Opinión
Migrar no es delito: el caso Dominico- haitiano
Los pueblos empobrecidos y oprimidos de África no están invadiendo a Europa Occidental. Ni asiáticos, africanos, latino-caribeños… están invadiendo a EU.
Por Narciso Isa Conde
El racismo, la xenofobia –ahora en auge a escala mundial- a consecuencia de la crisis de decadencia del capitalismo imperialista de estos tiempos que pesa brutalmente sobre pueblos empobrecidos, forzados a migrar, se las ingeniado para estigmatizar como ilegales y como carga “apestosa” rechazable a las víctimas y para encubrir y proteger a los victimarios súper-enriquecidos.
Tal recurso ideológico es hoy alimento de una peligrosa corriente neofascista que amenaza con sembrar altos grados de violencia en el centro y la periferia del actual sistema de dominación. Sobran los ejemplos en EE.UU, EUROPA, NUESTRA AMÉRICA y a escala mundial.
Es preciso, por tanto, abrirle cauces a la verdad frente a un poderoso sistema de mentiras amplificada por una dictadura mediática de alto calibre.
· DERECHOS Y DELITOS.
Ningún ser humano es ilegal en el planeta porque emigre de su tierra de origen a otro país.
Migrar para recuperar derechos vitales, trabajar honestamente, sobrevivir y superar situaciones agobiantes, no es delito.
A lo sumo -en mundo dividido en “naciones” por los intereses de las burguesías locales enmarcados en su legalidad internacional y posteriormente subordinados y/o asociados al capital transnacional- podrían considerarse indocumentados en su propio país o en otro territorio, que es otra cosa; y esto, solo si carecen de la documentación correspondiente, ya por limitaciones propias o por las ventajas que eso les ofrece a los que explotan, semi-esclavizan y trafican permanentemente con su vulnerable condición social.
En verdad no son pocas las burguesías de diversos calibres que se han forjados o han multiplicado fortunas a costa del trabajo en condiciones de semi-esclavitud o imponiéndole una extrema precariedad a numerosos componentes de las migraciones forzadas y del tráfico de seres humanos.
Abundan incluso sus socios políticos y militares dedicados a explotar mano de obra barata (adulta e infantil), sexo (“trata de blancas”) y poblaciones discriminadas fácil de maltratar bajo el mote de “seres inferiores”.
No son pocos los países constituidos por diversas migraciones sobre-explotadas en distintos periodos de su historia y proliferan las sociedades conformadas por diversas identidades, presentando características multiétnica y multinacionales.
Es una falacia presentar la sobre-explotación de seres humanos como “carga” para los países receptores y es un crimen reprimirlos y discriminarlo además de enriquecerse con su sudor y su salud.
Es una mentira atroz equiparar migración con invasión.
La invasión implica el empleo de la fuerza para ocupar territorios y dominar seres humanos y riquezas.
Implica determinación de explotar, matar, masacrar, saquear…
Los pueblos empobrecidos y oprimidos de África no están invadiendo a Europa Occidental. Ni asiáticos, africanos, latino-caribeños… están invadiendo a EU.
Las potencias europeas, asiáticas y norteamericanas sí que nos invadieron, nos colonizaron y convirtieron nuestras fronteras en negocios espurios. Y lo siguen haciendo con saña postmoderna.
En esa abusiva relación de poder, los países periférico-dependientes hemos sido cruelmente maltratados y nuestros pueblos brutalmente empobrecidos; registrándose, además, casos de migraciones entre los países víctimas a beneficio de partidocracias corruptas y corporaciones y empresas capitalistas locales de diversas dimensiones.
• HAITÍ Y RD: VÍCTIMAS, NO VERDUGOS.
Haití y República Dominicana no hemos podido escapar a esa dominación imperial degradante, de las que las elites locales son cómplices y beneficiarias, junto a otras capas acomodadas.
Al pueblo haitiano le ha ido peor por habitar el territorio más invadido, peor colonizado, más saqueado y más empobrecido del Continente; víctima de la sádica revancha del imperialismo occidental que nunca perdonó su ejemplo contagioso plasmado en su temprana revolución independentista y antiesclavista de 1804.
Las vicisitudes acumuladas asumieron al paso de dos siglos características de tragedia social y humana.
