Nacionales
Confeso asesino de Jorge Mera realiza más peticiones para “esclarecer hechos”
Miguel Cruz, asesino del ministro Orlando Jorge Mera ha realizado más peticiones al Ministerio Público y esta vez quiere que se realice una serie de diligencias con las que, argumentó, se podrán establecer con certeza lo sucedido.
A través de sus abogados, Fausto Miguel Cruz, quien cumple prisión preventiva en la cárcel Najayo, solicitó a la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, que se interroguen nueve personas, que están relacionadas con el Ministerio de Medio Ambiente, luego le disparó a Jorge Mera por supuestamente negarse a otorgarles unos permisos.
Entre estas personas se encuentran el consultor jurídico de Medio Ambiente, Edilio Segundo Florián Santana; el encargado de la Oficina provincial de Medio Ambiente en Samaná, Alfonso Mendoza; el director del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), coronel Cepeda; como también Milvio Linares Villegas, quien dice es sobrino del malogrado ministro y el “autorizado a dar los permisos”.
Pide grabaciones y conversaciones
Además, pidió copias de las grabaciones de las cámaras de video vigilancia, tanto en imágenes como sonido captados el día del hecho en el despacho y antedespacho de Jorge Mera, como en otras áreas del Ministerio de Medio Ambiente.
Por igual, le solicitó a la fiscal Ramos que se le entregue copias de las conversaciones del ministro Jorge Mera y del suyo el día del hecho, como también un listado de las llamadas entrantes y salientes de los dispositivos móviles.
También, solicitó copias de los reportes médicos que se le realizaron desde el día de su arresto, incluyendo el informe de evaluación psicológica y el reporte de los medicamentos suministrados, hechos en la cárcel preventiva de Ciudad Nueva, como las realizadas en la cárcel Najayo.
Pidió, también por vía de sus abogados, la copia del interrogatorio que se le realizó, “sobre todo, donde se hace constar la supuesta confesión.
Los abogados de Cruz, Manuel Sierra e Ybo René Sánchez, basaron esta solicitud de proposición de diligencias en varios artículos del Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público, y la Constitución de la República.
Indicaron que el artículo 260 del Código Procesal Penal establece que es obligación del Ministerio Público extender la investigación a las circunstancias de cargo y también a las que sirvan para descargo del imputado, procurando recoger con urgencia los elementos probatorios y actuando en todo momento conforme a un criterio objetivo.
Aún sin respuesta pedido de entrevista en prisión
Previo a estas peticiones, el 15 de junio pasado, Cruz pidió que se le permita ser entrevistado por periodistas en su celda en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo- Hombres. El imputado dijo, mediante instancia, que desea “explicarle al país… cómo fue que desembocó el lamentable suceso”. Esta solicitud será decidida la procuradora, Miriam German, ya que la fiscal Ramos se la remitió. Aún se está a la espera de que se responda a la petición.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.