenes tecnológicos.
“Diariamente tenemos diferentes tipos de casos. Nosotros detectamos personas que constituyen un riesgo para la seguridad y a través de ahí gestionamos ese tipo de controles”, indicó.
Lee Ballester dijo que Migración mantiene una cooperación constante con países como Estados Unidos, Canadá, España, Inglaterra, Colombia, Panamá y diversas islas del Caribe, mediante el intercambio de información en tiempo real para reforzar la seguridad regional.
El director de Control Migratorio, coronel Manuel Antonio Carrasco Guerrero, informó que en lo que va de año la entidad ha registrado 3,742 casos de distintas tipificaciones delictivas, entre ellos deportados desde Estados Unidos por diversos crímenes.
Carrasco destacó el trabajo coordinado con Interpol, la Procuraduría General y los sistemas judiciales nacionales, así como la colaboración con otros países en la detención de personas buscadas internacionalmente.
“Es una dinámica que se da diariamente. No es que se da esporádicamente”, subrayó.
El director de Inteligencia Migratoria, general de brigada piloto Juan Carlos Vicente Pérez, informó que la institución ha sometido 189 casos a la justicia dominicana, principalmente por trata y tráfico de personas, delitos en los que participan tanto extranjeros como dominicanos.
Indicó que muchos de los casos se concentran en la zona fronteriza, donde nacionales dominicanos y haitianos colaboran en el transporte ilegal de personas hacia territorio dominicano.
Santo Domingo.– Los abogados de Juan Carlos Torres Robiou, los licenciados Aracelis Aquino y Luciano Hilario Marmolejos, anunciaron que preparan una ofensiva legal con miras a impugnar la condena emitida en contra del general en el marco de los casos Coral y Coral 5G.
En este proceso judicial, el tribunal dictó condenas que oscilan entre los cinco (5) y los veinte (20) años de prisión para distintos imputados, incluyendo la pena de veinte (20) años impuesta a Torres Robiou, decisión que forma parte de la sentencia actualmente objeto de cuestionamiento.
El equipo legal informó que se encuentra a la espera de la lectura íntegra de la sentencia, fijada para el 14 de agosto de 2026, a fin de proceder con las vías recursivas establecidas en la normativa vigente.
Los abogados indicaron que, conforme a lo expuesto en sus motivaciones in voce, tomarán como referencia el plazo de cuatro años, señalando, además, que existen contradicciones en la decisión oral, las cuales serán objeto de análisis en la fase recursiva.
Asimismo, la defensa sostiene que, durante el proceso judicial, se habrían producido presuntas irregularidades que, a su juicio, vulneran garantías constitucionales, las cuales serán debidamente expuestas ante el Tribunal de Alzada.
El equipo jurídico reiteró que su representado no cometió los hechos que se le imputan y afirmó que presentará ante la instancia superior las pruebas a descargo, así como observaciones sobre la repetición de elementos probatorios aportados por el órgano investigador, los cuales consideran que generaron confusión en el proceso.
El proceso judicial relacionado con los casos Coral y Coral 5G se extendió por más de cinco años, abarcando las fases de investigación, medidas de coerción, presentación de acusación y juicio de fondo.
La defensa recordó que las sentencias emitidas en primer grado son recurribles y no adquieren firmeza hasta agotar las vías de impugnación correspondientes ante las instancias superiores, conforme establece la Constitución. Asimismo, señalaron que eventualmente el Tribunal Constitucional podría disponer la suspensión de la ejecución de la sentencia.
En ese sentido, afirmaron que no cesarán en sus esfuerzos hasta demostrar que las medidas adoptadas contra su defendido carecen de base legal.
Finalmente, el equipo legal explicó que esperará la notificación íntegra de la sentencia para proceder con su análisis y, posteriormente, interponer el recurso de apelación correspondiente.
Santo Domingo, R.D.-Quedaron en estado de falla en el Tribunal Constitucional unas 21 acciones directas de inconstitucionalidad, incluida una interpuesta contra varios articulos de la Ley 74-25, que instituye el nuevo código penal, la cual persigue la despenalización del aborto.
Sostuvo que debido a la alta relevancia, complejidad y trascendencia nacional del debate sobre la penalización absoluta del aborto, concedía plazos especiales y sucesivos antes de emitir su dictamen definitivo.
Dijo que una vez venza ese plazo, se activará automáticamente un segundo de cinco días adicionales para que la parte accionada y todos los intervinientes que se oponen a la demanda puedan refutar los escritos depositados.
Manifestó que al concluir esta etapa procesal, el Tribunal Constitucional emitirá y notificará su fallo conforme a los plazos de la normativa vigente.
Durante la audiencia, la Procuraduría General de la República (PGR) fijó una posición al dictaminar formalmente en contra de la acción directa de inconstitucionalidad promovida por la ciudadana Rosa Herminia Hernández, la asociación Alianza Cristiana Dominicana (ACD) y la organización Católicas por el Derecho a Decidir de la República Dominicana (CDDRD).