Y en tales condiciones para una gran parte del pueblo haitiano, emigrar hacia República Dominicana (como destino o como puente) o hacia EE.UU, CANADA, EUROPA y SURAMERICA (como destino), se ha tornado cuestión de vida o muerte.
No se trata ni por asomo de un fenómeno de invasión, agresión, ocupación… sino de un proceso migratorio ascendente e imperioso.
Más aun. República Dominicana, nunca ha sido invadida por Haití, porque realmente la denominada “ocupación haitiana” de esta parte oriental de la isla se hizo siendo ésta colonia de España y en su condición de presa codiciada por otros imperios; en el promisorio marco de la independencia y la revolución social antiesclavista en Haití, por lo que ese hecho tiene otro carácter y consecuencias distintas, unas positivas y otras negativas.
República Dominicana, se fundó en 1844, en un acto de separación de Haití y de independencia frente a todas las potencias colonizadoras.
Traicionada la independencia dominicana de 1844 (anexión al imperio español) y luego igualmente traicionada la Restauración de la misma lograda en 1863, nuestro país -pese a su definida identidad nacional- ha sido convertido en una semicolonia o dependencia de EEUU, pese a los heroicos intentos posteriores por emanciparlo (1916-24 y 1965).
Esa es la verdad.
Pero igual y peor, repito, le ha pasado a Haití.
Por lo que es asumir en nuestro país una la línea oficial racista, xenófoba, ultranacionalista -típica de Estado imperialistas, gobiernos y movimientos neofascistas- estigmatizar a los/as migrantes haitianos/as como invasores ilegales, como seres inferiores y como “carga” que empobrece la Nación.
Este es el marco ideológico que sirve de plataforma al Estado Dominicano, ahora radicalizado por el gobierno que preside el empresario offshore LUIS ABINADER con las siguientes decisiones:
-Construcción de un muro fronterizo a lo TRUMP y bajo el mando sionista (que simplemente encarece el tráfico de personas).
-Intensificar la persecución, los maltratos, y las deportaciones de inmigrantes procedentes de Haití.
-Prohibición del ingreso al país de mujeres embarazadas con más de seis meses de gestación.
-Apresar arbitrariamente mujeres inmigrantes embarazadas y personas enfermas indocumentadas que buscan asistencia en nuestros hospitales.
-Negarle el visado a estudiantes haitianos/as que pagan sus estudios.
-Negarle la nacionalidad a 200 mil dominicanos/as descendientes de familias haitianas o dominico haitianas y revisar los casos ya solucionados.
-Pregonar desde todas la tribunas nacionales e internacionales la supuesta necesidad de que Haití sea intervenido militarmente por las potencias occidentales (que ya lo han intervenido muchas veces); propugnando a la vez por el desarme de la población civil y la “pacificación” a cargo de un régimen de ocupación, dada la supuesta invalidez de la sociedad haitiana para ejercer su autodeterminación.
Mientras, por debajo, este gobierno sigue protegiendo el tráfico fronterizo de nacionales haitianos, que resulta un negocio sumamente lucrativo a beneficio de militares, políticos y empresarios explotadores, y del propio gobierno que los usa como mano de obra barata en sus proyectos de obras públicas.
· HAITÍ Y DOMINICANA: DOS PAÍSES RECOLONIZADOS CON SUS RESPECTIVOS FLUJOS MIGRATORIOS.
Ni uno ni otro somos soberanos y no porque uno someta al otro, presente sin embargo el recuerdo de la horrible y traumática matanza de haitianos en la zona fronteriza a cargo de la tiranía trujillista (no del pueblo dominicano); y también otros hechos parecidos –aunque más remotos- que de parte y parte son usados para envenenar los vínculos de dos pueblos llamados a compartir en hermandad la misma isla, todavía dominada por poderosos enemigos imperiales comunes y por pandillas capitalistas y partidocráticas locales asociadas a la recolonización.
Sí, una isla, dos república sin soberanía y dos pueblos cruelmente oprimidos.
Esa es otra verdad.
Ahora bien, la lucha por sobre-vivencia empuja muchas veces a los seres humanos a abandonar su tierra, su patria, su familia… para entonces vivir más o menos sobre-explotados, discriminados, maltratados… A eso se le agrega el racismo con toda su crueldad.
El problema a resolver en las relaciones dominico-haitianas es fundamentalmente migratorio, porque la negación de independencia y soberanía en ambos casos está a cargo de EEUU y otras potencias imperialistas.
