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Confeso asesino de Jorge Mera realiza más peticiones para “esclarecer hechos”

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Miguel Cruz, asesino del ministro Orlando Jorge Mera ha realizado más peticiones al Ministerio Público y esta vez quiere que se realice una serie de diligencias con las que, argumentó, se podrán establecer con certeza lo sucedido.

A través de sus abogados, Fausto Miguel Cruz, quien cumple prisión preventiva en la cárcel Najayo, solicitó a la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, que se interroguen nueve personas, que están relacionadas con el Ministerio de Medio Ambiente, luego le disparó a Jorge Mera por supuestamente negarse a otorgarles unos permisos.

Entre estas personas se encuentran el consultor jurídico de Medio Ambiente, Edilio Segundo Florián Santana; el encargado de la Oficina provincial de Medio Ambiente en Samaná, Alfonso Mendoza; el director del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), coronel Cepeda; como también Milvio Linares Villegas, quien dice es sobrino del malogrado ministro y el “autorizado a dar los permisos”.

Pide grabaciones y conversaciones

Además, pidió copias de las grabaciones de las cámaras de video vigilancia, tanto en imágenes como sonido captados el día del hecho en el despacho y antedespacho de Jorge Mera, como en otras áreas del Ministerio de Medio Ambiente.

Por igual, le solicitó a la fiscal Ramos que se le entregue copias de las conversaciones del ministro Jorge Mera y del suyo el día del hecho, como también un listado de las llamadas entrantes y salientes de los dispositivos móviles.

También, solicitó copias de los reportes médicos que se le realizaron desde el día de su arresto, incluyendo el informe de evaluación psicológica y el reporte de los medicamentos suministrados, hechos en la cárcel preventiva de Ciudad Nueva, como las realizadas en la cárcel Najayo.

Pidió, también por vía de sus abogados, la copia del interrogatorio que se le realizó, “sobre todo, donde se hace constar la supuesta confesión.

Los abogados de Cruz, Manuel Sierra e Ybo René Sánchez, basaron esta solicitud de proposición de diligencias en varios artículos del Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público, y la Constitución de la República.

Indicaron que el artículo 260 del Código Procesal Penal establece que es obligación del Ministerio Público extender la investigación a las circunstancias de cargo y también a las que sirvan para descargo del imputado, procurando recoger con urgencia los elementos probatorios y actuando en todo momento conforme a un criterio objetivo.

Aún sin respuesta pedido de entrevista en prisión

Previo a estas peticiones, el 15 de junio pasado, Cruz pidió que se le permita ser entrevistado por periodistas en su celda en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo- Hombres. El imputado dijo, mediante instancia, que desea “explicarle al país… cómo fue que desembocó el lamentable suceso”. Esta solicitud será decidida la procuradora, Miriam German, ya que la fiscal Ramos se la remitió. Aún se está a la espera de que se responda a la petición.

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Ex-ministro de Educación apartado del puesto por corrupción solicita auditoría.

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Santo Domingo, RD.-Roberto Fulcar, ex ministro de Educación, depositó en la Cámara de Cuentas una solicitud para que se realice una auditoría financiera y de procesos administrativos a los casi dos años de su gestión en la cartera educativa.

“Es un acto de coherencia, de lo que ha sido toda mi vida, de ética y de transparencia. Hoy les digo que cada cosa será colocada en su lugar por el tiempo. Repito, hoy les digo: El tiempo pondrá cada cosa en su lugar”, fueron las palabras de Fulcar al concluir la lectura de la solicitud.

Sin embargo, al ser abordado sobre las razones de su destitución, solo se limitó reiterar: “Hoy les digo que el tiempo pondrá cada cosa en su lugar”.

El ex titular de Educación estuvo acompañado de una delegación de diputados del oficialismo, quienes salieron en defensa de la labor del jefe de campaña para las elecciones que dieron la victoria a Luis Abinader.

“Muchas veces lo que preocupa no es garantizar o verificar la rectitud, ni la eficiencia ni la gestión, sino manchar la imagen de cualquier dominicano o dominicana, en este caso el del ministro Roberto Fulcar”, comentó el diputado Ignacio Aracena.

Según Aracena, “la verdad va a salir a lo público y nosotros como fiscalizadores del Poder Ejecutivo estamos haciendo nuestra presencia para garantizar que esa fiscalización se lleve con eficiencia y pulcritud, respetando siempre los debidos procesos”.

