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Confeso asesino de Jorge Mera realiza más peticiones para “esclarecer hechos”
Miguel Cruz, asesino del ministro Orlando Jorge Mera ha realizado más peticiones al Ministerio Público y esta vez quiere que se realice una serie de diligencias con las que, argumentó, se podrán establecer con certeza lo sucedido.
A través de sus abogados, Fausto Miguel Cruz, quien cumple prisión preventiva en la cárcel Najayo, solicitó a la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, que se interroguen nueve personas, que están relacionadas con el Ministerio de Medio Ambiente, luego le disparó a Jorge Mera por supuestamente negarse a otorgarles unos permisos.
Entre estas personas se encuentran el consultor jurídico de Medio Ambiente, Edilio Segundo Florián Santana; el encargado de la Oficina provincial de Medio Ambiente en Samaná, Alfonso Mendoza; el director del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), coronel Cepeda; como también Milvio Linares Villegas, quien dice es sobrino del malogrado ministro y el “autorizado a dar los permisos”.
Pide grabaciones y conversaciones
Además, pidió copias de las grabaciones de las cámaras de video vigilancia, tanto en imágenes como sonido captados el día del hecho en el despacho y antedespacho de Jorge Mera, como en otras áreas del Ministerio de Medio Ambiente.
Por igual, le solicitó a la fiscal Ramos que se le entregue copias de las conversaciones del ministro Jorge Mera y del suyo el día del hecho, como también un listado de las llamadas entrantes y salientes de los dispositivos móviles.
También, solicitó copias de los reportes médicos que se le realizaron desde el día de su arresto, incluyendo el informe de evaluación psicológica y el reporte de los medicamentos suministrados, hechos en la cárcel preventiva de Ciudad Nueva, como las realizadas en la cárcel Najayo.
Pidió, también por vía de sus abogados, la copia del interrogatorio que se le realizó, “sobre todo, donde se hace constar la supuesta confesión.
Los abogados de Cruz, Manuel Sierra e Ybo René Sánchez, basaron esta solicitud de proposición de diligencias en varios artículos del Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público, y la Constitución de la República.
Indicaron que el artículo 260 del Código Procesal Penal establece que es obligación del Ministerio Público extender la investigación a las circunstancias de cargo y también a las que sirvan para descargo del imputado, procurando recoger con urgencia los elementos probatorios y actuando en todo momento conforme a un criterio objetivo.
Aún sin respuesta pedido de entrevista en prisión
Previo a estas peticiones, el 15 de junio pasado, Cruz pidió que se le permita ser entrevistado por periodistas en su celda en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo- Hombres. El imputado dijo, mediante instancia, que desea “explicarle al país… cómo fue que desembocó el lamentable suceso”. Esta solicitud será decidida la procuradora, Miriam German, ya que la fiscal Ramos se la remitió. Aún se está a la espera de que se responda a la petición.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.