Haití no tiene soberanía real, mucho menos posibilidad de afectar la nuestra.
República Dominicana-RD igual respecto Haití. Por eso el Presidente Abinader reclama que las potencias imperialistas lo sigan haciendo.
Por más de un siglo nadie puede probar que uno u otro país se haya dedicado a invadir al otro para conquistarlo y dominarlo.
La migración de RD a EEUU, Puerto Rico, Europa y otras partes del mundo, es provocada por la opresión, la explotación y el saqueo practicado por las potencias imperialistas.
La misma causa tiene la emigración haitiana hacia ese “primer mundo”.
Pero hay particularidades a ponderar: la migración haitiana hacia acá no la causa RD, mucho menos el pueblo dominicano; sino fundamentalmente EEUU, Canadá y las potencias europeas, que saquean, explotan y empobrecen ese territorio y ese pueblo, en alianza con mafias políticas, empresariales y clanes militares locales.
El o la haitiana que emigra hacia acá no lo hace por maldad, sino por necesidad.
Es un ser humano, que en su dramática lucha por la vida decide cruzar por vía terrestre al país vecino, al más cercano, el cual tiene una situación económica relativamente menos mala. Y lo hace para trabajar duro por una baja remuneración, que influye intensamente también reduciendo el salario local. Todo esto a beneficio de los dominicanos ricos y muy ricos, no del pueblo en general.
Los poderosos de Haití y las potencias que lo colonizan le niegan derechos vitales al pueblo haitiano en su propia tierra, y lo convierten en mercancía barata generadora de ganancias fáciles con la que se nutre la corrupción fronteriza militar, policial y empresarial de allá y de aquí.
Trafican con sus componentes más empobrecidos de múltiples maneras y los exprimen con modalidades propias de la acumulación capitalista originaria.
La frontera ha pasado a ser un negocio soterrado, sucio, ilegal de dominicanos, que a su vez hacen campaña racista anti-haitiana; mientras los trabajadores y las familias haitianas radicadas aquí aportan muchas veces más que las migajas que reciben.
Pero esas inmensas riquezas van directo a los bolsillos de los ricachones de nuestro país y a las arcas de las empresas transnacionales.
Los dueños o administradores de Centrales Azucareros, (públicos y privados), de plantaciones agrícolas la alta burocracia, los políticos y jefes militares-policiales enriquecidos al vapor, las Corporaciones Transnacionales, el poderoso Grupo Vicini, la familia cubana Fanjul (procedente de Miami y actualmente dueña del emporio CENTRAL ROMANA), las Grandes Constructoras, la Corporaciones Agroindustriales, Mineras y Turísticas… han sido y son los grandes beneficiarios de ese proceso migratorio, perversamente manipulado con racismo y xenofobia.
Nada exclusivo del escenario dominicano.
Ley cada vez más brutal de los sistemas capitalistas, ya imperialistas, ya de desarrollo alto o mediano, todos gansterizados.
Por José Cabral
Por doquier se escucha la misma queja de que la sociedad dominicana ha desarrollado una cultura del engaño y el fraude.
Este problema tiene necesariamente que generar mucha preocupación y angustia, porque lo que ocurre nadie se atreve a negar que es una amenaza latente en contra de todos y cada uno de los dominicanos.
El país está atrapado por los cuatro puntos cardinales, cuyas consecuencias impactan a los de abajo, los del medio y los de arriba social y económicamente hablando.
Y esto hay que traerlo a colación porque si vamos a los tribunales en busca de justicia es el mismo escenario de la negación de derechos y justificación y estimulación de lo mal hecho.
No importa el circulo en que uno se mueva, el lenguaje es el mismo, la justificación de lo injustificable.
Es una cultura que no es fácil de erradicar, ya que los principales promotores del robo, el fraude e incluso de los asesinatos porque estimulan la vía de hecho, son los tribunales penales.
Son escenarios con un nivel de solemnidad que engañan al más inteligente y bonito, como el debate presidencial, cuyos participantes y aspirantes a dirigir el país, quienes debían estar presos en vez de aparecer por televisión para justificar sus aspiraciones, son los mejores exponentes de la «decencia nacional».
Es “cogío# que estamos, no parece haber escapatorias porque esas conductas los primeros en legitimarlas y justificarlas son los propios ciudadanos, los votantes, los perjudicados con unas acciones que dañan toda la nación.