De acuerdo a Fulcar, la depositada solicitud al presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Janel Andrés Ramírez Sánchez es con el objetivo de aclarar el desempeño de su gestión frente al Ministerio de Educación en los ciclos desde el 17 de agosto al 31 de diciembre de 2020, así como del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y del 1 de enero al 3 de agosto del 2022.

Fulcar fue recibido por Gabriel Concepción, quien es el encargo de correspondencia de la Cámara de Cuentas.

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Varían prisión a implicado en caso Coral.

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Santo Domingo, RD.-Fue beneficiado con la libertad por la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruzimplicado en el caso Coral, tras variar la prisión preventiva que pesaba en su contra.

La magistrada Yanibet Rivas impuso al imputado, quien guarda prisión en la cárcel de Najayo, el pago de garantía económica de 5 millones de pesos por medio de compañía aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida.

En la audiencia, Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrup­ción Administrativa (Pepca), había pedido rechazar la revisión de la medida de coerción y que en consecuencia se dispusiera su mantenimiento en prisión, alegando que Montero Cruz enfrenta pena de 10 a 20 años de prisión.

De su lado, su abogado Félix Portes saludó la decisión del tribunal, al tiempo de señalar que han variado los presupuestos que dieron origen a la prisión preventiva.

Sostuvo que el Ministerio Público dejó fuera del entramado criminal a su representado al no acusarlo de asociación de malhechores.

Además del general Adán Cá­ceres y la pastora Rossy Guzmán, está acusado su hijo, el cabo policial Tanner Flete Guzmán y el coronel Rafael Núñez de Aza.

En contra de Raúl Alejan­dro Girón se ordenó arres­to domiciliario, por razones de seguridad, para cooperar con la investigación.

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Policías activos y exmilitares formaban parte de la red de prostitución Cattle.

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Santo Domingo, RD.-Aunque el Ministerio Público sólo ha vinculado al sargento de la Policía Nacional, Dionicio Mieses de la Cruz (Dionis), como parte de la red de trata y prostitución, denominada Cattleya, el expediente de medida de coerción contra 15 personas y tres hoteles señala que en esta red existen exmilitares y policías activos.

“Producto de que la red había exmilitares y policías activos; la organización solía mover a las víctimas de un lugar a otro, la rotaban con frecuencia para evitar lo que ellos llamaban ´Quemar la guarida´, pero más bien era cambiar de calabozo”, dice el expediente.

Indican que en la investigación se pudo comprobar que uno de los imputados es miembro de la Policía Nacional, por igual hay un exmilitar de Venezuela.

La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT) ha señalado que las victimas en este caso, 78 colombianas y 2 venezolanas, eran engañadas y se les ofrecía diversos tipos de trabajo en el país y una vez aquí eran usadas para  prostituirse.

A las mismas luego de llegar a la República Dominicana se les quitaban el pasaporte y se les obligaba a tener sexo con diferentes hombres, algunas de las cuales llegaron a acostarse con 15 hombres en un día, de acuerdo al expediente.

“Al llegar al país, la organización informaba a las víctimas que la deuda que debían pagar por concepto de gastos del viaje, hospedaje y alimentos consumidos aquí en el país, ascendía entre US$3,000.00 a US$4,000.00 y que para la misma debían sostener relaciones sexuales con los clientes que los miembros de la organización les buscaban y que demandaban este tipo de servicio, siendo este el momento en que las víctimas descubrían que fueron engañadas y que el trabajo que se les había ofrecido era diferente al cual realizarían”, dice el expediente.

El órgano persecutor del crimen solicita que se declare complejo el proceso seguido en contra de los imputados José Miguel Michel Guridis (Michel), Daniel Enrique Inirio Abreu (Daniel), José Alberto Soriano Rosario (Cirujano), Oscar Wicene y Melvin José Valentín Peguero.

También, contra Cristina Virginia González Hernández, María Paula Murillo Vargas, Louis Marie Nephtalie, Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, Angélica Jhoana Quintero Niño, Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores), Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato), Ramón Altagracia Oviedo Castillo, Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos) y Braulio Manuel Lugo.

También solicita la clausura temporal de las razones sociales Hotel Caribe, Residencial Coco Real y Hotel Oscar Inn, por su participación en los tipos penales sancionados en los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican la “Asociación de Malhechores”, los artículos 1, 3 y 7, de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, los cuales tipifican “La Trata de Personas Agravada, por tratarse de crimen organizado, trasnacional, así como pluralidad de víctima”.

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