La PGR solicitó rechazar de manera absoluta el recurso que ataca los artículos 106, 107, 108, 110 y 111 de la Ley 74-25, argumentando que la demanda adolece de un «vicio argumentativo común» al intentar forzar una interpretación expansiva de tratados internacionales para dejar sin efecto el artículo 37 de la Constitución, el cual blinda el derecho a la vida desde la concepción.
Respecto a las intervenciones de grupos pro-vida depositadas fuera de plazo, el órgano persecutor mantuvo neutralidad procesal,.
Mientras el doctor Fabio García, en representación del Senado, defendió la soberanía legislativa y proclamó la constitucionalidad del articulado.
Exigen adopción de las «tres causales»
En la acera opuesta, el reconocido jurista Cristóbal Rodríguez y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)—junto a su Centro de Estudios de Género y la firma Ética, Estudio Jurídico—articularon la defensa técnica de la acción, solicitando la nulidad de la penalización absoluta del aborto por vulnerar un catálogo masivo de derechos fundamentales (salud, integridad, dignidad e igualdad).
Rodríguez planteó expulsar del ordenamiento la frase «fuera de la eximente del artículo 111 del Código Penal» del artículo 110, y modificar el artículo 111 para incluir explícitamente las tres causales (peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazos por violación o incesto).
Mientras que la representante de INTEC, Ramírez Guzmán, solicitó aplicar el principio pro actione para admitir sus escritos y propuso una fórmula aditiva para asegurar que la interrupción médica del embarazo bajo las tres causales requiera siempre el consentimiento libre e informado de la mujer, de acuerdo con los protocolos sanitarios.
Colectivos pro-vida rechazan exclusión y llaman al debate
El bloque de organizaciones religiosas y comunitarias de corte pro-vida, que unificó a entidades como Juventud con una Misión (JUCUM), RD Inclusiva, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), el Foro de la Arquidiócesis de Santo Domingo y la organización Pronación, defendió con vehemencia su derecho a participar en el proceso.
El jurista Juárez Víctor Castillo Semán, al frente de la defensa de estos colectivos, solicitó al TC desestimar el medio de inadmisión con el que los grupos feministas pretendían dejarlos fuera del proceso, basándose en «formalismos temporales«.
Castillo Semán invocó los principios de informalidad y tutela judicial efectiva para exigir una interpretación flexible de las normas procesales debido al orden público constitucional que reviste el caso.
El abogado argumentó que la admisión de los sectores pro-vida no vulnera la «igualdad de armas» ni genera indefensión, sino que enriquece el pluralismo constitucional y robustece el contradictorio de cara a la deliberación del tribunal.
En ese sentido, solicitó al TC declarar rechazar la instancia que busca la despenalización del aborto.
Santo Domingo, R.D.-Fueron desviados 148.6 millones de pesos por la red de corrupcion encabezada por Hector Antonio Lora Cruceta del dinero perteneciente al Instituto Oncologico Regional del Cibao, cuya accion ilegal se produjo durante los aóos 2018 y 2025, según el Ministerio Público (MP).
El órgano persecutor afirma que ambas instituciones, destinadas al servicio público, comenzaron a operar bajo una estructura de «empresa familiar» orientada al lucro personal, bajo la dirección del principal imputado.
Lora Cruceta figura entre los implicados en la Operación Onco14, la supuesta red de corrupción que habría operado dentro de los citados organismos, en perjuicio del Estado, de pacientes con cáncer y usuarios del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En la supuesta trama también están vinculadas la exesposa de Lora Cruceta, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, y su actual cónyuge, Luisa Yasiris Guzmán. Para los tres, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva.
Según el expediente, desde que Lora Cruceta asumió la presidencia y Vargas Sánchez la vicepresidencia en octubre de 2018, ambos dirigieron el Instituto Oncológico Regional del Cibao con el propósito de beneficiarse de sus recursos económicos.
Asimismo, el órgano persecutor sostiene que Lora Cruceta manejaba las finanzas exclusivamente desde su dispositivo personal a través de la banca por internet (Internet Banking), excluyendo al tesorero y a la Junta Directiva de cualquier proceso de supervisión.
De acuerdo con el Ministerio Público, Senasa fue el objetivo principal del presunto entramado de corrupción.
En la solicitud de medida de coerción, la entidad sostiene que el grupo aprovechó que gran parte de los ingresos del Patronato Cibaeño provenían de fondos públicos canalizados a través de esta aseguradora para ejecutar maniobras fraudulentas sistemáticas.
El pasado martes, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó que los implicados en la Operación Onco14 manejaron aproximadamente 3,700 millones de pesos provenientes del Senasa, administrados por el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Para el magistrado, el órgano acusador cuenta con abundantes pruebas para sustentar la solicitud de prisión preventiva contra los imputados.