La verdad que no se ve clara la salida a esta situación que genera una gran incertidumbre, ya que es muy poco lo que sirve.
Haga una reflexión y escoja el escenario que le parezca y comprobará que cualquiera se llena de pesimismo si es que usted ama el aspecto humano de la vida, de lo contrario tal vez no se alarme.
Por Isaías Ramos
El 14 de enero de este año, nuestra nación fue víctima de una de las peores ignominias que puede sufrir nuestra frágil democracia: la ruptura de nuestra Carta Magna. Con la promulgación de la Ley 1-24, que pretende instaurar la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se busca intimidar a la población y consolidar una tiranía que creíamos superada hace más de seis décadas.
Esta ley desafía abiertamente la Constitución que nos rige. Según el artículo 261, el sistema de inteligencia debe estar subordinado a instituciones independientes, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, asegurando así su supervisión y alineación con el interés nacional. No obstante, el artículo 8 de la Ley 1-24 coloca la DNI directamente bajo el presidente, otorgándole un poder ilimitado que es tanto peligroso como inestable.
La historia nos ofrece lecciones claras sobre los peligros de un poder sin restricciones. Tácito, el historiador romano, advirtió: «El poder nunca es estable cuando es ilimitado». Este poder concentrado en una sola figura no solo va en contra de nuestras leyes fundamentales, sino que es una receta para el abuso y la corrupción.
Esta ley se levanta como un monstruo de múltiples cabezas que, de no ser detenido, destruirá los cimientos de esta débil democracia, llevándose consigo nuestra libertad y nuestros derechos más preciados: nuestra dignidad.
La implementación de esta ley podría llevarnos por un camino oscuro, similar al sufrido por ciudadanos en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde los servicios de inteligencia se han utilizado como herramientas para reprimir la disidencia y mantener a los líderes autoritarios en el poder.
La historia reciente de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida arbitrariamente, y de algunos dirigentes de la líder opositora María Corina Machado en un país bajo un régimen con leyes similares, nos sirve como un presagio sombrío de lo que podría suceder aquí. Sus experiencias de miedo, represión y violencia son un claro recordatorio de lo que está en juego.
Es imperativo que reconsideremos esta legislación y evaluemos sus impactos potenciales no solo en nuestra seguridad, sino en nuestra libertad.
El Frente Cívico y Social (FCS) comprende profundamente estas consecuencias y, por eso, instamos a la población a tomar una postura firme. Si esta ley no es derogada o modificada para alinearse con nuestros principios constitucionales antes de las elecciones del 19 de mayo, llamamos a la ciudadanía a abstenerse de votar o emitir un voto nulo. Esta acción de desobediencia civil no es solo un derecho, sino un deber cívico.
El sistema actual nos desmoraliza, nos lleva a vivir en un estado de desestabilización y crisis, causando miedo y terror que nos quitan el poder de razonar y pensar en lo verdaderamente importante.
De continuar indiferentes ante este enorme desafío, visualizamos un futuro donde el miedo y la represión se convertirán en la norma, y donde las libertades que tanto costaron conquistar serán solo un recuerdo lejano. Frente a este escenario, debemos recordar que aún tenemos la oportunidad de redirigir el rumbo de nuestra nación.
Defender nuestra libertad es ahora. No podemos permitir que las sombras de un pasado autoritario oscurezcan nuestro presente y nuestro futuro. Alcémonos con valor y compromiso, preparados para actuar y proteger lo que más valoramos. Solo así podremos superar las adversidades y fortalecer los pilares de nuestra democracia.
En el FCS estamos muy claros de que el futuro está en nuestras manos, y el momento de actuar es ahora. No esperemos más para defender nuestro sistema democrático y asegurar un mañana más prometedor y justo para todos. ¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 77 del Estatuto de Roma faculta a la CPI para imponer la condena de cadena perpetua, pero solo en aquellos casos en que se justifique debido a la extrema gravedad del crimen y las circunstancias individuales del condenado.
De otra manera, la pena máxima para los delitos del Estatuto de Roma es de 30 años de prisión. Algunas constituciones prohíben la cadena perpetua o el término de 30 años de prisión por considerar que estas penas no prevén una oportunidad para la rehabilitación, o que no son proporcionales con la naturaleza del crimen.
Sería difícil argumentar que los largos periodos de prisión son desproporcionados respecto a la mayoría de los crímenes de la competencia de la CPI, particularmente cuando la cadena perpetua debe ser justificada por la ̈extrema gravedad del crimen ̈. Tal condena solo se impondrá a aquellos que tengan el más alto nivel de responsabilidad en la comisión de los mas graves crímenes, tales como el genocidio.
Adicionalmente, el Estatuto de Roma prevé la posibilidad de la rehabilitación. Según el artículo 110, la Corte deberá revisar todas las condenas de prisión cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua para determinar si esta puede reducirse.
En el punto anterior la CPI considera estos aspectos como si la persona hubiese asistido a la Corte con la localización de cualquier bien objeto de una multa, decomiso u órdenes de reparación que pudiesen beneficiar a la víctima.
La CPI también podrá tomar en consideración ¨otros factores indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba, que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena¨
Por consiguiente una cadena perpetua podría reducirse a 25 años de prisión en algunos casos. Si la CPI decide no reducir la sentencia de la persona después de la primera revisión, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.
Durante las negociaciones sobre las penas de la CPI, muchos Estados estuvieron a favor de la aplicación de la pena de muerte en los casos extremos. El numero de Estados con pena de muerte es poco menor que el de aquellos que no tienen pena de muerte.
No existe la oportunidad para rehabilitación alguna cuando se impone la pena de muerte. Por ende la cadena perpetua con la posibilidad de reducirla a 25 años, es un compromiso razonable entre la pena de muerte y la prisión máxima de 30 años.
Los Estados deberán recordar que el artículo 80 del Estatuto de Roma expresamente establece que el Estatuto no afecta la aplicación por parte de los Estados de aquellas penas prescritas por su propio derecho interno , ni afecta la ley de aquellos Estados que no impongan las penas prescritas en el Estatuto de Roma.
Los Estados Partes no deben imponer las mismas penas por los mismos delitos en su jurisdicción, ni deberán aplicar las condenas de prisión a no ser que voluntariamente lo quieran hacer. En este caso, los Estados podrán también especificar las condiciones bajo las cuales aceptarían a las personas condenadas, inclusive la condición de no aplicar la cadena perpetua.
Por consiguiente, los Estados Partes que cuenten con las disposiciones constitucionales que prohíban la imposición de la cadena perpetua solo necesitaran permitir la excepción de entregar a la persona a la CPI, pese a que tal persona pueda ser condenada a cadena perpetua.
Los Estados Partes del Estatuto de Roma deberán entregar a la persona acusada a la CPI cuando ésta así lo solicite, aún si existe la posibilidad de que dicha persona sea condenada a cadena perpetua.
En el caso de muchos Estados, la potestad de la CPI para imponer la cadena perpetua no necesitará la aplicación de medidas legislativas particulares. Sin embargo, en algunos Estados la constitución explícitamente prohíbe la extradición de una persona a un Estado donde se aplica esta pena , o que declara la cadena perpetua como un castigo cruel. Estos Estados cuentan con dos opciones:
- a)Establecer claramente, en la norma que implemente el Estatuto, la distinción entre la extradición de una persona a otro Estado y la entrega de una persona a la Corte Penal Internacional.
Algunos Estados podrán realizar esta distinción en su legislación, lo cual les permitiría entregar personas a la CPI aunque existan una restricción a la ¨extradicion¨de personas a tribunales que impongan la pena de cadena perpetua. Esto les permitiría mantenerla prohibición de extraditar una persona a un tribunal extranjero, sin interferir con la habilidad de cooperar plenamente con la CPI.
- b)La reforma a la Constitución podría ser mínima, dirigida solo a la introducción de una excepción al principio. Podría especificarse que la cadena perpetua impuesta por la CPI de conformidad con el Estatuto de Roma para algunos de los crímenes allí enumerados no viola la Constitución.
Debería también mencionarse que el Estado puede entregar a la persona acusada a la CPI a pesar de que exista la posibilidad de la cadena perpetua. La enmienda constitucional podría también mencionar que la CPI puede reducir la condena después de 25 años, existiendo así la posibilidad de la rehabilitación.
Finalmente, la ventaja de una reforma constitucional que elimina cualquier posibilidad de un conflicto normativo, garantiza que los tribunales nacionales dicten sus fallos de conformidad con sus obligaciones legales establecidas en el Estatuto de Roma.